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Efectos del extractivismo y la apuesta por la economía solidaria

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó la Conferencia Internacional Luchas sociales por la tierra en América Latina, un análisis histórico, comparativo y global, la cual reunió a especialistas, tanto investigadores y académicos de América Latina y Europa, así como a representantes de la sociedad civil de diversos países. Al respecto, conversamos con Luis Montoya, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
“Hemos abordado ejes enfocados en el extractivismo, el cual se ha convertido en uno de los principales efectos de las políticas neoliberales en el Perú y que además ha generado la depredación de muchas áreas naturales del país; otro de los temas que hemos abordado es la agricultura familiar, los recursos naturales y el tercer tema es la economía solidaria”, explicó Luis Montoya.
Esta conferencia fue realizada con la finalidad de promover una reflexión sobre temas de interés social, además de buscar propuestas y alternativas ante las actividades que generan impactos negativos y que afectan el comercio justo y un desarrollo sostenible.
Mayor información en: www.economiassolidarias.unmsm.edu.pe
Correo: economiassolidarias@unmsm.edu.pe

Entrevista: Reporte de Conflictos Socioambientales en la Amazonía

Entrevistamos a Miguel Valderrama, integrante del Observatorio de Conflictos Socioambientales Amazónicos, quien alertó sobre los posibles conflictos existentes en cuatro regiones de la Amazonía que involucran a pueblos indígenas de las regiones de Junín, Loreto, San Martín y Amazonas.

Avances de la consulta previa: Entrevista a a Magdiel Carrión, Presidente de la CONACAMI

En entrevista con Magdiel Carrión, presidente de CONACAMI (La Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería), quien explicó el reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Carrión informó sobre los avances que viene realizando la Confederación que preside, como desarrollar los talleres macroregionales con la intención de que los pueblos y regiones participen en la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Además, comentó sobre el pedido de ampliación del plazo de 30 días, para que los talleres de información y evaluación puedan culminar a tiempo. “Para nosotros ha sido muy importante este pedido de 30 días más que se ha concedido, porque los pueblos son los que tienen que incrementar y apoyar cómo debe estar implementada la norma”.

En ese sentido, Carrión criticó los vacíos que presenta la Ley de Consulta Previa y aseguró que su grupo viene trabajando con los pueblos. “Todos estos errores ya están siendo observados, eso nos ayuda a que los pueblos sean conocedores del trabajo que venimos realizando como CONACAMI”.

Además, informó que ya han presentado formalmente los principios mínimos no negociables a la Comisión Multisectorial para su aprobación.

Conflictos ambientales se deben a temor por contaminación del agua, según Defensora del Pueblo


En la última década han aumentado los conflictos sociales en nuestro país y especialmente los llamados conflictos socioambientales. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo plantea recurrir a los mecanismos de diálogo constantes. Ello mediante un programa de seguimiento de conflictos. “La mayor parte de los conflictos socio ambientales se producen por el temor a la contaminación del agua, eso tiene que ver a veces no solo con las industrias o con las inversiones, sino también incluso con problemas de delimitación territorial, porque a veces hay territorio, hay regiones, hay provincias que piensas que un determinado proyecto va a depredar digamos el recurso agua, es uno de los recursos más importantes, ese temor a la contaminación del agua es el principal sustento de este tipo de conflicto”, explicó la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino.

Sobre lo sucedido en la provincia cusqueña de La Convención, la Defensora del Pueblo dio cuenta de la labor de su despacho en esa zona. “En los conflictos que se están produciendo en el sur del país nuestros funcionarios han viajado a zonas donde no tenemos oficinas, están presentes en Kiteni, presentes en Quillabamba y tratando de proporcionar espacios de diálogo, que es lo que siempre propone la Defensoría del Pueblo, para nosotros el conflicto es finalmente una controversia, lo grave es cuando se presenta la violencia”, dijo Merino Lucero.

Según el Reporte de Conflictos Sociales 76, elaborado por la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, en junio se registró un total de 250 conflictos sociales. De ellos, 169 se encuentran activos, en tanto que 81 se hallan en estado latente. Asimismo, del total de conflictos registrados, 126 casos son socioambientales, mientras que 36 casos corresponden a asuntos de Gobierno Local y 23 casos son de naturaleza laboral, entre otros.