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Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Derechos de las comunidades sobre la tierra estarían amenazados por paquetazo ambiental

En esta edición de LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER conversó con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (Título III, artículo 37, inciso A).
Esto significaría que las tierras de comunidades campesinas y nativas se verían afectadas. Del Castillo indicó que “según el cálculo oficial, las comunidades cubren un 27% del total del territorio nacional” (sumando nativas y campesinas). Esto significaría que representan más de la cuarta parte del territorio nacional. Asimismo, el número de pobladores afectados es incierto, pero la medida llega a todas las regiones del Perú, excepto Tumbes, donde no hay registro de comunidades”.
Esta alerta expuesta por Laureano Del Castillo, ha sido presentada en un pronunciamiento de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, de la que CEPES forma parte.

En esta segunda parte de la entrevista con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se explica la problemática de la falta de títulos de tierras. La posibilidad de regular las tierras agrícolas y rurales concluyó en el año 2013, nombrándose al Ministerio de Agricultura como el órgano rector en materia de titulación, mientras que los Gobiernos Regionales solo cumplen un rol ejecutor. Pero con la Ley 30230 se crearía una contienda de competencias.
“La norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen pero no están georeferenciados. También puede afectar a un universo muy grande de pequeños agricultores, propietarios que tampoco tienen título”, señaló Del Castillo.

Canciller García Belaúnde confía en fallo favorable de La Haya en delimitación marítima con Chile

El ministro de Relaciones Exteriores, José García Belaúnde llegó a Tacna en una rápida visita.
Lo primero en la agenda, fue la entrega simbólica de títulos de propiedad formalizados por COFOPRI. Esta actividad se realizó en la municipalidad provincial.
Hasta aquí llegó en una de las últimas misiones encargadas por el gobierno de Alan García.
García Belaúnde, rechazó las críticas surgidas contra Palacio. Criticas centradas en la serie de inauguraciones, entregas y otras ceremonias que ha emprendido el gobierno central en los últimos días de mando.
El canciller deja el cargo satisfecho con el avance logrado en la relación con Chile. Asegura existe una importante agenda entre ambas naciones y pidió no polemizar en torno a la demanda ante la Haya.
García se muestra confiado de obtener respuesta favorable en la corte internacional de la Haya, en donde se disputan los límites marítimos entre Perú y Chile.
Finalmente, defendió al presidente Alan García criticado por no asistir al cambio de mando. El ministro señala que no esta obligado a hacerlo y que la banda presidencial se entrega al congreso se la república.

La visita de García Belaúnde responde a la entrega de los últimos 170 títulos de los 6000 que habría entregado COFOPRI en Tacna durante años del gobierno aprista.
Esto marca también el fin de una etapa para el COFOPRI que transfiere sus funciones al gobierno regional para la entrega de títulos sobre terrenos vacios.
Aunque en Tacna la ocupación y el tráfico de estos terrenos es un problema que involucra a miles, el gobierno considera como un logro la entrega de estos 170 títulos.

Pobladores de Villa El Salvador protestan exigiendo luz y agua para su sector


Pobladores del asentamiento humano Santa Rosa del distrito de Villa El Salvador llegaron hasta el local municipal para exigir rehabilitación pre urbana de sus viviendas, y servicios de electricidad y agua.

La regidora de Luz Castro, indicó que la solución pasa por un trámite de cambio de zonificación que demandara tiempo; asimismo añadió que dado que habitan el terreno desde el 2005, los pobladores de este asentamiento están fuera de la ley de formalización que establece COFOPRI hasta diciembre del 2004.

Vecinos de Chiclayo piden suspensión de desalojo en pueblo joven San José Obrero


Un grupo de pobladores del pueblo joven San José Obrero irrumpió en la sede del Poder Judicial del distrito de José Leonardo Ortiz para exigir que se abra un proceso de investigación contra el juez del cuarto juzgado penal, pues para estos pobladores la orden de desalojo que tienen fue comprada por Manuel Cabrejos Chumioque supuesto dueño de las hectáreas ocupadas por estos moradores.

Según los manifestantes desde hace 15 años más de 5 mil pobladores habitan en estas hectáreas que pertenecen al Estado. Los casi 50 moradores del pueblo joven San José Obrero aseguran haber comprado cerca de 80 hectáreas a César Augusto Pasco Farro, pagando 1.500 soles por hectárea. Ahora después de 15 años Manuel Cabrejos Chumioque dice ser aún propietario de las hectáreas. El caso se encuentra en el cuarto juzgado penal que ha programado un desalojo para este 23 de septiembre. Los manifestantes exigen la intervención de COFOPRI a fin de definir las propiedad de las hectáreas del pueblo joven San José Obrero.

Se realiza paro de trabajadores portuarios de ENAPU en Pisco

Los trabajadores portuarios de Pisco acataron el paro de 24 horas convocado a nivel nacional por ENAPU. Ellos se reunieron en el frontis del puerto de dicha ciudad iqueña; mientras varias embarcaciones quedaron varadas en espera de atención. En su plataforma de lucha, los trabajadores portuarios rechazan la privatización de los puertos a nivel nacional; además de cuestionar la concesión del puerto de Paita que ha derivado en el alza de precios para el traslado de contenedores.

El secretario general de trabajadores portuarios, Ulises De La Cruz, rechazó que el gobierno pretenda presuntamente concesionar el puerto a los chilenos perjudicando sus puestos de trabajo. Este puerto quedó seriamente afectado luego del terremoto de 15 de agosto del 2007. Al respecto, algunos ministros se ofrecieron en apoyar la recuperación del puerto San Martín; pero hasta el momento nada se ha concretado.

De no tener eco, los trabajadores portuarios advirtieron que radicalizarán sus protestas en defensa de sus puestos de trabajo.

Asentamientos humanos de Pucallpa se movilizan por la titulación de sus viviendas

Los dirigentes de los asentamientos humanos y de las organizaciones agrarias salieron a las calles a protestar contra COFOPRI y la Municipalidad de Coronel Portillo sobre la titulación de sus tierras. La marcha partió con aproximadamente cuatro mil personas, que pertenecían a las organizaciones sociales como los Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche, asociaciones de agricultores y representantes de 40 asentamientos humanos. Ellos exigían la titulación de sus tierras.

Posteriormente, llegaron hasta la sede de COFOPRI para entregarles un memorial y se solucionen los problemas de titulación para que puedan acceder a los servicios de ElectroUcayali.

Trescientos pobladores de Los Arenales, en Chiclayo, piden no ser desalojados

Aproximadamente 300 pobladores del asentamiento humano Los Arenales llegaron hasta la oficina de COFOPRI, a fin de exigir no ser desalojados de sus viviendas.

Los moradores pidieron dialogar con Luis Pacheco, jefe de COFOPR – Lambayeque, ante la decisión del Poder Judicial de efectuar el desalojo este 27 de Junio. El presidente de la asociación de pobladores del mencionado asentamiento humano, Richard Requejo Álvarez pidió a Luis Pacheco intervenga y ayude a solucionar el problema que afecta a 500 familias de Los Arenales.

Por su parte, el jefe de COFOPRI de Lambayeque que, Luis Pacheco se comprometió a enviar un informe a la Oficina Nacional de COFOPRI y al Congreso de la República, detallando la situación de este asentamiento humano y pedir la rectificación del reglamento de expropiación.

Piden declarar en emergencia distrito minero de La Rinconada luego de grave incendio

Un equipo de Enlace Nacional llegó hasta el centro poblado de La Rinconada, ubicado a 5,400 metros sobre el nivel del mar, para constatar los destrozos que ocasionó el incendio del pasado 8 de setiembre, que arrasó con 110 precarias edificaciones de calaminas que eran utilizadas como viviendas y puestos de negocios.

Hasta el lugar llegaron también representantes de algunas instituciones del Estado, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud y COFOPRI, quienes ofrecieron ayudar a los damnificados. Más de quinientas personas se han visto obligadas a realizar ollas comunes para alimentarse.

En tanto, en el Congreso, la parlamentaria Susana Vilca planteó la declaratoria en emergencia del centro minero La Rinconada a efectos de que se evalúe y se planteen soluciones a los problemas en esa jurisdicción en las áreas de salud, educación y otros.