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Tras la pausa en conflicto Tía María ¿hay salida?

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres (director de Noticias SER) entrevistó a Eduardo Ballón (coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana) sobre las alternativas que quedan tras el anuncio de la minera Suthern Perú de hacer una pausa de 60 días en el conflicto en torno al proyecto minero Tía María, en la región de Arequipa.
“Seguimos empantanados en el conflicto. En 60 días no se va a resolver lo que no se ha podido resolver en seis años, y que condensa de parte de la población arequipeña una desconfianza relativamente justificada en la empresa y una desconfianza renovada en el Estado”, señaló Ballón.
Además, resaltó la polarización en este conflicto por parte de un sector de arequipeños, bajo un discurso anti puneño y antiandino, en el que se critica a los que protestan contra el proyecto minero.
Asimismo, observa que la posición del gobierno de Ollanta Humala es bastante complicada por las vacilaciones debido a un juicio internacional según la Constitución de 1993; además, el rol de la empresa Southern también ha dejado mucho que desear.

Continuamos con la secuencia LAS COSAS COMO SON y con la entrevista a Eduardo Ballón, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, quien opina sobre el rol de la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, y de otras autoridades locales.
Según el analista, la autoridad regional ha actuado a contracorriente, en comparación de la realidad del Perú, porque otras autoridades no tienen competencia en materia de conflictos y menos en prevención. Osorio ha buscado una posición autónoma, pensó que había una posibilidad de convencer y dialogar con autoridades distritales y de la provincia de Islay, sostiene Ballón.
En cuanto a medidas para el futuro, Ballón menciona que, a corto plazo, el proyecto está suspendido indefinidamente. De otro lado, para evitar sucesos similares a futuro, en el Perú hay que dar importancia a la población y a las autoridades locales respecto de los procesos de licencia social. Asimismo, el ordenamiento y gestión territorial, las políticas dormidas del Acuerdo Nacional son necesarias. Finalmente, se debe abrir un espacio que permita bajar la polarización, porque actualmente es difícil que actores y grupos, que hasta hace poco estaban enfrentados y con víctimas que lamentar, puedan dialogar en Arequipa.

Rechazan aprobación de cuarto paquetazo y anuncian Paro Nacional

Tras la aprobación del cuarto Proyecto de Ley de promoción de las inversiones (Nº 3941) por el pleno del Congreso, el pasado 15 de mayo, defensores de los derechos de las comunidades nativas y organizaciones medioambientalistas han mostrado su desacuerdo con dichas normas promovidas por el Ejecutivo, a las que han denominado “paquetazos ambientales”. Al respecto, conversamos con el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.
“Con esto, prácticamente se entrega a las empresas transnacionales las tierras eriazas en las que instalarán posiblemente asentamientos mineros, sacarán petróleo, se adueñarán de nuestros minerales y nuestras riquezas. Por ello protestamos enérgicamente contra esta actitud del gobierno que ha impulsado estos “paquetazos” que viola las normas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país”, expresó el presidente de la CNA.
El 23 de agosto de 2011 se aprobó la Ley de Consulta Previa, en ese sentido, Huáscar enfatizó que esta norma es vulnerada, tal como sucede con los convenios internacionales, entre ellos el Nº 169 de la OIT. Además, aseguró que el Estado peruano es flexible ante las empresas transnacionales, por ello anunció que realizarán un paro nacional el próximo 22 de junio: “cada una de las regiones ya se están sumando a esta medida. Ya se agotó la conversación con el Gobierno, por ello ahora vamos hacia las acciones”, enfatizó.

Decreto del Ministerio de Energía acelera concesiones mineras, afirma Javier Jahncke de Red Muqui

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, sobre las implicancias en materia ambiental del Decreto Supremo 001_2015, recientemente aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Según Hancke, esta norma podría acelerar los procedimientos para otorgar las concesiones y permitir los trabajos de exploración y explotación minera. Además, se ha incluido un elemento nuevo sobre el uso de las tierras comunales, por el cual gracias a este decreto se realizará solo a nivel de la Directiva Comunal y ya no a través de la Asamblea Comunal.
“El problema es que la norma se da en un contexto y en una serie de normativas en las cuales se están desregulando una serie de pautas ambientales, sociales, entre ellas todo lo que está vinculado con garantías de derecho a la posesión y propiedad de la tierra”, señaló el representante de la Red Muqui.

En la segunda parte de la entrevista al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, quien señaló que no sólo el D.S. 001-2015 del MINEM afecta la problemática de comunidades, sino que son una serie de normas implicadas. Por ello, la Defensoría del Pueblo viene haciendo una revisión a los expedientes, los cuales también dejan ver la no aplicación de la consulta previa a nivel de proyectos mineros.
“Muchas organizaciones –señala Jahncke- están siendo abordadas por algunas empresas mineras que les plantean (para no aplicar la consulta previa) que renuncien a sus derechos de ser considerados como pueblos indígenas”.
Se espera, desde la Red Muqui, que las autoridades aclaren estas preocupaciones. “Definitivamente, estas normas estarían generando alguna distorsión y mal entendido, y desde las comunidades puede verse como una falta de garantías a sus derechos”, finalizó Jahncke.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Espacios conquistados por la mujer indígena y actividades extractivas en Bolivia

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP) y de las comunidades indígenas amazónicas, quien visitó la ciudad de Lima durante la realización del Foro Internacional Consulta previa, cambio climático e inversiones en América Latina: Intercambiando experiencias y propuestas.
La lideresa indígena explicó que, en Bolivia, todavía la Consulta Previa como ley aún no está aprobada; sin embargo, en el proceso de las negociaciones entre empresas extractivas, organismos internacionales y la población nativa, el rol de la mujer indígena poco a poco ha ido avanzando y actualmente se le escucha.
“Hemos empezado a luchar y a empoderarnos en estos derechos que nos permiten, nos amparan inclusive leyes para poder estar en estos espacios de toma de decisión…”, mencionó.
En cuanto a algunas experiencias en Consulta Previa, la representante de la CMILAP relató que esta se ha dado en la ampliación de carreteras que atraviesan tres pueblos indígenas. Tal hecho hizo necesario establecer compensaciones y negociaciones.
Asimismo, Lipa Piloy destacó que la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia, actualmente, está constituida por 10 organizaciones en las cuales se encuentran 7 pueblos indígenas reconocidos por su lengua, cultura y territorio, en donde “las mujeres estamos organizadas y siempre peleando y luchando espacios de representatividad política en municipios para tener las autonomías. También buscamos incluir en estos espacios -ya sea locales, más regionales o a nivel país- el tema de la no violencia” expresó.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP), manifestó algunas consecuencias de la actividad extractiva en los territorios nativos de Bolivia. Así, señaló con preocupación que están “en pie de lucha para hacer incidencia, si hay una actividad minera hay doble afectación, los cursos de agua varían (a causa de las mineras) y nos obligan al desplazamiento físico. Otro ejemplo es cuando traen obreros varones: hay invasión de otra cultura y los hombres intentan imponerse, se ha dado casos de violaciones, son impactos que sentimos a diario”, dijo.
De manera similar a otros países de América, donde existen poblaciones indígenas, la presencia del Estado es ausente, afirmó Lipa Piloy. Por ello, es importante continuar con la organización y exigir el cumplimiento de leyes que a lo largo de su lucha han conseguido. Además, la búsqueda de recursos económicos (cuya mayor parte proviene de ONG, fundaciones y cooperaciones internacionales) es necesario, ya que el gobierno no aporta lo que se necesita.

Derechos de las comunidades sobre la tierra estarían amenazados por paquetazo ambiental

En esta edición de LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER conversó con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (Título III, artículo 37, inciso A).
Esto significaría que las tierras de comunidades campesinas y nativas se verían afectadas. Del Castillo indicó que “según el cálculo oficial, las comunidades cubren un 27% del total del territorio nacional” (sumando nativas y campesinas). Esto significaría que representan más de la cuarta parte del territorio nacional. Asimismo, el número de pobladores afectados es incierto, pero la medida llega a todas las regiones del Perú, excepto Tumbes, donde no hay registro de comunidades”.
Esta alerta expuesta por Laureano Del Castillo, ha sido presentada en un pronunciamiento de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, de la que CEPES forma parte.

En esta segunda parte de la entrevista con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se explica la problemática de la falta de títulos de tierras. La posibilidad de regular las tierras agrícolas y rurales concluyó en el año 2013, nombrándose al Ministerio de Agricultura como el órgano rector en materia de titulación, mientras que los Gobiernos Regionales solo cumplen un rol ejecutor. Pero con la Ley 30230 se crearía una contienda de competencias.
“La norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen pero no están georeferenciados. También puede afectar a un universo muy grande de pequeños agricultores, propietarios que tampoco tienen título”, señaló Del Castillo.

Pueblos Awajún-Wampís demandan al Estado por exploración del Lote 116

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, coordinadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, conversó con dos representantes indígenas de la provincia de Condorcanqui (Amazonas): Wrays Pérez Ramírez, de la Comisión Especial Permanente de pueblos Awajún y Wampis (CEPPAW) y Ananías Shawit de la Federación Indígena de Shawit. Ellos, junto Maritza Quispe Mamani, abogada del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), explicaron las razones por las que se decidieron a presentar una acción de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el Ministerio de Energía y Minas, puesto que buscan detener la exploración del Lote 116 que realizan las empresas Pacific Rubiales y Maurel Et Prom.
Confiamos en el Tribunal Constitucional, que va ser favorable para nosotros, teniendo en cuenta que hay sentencias favorables, ojalá esperamos que así sea”, manifiestó Wrays Pérez.

En esta segunda parte de la secuencia de AGENDA AMBIENTAL, Maritza Quispe Mamani, abogada del Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica – SAIPE, explicó los temas que se abordan en la acción de amparo contra el Estado peruano.
El proceso de amparo está dirigido en contra del Ministerio de Energía y Minas y Perupetro por omisión a la consulta previa. Lo que se está pidiendo es el cese de los derechos violados que en este caso es la consulta previa, el derecho al consentimiento, el derecho al territorio y la propiedad, el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Asimismo, se está solicitando la nulidad del Decreto Supremo 066 que aprueba el contrato de licencia para la exploración y explotación en el Lote 116“, detalló la abogada de SAIPE.
Por otro lado, en lo referente a la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Amazonas, Ananías Shawit, de la Federación Indígena de Shawit, señaló la responsabilidad del Estado: “En conjunto, la población espera el apoyo del Estado porque como vivimos en la zona más lejana de la frontera, nosotros quisiéramos que el Estado llegue más y dé más apoyo en proyectos de desarrollo sostenible. Eso se quiere en las comunidades indígenas“, finalizó Ananías Shawit.

Lima: Análisis de la Ley de Consulta Previa en el Perú

Presentamos un informe en el que expertos responden a preguntas sobre la implementación de la Consulta Previa en el Perú. Recordemos que 18 años después de ser ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el Estado peruano, el presidente Ollanta Humala promulgó en setiembre del 2011 la Ley N°29785, Ley del Derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. Sin embargo, pocos avances se han dado desde entonces.

Agradecemos a la Plataforma Consultape y a la productora Hiperactiva Comunicaciones por este importante trabajo.

Convocan al VI Curso de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas

Entrevistamos a José Antonio Vàsquez Medina, director de de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad (Ministerio de Cultura), con quien hablamos sobre el VI Curso de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas, el cual busca capacitar a hablantes de lenguas originarias como traductores e intérpretes a fin de fortalecer los Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas u originarios, en el marco de la implementación de la Ley de Lenguas (Ley N° 29735). Vásquez manifestó que “con este curso podemos asegurar que los servicios públicos y los procesos de consulta previa a nivel nacional se desarrollen en la lengua de los ciudadanos que hablan otra lengua”, ya que para este año está previsto realizar aproximadamente 14 procesos de Consulta Previa.
Shawi, Capanahua, Yaminahua, Yine, Shipibo son algunas de las lenguas en que intérpretes y traductores se capacitarán. Además, el director de de Lenguas Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad mencionó que los plazos de inscripción se extendieron hasta la primera semana de marzo y que los interesados pueden enviar su hoja de vida al email: cursodeinterpretes@cultura.gob.pe

Más información aquí:
Convocatoria para el VI Curso de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas

Juan Pablo Saavedra (Fedepaz): Incertidumbre por proceso de consulta en el Lote 192

Conversamos con Juan Pablo Saavedra, antropólogo de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), sobre la incertidumbre que existe en el proceso de consulta previa a las poblaciones aledañas al Lote 192. Este lote petrolero, a cargo de Pluspetrol, se encuentra ubicado en las cuencas medias del Pastaza, de Corrientes y del río Tigre, en la región de Loreto, donde habitan más de cuatro pueblos indígenas. Estas poblaciones supuestamente afectadas, vienen exigiendo al gobierno central demandas básicas debido a la excesiva contaminación que existe en la zona. Entérese más acerca de las demandas en la siguiente entrevista.

José de Echave de CooperAcción y Javier La Rosa de IDL analizan Mensaje a la Nación de Ollanta Humala

Analizamos junto a José de Echave, investigador de Cooperacción y a Javier La Rosa, del Instituto de Defensa Legal, el Mensaje a la Nación del jefe de Estado, Ollanta Humala. En esta primera parte desarrollamos los temas de descentralización, consulta previa, y lo que no dijo el presidente en su discurso.

En la segunda parte de esta entrevista, José de Echave mencionó que la administración de Ollanta Humala “es un gobierno cansado y carece de norte” Además, sostuvo que “hay un perfil cada vez más conservador”.
En cuanto a la anunciada Muerte Civil para los corruptos, Javier La Rosa dijo que no basta la sanción, hay que desarrollar políticas preventivas. En ese sentido, informó que en el Congreso de la República existe, hace más de un año, un proyecto de Ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sin embargo este no se ha aprobado porque no hay voluntad de la mayoría parlamentaria.