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Premian a obispo de Huancayo por defensa de la vida y salud de población de La Oroya


En el marco de la celebración Internacional de los Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos premió a Mons. Pedro Barreto, Obispo de Huancayo por su compromiso con los niños y la población de La Oroya. Asimismo, premiaron a radio la voz de Bagua y a otras personalidades e instituciones.

Ejercer la labor pastoral en una de las ciudades más contaminadas del planeta, fue uno de los grandes retos para el Obispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, sobre todo porque enfrentó la oposición de la empresa Doe Run y un sector de la población, que no entendieron la importancia de preservar la vida y la salud de esa comunidad. Asimismo se premió a la Defensora del Pueblo, la Dra. Beatriz Merino por su incasable lucha a favor de los derechos humanos; ella estuvo representada por Eduardo Vega, Adjunto de la Defensoría del Pueblo. Igualmente se premió a los pobladores de Choropampa, en Cajamarca, quienes han luchado desde hace una década porque se les reconozca una justa reparación a los daños causados por un grave derrame de mercurio ocurrido en el 2000.

Pero no todo fue formal. Danzas y ritmos del Perú estuvieron presentes para amenizar la ceremonia. No faltó tampoco el reconocimiento a Radio La Voz de Bagua, Radio Oriente y Radio Marañón de Jaén, quienes dieron voz a los reclamos de los pueblos indígenas a favor de su derecho a la consulta previa y de sus derechos humanos. El premio entregado a Monseñor Barreto toma el nombre de un activista huancavelicano Ángel Escobar Jurado.

Alcaldesa electa Susana Villarán se reúne con Defensora del Pueblo Beatriz Merino


A dos meses de asumir la alcaldía de Lima, Susana Villarán, se reunió a con la Defensora del Pueblo Beatriz Merino. Ello con el objetivo de debatir propuestas frente a los frecuentes problemas de la capital. Transporte urbano, contaminación ambiental, y seguridad ciudadana fueron los principales temas de dicha reunión. La defensora del pueblo Beatriz Merino, dijo que “hemos tomado algunos acuerdos preliminares de los que será en el futuro a la colaboración crítica que corresponde a un ente constitucionalmente autónomo como la defensoría del pueblo con la gestión de la señora Susana Villarán”.

En esta primera sesión de trabajo, se trató el tema de la creación de una autoridad ambiental, así como el de los accidentes de tránsito. En tanto, Villarán se mostró dispuesta a trabajar con dicha institución. “Yo he venido a decirle a la doctora Beatriz Merino que nosotros queremos el máximo escrutinio de la Defensoría del Pueblo porque es nuestra obligación y para eso hemos sido elegidos y he sido elegida, es cumplir con las obligaciones de una alcaldesa de la ciudad de Lima es decir respetar al ciudadano, pedirle su opinión al ciudadano y hacer que se cumplan con toda las normas que garantizan su bienestar”, dijo.

Revelan que más de la mitad de las comisarías del Perú no están preparadas para desastres naturales


El acceder a la seguridad cada vez se torna más difícil. Prueba de ello, es que más de la mitad de las comisarías del Perú no cuentan con personal capacitado para atender a personas que no hablen el idioma castellano. Al menos así lo revela un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo en 328 comisarías y 11 puestos de vigilancia en todo el país.

El documento da cuenta también que la mayoría de dependencias policiales carecen de vehículos, armamentos, teléfonos y radios para comunicarse y luchar contra la delincuencia. Asimismo, se reportó que más de la mitad de las comisarías supervisadas no están preparados frente a los desastres naturales, sobre todo aquellas que se ubican en zonas de riesgo.

El material logístico es otra carencia. Computadoras, impresoras y la falta de acceso a la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil dificulta el trabajo de la policía para identificar a persona involucradas en delitos.

Las deficiencias señaladas se denotan en las comisarias de provincias de forma particular. Al respecto, la defensora del pueblo, Beatriz Merino, argumentó que el tema pasa por un problema de recursos, dado que la operatividad del sector requiere urgentemente alrededor de 35 millones de soles.

Defensoría pide a MTC que anule cancelación de licencia de radio La Voz de Bagua


Representantes del Instituto de Prensa y Sociedad, del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas y del Instituto de Defensa Legal, solicitaron a la Defensoría del Pueblo intervenir en el caso de Radio la Voz de Bagua. “Es una situación de mantenimiento de la vulneración del derecho a la libertad a de expresión de radio La Voz por que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones mantienen su decisión de no revisar su decisión de cancelar la autorización a la radio, esa es la situación actual, y ahora lo que ha pasado ha rechazado una propuesta de arreglo de este tema planteada por la propia presidencia del consejo de ministros”, sostuvo el abogado Roberto Pereyra.

En tanto, Carlos Flores, propietario de Radio La Voz, fue acusado por Apología de delitos e instigación a la comisión de ilícitos contra el orden publico, tras los sucesos de Bagua, denuncia que fue archivada por el Ministerio Público. Cabe indicar que la cancelación de Radio La Voz fue planteada por el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones tuvo como sustento problemas técnicos y administrativos, pero ello no implicaba su salida del aire definitiva. “Cuando una radio esta todavía en problemas judiciales siempre permanece su frecuencia reservada hasta que termine el problema judicial, pero en el caso de la radio La Voz insólitamente ha sido borrado de la relación de la emisoras del ministerio de trasporte y su licencia esta siendo licitada”, dijo Carlos Flores, propietario de Radio La Voz de Bagua.

Frente a este caso la defensora del Pueblo, Beatriz Merino señaló que intervendrá ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a fin de que se declare nula la cancelación de Radio La Voz. También la Defensoría intervendrá ante la séptima sala civil de Lima a través de un Amicus Curiae, a fin de apoyar la aceptación de la demanda de amparo presentada por Radio La Voz contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Frente de lucha de Kepashiato da tregua hasta el martes al Gobierno

La situación en La Convención no tiene visos de solución. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, expresó la disposición del gobierno para iniciar en la ciudad de Tacna el diálogo con los gremios sociales de La Convención, atendiendo la propuesta del presidente regional de Tacna, Hugo Ordóñez, quien se ofreció como mediador.

En tanto, el secretario de organización del Comité de Lucha de Kepashiato, Trotsky Guzmán, anunció que el paro que su comunidad acataba en contra de la exportación del gas de Camisea tendrá una tregua hasta este martes a fin de buscar el diálogo con el Gobierno.

Mientras que la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, confirmó que la represión policial del pasado miércoles en el poblado de Kiteni, dejó 18 heridos. El Gobierno negó el uso de armas de fuego. Desde hace 10 días los habitantes de la localidad de Quillabamba se realizan protestas contra la exportación del gas del yacimiento de Camisea.

Defensoría del Pueblo reporta deficiencia en Centros de Emergencia Mujer

Sólo uno de los 73 Centros de Emergencia Mujer (CEM), supervisados a nivel nacional, funcionan. La mayoría no cumple con los servicios especializados de atención a las víctimas de violencia familiar y sexual, llámese atención psicológica, defensa legal y trabajo social. Así lo reveló el Informe Defensorial 144. Al respecto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, señaló: “Hay una cultura de violencia contra la mujer en la sociedad peruana… Pero a la vez, el Estado tampoco le esta dando la solución que necesita cuando una mujer se acerca a una comisaría y no le brinda la atención y el respeto adecuado que tiene que tener”.

Las mujeres que acuden a estos centros de asistencia, tienen entre 15 y 45 años. Y los CEMs que no brindan atención integral se ubican en Abancay, Cajamarca, Ayacucho, Ancash, Iquitos, Moyabamba, Pasco, Puno, Trujillo, Villa María del Triunfo, en Lima, entre otros.

Por tanto, la Defensoría recomienda primero: que el MIMDES garantice que los CEM cuenten con la infraestructura necesaria y con el numero de profesionales necesarios para responder a la demanda; segundo: que los gobiernos locales y provinciales incluyan en sus planes de desarrollo actividades y metas de protección social para la población en riesgo y en vulnerabilidad en especiar a las mujeres victimas de la violencia.

De otro lado, la Defensora del Pueblo condenó el presunto asesinato de la niña Analí, encontrada muerta en una desmotadora de Ica.

Defensoría del Pueblo y Plan Internacional Perú promueven derechos de niñas, niños y adolescentes

Conocer y respetar los derechos del niño es la finalidad del proyecto “Promoción de los derechos de la niñez peruana” que presentó la Defensoría del Pueblo, Plan Internacional Perú y el Movimiento de Niños, Niñas y adolescentes Organizados del Perú.

Silvia Nole, Gerente de Programas de Plan Internacional Perú, dijo: “Este proyecto se centra fundamentalmente en la promoción de los derechos del niño y como nosotros principalmente con el estado y la sociedad civil y las organizaciones de niños trabajamos en un esfuerzo colaborativo de manera conjunta para promover el ejercicio de los derechos de la niñez”.

El proyecto busca, además, vigilar el cumplimiento oportuno de las recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas hizo al Estado Peruano, así como capacitar a las organizaciones de niños y adolescentes sobre el cumplimiento de sus derechos. En tal sentido, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, explicó que “la creación de esta nueva adjuntía respondía en la necesidad de contar con una oficina especializada en la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que garantizase además la supervisión de los procedimientos y acciones del estado, el cumplimiento de los derechos del niño, las leyes política, planes y programas así como los compromisos nacionales e internacionales que existen para los niños y adolescentes”.

Esta Adjuntía también se abocará a vigilar el cumplimiento de las leyes que prohíben todas las formas de castigo corporal hacia los niños, asegurar que el Servicio Integral de Salud llegue a las familias pobres y proteger los derechos de niños indígenas para que gocen de igualdad de oportunidades.

Defensoría del Pueblo presenta proyecto de ley para regular derecho de consulta según Convenio 169 de la OIT

Al mes, y a raíz de los lamentables hechos luctuosos en Bagua, la Defensoría del Pueblo presentó una iniciativa para garantizar un proceso de diálogo entre el Estado y las comunidades nativas. Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, dijo: “Hemos presentado un proyecto de ley marco para ser efectivo el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y cumplir con lo que señala el convenio 169 de la OIT. Es una ley muy ordenada, que establece los objetivos, las definiciones, los procesos y que será un avance histórico en el Perú si se aprueba por el Congreso”.

Asimismo, la Defensora del Pueblo, informó que actualmente existen 14 conflictos relacionados con pueblos indígenas por resolver. En cuanto a la insistencia de algunos pobladores de la zona en señalar que existen nativos desaparecidos, Merino expresó que de ser así, la Defensoría del Pueblo estará presta a iniciar las respectivas investigaciones. “Si es que hay denuncias públicas que en determinada comunidad se está hablando en desaparecidos haremos el esfuerzo de acercarnos, averiguar y tratar de ubicar a las personas que se estiman desaparecidas”, agregó.

De otro lado, sobre la situación de los indígenas que resultaron con heridas graves, Gisela Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos y personas con Discapacidad de la Defensoría manifestó, que felizmente de las doscientos heridos, nueve sólo continúan internados.

Defensoría del Pueblo elaborará propuesta para restablecer diálogo

La Defensoría del Pueblo elaborará una propuesta para crear las condiciones básicas que permitan reconstruir el camino del entendimiento entre el Gobierno y los nativos, así como establecer los mecanismos de consulta a efectos de escuchar a las comunidades indígenas. Ante la desinformación total, el primer ministro Yehude Simon busca reformular el diálogo con los nativos: “Creemos fundamental retomar el diálogo con la Defensoría del Pueblo para formar una mesa de trabajo en la búsqueda de la paz social y de entender que el país necesita finalmente resolver un problema histórico que es con las comunidades nativas”.

De esta manera, el organismo encabezado por la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, se comprometió a participar en la mesa de trabajo propuesta por el Ejecutivo, en aras de restablecer el clima de paz y tranquilidad tras los violentos incidentes en Bagua. “La Defensoría del Pueblo va a acompañar el esfuerzo de reconstruir el espacio de entendimiento entre el Estado y los pueblos indígenas. Para ello me voy a comunicar con el presidente de la Conferencia Episcopal para que juntos elaboremos una propuesta al Poder Ejecutivo, a fin de crear las condiciones básicas que construyan el camino para la consulta a los pueblos indígenas”, expresó.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros pidió también a Beatriz Merino mantener la presencia de la Defensoría del Pueblo en Yurimaguas, a fin de garantizar el desbloqueo de la carretera.

Defensora del Pueblo pide a Gobierno atienda agenda indígena

La revisión de los decretos legislativos –en el marco de la llamada Ley de la Selva– merece la más alta prioridad del Congreso de la república. Así lo sostuvo Beatriz Merino, Defensora del Pueblo. Luego de haber transcurrido ocho meses de la promulgación de los decretos, Merino Lucero exhortó al Poder Ejecutivo a que atienda la agenda histórica de los pueblos indígenas relativos a la salud, educación y proyectos de desarrollo, de modo que se fortalezca su integración al progreso del país y de la democracia. Asimismo, la Defensora del Pueblo se pronunció sobre el estado de emergencia decretado en varias regiones del país.

“El estado de emergencia es un derecho que compete al poder ejecutivo establecer cuando hay acciones que así lo ameritan. Ahora ya hay 17 regiones del país que está en emergencia y ciertamente el estado de emergencia no debe de convertirse en algo permanente. Se debe únicamente utilizar por excepción y en ese marco si, una invocación reiterativa a que las fuerzas del orden usen ese poder con la proporcionalidad y el respeto a los derechos humanos que corresponden”, expresó. Frente a la huelga amazónica, y con la finalidad de fortalecer la institucionalidad de los gobiernos locales y regionales para que sean capaces de responder los reclamos sociales, la Defensoría del Pueblo creó la Adjuntía para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, a cargo del Dr. Rolando Luque Mogrovejo.

“Son 250 casos los que vienen ocurriendo en el país. Nosotros nos hemos propuesto desde esta adjuntía fortalecer capacidades en gobiernos regionales y locales. Vamos a introducirnos en el tema de la violencia para generar algunas pautas que controlen la protesta social y estamos haciendo un llamado a la movilización nacional en favor del diálogo y que todas las instituciones del estado y la sociedad civil asuman este compromiso y puedan desarrollar capacidades a nivel nacional”, aseveró.