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Entrevista a Rocío Silva Santisteban: CNDDHH cumple 30 años

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), organización que acaba de cumplir 30 años de labor en la búsqueda de justicia para la población más vulnerable del Perú.
“En un principio, la agenda principal de la Coordinadora fue muy vinculada a este proceso de violencia política de conflicto armado interno, pero posteriormente, a partir de los años 90 y 2000, cuando se da la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) la agenda se amplía y hoy en día también se ven temas de violaciones de derechos humanos, de pueblos indígenas, poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como la LGTB” indica la Secretaria ejecutiva de la CNDDHH.
Entre los casos que ha defendido la CNDDHH, hay uno que destaca Silva Santisteban: “…el caso más importante de los últimos tiempos ha sido sin duda el que se acompañó a las personas que han sido criminalizadas por el Baguazo… en realidad, para nosotros, el juicio por la Curva del Diablo es paradigmático porque participan una alta cantidad de personas indígenas y mestizos que tienen otra lengua y otras referencias culturales…”. Asimismo, la entrevistada criticó que en este juicio no se hayan incluido ni siquiera como testigos al ex presidente de la República, Alan García, y a sus ministras Mercedes Cabanillas y Mercedes Araoz.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien afirmó que el Plan Nacional de Derechos Humanos deja mucho que desear. Si bien durante el segundo gobierno de Alan García se encarpetó el plan, este nuevamente se reabrió en el 2011 y luego de una participación activa de la CNDDHH, en diciembre del año 2012, el gobierno presentó otro plan preparado en gabinete, el cual fue promulgado en el mes de julio del 2014 dejando fuera sectores importantes como son la población LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), el tema de trabajadoras del hogar y el tema ambiental, le cual no refleja las expectativas de los pueblos indígenas.

A 11 años del informe de la CVR: Urge ley de búsqueda de desaparecidos

Conversamos con Eduardo Cáceres Valdivia, ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sobre la importancia de promulgar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la violencia ocurrida en el Perú, entre las décadas de 1980 y 2000; así como corregir diversos aspectos del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó una lista de aproximadamente 17 mil personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno (debidamente documentados), lo grave, indicó el ex presidente de Aprodeh, es que aún existen alrededor de cuatro mil lugares de entierros que faltan exhumar.
En el marco de la ley promovida se plantea un Protocolo que, sin prescindir de lo jurídico y la denuncia, facilite el hallazgo y la entrega del cuerpo a los familiares y que posteriormente esas pruebas se consideren para una hipotética denuncia de un delito. “No es simplemente sacar el cuerpo y entregarlo“, precisó Cáceres.
En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este actuaría con un presupuesto y un protocolo nuevos, dicho Plan estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esta segunda parte de la entrevista, el ex presidente de APRODEH explicó las modificaciones que presenta el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000.
Una de estas modificaciones es la definición de la víctima, quiénes son las personas beneficiadas. Antes se consideraba a la víctima por familia, con el nuevo Plan se precisa que la víctima es la persona individual. Si un padre o madre de familia murió a causa de la violencia política y dejó tres huérfanos con su abuelo, en ese grupo son cuatro las víctimas que merecen reparación.
Otro aspecto es reforzar la coordinación entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (encargada de monitorear las reparaciones) con los Gobiernos Regionales. Asimismo, se debe considerar el aspecto mental de las víctimas e incorporarlos a una serie de programas sociales.
También es importante corregir la reparación en Educación, el Plan propone que se pueda transferir esta reparación a sus herederos. Por ejemplo, en el caso que la víctima -por su edad u ocupación- no desee hacer uso de su reparación educativa la puede transferir a su hijo o nieto.
El 1 de octubre, el Programa de Reparaciones Económicas entregó la lista número 12 que reconoce a 17 625 beneficiados y víctimas que deberán recibir la reparación económica de 10 mil nuevos soles.
Sin embargo, observó Cáceres, aún hay personas que no están inscritas en el Registro Único de Victimas. Estas personas pueden y deben inscribirse. Pero, lamentablemente, no tendrían derecho a la reparación económica, ya que así lo dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros al cerrar el registro en diciembre del año 2011. Este aspecto también se debe modificar porque es injusto, señaló.
Además, Cáceres Valdivia exhortó a que en el Congreso de la República se apruebe este proyecto de ley, puesto que recoge las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, del movimiento de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas.

Cusco: Piden crear Consejo Regional de Reparaciones y Reconciliación

Desde Cusco, la directora de la ONG APORVIDHA -que defiende a los afectados por la violencia política-, Iskra Chávez, exige al Gobierno Regional crear el reglamento del Consejo de Reparaciones y Reconciliación.

Premio por la Paz 2011: Homenaje póstumo a Carlos Iván Degregori ex integrante de la CVR

La titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo, hizo entrega de El Premio por la Paz, en distintas categorías.

La ministra destacó el homenaje póstumo que se realizó en honor de Carlos Iván Degregori, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Alcaldes de provincias altas firman convenio por las víctimas de la violencia política con el Consejo de Reparaciones

Mediante la firma del convenio entre municipios de provincias altas del Cusco y el Consejo de Reparaciones, se dio inicio a la elaboración del Registro Único de Víctimas en dichas zonas. El documento se suscribió el jueves 29 de mayo, en el sótano de la Catedral de la Prelatura de Sicuani, a partir de las 11:00 a.m.

Con la participación de los alcaldes de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Domingo Benito Calderón, y a nivel distrital, con los burgomaestres de Pitumarca, Manuel Zvietcovich; Tupac Amaru, Honorato Tito Quispe; de Checca, César Chayña; y el segundo regidor de Coporaque, Gabriel Paucara Uscca. Por el lado del Consejo de Reparaciones, firmó su presidenta, Sofia Macher, y por la Prelatura de Sicuani el Monseñor Miguel La Fay Bardi, Obispo Prelado de Sicuani.

Al principio, la municipalidad provincial de Canchis–Sicuani se comprometió a firmar el convenio, pero finalmente su respuesta fue negativa, argumentando que no se cuenta con el presupuesto suficiente para atender a las víctimas de la violencia política, aunque la ley 28592, que crea el Plan Integral de Reparaciones, especifica en su artículo 11 que “la Comisión Multisectorial de Alto Nivel coordinará acciones con los Ministerios, Gobiernos Regionales, Locales y con las entidades estatales, quienes incluirán en sus presupuestos estrategias conducentes al financiamiento pertinentes para la ejecución del Plan Integral de Reparaciones – PIR”. Por ello, esta labor no está ajena al trabajo que deben desarrollar los gobiernos locales, al contrario está en la obligación de atender al pedido de los afectados.

Por otro lado, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), creada mediante Decreto Supremo N° 011-2004-PCM, es el órgano encargado de la elaboración de los programas de reparación en temas de educación, salud, reparaciones simbólicas y colectivas, entre otras formas de reparación, pero para lograr estas reparaciones es necesario contar con un Registro Único de Víctimas (RUV) donde estén identificados y acreditados las víctimas del conflicto armado interno. La entidad encargada de realizarla es el Consejo de Reparaciones. Ambas instancias dependen de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Estuvieron presentes también la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, quien actuará en calidad de Secretaria Ejecutiva para iniciar el RUV en algunas localidades de provincias altas; la presidenta de la Asociación Regional de Afectados por la Violencia Política de la región Cusco, Leonor Saire, representantes de los afectados de Canchis y Canas y periodistas de provincias altas del Cusco.

Finalmente, es necesario reconocer la iniciativa y el compromiso de las municipalidades que asistieron a la firma de este convenio ya que este esfuerzo favorecerá a las comunidades y personas afectadas por la época de la violencia política, más aun sabiendo que provincias altas fue una de las zonas más golpeados por el flagelo de la violencia en la región Cusco.

La presente nota es una colaboración de Jaime Borda Pari, de la red de corresponsales de la revista Signos del Instituto Bartolomé de las Casas.