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Estado de emergencia causa temor y desconfianza en población de Islay

En nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Rocío Silva Santisteban Manrique, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sobre la situación que viven los pobladores de la provincia arequipeña de Islay, el cual se encuentra en estado de emergencia tras los sucesos ocurridos por el conflicto contra el proyecto minero Tía María.
Según la información que la CNDDHH ha recogido, durante los primeros días de junio “lo que notamos era el temor que ha producido el estado de emergencia, porque los dos primeros días la policía entra en la noche a diferentes casas e irrumpe de una manera violenta y se llevan a 14 personas, las detienen y finalmente las libera […] la situación fue absurda”, relató Silva Santisteban.
Asimismo, aclaró que, en un estado de emergencia, la policía tiene la facultad de entrar a los domicilios y retirar a una persona sin orden de juez; sin embargo, han ocurrido incidentes que no pueden repetirse, como el que algunos serenos fueran agredidos por efectivos del orden en Cocachacra, ya que, según la policía, había toque de queda, situación que era falsa. También, prohibieron los cacerolazos, una expresión legítima de protesta por parte de las mujeres.

Continuamos con nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, y la entrevista a Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Ella sostuvo que se viene desarrollando un clima de amedrentamiento de la protesta, dirigida especialmente contra actores políticos, dirigentes sociales y que busca, por parte del Estado, la desmovilización. Sin embargo, lo único que está consiguiendo esta situación es una indignación general.
Silva Santisteban también opinó sobre el caso de Pepe Julio Gutiérrez: “francamente, ahí no hay nada que decir. Ahora, el daño que ha producido este sujeto, no solamente en la propia protesta, es también un golpe fuerte a toda una forma de plantear una propuesta posextractivista en la que yo sí creo”. Sin embargo, también dijo que con este dirigente no cae la protesta.
Expresó, finalmente, que la decisión de la CNDDHH durante los conflictos ocurridos en el Perú es estar de lado de las víctimas: “las víctimas se están produciendo de varios lados; pero, básicamente, de las 51 personas muertas durante el gobierno de Ollanta Humala, 43 se han producido por uso de la fuerza de la policía nacional o del ejército: son civiles y de esos 43, el 90% por proyectiles de armas de fuego”, mencionó.

Asesinato de líderes asháninkas comprueba ausencia del Estado

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), conversó con Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sobre los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), a manos de taladores ilegales de madera.
Pérez indicó que el 5 de setiembre los comuneros encontraron los restos de los cuatro líderes asháninkas y retornaron a la comunidad, donde se ha generado el pánico. Por su parte, las cuatro viudas viajaron junto con sus hijos en bote durante tres días hasta llegar a Pucallpa para pedir el apoyo de las autoridades
En cuanto a las razones del asesinato, la representante de la CNDDHH indicó que “Edwin Chota y toda la comunidad de Saweto estaban en una lucha frontal contra la tala ilegal. Habían puesto diferentes denuncias en Pucallpa, habían mencionado públicamente que estaban siendo amenazados pero nunca obtuvieron ninguna respuesta de las autoridades. Es más, la fiscalía -que tenía que viajar a la zona- dejó constancia por escrito que no contaba con recursos, ni presupuesto, ni logística para realizar los operativos. Hay un desinterés por parte del gobierno para proteger a estos ciudadanos”, denunció.

En esta segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la CNDDHH, informó las demandas que las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados reclaman.
“Por un lado, está el tema de la reparación. Ellas no pueden esperar 2 o 5 años a que se desarrolle un proceso penal, que probablemente por las dificultades del caso no necesariamente va a llegar a la condena de nadie. Ellas necesitan una reparación ahora por parte del Estado, que es corresponsable de estas muertes, porque tienen hijos pequeños a los que atender. En la sociedad asháninka, si el esposo muere -que es el que caza y el que pesca-, esos niños, esas mujeres, ya no tiene forma de acceder a la carne ni al pescado. La demanda es que el Estado asuma una reparación inmediata para los deudos”, señaló.
La segunda demanda es la garantía de la seguridad en la zona. Se requiere una presencia policial permanente, las viudas han comunicado que no van a regresar a su comunidad hasta no estar seguras. Mar Pérez indicó que la comunidad de Saweto debería ser tratada como una población en desplazamiento forzoso.

Denuncian torturas a comuneros en 2005 por parte de minera Majaz, en Piura

En julio del 2005, veintiocho comuneros que realizaban una marcha pacífica hacia las instalaciones de la minera Majaz, en Piura, fueron secuestrados y torturados por personal policial que resguardaba las instalaciones de dicha empresa. Tres años después, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presenta una serie de fotografías que exponen por primera vez las torturas a las que estos comuneros fueron sometidos.

Mario Tabra, dirigente comunal, describió los maltratos y abusos cometidos en su contra. Junto con los comuneros, fueron secuestradas dos mujeres y un periodista de Radio Cutivalú, quienes han sido denunciados como terroristas por parte de la compañía minera. Elizabeth Cuya fue una de las dos mujeres secuestradas junto con los comuneros. Ella relata cómo el hecho ha provocado que sean tildados de terroristas, lo cual los ha afectado psicológicamente.

Estas medidas extremas representan la violación de derechos humanos, situación que pone en primera plana el conflicto existente entre las mineras y las comunidades. En ese sentido, Tabra explicó que la población en la zona no desea cambiar su modelo de desarrollo que está basado en la agricultura, mientras que el periodista Julio Vásquez precisó que la minería lo que pondría en riesgo no es solamente la calidad de agua sino también la cantidad. Por eso ven con peligro la instalación de una empresa minera.

Con las pruebas fotográficas presentadas en el Ministerio Público de Piura, se busca dar inicio a un proceso en contra de los responsables civiles y militares que permitieron la tortura de los comuneros, la desaparición de un menor de 16 años y la muerte del campesino Melanio García. Por su parte, Ronald Gamarra, presidente de la CNDDHH, sostuvo que “para nosotros está claro en las fotografías que él habría muerto según la pericia médica en la tarde o en todo caso en la noche del día 2. Las fotografías que se muestran acá corresponden a él el día uno, vivo y en las instalaciones de Majaz. Por lo tanto ahí hay un acto que debe ser seriamente esclarecido. Quiénes lo agredieron y en todo caso porque no se le dio la atención que requería una persona que se ve seriamente afectada y que en todo caso parece ser que agonizó y que finalmente murió sin que se le presten las atenciones que requiere cualquier persona en su estado”.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza proyecto de amnistía propuesto por congresista Núñez en Lima

El proyecto de ley para amnistiar a militares y policías que afrontan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos que presentará, en los próximos días, la Comisión de Defensa del Congreso, no es viable porque consagra la impunidad y la tolerancia frente a abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo. “Una propuesta de amnistía para violadores de derechos humanos es inviable, lo único que nos expone es a una nueva condena Internacional”, expresó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Según el congresista Edgard Núñez, presidente de dicha comisión, la iniciativa podría beneficiar a más de 600 militares y policías de los más de 3 mil que actualmente se encuentran procesados. De este grupo, 140 pertenecientes al comando Chavín de Huántar. Al respecto, Gamarra, aclaró que “los comandos Chavín de Huántar fueron absueltos por la justicia militar en el 2003 por el Consejo de Guerra, y luego el consejo de revisión confirmó esa absolución, por lo tanto en estos momentos no hay investigación ni procesos contra el comando Chavín de Huántar, sobre ellos por lo menos no se puede aplicar la ley de amnistía”.