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Pueblos Indígenas marcharán para exigir que Tribunal Constitucional responda sobre inconstitucionalidad de Ley 30230

ANTOLIN HUASCAR_INCONSTITUCIONALIDAD LEY 30230

Las asociaciones civiles AIDESEP, CNDDHH, IDLADS y CNA -en representación de los Pueblos Indígenas- anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional para exigir al Tribunal Constitucional (T.C.) se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 30230, también llamada “paquetazo ambiental”.

“Nos mantendremos en la lucha para que esta ley no continúe, nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, declaró Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideró una total falta de voluntad por parte del T.C., tomando en cuenta que la demanda contra la 30230 se ingresó en abril del presente año, y a la fecha no obtienen respuesta.

“Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5,000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7,000 firmas”, expuso Antolín Huáscar.

Es fundamental tener presente que el Gobierno de San Martín también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual se interpuso el 30 de diciembre del 2014 y admitida el 5 de enero de este año.

A FAVOR DE LAS INVERSIONES

De otro lado, estas organizaciones aclararon estar a favor de las inversiones privadas, siempre y cuando se desarrollen dentro del respeto de los derechos ambientales y sociales.

En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.

“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.

Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.

En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

¿Cuál es la visión de los pueblos indígenas frente a la COP 20?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), coordinador del Pacto de Unidad y vocero para la Cumbre de Los Pueblos.
Para el Presidente de la CNA, pese a la falta de información previa a la COP20 de parte de los organizadores, del Estado y de algunos medios de comunicación, el evento es una oportunidad para que se debatan los problemas que afectan a los pueblos indígenas. Huáscar afirmó que, en el Perú, se viene sufriendo los efectos del cambio climático. Así, ante la vulnerabilidad, la mirada debe ser cómo adaptarnos a lo que ya sucede, lo cual es muy diferente a mercantilizarnos: “nos ofrecen economía verde, fondo verde, pero sin explicaciones. No queremos dinero, necesitamos respeto los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, ya que somos vulnerables.”

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) continúa entrevistando a Antolín Huáscar, vocero para la Cumbre de Los Pueblos, la cual se iniciará este lunes 8 de diciembre.
Como representante oficial, Huáscar explicó que la Cumbre de los Pueblos no debe entenderse como la “Anti Cumbre”, con respecto a la COP20. Comentó cómo en las COP anteriores se desarrollaron eventos paralelos donde las organizaciones y comunidades de diferentes países, a través de la autogestión, demostraron capacidad para plantear propuestas frente al Cambio Climático.
Asimismo, anunció que el jueves 11 de diciembre entregarán un documento llamado Llamamiento de Lima, el cual se entregará a los representantes de la ONU y al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, durante la COP20.
Por otro lado, Huáscar resaltó que el tema de la soberanía alimentaria “está en riesgo con el cambio climático, debido a las alteraciones del calendario agrícola: hay mayor pobreza; por ello, los financiamientos que se gestionen deben ser a nivel local, regional y nacional, pero respetando la cosmovisión, los derechos colectivos y la Consulta Previa”.
La llamada Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático debatirá otros ejes temáticos ajenos a la COP 20. Algunos de estos son la crisis de civilización, el cambio social y lo modelos alternativos de vida social, el calentamiento global y el cambio climático, la soberanía y transición energética, la agricultura y soberanía alimentaria, el trabajo digno versus la economía verde, los empleos verdes, entre muchos otros temas.