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Demandas del campesino peruano tras 46 años de la Reforma Agraria

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, sobre la problemática actual del campesino, luego de 46 años de promulgada la Reforma Agraria durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ley que generó cambios pero que a la fecha generó también varios problemas.
“Quiero reconocer a quienes impulsaron la reforma agraria al lado de Velasco, también líderes y lideresas que entendieron […] para nosotros fue un alivio porque salimos, nos visibilizaron, nos organizamos en cooperativas y comunidades pero no estuvimos preparados porque en todo momento estuvimos esclavizados. Pocos fuimos los que sobresalimos en esa época”, comentó Huáscar.
Sin embargo, al año 2015, muchos gobiernos han pasado y, según el presidente de la Confederación Nacional Agraria, con la llegada de Alberto Fujimori al poder, se terminó definitivamente la ley de Reforma Agraria, ya que en la actualidad las leyes llamadas “paquetazos ambientales” vienen violando diversos derechos de las comunidades campesinas.

Continuamos con nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON y la entrevista a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria, quien señala las actuales demandas del campesino y el productor agrario, así como su desaprobación a la política seguida por Ollanta Humala en cuanto al sector agrario, la cual, en su opinión, lo está quebrando.
Así, señaló que el Gobierno, a través de las ley 30230 y otras normas, vulnera la Consulta Previa, los derechos colectivos y la ley de comunidades campesinas. Por otro lado, la Confederación Nacional Agraria exige declarar de interés prioritario la soberanía alimentaria.
“En ningún momento estamos en contra de inversión privada pero queremos que respeten estándares internacional y nacionales”, manifestó Antolín Huáscar.
En cuanto a una presunta manipulación del sector agrario por parte de las ONG ambientalistas, Huáscar negó tal situación y, por el contrario, criticó a empresas del sector privado: “yo acuso a las empresas privadas extractivas, ellos contratan consultoras para elaborar proyectos, como está pasando con estos paquetazos ambientales, sin medir las consecuencias del futuro”, explicó.
Finalmente, indicó que el sector agrario, específicamente la pequeña agricultura de trabajo, genera más puestos que una empresa minera, lo que pasa, afirma Huáscar, es que el Gobierno “no quiere vernos”.

Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Nuevo paquetazo antiambiental afectará a comunidades y pueblos indígenas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), sobre la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 3941, llamado cuarto paquetazo antiambiental o antiindígena.
Según el experto en comunidades campesinas, el discurso sobre la burocracia entorpecedora que impondría esta norma no es del todo cierto: “lo que es más preocupante no es un discurso solo del empresariado, lo he escuchado ya en algunos funcionarios, decir que la inversión no crece por la tramitología. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, sobre todo del precio de los minerales, hay la preocupación del Estado sobre ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento?”.
Con respecto al proyecto de ley 3941 (el cual ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso), el director de CEPES explicó que esta norma afectaría el derecho de servidumbre de pueblos indígenas y comunidades.

En esta segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista a Laureano Del Castillo, director del CEPES, sobre el proyecto de ley 3941. Esta norma afectaría a los propietarios de tierras, ya que impone el derecho de servidumbre hacia alguna empresa que invierte en un determinado terreno. Es decir, la empresa estaría obligada a hacer solo un único pago al dueño de la tierra, así se trabaje en el lugar por varios años. Además, la empresa podría retirarse sin negociar con el propietario o comunidad.
Para el experto en temas de comunidades campesinas falta madurez del gobierno, puesto que con la promoción de normas como la 3941, “lamentablemente pierde el tiempo y genera desconfianza” en la población. Así, se sabe que a futuro este tipo de leyes serán desaprobadas por afectar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Entrevista a Patricia Quiñones de SER: Promueven el reconocimiento a la labor de las mujeres

Recientemente fue presentado el libro “Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras quechuas y aymaras”, promovido por la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) con el apoyo de la organización Pan Para el Mundo. Sobre esta publicación, conversamos con Patricia Quiñones, antropóloga de SER.
“Hace muchos años el rol de la mujer en el ámbito rural y agrario es muy fuerte pero el problema es que aún no está reconocido formalmente en numerosos espacios comunales. Definitivamente, hay brechas que deben resolverse porque las mujeres pueden tener una participación muy activa pero no hay igualdad de derechos en el acceso a la participación política en esos espacios, o tienen que superar diversas barreras”, comentó Quiñones.
Esta publicación, que consta de 4 capítulos desde la contextualización de las comunidades hasta las características de los sistemas de tenencias de terrenos que se aplican en las comunidades, cuenta con el apoyo de la organización Pan Para el Mundo. Además, tiene como trabajo previo el proyecto “Mujeres campesinas indígenas quechuas y aymaras acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades”, realizado en 20 comunidades campesinas de las regiones de Ayacucho y Puno.

AGENDA AMBIENTAL: Investigarán irregularidades en procesos de consulta previa

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Riccarda Flemmer, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), quien se encuentra en el Perú haciendo un seguimiento a los procesos de consulta previa en algunas regiones de la Amazonía Peruana, específicamente las relacionadas al sector de hidrocarburos.

En esta segunda parte de la entrevista, Riccarda Flemmer comentó su apreciación sobre el acercamiento entre los pueblos indígenas y el Estado. Así, la información comienza con cosas básicas, señala Flemmer, preguntas como ¿qué es el Estado?, ¿qué papel tiene Perupetro?, ¿qué es consulta previa? Para muchas comunidades estos son términos difíciles de definir. Es todo un reto, sostiene la investigadora, que pueblos indígenas y autoridades se entiendan.

Cop 20: La agenda de Perú en materia de medio ambiente

Dos semanas intensas caracterizaron a la COP20, la cumbre ambiental más importante del mundo, realizada en Lima, ciudad capital que, curiosamente, es una de las más contaminadas de Latinoamérica. La cita que reunió a representantes de 194 países del mundo culminó con el denominado “Llamado de Lima para el Cambio Climático”, un texto que será discutido para su aprobación en la cumbre de París 2015, y lo que se acuerde busca contribuir a mitigar los daños que genera el cambio climático, un fenómeno que ya se percibe en nuestro país en sectores vulnerables como la agricultura familiar.

En el momento, lo que percibimos, en cuanto a los cambios climáticos, lo apreciamos es en el cambio de la naturaleza, es que no hay las lluvias. Se ha retrasado el sembrío… ya no llegábamos a una siembra regular y lo que nosotros hacemos es cosechar agua de las lluvias y no llega.Hay luchar por este cambio que nos azota a todos las comunidades indígenas y somos los que más sufrimos“, Rosalia Clemente, agricultura de la comunidad de Chala en la región Junín.

Pero una vez culminada la cumbre, ¿cuál es la agenda pendiente del Perú en materia de medio ambiente?

Nosotros, por ejemplo, en la Amazonía tenemos problemas en la titulación de la tierra que hacen que haya incentivos para que el bosque se pierda porque como no es mío bueno pues que se pierda. Entonces, hay una serie de temas que tenemos que resolver… de hecho, el gobierno peruano impulsa un programa de titulación de tierras con enfoque amazónico, además de proveer asistencia técnica en el manejo forestal y créditos, elementos que no estuvieron en la Ley Forestal del año 2002″, señala Gabriel Quijandria, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.

Latinoamérica estuvo presente en este encuentro ambiental y el presidente de Bolivia, Evo Morales, concitó la atención de varios medios al abordar la responsabilidad en torno al cambio climático. Un discurso ya conocido. “Esa es nuestra profunda diferencia con tal vez muchos países que no están pensando en salvar la gente sino en acumular más capital. Entonces, en esto eventos de carácter oficial nunca se toca las causas del calentamiento global, solamente nos quedamos en los efectos. Y nosotros estamos convencidos que el origen del calentamiento global es el capitalismo y para acabar ello es importante la integración de nuestros pueblo“, sostiene Morales.

Por su parte, Perú, Chile, Colombia y México, en el contexto de la Alianza del Pacifico, se comprometieron a adoptar medidas a nivel de cada país para establecer medidas para reducir los daños al medio ambiente. Humala sostuvo que reducir el nivel de CO2 (contaminante) “implica romper paradigmas porque muchos dicen qué hacemos, crecimiento económico o conservación del planeta, yo creo que se pueden hacer las dos cosas”. Consideró que “si las culturas mayas, aztecas e incas han convivido con el medio ambiente de forma natural, es posible un crecimiento económico con inclusión social y con sostenibilidad del medio ambiente. Por eso, creo que es importante el esfuerzo que hacen los líderes de diferentes países al firmar compromisos vinculantes que se van a cumplir“.

Enfrentar los daños al medio ambiente requiere de mayor conciencia; actividades como la tala y minería ilegal perjudican considerablemente al planeta. Es por eso que en esta cumbre, se propuso encontrar puntos de convergencia para enfrentar los estrategas del cambio climático. Un compromiso que requiere la participación de todos.

Enfrentar el cambio climático requiere inclusión… ya que es todo desde el sector privado, los jóvenes, la sociedad civil, los pueblos indígenas, las mujeres, los viejos, todos debemos participar, dado que el cambio climático es algo de todos nosotros… esta es nuestra nueva realidad y todos le tenemos que hacer frente“, enfatizó Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Y así se cerró la cumbre de Lima con acuerdos a grandes rasgos. 10 mil millones de dólares para planes para reducir daño ambiental, se incorporó el concepto de adaptación, se reconoció el mecanismo de pérdidas y daños para atender necesidades urgentes frente al cambio climático y se reconoció el rol de la mujer frente al resguardo del medio ambiente.

¿Cuál es el balance y los retos que dejó la COP20?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) entrevistó a Sullana Huamaní Mujica, especialista del Programa Ecosistemas y Derecho de DAR, quien ofreció un balance y analizó los retos que dejo la COP20 realizada en Lima.
Luego de mucha controversia, indicó la especialista, en el nuevo acuerdo sí se ha logrado incorporar el tema de la adaptación, “aun cuando países como Estados Unidos o Reino Unido no han estado tan de acuerdo. Ha sido realmente un logro que la adaptación se haya logrado posicionar y se haya fundamentado en el nuevo acuerdo”, comentó.
El segundo tema en discusión durante la COP20 fue el relacionado a las responsabilidades comunes y compartidas en el nuevo escenario global. Los países más contaminantes no son solo Estados Unidos y las naciones europeas, sino que se han sumado naciones en crecimiento como China. Lamentablemente, no se ha logrado que las contribuciones sean más concretas. Debió ser mas exhortativa la negociación, señaló Huamani.

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales) continúa entrevistando a Sullana Huamaní Mujica, especialista del Programa Ecosistemas y Derecho.
Otro punto a rescatar en esta COP20 es el rol de las comunidades indígenas. Su presencia ha sido muy activa, se ha dado a conocer su defensa por los bosques. “Es importante que hayan presentado una moción sobre lo que ellos quieren participar dentro de la COP, para así institucionalizarse a futuro”.
En cuanto a la reflexión para Perú, en agenda interna, la especialista indicó que “gracias a la COP se ha logrado visibilizar que somos uno de los países más vulnerables del mundo en efectos de cambio climático. Se requiere que incorporemos el tema del cambio climático en la planificación, a todo nivel del Estado”.
Sin embargo, con la COP20 se han establecido plazos para presentar contribuciones nacionales. Huamani espera que el gobierno realice unas contribuciones de acuerdo a la política nacional climática y que se trabajen de formas transparente con la participación de organizaciones civiles y gobiernos locales y regionales recogiendo temas en adaptación.

¿Qué proponen las mujeres indígenas frente al cambio climático?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entrevistó a Gladys Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), sobre las demandas y propuestas que exigen al Estado frente al cambio climático.
Como lideresa, Vila exige a las autoridades implementar políticas públicas con una mirada diferenciada a las mujeres indígenas, porque ellas son las encargadas de la alimentación y salud de los niños. Esta mirada debe estar basada en un enfoque de derecho al territorio y la soberanía alimentaria.
Otro problema en las comunidades indígenas es su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, destacó que la población afectada ha aprendido a adaptarse ante problemas tan graves como la escasez del agua, la aparición de insectos desconocidos que atacan los cultivos, las fuertes heladas y las lluvias torrenciales, por lo que se pierden semillas y con ello la soberanía alimentaria. Actualmente, ONAMIAP tiene presencia en 18 regiones del país.

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Vila explicó las propuestas frente a los desastres de la Amazonía. Asimismo, ante el reciente anuncio del presidente Ollanta Humala durante la COP20, de contribuir al Perú con seis millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, la presidenta de ONAMIAP indicó que lo necesario es aprobar e implementar el Programa Nacional de Adaptación Climática Comunitaria, el cual debería contar con presupuestos e indicadores medibles.
Por otro lado, indicó que las comunidades indígenas exigen una titulación completa de sus territorios colectivos, ya que hay más de cuatro mil comunidades que no tienen título; pese a ello, el 70% del territorio donde estas comunidades viven está en concesión.
Por último, Vila observó que hay políticas del Estado que no responden a la realidad. La lideresa indígena cuestiona que, siendo el Perú anfitrión de la COP20, el gobierno haya aprobado la Ley 30230, la cual debilita estándares ambientales y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, dicha ley debe ser anulada, afirma.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Derechos de las comunidades sobre la tierra estarían amenazados por paquetazo ambiental

En esta edición de LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER conversó con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (Título III, artículo 37, inciso A).
Esto significaría que las tierras de comunidades campesinas y nativas se verían afectadas. Del Castillo indicó que “según el cálculo oficial, las comunidades cubren un 27% del total del territorio nacional” (sumando nativas y campesinas). Esto significaría que representan más de la cuarta parte del territorio nacional. Asimismo, el número de pobladores afectados es incierto, pero la medida llega a todas las regiones del Perú, excepto Tumbes, donde no hay registro de comunidades”.
Esta alerta expuesta por Laureano Del Castillo, ha sido presentada en un pronunciamiento de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, de la que CEPES forma parte.

En esta segunda parte de la entrevista con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se explica la problemática de la falta de títulos de tierras. La posibilidad de regular las tierras agrícolas y rurales concluyó en el año 2013, nombrándose al Ministerio de Agricultura como el órgano rector en materia de titulación, mientras que los Gobiernos Regionales solo cumplen un rol ejecutor. Pero con la Ley 30230 se crearía una contienda de competencias.
“La norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen pero no están georeferenciados. También puede afectar a un universo muy grande de pequeños agricultores, propietarios que tampoco tienen título”, señaló Del Castillo.