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Aprobación de ley de cambio climático es todo un reto

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre los avances en torno a la aprobación del proyecto de ley en Cambio Climático.
Salazar justificó la necesidad de tener una norma específica sobre el cambio climático, la cual se espera sea promulgada por el Congreso de la República.
“Desde el año pasado, se vio la necesidad desde el Congreso y la sociedad civil, de tener una ley, una norma que pudiera articular una serie de normas que tienen relación al cambio climático [..] existe insuficiente articulación entre los distintos sectores agricultura, salud, ambiente, como en los distintos niveles de gobierno: nacional, los regionales y locales”; por ello, conluyó Salazar, debe darse una norma al respecto.
Asimismo, explicó que antes y después de realizarse la COP20 en el Perú, CEPES, junto a otras organizaciones como el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climatico (MOCICC), hicieron un seguimiento constante de qué políticas van saliendo con relación a este tema, lo que ocurre en regiones, así como el análisis de cómo evolucionan diversas regiones a causa de cambios meteorológicos.

Continuamos con nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL y la entrevista a Beatriz Salazar, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del CEPES, sobre los avances en torno a la aprobación del proyecto de ley en Cambio Climático.
Salazar indicó que está por ser sometido a votación el segundo dictamen sobre este proyecto de ley. Se espera que con este segundo dictamen se escuche aportes y se recuperen otros que no se recogieron en el primer dictamen,
“En este segundo intento, con el trabajo de la comisión de descentralización, estamos incorporando algunos otros temas que consideramos esenciales. Por ejemplo, reforzar el rol de rectoría del MINAM. Ya sabemos que ha habido una serie de paquetazos que han debilitado al MINAM; por ello, estamos viendo la posibilidad que, a través de esta ley, se les devuelva al menos algunas de las funciones que le han sido restadas”, manifestó la coordinadora del Observatorio de Cambio Climático del CEPES.
En cuanto a los proyectos, se tiene que trabajar ahora rumbo a la COP 21, ya que el Perú tiene la presidencia hasta diciembre de este año, por ello la responsabilidad, en hacer un buen papel en las contribuciones nacionales, donde se reflexiona en torno a que el aumento de la temperatura del planeta no llegue a los 2 grados centígrados. Finalmente, destacó el trabajo del Ministerio del Ambiente, el cual viene recogiendo aportes y realizando talleres hasta el 17 de julio.

Perú se compromete a disminuir efectos del cambio climático

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Eduardo Durán López-Hurtado, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente (MINAM), quien dio a conocer los compromisos del Estado peruano en reducir los efectos del cambio climático.
Estas propuestas del gobierno, a través del MINAM, se vienen dando a través del proceso de formulación de las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (iNDC, por sus siglas en inglés). Así, el actual gobierno se encuentra consciente de participar activamente en conferencias que conlleven a este fin ,señaló Eduardo Durán. “Las contribuciones que los países intentan plantear son decididas por su propio Estado, voluntarias, pero de alguna manera representan un compromiso que está basado en su capacidad de hacerlo y en su responsabilidad en el problema de cambio climático…”.
Sin embargo, el representante del MINAM reconoce que aún el Perú contribuye de manera muy reducida a disminuir los efectos del cambio climático; por ello, hay que “plantear las máximas contribuciones posibles que signifiquen al mismo tiempo un cobeneficio económico, social para el país […] reducimos sin sacrificar nuestro crecimiento económico”, comentó.
Asimismo, indicó los sectores en los que el Estado viene trabajando: energía, transportes, agricultura, así como algunos procesos industriales (por ejemplo, cambios en la fabricación de materiales de construcción como cemento, fierro y ladrillos). Al mismo tiempo, expresó que se viene promoviendo iniciativas en psicultura, turismo ecológico, en beneficio de los bosques.

En la segunda parte de la entrevista a Eduardo Durán López-Hurtado, Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM, se informó que, tras el trabajo realizado durante la COP20, se impulsó el tema de las contribuciones.
“El reto más difícil va ser llegar a diciembre, en París, con un texto concordado y consensuado, concreto y listo que pueda ser aprobado. Esto no va ser fácil. Probablemente, se van a aprobar las cosas por partes, lo ideal sería que tengamos un texto que nos comprometa a partir del 2015 para que entre en rigor el 2020”, señaló Durán.
Además, si bien el Perú está de acuerdo en reducir emisiones, son los países desarrollados quienes deben asumir el liderazgo en este aspecto, indicó el entrevistado. Al Perú le interesa el tema de adaptación, financiamiento, prevención de riesgos, cambios de hábitos en ocupación del territorio: “por eso, junto con los demás países en desarrollo, hemos pedido que en las contribuciones nacionales haya un capítulo de qué va hacer el país en adaptación y lo estamos preparando en el Perú”, afirmó el representante del MINAM.

Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Proyecto “Costa Verde para todos” afecta playas y a ciudadanos

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Luis Rodríguez, representante del colectivo ciudadano “Costa Verde de todos”. ambos conversaron sobre los daños que se vienen causando al litoral peruano debido a la ampliación del tercer carril en la Costa Verde, el cual es ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Rodríguez hizo un recuento de los inicios de este proyecto “Costa Verde para todos”, el cual se originó en el año 2009. Es un mega proyecto que dispone seis puentes y escaleras que ya están ejecutados, pero el componente que está afectando el litoral es el llamado Mejoramiento de la geometría vial”.
Esta situación “está cambiando el sentido originario de la Costa Verde, que es de playa, que es un ambiente costero, del cual disfrutan los nueve millones de limeños y limeñas para convertirlo en una vía expresa”, señaló el entrevistado.

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL continúa la entrevista con Luis Rodríguez, representante del colectivo ciudadano “Costa Verde de todos”, quien explicó las implicancias ambientales que se están dando con este mega proyecto.
“La Costa Verde está ya saturada, se ha incrementado el estrés costero, están incrementando la erosión, pero además afecta la dinámica costera y afecta la morfología, en particular el oleaje […] la obra está cambiado el oleaje que es disipante a uno muy agresivo”, afirmó Rodríguez.

Entrevista a Gustavo Suárez del MINAM: Conservación de bosques asegura reducción de deforestación

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR) entrevistó a Gustavo Suárez de Freitas, actual coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM). Este es un programa establecido en el año 2010, cuya finalidad es cumplir los compromisos asociados a la mitigación del cambio climático, así como reducir la deforestación, un problema histórico que en los últimos 13 años alcanzó más de 124 mil hectáreas por año perdidas.
“Estamos a la espera que se apruebe una resolución suprema que conforme una comisión multisectorial … para conducir el proceso de difusión pública de la estrategia, entonces nosotros esperaríamos durante este año ese documento de estrategia aprobado porque eso es lo que nos va a dar todo el mandato y lo que va a orientar las inversiones, los proyectos, la asignación de recursos …” indica Suárez de Freitas.

Continúa nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL con la entrevista a Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Bosques del MINAM. El especialista indicó que entre las principales causas de la deforestación se encuentran la falta de derechos otorgados, la calidad de los suelos y la agricultura migratoria.
Además, es importante buscar la producción agrícola sin deforestar y generando captura de carbono a través de sistemas reforestales, y ayudando a mejorar los ingresos de la población. El ejemplo más cercano es la experiencia en Brasil, explica Suárez , donde “en cuatro años bajaron en 84% su deforestación, pero al mismo tiempo el PBI agrícola de la Amazonía creció. Creo que es muy importante decir que enfrentar la deforestación no quiere decir dejar de hacer actividades agropecuarias, sino que tenemos que hacerlas mejor”, sostuvo.
Sobre el problema de posesionarios que no tienen título en las tierras se espera que la Nueva Ley Forestal haga posible otorgar contratos de sesión en uso, para así formalizar a los usuarios, señaló el especialista.
Otra dificultad es que hay tierras con potencial agrícola, pero están cubiertas de bosques, el reglamento deberá regular cómo proceder en esta situación. Si bien existe la meta del programa Nacional de Conservación de Bosques (conservar 54 millones de hectáreas) hay que buscar el balance entre las necesidades de producción agraria y de mantener los bosques. Por ello, la principal política, afirma Suárez de Freitas, deben ser las áreas ya deforestadas, intensificar el uso agrícola ocupando las tierras que ahora están degradadas y mejorar la productividad.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Rol fiscalizador de la OEFA asegura una defensa ambiental más activa

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Delia Morales Cuti (directora de supervisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA) sobre el rol y los desafíos de este organismo público, el cual se encarga de fiscalizar la problemática ambiental.
Para Morales Cuti, el principal reto del OEFA es “lograr que pasemos de una gestión de papeles a la acción, a que halla una comprensión de la fiscalización ambiental como una función técnica. De estar en el campo midiendo para obtener información clara de qué impactos o riesgos se están generando y que la ciudadanía conozca de ello y así sepa más sus derechos en estos temas. Que pueda ayudar a impulsar a esos gobiernos regionales y a los municipios a que actúen, porque la fiscalización ambiental es una función eminentemente técnica”.

En la segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Delia Morales Cuti, directora de supervisión del OEFA, quien explicó los cuestionamientos que se le han hecho al OEFA respecto al aporte por regulación.
Estos cuestionamientos, señaló Morales, son de parte de algunas empresas mineras que aducen que dicho cobro del OEFA representa una “barrera burocrática para el desarrollo de sus actividades”. Sin embargo, la especialista afirmó que estas empresas deben entender que el aporte por regulación es legal, constitucional y que la fiscalización ambiental tiene que financiarse por este aporte.
La Directora de Supervisión del OEFA finalmente indico que para recibir denuncias ambientales la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 01-7110078 y 01-711079. Asimismo el correo electrónico es: denuncias@oefa.gob.pe

Políticas públicas hacia pueblos indígenas aún dejan mucho que desear

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169, quien reflexionó sobre las actuales políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas.

En la segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169. En esta parte, analizó los retos para el ejercicio de los pueblos indígenas y la problemática de los territorios y titulación.
“Sin duda hay un déficit muy grande en las políticas públicas para resolver la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, esa es la asignatura pendiente. Estamos hablando de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías locales, la seguridad alimentaria y que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales”, expresó el también ex Coordinador de la Cooperación Española en Perú y Ecuador.

Decreto del Ministerio de Energía acelera concesiones mineras, afirma Javier Jahncke de Red Muqui

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, sobre las implicancias en materia ambiental del Decreto Supremo 001_2015, recientemente aprobado por el Ministerio de Energía y Minas.
Según Hancke, esta norma podría acelerar los procedimientos para otorgar las concesiones y permitir los trabajos de exploración y explotación minera. Además, se ha incluido un elemento nuevo sobre el uso de las tierras comunales, por el cual gracias a este decreto se realizará solo a nivel de la Directiva Comunal y ya no a través de la Asamblea Comunal.
“El problema es que la norma se da en un contexto y en una serie de normativas en las cuales se están desregulando una serie de pautas ambientales, sociales, entre ellas todo lo que está vinculado con garantías de derecho a la posesión y propiedad de la tierra”, señaló el representante de la Red Muqui.

En la segunda parte de la entrevista al secretario ejecutivo de la Red Muqui, Javier Jahncke, quien señaló que no sólo el D.S. 001-2015 del MINEM afecta la problemática de comunidades, sino que son una serie de normas implicadas. Por ello, la Defensoría del Pueblo viene haciendo una revisión a los expedientes, los cuales también dejan ver la no aplicación de la consulta previa a nivel de proyectos mineros.
“Muchas organizaciones –señala Jahncke- están siendo abordadas por algunas empresas mineras que les plantean (para no aplicar la consulta previa) que renuncien a sus derechos de ser considerados como pueblos indígenas”.
Se espera, desde la Red Muqui, que las autoridades aclaren estas preocupaciones. “Definitivamente, estas normas estarían generando alguna distorsión y mal entendido, y desde las comunidades puede verse como una falta de garantías a sus derechos”, finalizó Jahncke.

Problemática y retos del pueblo Kukama Kukamiria en la región Loreto

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero –de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)– entrevistó al apu Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT) sobre la problemática y los retos que afronta del pueblo kukama kukamiria de la cuenca del río Marañón, en la región Loreto.
El apu Alfonso López Tejada destacó que la comunidad Kukama Kukamiria viene superando una larga etapa en la que fueron ignorados por el Estado. Además, hizo hincapié en que la Reserva Nacional Pacaya Samiria representa más que un simple espacio físico: es una conexión espiritual con sus antepasados.
Por ello, como presidente de ACODECOSPAT, uno de sus objetivos es la defensa de los territorios de las comunidades, las cuales muchas veces se ven afectadas por empresas de turismo. Asimismo, la inscripción en registros públicos de la Reserva Nacional Pacaya Samiria y otros condicionamientos de usos de los recursos resultan una prioridad impostergables.
“Cuando nos acusan de depredar los recursos, porque no nos dedicamos a una actividad productiva, nosotros nos preguntamos: ¿qué hacen las empresas petroleras producen o extraen?”, cuestionó el Apu Alfonso López.

En esta segunda parte de la entrevista, el Apu Alfonso López Tejada, presidente de ACODECOSPAT, explicó que para la construcción de las hidrovías contempladas en el proyecto IIRSA no se desarrolló la consulta previa. Por esta razón, se produjo una demanda en la que un juez, en primera instancia, ordenó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspenda todas las actividades relacionadas estas hidrovías. Esta solo podría reaperturarse luego de que se consulten a todos los afectados. Sin embargo, en la actualidad, el caso sigue en juicio debido a la apelación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

AGENDA AMBIENTAL: Investigarán irregularidades en procesos de consulta previa

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Riccarda Flemmer, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), quien se encuentra en el Perú haciendo un seguimiento a los procesos de consulta previa en algunas regiones de la Amazonía Peruana, específicamente las relacionadas al sector de hidrocarburos.

En esta segunda parte de la entrevista, Riccarda Flemmer comentó su apreciación sobre el acercamiento entre los pueblos indígenas y el Estado. Así, la información comienza con cosas básicas, señala Flemmer, preguntas como ¿qué es el Estado?, ¿qué papel tiene Perupetro?, ¿qué es consulta previa? Para muchas comunidades estos son términos difíciles de definir. Es todo un reto, sostiene la investigadora, que pueblos indígenas y autoridades se entiendan.

AGENDA AMBIENTAL: ¿Hay transparencia en el sector energético peruano?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Aída Gamboa Balbín, especialista del Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de DAR, sobre el estudio Estado de transparencia en el sector energético peruano. Dicho informe recoge el diagnostico a 16 entidades públicas del sector energético. La información obtenida durante el año 2014, también contó con un proceso de validación con las mismas autoridades estudiadas y talleres regionales en Cusco y Loreto.
Según Gamboa, se eligió estudiar el sector energético porque es fundamental para la población. Los proyectos de inversión en este sector generan impactos ambientales y sociales; por ello, la población debe conocer y saber cómo pedir información.
“El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental humano que está contenido en el derecho de libertad de pensamiento y expresión. Desde DAR realizamos un seguimiento a la solicitud de acceso a la información y en este año hemos incorporado solicitudes que realiza un ciudadano para contrarrestar si es que la respuesta de la entidad es la misma a una entidad como nosotros. Contabilizamos los días en que la entidad otorga la información para saber si se encuentra dentro o fuera del plazo”, señaló Gamboa.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Aída Gamboa Balbín, especialista del Programa de Gestión Socio-Ambiental e Inversiones de DAR. Ella indicó que, a través del estudio Estado de transparencia en el sector energético peruano, entidades como el Ministerio del Ambiente y OSINERMING han conseguido mejoras de cumplimiento de sus respectivos portales web.
En cuanto a las solicitudes de acceso a la información, las entidades en promedio han demorado 5 días en dar la información de lo que en el año 2013 excedía los 20 días. Sin embargo, en el caso del Gobierno Regional del Cusco todavía necesita más recursos. Existe el problema de accesibilidad de trasladar las solicitudes a la ciudad de Lima.
También preocupa el acceso de las poblaciones vulnerables, el cual todavía es un reto. Así, de las entidades con competencias directas solo el 40 % tiene mecanismos para la atención a población vulnerable y en las entidades con competencias indirectas es de 60%. Esto demuestra un bajo porcentaje si se observa que los proyectos de inversión energéticas se desarrollan en zonas de poblaciones indígenas, afirmó Gamboa.