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Políticas públicas hacia pueblos indígenas aún dejan mucho que desear

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169, quien reflexionó sobre las actuales políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas.

En la segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169. En esta parte, analizó los retos para el ejercicio de los pueblos indígenas y la problemática de los territorios y titulación.
“Sin duda hay un déficit muy grande en las políticas públicas para resolver la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, esa es la asignatura pendiente. Estamos hablando de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías locales, la seguridad alimentaria y que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales”, expresó el también ex Coordinador de la Cooperación Española en Perú y Ecuador.

Invasiones y cambio climático amenazan derechos de Pueblo Shiwilu

La vida y los derechos del pueblo indígena Shiwilu, ubicados en el distrito de Jeberos, en la región Loreto, vienen siendo afectados por invasores de tierras, quienes están acelerando los impactos del cambio climático. Así lo señala Talit Layango, coordinadora regional de Loreto de la de Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
“Madereros ilegales y colonos vienen invadiendo nuestras tierras. Ellos ingresan de manera ilegal y no lo hacen por el pueblo, ni hacen consulta previa, y nos damos cuenta cuando ya están derribando los arboles”, comentó Talit Layango, quien agregó que, además, otros pueblos aledaños también se ven afectados por estos invasores.
La coordinadora de ONAMIAP expresó que las autoridades más cercanas donde podrían denunciar a los invasores se encuentran en Yurimaguas, pero siempre encuentran excusas debido a la distancia o la falta de recursos como gasolina. “Como indígenas, tenemos nuestras propias leyes y estamos haciendo prevalecer nuestros derechos”, explicó.

Conozca la nueva alternativa para purificar el agua

AGUA LIMPIA

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR) entrevistó al ingeniero Darío Agama (representante de Lifesaver Systems) sobre el nuevo sistema de ultra purificación del agua, el cual puede ser utilizado en zonas rurales y periurbanas donde el agua potable es escasa.
Agama realizó una demostración. Vertiendo agua tomada del río Rímac en un filtro especial consiguió convertirla en agua pura. Asimismo, nos explicó la tecnología que permite purificar el agua contaminada. Esta tecnología tiene diversas presentaciones: tamaño personal, familiar y también uno especial para comunidades o centros poblados.
Esta es una tecnología que brindaría una solución inmediata porque es de muy fácil instalación. La mayoría de las poblaciones rurales que no están consideradas dentro del planeamiento para poder instalarles sistemas son las que tienen menos de 200 personas. En los poblados que cuentan con esta tecnología la solución es inmediata”, afirmó Agama.

En la segunda parte de la Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Darío Agama de Lifesaver Systems comentó que en campamentos de empresas petroleras ya se ha instalado este sistema portátil de purificación del agua, no solo por la calidad sino por el costo económico.
En el extranjero, este sistema se ha implementado en la selva de Borneo, en Malasia, donde tres mil centros poblados ya utilizan esta tecnología desde hace dos años, asegurando así su salud, afirmó Agama.
Las empresas o poblados interesados en aplicar este sistema, en provincias, pueden llamar al teléfono 997576354 o escribir al correo electrónico: dagama@lifesaversystems.com.pe

Problemática y retos del pueblo Kukama Kukamiria en la región Loreto

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero –de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)– entrevistó al apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) sobre la problemática y los retos que afronta del pueblo kukama kukamiria de la cuenca del río Marañón, en la región Loreto.
El apu Alfonso López Tejada destacó que la comunidad Kukama Kukamiria viene superando una larga etapa en la que fueron ignorados por el Estado. Además, hizo hincapié en que la Reserva Nacional Pacaya Samiria representa más que un simple espacio físico: es una conexión espiritual con sus antepasados.
Por ello, como presidente de ACODECOSPAT, uno de sus objetivos es la defensa de los territorios de las comunidades, las cuales muchas veces se ven afectadas por empresas de turismo. Asimismo, la inscripción en registros públicos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y otros condicionamientos de usos de los recursos resultan una prioridad impostergables.
“Cuando nos acusan de depredar los recursos, porque no nos dedicamos a una actividad productiva, nosotros nos preguntamos: ¿qué hacen las empresas petroleras producen o extraen?”, cuestionó el Apu Alfonso López.

En esta segunda parte de la entrevista, el Apu Alfonso López Tejada, presidente de ACODECOSPAT, explicó que para la construcción de las hidrovías contempladas en el proyecto IIRSA no se desarrolló la consulta previa. Por esta razón, se produjo una demanda en la que un juez, en primera instancia, ordenó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspenda todas las actividades relacionadas estas hidrovías. Esta solo podría reaperturarse luego de que se consulten a todos los afectados. Sin embargo, en la actualidad, el caso sigue en juicio debido a la apelación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Comunidades indígenas del Cusco no cuentan con tecnificación productiva

“Comunidades indígenas del Cusco no cuentan con tecnificación productiva”, manifestó Roger Rivas Corinti, miembro de la comunidad nativa de Chirumbia. Estas declaraciones fueron dadas durante su participación en el foro Cambio Climático y Café Sostenible, realizado en la ciudad de Quillabamba, Cusco.

Entrevista a Rocío Silva Santisteban: CNDDHH cumple 30 años

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que acaba de cumplir 30 años de labor en la búsqueda de justicia para la población más vulnerable del Perú.
“En un principio, la agenda principal de la Coordinadora fue muy vinculada a este proceso de violencia política de conflicto armado interno, pero posteriormente, a partir de los años 90 y 2000, cuando se da la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) la agenda se amplía y hoy en día también se ven temas de violaciones de derechos humanos, de pueblos indígenas, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como la LGTB” indica la Secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
Entre los casos que ha defendido la CNDDHH, hay uno que destaca Silva Santisteban: “…el caso más importante de los últimos tiempos ha sido sin duda el que se acompañó a las personas que han sido criminalizadas por el Baguazo… en realidad, para nosotros, el juicio por la Curva del Diablo es paradigmático porque participan una alta cantidad de personas indígenas y mestizos que tienen otra lengua y otras referencias culturales…”. Asimismo, la entrevistada criticó que en este juicio no se hayan incluido ni siquiera como testigos al ex presidente de la República, Alan García, y a sus ministras Mercedes Cabanillas y Mercedes Araoz.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien afirmó que el Plan Nacional de Derechos Humanos deja mucho que desear. Si bien durante el segundo gobierno de Alan García se encarpetó el plan, este nuevamente se reabrió en el 2011 y luego de una participación activa de la CNDDHH, en diciembre del año 2012, el gobierno presentó otro plan preparado en gabinete, el cual fue promulgado en el mes de julio del 2014 dejando fuera sectores importantes como son la población LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), el tema de trabajadoras del hogar y el tema ambiental, le cual no refleja las expectativas de los pueblos indígenas.

¿Qué proponen las mujeres indígenas frente al cambio climático?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entrevistó a Gladys Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), sobre las demandas y propuestas que exigen al Estado frente al cambio climático.
Como lideresa, Vila exige a las autoridades implementar políticas públicas con una mirada diferenciada a las mujeres indígenas, porque ellas son las encargadas de la alimentación y salud de los niños. Esta mirada debe estar basada en un enfoque de derecho al territorio y la soberanía alimentaria.
Otro problema en las comunidades indígenas es su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, destacó que la población afectada ha aprendido a adaptarse ante problemas tan graves como la escasez del agua, la aparición de insectos desconocidos que atacan los cultivos, las fuertes heladas y las lluvias torrenciales, por lo que se pierden semillas y con ello la soberanía alimentaria. Actualmente, ONAMIAP tiene presencia en 18 regiones del país.

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Vila explicó las propuestas frente a los desastres de la Amazonía. Asimismo, ante el reciente anuncio del presidente Ollanta Humala durante la COP20, de contribuir al Perú con seis millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, la presidenta de ONAMIAP indicó que lo necesario es aprobar e implementar el Programa Nacional de Adaptación Climática Comunitaria, el cual debería contar con presupuestos e indicadores medibles.
Por otro lado, indicó que las comunidades indígenas exigen una titulación completa de sus territorios colectivos, ya que hay más de cuatro mil comunidades que no tienen título; pese a ello, el 70% del territorio donde estas comunidades viven está en concesión.
Por último, Vila observó que hay políticas del Estado que no responden a la realidad. La lideresa indígena cuestiona que, siendo el Perú anfitrión de la COP20, el gobierno haya aprobado la Ley 30230, la cual debilita estándares ambientales y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, dicha ley debe ser anulada, afirma.

¿Cuál es la visión de los pueblos indígenas frente a la COP 20?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), coordinador del Pacto de Unidad y vocero para la Cumbre de Los Pueblos.
Para el Presidente de la CNA, pese a la falta de información previa a la COP20 de parte de los organizadores, del Estado y de algunos medios de comunicación, el evento es una oportunidad para que se debatan los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Huáscar afirmó que, en el Perú, se viene sufriendo los efectos del cambio climático. Así, ante la vulnerabilidad, la mirada debe ser cómo adaptarnos a lo que ya sucede, lo cual es muy diferente a mercantilizarnos: “nos ofrecen economía verde, fondo verde, pero sin explicaciones. No queremos dinero, necesitamos respeto los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, ya que somos vulnerables.”

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) continúa entrevistando a Antolín Huáscar, vocero para la Cumbre de Los Pueblos, la cual se iniciará este lunes 8 de diciembre.
Como representante oficial, Huáscar explicó que la Cumbre de los Pueblos no debe entenderse como la “Anti Cumbre”, con respecto a la COP20. Comentó cómo en las COP anteriores se desarrollaron eventos paralelos donde las organizaciones y comunidades de diferentes países, a través de la autogestión, demostraron capacidad para plantear propuestas frente al Cambio Climático.
Asimismo, anunció que el jueves 11 de diciembre entregarán un documento llamado Llamamiento de Lima, el cual se entregará a los representantes de la ONU y al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la COP20.
Por otro lado, Huáscar resaltó que el tema de la soberanía alimentaria “está en riesgo con el cambio climático, debido a las alteraciones del calendario agrícola: hay mayor pobreza; por ello, los financiamientos que se gestionen deben ser a nivel local, regional y nacional, pero respetando la cosmovisión, los derechos colectivos y la Consulta Previa”.
La llamada Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático debatirá otros ejes temáticos ajenos a la COP 20. Algunos de estos son la crisis de civilización, el cambio social y lo modelos alternativos de vida social, el calentamiento global y el cambio climático, la soberanía y transición energética, la agricultura y soberanía alimentaria, el trabajo digno versus la economía verde, los empleos verdes, entre muchos otros temas.

¿Qué exigen los pueblos indígenas y qué les da el Estado?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y a Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali) sobre los trabajos que vienen realizando las organizaciones estatales en relación a las demandas de los pueblos indígenas.
El Ex Presidente de ORAU destacó que parte de las iniciativas que vienen realizando es el trabajo coordinado con AIDESEP. Comentó que ellos trabajan en los programas de territorio y biodiversidad, así como en el plan de protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Comentó, además, que han asumido el compromiso de defender a los pueblos indígenas que hayan decidido su aislamiento voluntario
Por otro lado, destacó que, en convenio con el Estado, han logrado que las tres reservas territoriales más grandes de Ucayali (Murumunahua, Mashcopiro, Iskonawa) cuenten con la protección de seis puestos de control y vigilancia para que no sean vulneradas.
Por su parte Max Silva consideró positiva la participación de las organizaciones indígenas en el Reglamento de Ley Forestal. Asimismo, indicó que uno de los roles determinantes es la vigilancia de los territorios de las comunidades nativas, y el control y vigilancia de las áreas reservadas.

En esta parte de la entrevista de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) continúa conversando con los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y con Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali).
En el tema de territorios, Faquín Fernández mencionó que existe un convenio entre AIDESEP y el Ministerio de Agricultura, el cual se está trabajando para lograr la titulación de nueve comunidades nativas fronterizas de Ucayali.
De otro lado, expresó que el asesinato de los líderes ashánincas de Saweto, quienes pedían la titulación de sus tierras, ha sido muy penoso para los pueblos indígenas. Tras esta tragedia y la respuesta del Estado, el Ex presidente de ORAU confía que Saweto será titulado.
Desde la Veeduría Forestal, Max Silva opinó que en el Reglamento de Ley Forestal se reconoce los derechos de posesión de las comunidades nativas. Este es un proceso de formalización de territorios, AIDESEP Ucayali ha registrado ya un total de 24 comunidades posesionarias que tienen problemas de superposición.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

AGENDA AMBIENTAL: Comunidades indígenas necesitan al Estado para luchar contra tala ilegal

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre la problemática de la tala ilegal en las comunidades indígenas, la cual provocó recientemente el asesinato del líder asháninka Edwin Chota y otros líderes en la comunidad de Saweto a inicios del mes de setiembre.
La muerte de este líder indígena, afirmó Sánchez, demuestra la inseguridad en las zonas de frontera de la selva peruana, donde hay presencia de mafias que amedrentan a las comunidades ante la ausencia del Estado.
“Tenemos que atenderlos, ellos son los ciudadanos más vulnerables dentro del ejercicio de ciudadanía nacional y a quienes mayor atención debemos brindarle para que no se sientan solos… para ir a un centro de salud en la zona de Alto Tamaya deben caminar 4 días, no hay puesto de defensa nacional fronterizo”, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo.
El Programa de Pueblos Indígenas fue uno de los primeros en crearse en la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol articulador y mediador entre el Estado y los pueblos indígenas, uno de los temas en los que el Programa promueve el diálogo es el de la Consulta Previa, en el que se tiene monitoreado 16 procesos en marcha.

En esta segunda parte de la entrevista, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo explicó la agenda pendiente que se tiene respecto a las acciones en la tala ilegal y la titulación de comunidades.
Desde la Defensoría se ha recordado a la Presidencia del Consejo de Ministros que existe un informe con varios años de elaborado donde se indica un diagnóstico para fortalecer la institución forestal y defender la fauna silvestre, así como lo referente a la tala ilegal. Esta estrategia se creó en el año 2004 y todavía no ha sido implementada y debe ser actualizada.
De otro lado, en cuanto a la titulación, hay un conjunto de problemas: falta modificar las normas que en la actualidad son muy complejas, existen normas vigentes del año 1978, por lo que urge todo un marco que necesita actualizarse para simplificar los procedimientos. “Otro ámbito es la rectoría, quién da los lineamientos para problemas que puedan surgir en controversias de derechos múltiples sobre un espacio”, indicó el Jefe del Programa de Pueblos Indígenas.

Espacios conquistados por la mujer indígena y actividades extractivas en Bolivia

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP) y de las comunidades indígenas amazónicas, quien visitó la ciudad de Lima durante la realización del Foro Internacional Consulta previa, cambio climático e inversiones en América Latina: Intercambiando experiencias y propuestas.
La lideresa indígena explicó que, en Bolivia, todavía la Consulta Previa como ley aún no está aprobada; sin embargo, en el proceso de las negociaciones entre empresas extractivas, organismos internacionales y la población nativa, el rol de la mujer indígena poco a poco ha ido avanzando y actualmente se le escucha.
“Hemos empezado a luchar y a empoderarnos en estos derechos que nos permiten, nos amparan inclusive leyes para poder estar en estos espacios de toma de decisión…”, mencionó.
En cuanto a algunas experiencias en Consulta Previa, la representante de la CMILAP relató que esta se ha dado en la ampliación de carreteras que atraviesan tres pueblos indígenas. Tal hecho hizo necesario establecer compensaciones y negociaciones.
Asimismo, Lipa Piloy destacó que la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia, actualmente, está constituida por 10 organizaciones en las cuales se encuentran 7 pueblos indígenas reconocidos por su lengua, cultura y territorio, en donde “las mujeres estamos organizadas y siempre peleando y luchando espacios de representatividad política en municipios para tener las autonomías. También buscamos incluir en estos espacios -ya sea locales, más regionales o a nivel país- el tema de la no violencia” expresó.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP), manifestó algunas consecuencias de la actividad extractiva en los territorios nativos de Bolivia. Así, señaló con preocupación que están “en pie de lucha para hacer incidencia, si hay una actividad minera hay doble afectación, los cursos de agua varían (a causa de las mineras) y nos obligan al desplazamiento físico. Otro ejemplo es cuando traen obreros varones: hay invasión de otra cultura y los hombres intentan imponerse, se ha dado casos de violaciones, son impactos que sentimos a diario”, dijo.
De manera similar a otros países de América, donde existen poblaciones indígenas, la presencia del Estado es ausente, afirmó Lipa Piloy. Por ello, es importante continuar con la organización y exigir el cumplimiento de leyes que a lo largo de su lucha han conseguido. Además, la búsqueda de recursos económicos (cuya mayor parte proviene de ONG, fundaciones y cooperaciones internacionales) es necesario, ya que el gobierno no aporta lo que se necesita.