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Pueblos Indígenas marcharán para exigir que Tribunal Constitucional responda sobre inconstitucionalidad de Ley 30230

ANTOLIN HUASCAR_INCONSTITUCIONALIDAD LEY 30230

Las asociaciones civiles AIDESEP, CNDDHH, IDLADS y CNA -en representación de los Pueblos Indígenas- anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional para exigir al Tribunal Constitucional (T.C.) se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 30230, también llamada “paquetazo ambiental”.

“Nos mantendremos en la lucha para que esta ley no continúe, nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, declaró Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideró una total falta de voluntad por parte del T.C., tomando en cuenta que la demanda contra la 30230 se ingresó en abril del presente año, y a la fecha no obtienen respuesta.

“Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5,000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7,000 firmas”, expuso Antolín Huáscar.

Es fundamental tener presente que el Gobierno de San Martín también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual se interpuso el 30 de diciembre del 2014 y admitida el 5 de enero de este año.

A FAVOR DE LAS INVERSIONES

De otro lado, estas organizaciones aclararon estar a favor de las inversiones privadas, siempre y cuando se desarrollen dentro del respeto de los derechos ambientales y sociales.

En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.

“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.

Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.

En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

Demandas del campesino peruano tras 46 años de la Reforma Agraria

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, sobre la problemática actual del campesino, luego de 46 años de promulgada la Reforma Agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ley que generó cambios pero que a la fecha generó también varios problemas.
“Quiero reconocer a quienes impulsaron la reforma agraria al lado de Velasco, también líderes y lideresas que entendieron […] para nosotros fue un alivio porque salimos, nos visibilizaron, nos organizamos en cooperativas y comunidades pero no estuvimos preparados porque en todo momento estuvimos esclavizados. Pocos fuimos los que sobresalimos en esa época”, comentó Huáscar.
Sin embargo, al año 2015, muchos gobiernos han pasado y, según el presidente de la Confederación Nacional Agraria, con la llegada de Alberto Fujimori al poder, se terminó definitivamente la ley de Reforma Agraria, ya que en la actualidad las leyes llamadas “paquetazos ambientales” vienen violando diversos derechos de las comunidades campesinas.

Continuamos con nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON y la entrevista a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, quien señala las actuales demandas del campesino y el productor agrario, así como su desaprobación a la política seguida por Ollanta Humala en cuanto al sector agrario, la cual, en su opinión, lo está quebrando.
Así, señaló que el Gobierno, a través de las ley 30230 y otras normas, vulnera la Consulta Previa, los derechos colectivos y la ley de comunidades campesinas. Por otro lado, la Confederación Nacional Agraria exige declarar de interés prioritario la soberanía alimentaria.
“En ningún momento estamos en contra de inversión privada pero queremos que respeten estándares internacional y nacionales”, manifestó Antolín Huáscar.
En cuanto a una presunta manipulación del sector agrario por parte de las ONG ambientalistas, Huáscar negó tal situación y, por el contrario, criticó a empresas del sector privado: “yo acuso a las empresas privadas extractivas, ellos contratan consultoras para elaborar proyectos, como está pasando con estos paquetazos ambientales, sin medir las consecuencias del futuro”, explicó.
Finalmente, indicó que el sector agrario, específicamente la pequeña agricultura de trabajo, genera más puestos que una empresa minera, lo que pasa, afirma Huáscar, es que el Gobierno “no quiere vernos”.

¿Cuál es la visión de los pueblos indígenas frente a la COP 20?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), coordinador del Pacto de Unidad y vocero para la Cumbre de Los Pueblos.
Para el Presidente de la CNA, pese a la falta de información previa a la COP20 de parte de los organizadores, del Estado y de algunos medios de comunicación, el evento es una oportunidad para que se debatan los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Huáscar afirmó que, en el Perú, se viene sufriendo los efectos del cambio climático. Así, ante la vulnerabilidad, la mirada debe ser cómo adaptarnos a lo que ya sucede, lo cual es muy diferente a mercantilizarnos: “nos ofrecen economía verde, fondo verde, pero sin explicaciones. No queremos dinero, necesitamos respeto los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, ya que somos vulnerables.”

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) continúa entrevistando a Antolín Huáscar, vocero para la Cumbre de Los Pueblos, la cual se iniciará este lunes 8 de diciembre.
Como representante oficial, Huáscar explicó que la Cumbre de los Pueblos no debe entenderse como la “Anti Cumbre”, con respecto a la COP20. Comentó cómo en las COP anteriores se desarrollaron eventos paralelos donde las organizaciones y comunidades de diferentes países, a través de la autogestión, demostraron capacidad para plantear propuestas frente al Cambio Climático.
Asimismo, anunció que el jueves 11 de diciembre entregarán un documento llamado Llamamiento de Lima, el cual se entregará a los representantes de la ONU y al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la COP20.
Por otro lado, Huáscar resaltó que el tema de la soberanía alimentaria “está en riesgo con el cambio climático, debido a las alteraciones del calendario agrícola: hay mayor pobreza; por ello, los financiamientos que se gestionen deben ser a nivel local, regional y nacional, pero respetando la cosmovisión, los derechos colectivos y la Consulta Previa”.
La llamada Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático debatirá otros ejes temáticos ajenos a la COP 20. Algunos de estos son la crisis de civilización, el cambio social y lo modelos alternativos de vida social, el calentamiento global y el cambio climático, la soberanía y transición energética, la agricultura y soberanía alimentaria, el trabajo digno versus la economía verde, los empleos verdes, entre muchos otros temas.

Confederación Nacional Agraria solicita referéndum sobre Ley de Recursos Hídricos

Con diversas arengas decenas de manifestantes entre fonavistas y agricultores se movilizaron por el centro de Lima hacia la sede del Jurado Nacional de Elecciones para entregar varios planillones con casi sesenta mil firmas, las cuales respaldan la derogatoria de lesivos decretos legislativos que atentan contra el patrimonio de todos los peruanos.

Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar, calificó como mercantilista la aprobación de este paquete de leyes que ordena la supuesta privatización del agua: “El pueblo en general no esta de acuerdo con la ley de recursos hídricos que aprobó el Congreso; Por lo que esta ley es mercantilista y privatista que va a quitar todos los derechos del pueblo”.

En tono enérgico, Huáscar aseguró que de omitirse este pedido, habría de todas maneras un referéndum nacional.

AIDESEP denuncia intentos de dividirlos y persecución judicial a sus dirigentes

Denuncia tras denuncia. Dirigentes campesinos y nativos rechazaron el intento del gobierno por dividir a los pueblos indígenas y amazónicos con la conformación de un nuevo organismo indígena. Antolín Huáscar, Presidente de la CNA, informó que “han sacado una Confederación Nacional Agraria Campesina Nativa, justamente para destrozarnos, para dividirnos. Nos preguntamos, ¿Esa es tarea de INDEPA? O es buscar la inclusión social… pido que se haga una reestructuración de INDEPA”. Mientras que Daysi Zapata, presidenta interina de AIDESEP, dijo: “Hacer un AIDESEP número dos, llamar a INDEPA y que nos dividan. Eso le importa al gobierno en estos momentos y nosotros no vamos a permitir”.

Cuestionaron, además, las declaraciones del ministro de Justicia Aurelio Pastor, vertidas en Ginebra, quien sindicó a los nativos como responsables directos de los sucesos en Bagua. “El Sr. Aurelio Pastor, representa a la región San Martín, debería de acercar a los indígenas pero lamentablemente cuando sale del Perú desconoce a su propio origen… debe ser sancionado, no debería estar en ese espacio”, dijo Huáscar.

De otro lado, la líder indígena, Daysi Zapata, se refirió a la mesa de diálogo que fue conformada por el Ejecutivo y los pueblos nativos para solucionar los problemas de este sector. “Esta mesa, es de la mesa más mecida que hay. Nosotros como AIDESEP hemos participado con toda esa confianza… fuimos a la mesa con promesas claras y contundentes; pero, sin embargo, no hay voluntad política del gobierno para armar la comisión y que esta viaje a Bagua”, mencionó.

En ese sentido, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, se mostró indignado y señaló que, a pesar del tiempo transcurrido, sólo se ha juzgado a nativos y no a quienes serían los responsables directos. “Como está la señora Meche Cabanillas, el Sr. Flores Aráoz, quienes han sido prácticamente ejecutores, el Sr. Yehude Simon como primer ministro ¿Dónde está la sanción para ellos? Hasta el que ha matado perros va a ser sancionado y cuando matan a indígenas, campesinos ¿Quiénes sancionan?”.

Anuncian que paro agrario del Cusco continuará si no hay diálogo por parte del gobierno

El paro agrario en el Cusco seguirá si es que el gobierno no se compromete a dialogar con la población de forma sincera. Así lo expresó el presidente de la Confederación Nacional Agraria, Antolín Huáscar. “No solamente instalar mesa de dialogo, después nos pasean próximo sábado, próximo jueves. De eso ya estamos cansados. Lo que queremos es por ejemplo que nos digan: este decreto se trabaja y hoy se deroga”, expresó. El sector agrario demanda la derogatoria de la nueva Ley de Recursos Hídricos, al considerar que esta los afecta directamente.

“Eminentemente esta ley de aguas es privatista. Si revisamos el artículo dos. Hemos alcanzado indicando en que este artículo debe de ser así: otorgar a las organizaciones sin fines de lucro. Ellos sacaron esa palabra, esas frases y solamente colocan otorgar. Entonces esa palabra otorgar puede ser en concesión, en sesión ya sea a las empresas privadas o consorcios que pueden venir de otros países”, aseveró. Si bien la Confederación Nacional Agraria es conciente de que la protesta no es la mejor forma de realizar sus reclamos, no tuvieron otra opción.

Asimismo, Antolín Huáscar anunció que este 27 de mayo se llevará a cabo un paro en todo el país, medida de lucha a la que se sumarán la CGTP, sindicatos y comerciantes de mercados.