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Invitan a participar a Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg”

El Ministerio del Ambiente (MINAM) entregará el Premio Nacional Ambiental 2015: Antonio Brack Egg, en reconocimiento al fallecido primer ministro del Ambiente. Este premio busca reconocer el desempeño ambiental de personas naturales o jurídicas a nivel nacional, además de fomentar una cultura de responsabilidad ambiental en el Perú. Por ello, sobre ese tema conversamos con Paola Patiño, directora de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del MINAM; y con Guillermo Flores Balta, gerente general de Biosanitarios, empresa ganadora de este premio en su edición pasada.
El concurso tendrá ocho categorías: Ciudadanía Ambiental: Educación Ambiental, Ecoeficiencia, Investigación Ambiental, Gestión de la Biodiversidad, Acción frente al Cambio Climático, Periodismo y Publicaciones y la nueva categoría temática: Diez años de la Ley General Ambienta. “Pueden participar todos los ciudadanos, incluso del extranjero. Nos interesa contar con la participación de la población que desarrolla iniciativas en las diversas regiones del país”, comentó Paola Patiño.
Por su parte, el gerente general de Biosanitarios explicó por qué su empresa pudo obtener este reconocimiento en el 2014: “Nuestro proyecto consiste en aplicar un tratamiento in situ utilizando pequeños contenedores para realizar un mejor tratamiento del agua. El uso de esta tecnología representa un compromiso sano de las industrias a favor del agua”.

Buscando los temas de fondo, más allá de los titulares

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER y Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), conversaron sobre los temas que están siendo olvidados, en el actual debate público que se difunde a través de los medios de comunicación, por parte de las autoridades y líderes de opinión.
De este modo, el gran debate de fondo que regirá la campaña electoral del 2016 es el financiamiento. “En el Perú, la mayoría de partidos incurren en irregularidades o no sabemos en realidad de dónde viene la plata y tampoco se sabe bien en qué se gasta”, señaló Torres. Por su parte, Arnillas opinó favorablemente sobre el financiamiento público de los partidos, siendo una necesidad clave, afirma que hay “una demanda permanente de que funcione el mecanismo, de que haya financiamiento público para los partidos y pueda haber una discusión […] más bien, desde el Ejecutivo, creo que el único constante ha sido el MEF, el que ha dicho no al financiamiento”, sostuvo.
Otra noticia más allá de los titulares es la referente al gasto público, específicamente a las relacionadas con las denuncias sobre los cajeros del Banco de la Nación, quienes robaron a usuarias de Pensión 65. Sin embargo, aunque se les devolvió el monto sustraído, el hecho es -precisa Arnillas- que, siendo este banco una institución pública, “hay doble responsabilidad respecto al cuidado de los fondos públicos y que, además, tienen que ver con un sector de nuestra población muy vulnerable, como son las personas adultas mayores”.

Seguimos con nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, en la que Javier Torres, director de Noticias SER y Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), continuaron pasando revista a los temas de fondo, más allá de los titulares.
Así, Torres analizó la propuesta del ferrocarril transoceánico por parte de China, a propósito de la reciente visita del primer ministro, Li Keqiang; frente a ello, sostuvo que la falta de planificación por parte del Perú “nos embarcó en estos proyectos sin tener claro qué es lo que queremos; o sea, se nos vende todo como un gran negocio pero en realidad no es un gran negocio para nosotros”. A ello, hay que sumarle los impactos graves que causaría dicha obra sobre población y el medio ambiente. Coincidiendo con esta opinión, Arnillas agregó que esto tiene que ver con la política de ordenamiento territorial, que aún no aterriza.
Por último, el tema de seguridad ciudadana continúa sin ser abordado adecuadamente, mientras varias autoridades locales piden que sea el Ejército el que ayude, ya que la policía y el serenazgo no pueden más. El gobierno nacional hasta ahora no dispone adecuadamente de los recursos que existen. De esta manera, falta una efectiva asignación de recursos públicos, además de asumir una completa responsabilidad.

Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Pueblos indígenas piden que Sierra del Divisor sea declarada Parque Nacional

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Martha Cairuna Fasabi (fefa de la comunidad Nuevo Saposoa, ubicada en la región Callería, en Ucayali) sobre el pedido de los pueblos indígenas de nombrar Parque Nacional al territorio que comprende Sierra del Divisor.
Para la lideresa, es importante proteger los territorios de Sierra del Divisor, ya que así asegurarían la alimentación, los bosques y la vida de los animales. Sierra del Divisor consta de un millón de hectáreas y se ubica en la frontera entre el Perú (Loreto y Ucayali) y Brasil (Acre).
Asimismo, Cairuna indicó que en Nuevo Saposoa es necesario titular las tierras, puesto que existe el peligro de amenazas por parte de gente foránea, dedicados al cultivo de la hoja de coca, que intentan apropiarse de sus terrenos.

En la segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Martha Cairuna Fasabi, jefa de la comunidad Nuevo Saposoa, quien expresó su preocupación por la demora de las autoridades del sector agricultura en atender la titulación de los terrenos de su comunidad. Por ello, junto a otros líderes indígenas, han llegaro a la ciudad de Lima para ser atendidos en su solicitud, la cual lleva más de siete años.
Entre los problemas y amenazas que enfrentan en Nuevo Saposoa se encuentra la presencia de madereros ilegales y el cambio climático, el cual también causa inundaciones que afectan los sembríos y la salud principalmente de los niños.
Además, aseguró que la fiscalía se ha hecho presente en esta zona y ha comprobado la presencia de madereros ilegales y cocaleros, pero que, a pesar de ordenar la salida de estos grupos, nadie les hace caso.
Para llegar a Nuevo Saposoa se parte de la ciudad de Pucallpa y se viaja en bote por cinco horas. Debido a ello, Martha Cairuna alertó que ante las emergencias de salud no hay facilidades para trasladar a los enfermos a la ciudad. Finalmente, comentó que el Gobierno debería llegar al distrito de Callería a través de los programas Qali Warma y Juntos.

Entrevista a Gustavo Suárez del MINAM: Conservación de bosques asegura reducción de deforestación

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR) entrevistó a Gustavo Suárez de Freitas, actual coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM). Este es un programa establecido en el año 2010, cuya finalidad es cumplir los compromisos asociados a la mitigación del cambio climático, así como reducir la deforestación, un problema histórico que en los últimos 13 años alcanzó más de 124 mil hectáreas por año perdidas.
“Estamos a la espera que se apruebe una resolución suprema que conforme una comisión multisectorial … para conducir el proceso de difusión pública de la estrategia, entonces nosotros esperaríamos durante este año ese documento de estrategia aprobado porque eso es lo que nos va a dar todo el mandato y lo que va a orientar las inversiones, los proyectos, la asignación de recursos …” indica Suárez de Freitas.

Continúa nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL con la entrevista a Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Bosques del MINAM. El especialista indicó que entre las principales causas de la deforestación se encuentran la falta de derechos otorgados, la calidad de los suelos y la agricultura migratoria.
Además, es importante buscar la producción agrícola sin deforestar y generando captura de carbono a través de sistemas reforestales, y ayudando a mejorar los ingresos de la población. El ejemplo más cercano es la experiencia en Brasil, explica Suárez , donde “en cuatro años bajaron en 84% su deforestación, pero al mismo tiempo el PBI agrícola de la Amazonía creció. Creo que es muy importante decir que enfrentar la deforestación no quiere decir dejar de hacer actividades agropecuarias, sino que tenemos que hacerlas mejor”, sostuvo.
Sobre el problema de posesionarios que no tienen título en las tierras se espera que la Nueva Ley Forestal haga posible otorgar contratos de sesión en uso, para así formalizar a los usuarios, señaló el especialista.
Otra dificultad es que hay tierras con potencial agrícola, pero están cubiertas de bosques, el reglamento deberá regular cómo proceder en esta situación. Si bien existe la meta del programa Nacional de Conservación de Bosques (conservar 54 millones de hectáreas) hay que buscar el balance entre las necesidades de producción agraria y de mantener los bosques. Por ello, la principal política, afirma Suárez de Freitas, deben ser las áreas ya deforestadas, intensificar el uso agrícola ocupando las tierras que ahora están degradadas y mejorar la productividad.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Nuevo paquetazo antiambiental afectará a comunidades y pueblos indígenas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), sobre la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 3941, llamado cuarto paquetazo antiambiental o antiindígena.
Según el experto en comunidades campesinas, el discurso sobre la burocracia entorpecedora que impondría esta norma no es del todo cierto: “lo que es más preocupante no es un discurso solo del empresariado, lo he escuchado ya en algunos funcionarios, decir que la inversión no crece por la tramitología. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, sobre todo del precio de los minerales, hay la preocupación del Estado sobre ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento?”.
Con respecto al proyecto de ley 3941 (el cual ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso), el director de CEPES explicó que esta norma afectaría el derecho de servidumbre de pueblos indígenas y comunidades.

En esta segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista a Laureano Del Castillo, director del CEPES, sobre el proyecto de ley 3941. Esta norma afectaría a los propietarios de tierras, ya que impone el derecho de servidumbre hacia alguna empresa que invierte en un determinado terreno. Es decir, la empresa estaría obligada a hacer solo un único pago al dueño de la tierra, así se trabaje en el lugar por varios años. Además, la empresa podría retirarse sin negociar con el propietario o comunidad.
Para el experto en temas de comunidades campesinas falta madurez del gobierno, puesto que con la promoción de normas como la 3941, “lamentablemente pierde el tiempo y genera desconfianza” en la población. Así, se sabe que a futuro este tipo de leyes serán desaprobadas por afectar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Expedición en la Amazonía ubica a 34 potenciales usuarios de Pensión 65

Dos líderes de las etnias machiguenga y harakmbut figuran entre los 34 adultos mayores de las comunidades indígenas de la provincia del Manu, en la región Madre de Dios. Ellos accederán al programa Pensión 65. La ubicación de estos adultos mayores fue posible por la expedición multisectorial promovida por dicho programa social en la Amazonía.

Políticas públicas hacia pueblos indígenas aún dejan mucho que desear

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169, quien reflexionó sobre las actuales políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas.

En la segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169. En esta parte, analizó los retos para el ejercicio de los pueblos indígenas y la problemática de los territorios y titulación.
“Sin duda hay un déficit muy grande en las políticas públicas para resolver la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, esa es la asignatura pendiente. Estamos hablando de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías locales, la seguridad alimentaria y que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales”, expresó el también ex Coordinador de la Cooperación Española en Perú y Ecuador.

Entrevista a ministra Paola Bustamante del MIDIS: Retos y estrategias para incluir a la Amazonía y a las zonas Altoandinas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, entrevistó a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, sobre los retos de adecuar las políticas inclusivas para enfrentar las desigualdades que viven las poblaciones más alejadas del Perú.
Para la titular del MIDIS es un desafío llegar a atender a los peruanos de la Amazonía, donde muchos carecen de los servicios básicos. El reto es mayor aún cuando el Perú es mirado por la comunidad internacional como un País de Renta Media (categoría que distingue a un Estado que presenta crecimiento económico y que, en consecuencia, se le va retirando la cooperación internacional).
“Es importante ser reconocidos, en el mundo, como un país que viene creciendo, que se viene desarrollando, pero efectivamente cuando nos miramos a lo interno vemos que todo ese crecimiento, que ese desarrollo se concentra en las grandes ciudades, en determinado grupo de personas. Y no necesariamente ese crecimiento llega a toda la población y esos son los grupos en los que tenemos los principales retos”, afirmó Bustamante.

En la segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista con la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante Suárez, quien explicó los tres principales problemas que deben resolverse para lograr la inclusión de los pueblos de la Amazonía peruana.
El primer problema es la falta de voluntad política de “mirar” las necesidades de la Amazonía; luego, la asignación de recursos y definir estrategias, las cuales son muy diferentes a las que se aplican en zonas urbanas. Y en tercer lugar, lograr identificar la logística para llegar a zonas alejadas. La ministra dio detalles sobre cómo en lugares (Huancavelica y el Cenepa, por ejemplo) se presentan dificultades por las horas de viaje, el transporte y las coordinaciones con las autoridades regionales.
De otro lado, la titular del MIDIS destacó cómo, a través del programa Mi Chacra Emprendedora-Haku Wiñay, se vienen atendiendo zonas rurales andinas o alto andinas, dicho programa proyecta para el presente año involucrar a 90 mil familias. Asimismo, indicó que se coordina con el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del programa Mi Riego, para que atienda la parte de reservorios de agua en el ámbito de las familias que participan en Haku Wiñay.

 

Decreto del Ministerio de Energía acelera concesiones mineras, afirma Javier Jahncke de Red Muqui

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, sobre las implicancias en materia ambiental del Decreto Supremo 001_2015, recientemente aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Según Hancke, esta norma podría acelerar los procedimientos para otorgar las concesiones y permitir los trabajos de exploración y explotación minera. Además, se ha incluido un elemento nuevo sobre el uso de las tierras comunales, por el cual gracias a este decreto se realizará solo a nivel de la Directiva Comunal y ya no a través de la Asamblea Comunal.
“El problema es que la norma se da en un contexto y en una serie de normativas en las cuales se están desregulando una serie de pautas ambientales, sociales, entre ellas todo lo que está vinculado con garantías de derecho a la posesión y propiedad de la tierra”, señaló el representante de la Red Muqui.

En la segunda parte de la entrevista al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, quien señaló que no sólo el D.S. 001-2015 del MINEM afecta la problemática de comunidades, sino que son una serie de normas implicadas. Por ello, la Defensoría del Pueblo viene haciendo una revisión a los expedientes, los cuales también dejan ver la no aplicación de la consulta previa a nivel de proyectos mineros.
“Muchas organizaciones –señala Jahncke- están siendo abordadas por algunas empresas mineras que les plantean (para no aplicar la consulta previa) que renuncien a sus derechos de ser considerados como pueblos indígenas”.
Se espera, desde la Red Muqui, que las autoridades aclaren estas preocupaciones. “Definitivamente, estas normas estarían generando alguna distorsión y mal entendido, y desde las comunidades puede verse como una falta de garantías a sus derechos”, finalizó Jahncke.

Problemática y retos del pueblo Kukama Kukamiria en la región Loreto

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero –de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)– entrevistó al apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) sobre la problemática y los retos que afronta del pueblo kukama kukamiria de la cuenca del río Marañón, en la región Loreto.
El apu Alfonso López Tejada destacó que la comunidad Kukama Kukamiria viene superando una larga etapa en la que fueron ignorados por el Estado. Además, hizo hincapié en que la Reserva Nacional Pacaya Samiria representa más que un simple espacio físico: es una conexión espiritual con sus antepasados.
Por ello, como presidente de ACODECOSPAT, uno de sus objetivos es la defensa de los territorios de las comunidades, las cuales muchas veces se ven afectadas por empresas de turismo. Asimismo, la inscripción en registros públicos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y otros condicionamientos de usos de los recursos resultan una prioridad impostergables.
“Cuando nos acusan de depredar los recursos, porque no nos dedicamos a una actividad productiva, nosotros nos preguntamos: ¿qué hacen las empresas petroleras producen o extraen?”, cuestionó el Apu Alfonso López.

En esta segunda parte de la entrevista, el Apu Alfonso López Tejada, presidente de ACODECOSPAT, explicó que para la construcción de las hidrovías contempladas en el proyecto IIRSA no se desarrolló la consulta previa. Por esta razón, se produjo una demanda en la que un juez, en primera instancia, ordenó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspenda todas las actividades relacionadas estas hidrovías. Esta solo podría reaperturarse luego de que se consulten a todos los afectados. Sin embargo, en la actualidad, el caso sigue en juicio debido a la apelación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.