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Pueblos Indígenas marcharán para exigir que Tribunal Constitucional responda sobre inconstitucionalidad de Ley 30230

ANTOLIN HUASCAR_INCONSTITUCIONALIDAD LEY 30230

Las asociaciones civiles AIDESEP, CNDDHH, IDLADS y CNA -en representación de los Pueblos Indígenas- anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional para exigir al Tribunal Constitucional (T.C.) se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 30230, también llamada “paquetazo ambiental”.

“Nos mantendremos en la lucha para que esta ley no continúe, nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, declaró Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideró una total falta de voluntad por parte del T.C., tomando en cuenta que la demanda contra la 30230 se ingresó en abril del presente año, y a la fecha no obtienen respuesta.

“Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5,000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7,000 firmas”, expuso Antolín Huáscar.

Es fundamental tener presente que el Gobierno de San Martín también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual se interpuso el 30 de diciembre del 2014 y admitida el 5 de enero de este año.

A FAVOR DE LAS INVERSIONES

De otro lado, estas organizaciones aclararon estar a favor de las inversiones privadas, siempre y cuando se desarrollen dentro del respeto de los derechos ambientales y sociales.

En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.

“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.

Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.

En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

Temas de derechos humanos no son tratados por candidatos advierte Rocío Silva Santistevan

Los temas de derechos humanos no se incluyen en el debate electoral, así lo sostuvo Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora nacional de Derechos Humanos.
En las últimas semanas el debate electoral entre los candidatos a la presidencia se ha centrado en los temas como el aborto, el matrimonio gay y la legalización de las drogas; pero los principales temas en derechos humanos, como la reparación civil y memoria no se han incluido en este debate. “Los derechos humanos son una tarea de todos los sectores políticos de todos los sectores, claro hay sectores políticos que no van a trabajar el tema de derechos humanos pero bueno son precisamente los sectores políticos que han demostrado a lo largo de su trayectoria más bien estar vinculado con la corrupción y la impunidad…”, advirtió Rocío Silva Santistevan, Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH.
A fin de comprometer a los candidatos presidenciales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentará un documento con los puntos principales a trabajar en estos temas. “Uno de los principales punto es el tema no aceptar ningún mecanismo de impunidad no a las amnistías de todo tipo después hay varios puntos, uno que es muy importante la ley de consulta a los pueblos indígenas…”. Finalmente, Silva Santistevan señaló, con referencia a la consulta previa, que el desarrollo del país no solo se da desde la perspectiva económica, sino también desde el desarrollo integral de la persona con la protección al medio ambiente.

Denuncian proyectos de ley para saltarse consulta previa a pueblos indígenas


Representantes de organizaciones de pueblos indígenas y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron proyectos de ley que no respetan los principios de la Ley de Consulta Previa.

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que permite que las comunidades indígenas sean consultadas sobre la concesión de sus tierras para actividades extractivas. La ley fue aprobada por el Congreso de la República, pero observada por el ejecutivo y aún no es promulgada.

En ese sentido Magdiel Carrión Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la inería, señala que se vienen trabajando nuevos proyectos de ley que vulneran los derechos de los pueblos indígenas: “ésta dando otras leyes otros decretos como la ley forestal de fauna silvestre el mismo ministerio de Energía que esta hablando de un proyecto de reglamentación de consulta sin antes haber aprobado la misma ley entonces para nosotros es algo preocupante que esto, por que ahí viene la ley de criminalización que muchos dirigentes indígenas campesinos andinos están siendo perseguidos…”.

Carrión señala que el proyecto de Ley Forestal de Fauna Silvestre excluye a las comunidades campesinas de los andes y no se rige a los acuerdos del convenio internacional 169 de la Organización Internacional de Trabajo.

Por otro lado, Miguel Jugo, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas se denunciará ante organismos internacionales. “Vamos hacer un informe a la Comisión Interamericana de derechos humanos que está viendo todo el proceso que se esta haciendo de consulta en tercer lugar a la OIT al comité de expertos también por que no hay una intensión de aplicar la ley de consulta sino más bien de escamotearla…”.

Finalmente, Jugo indica que cerca de 14 lotes de proyectos hidroenergéticos se han concesionado sin consulta previa.

Piden derogatoria de decretos legislativos dictados por el gobierno en Pucallpa


Durante un conversatorio organizado por el del Comité Vicarial de los Derechos Humanos de Ucayali, se cuestiono los Decretos Legislativos Nº 1090 1095 1096 y 1097 emitidos por el Poder Ejecutivo y que en las últimas semanas generaron una ola de críticas que trajo como consecuencia el cambio del gabinete ministerial y la derogación del decreto 1097.

Sin embargo, para responsable Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Víctor Álvarez, los demás decretos también deben ser derogados. “La única salida que estamos planeando es que se deroguen estos decretos legislativos que atentan contra la constitucionalidad, contra la población civil, contra el derecho de protesta, contra los derechos fundamentales de las personas”, dijo Álvarez.

Por su parte Milton Campos, abogado de la Asociación Paz y Esperanza afirmó que dichos decretos atentan contra los derechos de las personas comunes y corrientes: “Atenta contra el principio de juez natural, nosotros somos civiles y debemos ser juzgados por civiles, pero cuando yo soy militar y cometo delitos que no son delitos de función, debo ser juzgado por los jueces civiles, pero estos decretos civiles dicen lo contrario”.