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Llaqtanchispaq, nueva revista virtual para el público de Apurímac

Siete organizaciones que trabajan en Apurímac se han unido para lanzar una revista virtual que tiene su correlato en video, así “Llaqtanchispaq” informa del acontecer local, nacional y mundial a través de la web en texto y video, en su presentación ellos dicen:

La Revista Llaqtanchispaq es un modesto esfuerzo del Grupo Apurímak Llaqtanchis Rayku, orientado a llegar con noticias relevantes a líderes y lideresas sociales de nuestra región Apurímac. En tiempos en que la televisión y sus programas de muy baja calidad humana, buscan distraernos y atontarnos, creemos que es muy importante llegar con formas innovadoras a nuestra gente, a nuestro pueblo, de manera que la comunicación sea una herramienta de liberación y no de adormecimiento.

Las instituciones involucradas en este empeño son:

  • Aprodeh
  • Broderlick Delen
  • CBC
  • Ceproder
  • Cooperacción
  • Madre Coraje
  • Tarpurisunchis

A 11 años del informe de la CVR: Urge ley de búsqueda de desaparecidos

Conversamos con Eduardo Cáceres Valdivia, ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sobre la importancia de promulgar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la violencia ocurrida en el Perú, entre las décadas de 1980 y 2000; así como corregir diversos aspectos del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó una lista de aproximadamente 17 mil personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno (debidamente documentados), lo grave, indicó el ex presidente de Aprodeh, es que aún existen alrededor de cuatro mil lugares de entierros que faltan exhumar.
En el marco de la ley promovida se plantea un Protocolo que, sin prescindir de lo jurídico y la denuncia, facilite el hallazgo y la entrega del cuerpo a los familiares y que posteriormente esas pruebas se consideren para una hipotética denuncia de un delito. “No es simplemente sacar el cuerpo y entregarlo“, precisó Cáceres.
En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este actuaría con un presupuesto y un protocolo nuevos, dicho Plan estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esta segunda parte de la entrevista, el ex presidente de APRODEH explicó las modificaciones que presenta el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000.
Una de estas modificaciones es la definición de la víctima, quiénes son las personas beneficiadas. Antes se consideraba a la víctima por familia, con el nuevo Plan se precisa que la víctima es la persona individual. Si un padre o madre de familia murió a causa de la violencia política y dejó tres huérfanos con su abuelo, en ese grupo son cuatro las víctimas que merecen reparación.
Otro aspecto es reforzar la coordinación entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (encargada de monitorear las reparaciones) con los Gobiernos Regionales. Asimismo, se debe considerar el aspecto mental de las víctimas e incorporarlos a una serie de programas sociales.
También es importante corregir la reparación en Educación, el Plan propone que se pueda transferir esta reparación a sus herederos. Por ejemplo, en el caso que la víctima -por su edad u ocupación- no desee hacer uso de su reparación educativa la puede transferir a su hijo o nieto.
El 1 de octubre, el Programa de Reparaciones Económicas entregó la lista número 12 que reconoce a 17 625 beneficiados y víctimas que deberán recibir la reparación económica de 10 mil nuevos soles.
Sin embargo, observó Cáceres, aún hay personas que no están inscritas en el Registro Único de Victimas. Estas personas pueden y deben inscribirse. Pero, lamentablemente, no tendrían derecho a la reparación económica, ya que así lo dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros al cerrar el registro en diciembre del año 2011. Este aspecto también se debe modificar porque es injusto, señaló.
Además, Cáceres Valdivia exhortó a que en el Congreso de la República se apruebe este proyecto de ley, puesto que recoge las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, del movimiento de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas.

Entrevista a Enrique López de APRODEH: Sistema de Vigilancia para personas con discapacidad

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, ha creado un sistema virtual de vigilancia para denunciar la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Al respecto, Enrique López, integrante del equipo del Programa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de dicha organización, nos brinda los detalles. Más información en la página web: www.aprodeh.org.pe

Entrevista a Eduardo Cáceres: A 10 años de la entrega del Informe Final de la CVR

Un día como hoy, hace 10 años, se hizo entrega al Estado peruano del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este valioso documento ha servido para conocer los acontecimientos que se produjeron durante la época en que los peruanos fuimos golpeados por el terrorismo. A propósito del tema, conversamos con el ex presidente de APRODEH y Responsable del balance, Eduardo Cáceres, sobre cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendaciones hechas en este documento y si se le ha dado el debido valor.

Vladimiro Montesinos y Grupo Colina son sentenciados a 25 años de prisión en Lima


El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, Santiago Martín Rivas ex jefe del grupo Colina y Carlos Pichilingüe ex integrante del mismo destacamento de inteligencia fueron sentenciado a 25 años de prisión por casos de violación de los derechos humanos.

Los familiares de las victimas junto a la abogada Gloria Cano lamentaron la dilación de la sentencia.

La sentencia fue dictada en la Primera Sala Especial de Lima en la base Naval del Callao. Durante la audiencia Vladimiro Montesinos aprovechó para promocionar sus dos libros “Sin Sendero” y “Espionaje chileno”.

Demoras en procesos de DDHH se deben a falta de apoyo del Estado para investigaciones


Frente a la derogatoria del decreto legislativo 1097, que permitía la impunidad de aquellos procesados por violación a los derechos humanos, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que el Ejecutivo retrasa los procesos y no otorga los recursos necesarios para la investigación los delitos por violación de derechos humanos: “El Estado al Ministerio Público no le ha dado recursos necesarios para poder hacer las pruebas de ADN. Ellos recién, creo que hace menos de un mes o dos meses han podido obtener para hacer las pruebas de ADN de los cuerpos que fueron recuperados de estas fosas comunes que se hicieron para sepultar anónimamente del caso El Frontón”.

Asimismo, Cano señaló que la Sala Penal Nacional está trabajando otros casos cuando esta sala era exclusiva para los delitos de derechos humanos. Ello por la complejidad de los casos. “Lamentablemente el Estado ha confeccionado su poder judicial de tal manera que haya una carga procesal que no permita que los juicios no avancen con claridad”, precisó. Finalmente, Cano señaló que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias para revertir dicha situación, “Y obtenga el objetivo que es la verdad y la sanción a los responsables de crímenes horrorosos como son los crímenes de lesa humanidad”.

Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. “El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades”, señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: “Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados”. Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

Familiares de víctimas del Grupo Colina piden derogatoria de norma que favorece a violadores de DDHH


Familiares de víctimas de los casos la Cantuta, barrios Altos y otros solicitaron derogar el Decreto Legislativo 1097 al considerar que busca dejar impune a los militares responsables de violaciones de derechos humanos así mismo consideraron esta norma como una agresión del Estado a los familiares de las victimas, así lo consideró Gisela Ortiz familiar de victima de la Cantuta.

“Los familiares como ha sido desde siempre, nos negamos a olvidar y nos negamos a perdonar y no porque haya odio en nuestras palabras o en nuestras acciones, sino porque esas acciones son acciones de cariño por la memoria de nuestros familiares, pero también por el derecho a vivir con tranquilidad en un país donde los asesinos no estén libres en las calles cometiendo nuevamente crímenes”.

En tanto, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, sostuvo que la demora de los juicios en estos casos de violación de derechos humanos es un problema del Estado debido a que al Ministerio Público no se le han asignado los recursos necesarios para culminar las investigaciones. “Son decenas, cientos de familiares miles de familiares que tienen derecho a verdad y justicia y este decreto legislativo se los niega, por eso es grave lo que esta ocurriendo”. Según APRODEH, el Presidente Alan García y el Ministro de Justicia Víctor García Toma deben dar una explicación al país sobre dicho decreto. Gloria Cano, en tal sentido, solicitó la renuncia del ministro García Toma.

200 niños y jóvenes de Abancay participan en concurso por quinto aniversario de la CVR

Al menos doscientos niños, jóvenes y adultos de Abancay se sumaron a la segunda edición del concurso Buscando la verdad, encontrando la igualdad. El evento se realizó en el marco del quinto aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Asimismo, el concurso se desarrolló en el marco de la campaña contra la discriminación que llevan a cabo diferentes instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos —APRODEH—, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo Impulsor por la Igualdad (GIPI).

El concurso también denominado “En busca del tesoro” se inició en la Plaza de Armas para proseguir en diferentes tramos de la ciudad, a los que los participantes deberían llegar corriendo. La actividad terminó en el Parque de la Memoria de Villa Ampay. La iniciativa aborda también la discriminación, que es tan intensa que no genera mayor inquietud en muchos abanquinos. De esta forma, quien se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, no recibe solidaridad, sino desprecio.

Sembrando vientos

Normas y voceros del gobierno continúan alimentando un clima de confrontación e impunidad en el Perú

foodNo poca sorpresa han causado las declaraciones del asesor del ministro de Agricultura, insultando a los actuales dirigentes de la Asociación de Exportadores (ADEX) y desautorizando al ministro del medio Ambiente, Antonio Brack, defendiendo sus propios intereses como importador y vendedor de semillas transgénicas. Javier Torres, de la asociación Servicios Educativos Rurales, sostuvo que “No me une ningún vínculo con Antonio Brack, ni con la Asociación de Exportadores (ADEX) pero me irrita profundamente cuando un asesor del ministro de Agricultura los acusa de ignorantes por el simple hecho de poner en cuestión el ingreso de semillas transgénicas. Es curioso que Brack, que es uno de los ministros mejor calificados del actual régimen, sea maltratado de esa manera y ninguno de sus colegas en el gabinete reaccione. En mi caso, reacciono como un ciudadano que, a pesar de estar en desacuerdo con su apuesta por un gobierno tan poco interesado en mejorar la gestión del medio ambiente o por sus opiniones en relación al proyecto Majaz, considera que Brack es una persona que ha aportado mucho al Perú. y que en el caso de los transgénicos ha asumido la defensa del patrimonio nacional. Finalmente, así le incomode a quien le incomode, tiene todo el derecho como ciudadano, y la obligación, como Ministro del Ambiente, de dar su opinión sobre este tema”.

Marcha de protesta en Puno por muerte de estudiante en 2003Otro hecho lamentable es que, según la Asociación Pro Derechos Humanos, militares y policías que dispararon a estudiantes puneños se defienden con el controversial decreto 982 y piden, retroactivamente, el archivamiento del caso.

Según dicha entidad, mañana viernes 1 de agosto a 3º Sala Penal de Reos Libres de Lima podría aplicar el inconstitucional Decreto Legislativo 982, que otorga impunidad a los efectivos de los Fuerzas Armadas que causen muertes y hieran a personas indefensas, de aceptar el pedido de archivamiento en el proceso abierto contra más de 70 policías y militares por la muerte de un estudiante de la Universidad Nacional del Altiplano y decenas de heridos, en el año 2003. Para la abogada de APRODEH, Katya Pinedo, ampararse en el Decreto Legislativo 982 para pedir el archivamiento de este caso representa la impunidad de la que quieren gozar las Fuerzas Armadas. “De esta manera, amparándose en este decreto, pueden matar, herir sin ser sancionados”, sostuvo.

El uso del cuestionable decreto legislativo ya habría sido utilizado en otro proceso. En tal sentido, la abogada de la Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, Trinidad Carlos Serna, quien viene asumiendo la defensa de los agraviados, señaló: “Me preocupa que la defensa de los militares procesados haya mencionado que el Decreto Legislativo 982 ya ha sido aplicado en el caso de los heridos producidos en Barranca, el 28 de mayo de 2003”.

De otro lado, Wilder Mendoza Fonseca, uno de los estudiantes que resultó herido en el 2003, señaló que de archivarse el caso, Puno entero estaría indignado por la actuación del Poder Judicial y del Estado, distanciándose aún más de la población y las Fuerzas Armadas. “¿Si estos delitos no son violaciones de derechos humanos, entonces qué son?”, señaló.

Como se recuerda, el 29 de mayo de 2003, se decretó Estado de Emergencia en Puno. Cuando los estudiantes se encontraban en los alrededores de la universidad, efectivos de la Policía, Ejército y Marina abrieron fuego indiscriminadamente. Como consecuencia murió el universitario Edy Quilca Cruz y decenas de estudiantes y transeúntes resultaron heridos gravemente.