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Estado de emergencia causa temor y desconfianza en población de Islay

En nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Rocío Silva Santisteban Manrique, Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sobre la situación que viven los pobladores de la provincia arequipeña de Islay, el cual se encuentra en estado de emergencia tras los sucesos ocurridos por el conflicto contra el proyecto minero Tía María.
Según la información que la CNDDHH ha recogido, durante los primeros días de junio “lo que notamos era el temor que ha producido el estado de emergencia, porque los dos primeros días la policía entra en la noche a diferentes casas e irrumpe de una manera violenta y se llevan a 14 personas, las detienen y finalmente las libera […] la situación fue absurda”, relató Silva Santisteban.
Asimismo, aclaró que, en un estado de emergencia, la policía tiene la facultad de entrar a los domicilios y retirar a una persona sin orden de juez; sin embargo, han ocurrido incidentes que no pueden repetirse, como el que algunos serenos fueran agredidos por efectivos del orden en Cocachacra, ya que, según la policía, había toque de queda, situación que era falsa. También, prohibieron los cacerolazos, una expresión legítima de protesta por parte de las mujeres.

Continuamos con nuestra Secuencia LAS COSAS COMO SON, y la entrevista a Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Ella sostuvo que se viene desarrollando un clima de amedrentamiento de la protesta, dirigida especialmente contra actores políticos, dirigentes sociales y que busca, por parte del Estado, la desmovilización. Sin embargo, lo único que está consiguiendo esta situación es una indignación general.
Silva Santisteban también opinó sobre el caso de Pepe Julio Gutiérrez: “francamente, ahí no hay nada que decir. Ahora, el daño que ha producido este sujeto, no solamente en la propia protesta, es también un golpe fuerte a toda una forma de plantear una propuesta posextractivista en la que yo sí creo”. Sin embargo, también dijo que con este dirigente no cae la protesta.
Expresó, finalmente, que la decisión de la CNDDHH durante los conflictos ocurridos en el Perú es estar de lado de las víctimas: “las víctimas se están produciendo de varios lados; pero, básicamente, de las 51 personas muertas durante el gobierno de Ollanta Humala, 43 se han producido por uso de la fuerza de la policía nacional o del ejército: son civiles y de esos 43, el 90% por proyectiles de armas de fuego”, mencionó.

Colegio de Abogados recogerá denuncias en el Valle de Tambo

En Arequipa, el Colegio de Abogados enviará a seis de sus miembros a la provincia de Islay para recoger denuncias, pues según el Decano de esta institución, Alfredo Álvarez Díaz, se estaría violando varios derechos de la población dado el estado de emergencia que se ha dispuesto en esta provincia tras las protestas contra el proyecto minero Tía María.

Contribuciones nacionales para enfrentar el cambio climático se entregarán en setiembre

El director general de cambio climático, desertificación, recursos hídricos del Ministerio del Ambiente, Eduardo Durand, da cuenta de los avances para el informe del Perú sobre sus contribuciones para enfrentar el cambio climático.[/caption]En setiembre de este año, el Perú presentará el informe final sobre las contribuciones nacionales para el cambio climático ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMUNCC). Así lo dio a conocer el director general de cambio climático, desertificación y recursos hídricos del Ministerio del Ambiente, Eduardo Durand, quien indicó, además, que han creado una Comisión Multisectorial para que apruebe las cifras que presenten.

El director general de cambio climático del Ministerio del Ambiente, Eduardo Durand, da cuenta de los avances para el informe del Perú sobre sus contribuciones para enfrentar el cambio climático.
El director general de cambio climático del Ministerio del Ambiente, Eduardo Durand, da cuenta de los avances para el informe del Perú sobre sus contribuciones para enfrentar el cambio climático.

“A partir del 5 de junio, esperamos presentar el documento preliminar del informe de contribuciones para luego en julio implementar el proceso de consulta pública que culmine en agosto. Allí incorporaremos las observaciones, expectativas, reiteraciones, correcciones o nuevos aportes de sectores con propuestas técnicamente sustentadas. Entonces a fines de agosto presentaríamos un documento final a la CMNUCC”, detalló Durand, durante la presentación del libro “Buenas voluntades, pocas posibilidades. Aporte para las contribuciones nacionales para el cambio climático – INDC”, realizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR.

El representante del Minam indicó que es importante hacer esa línea de tiempo porque “queremos obtener un consenso nacional respecto de estas contribuciones, que son netas y están fijadas hacia el 2030 para impulsar decisiones de política e incorporar, finalmente, la agenda del cambio climático en nuestros planes sectoriales, regionales e institucionales”.

La presentación de este informe final tiene por objetivo la verificación de las acciones del país a fin de no comprometer al planeta a temperaturas del promedio mayor de dos grados. Este documento se viene realizando, gracias al esfuerzo que se hizo durante dos años y medio con el proyecto ‘Planificación ante el Cambio Climático’ (PlanCC).

Compromisos ambientales

Perú forma parte de la CMNUCC desde 1993 y suscribió diversos acuerdos derivados como el Protocolo de Kyoto. Los compromisos que asume el Perú son voluntarios. Así, en 2010, en cumplimiento del Acuerdo de Copenhague, comunicó sus responsabilidades de mitigación con miras al 2021, basado en tres ejes: bosques, energía y residuos sólidos.

Así, mientras su compromiso en el eje bosques en 2010 era reducir a una tasa de cero de la deforestación neta de los bosques primarios o naturales; en 2011 se compromete a que las emisiones netas declinantes y equivalentes a cero se den en la categoría uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura.

“Sabemos que la mayor deforestación se hace en áreas que no están categorizadas, lo cual indica una necesidad de ordenar el territorio y hacer las titulaciones correspondientes. También la mayor parte de esta deforestación proviene de lo que se llama deforestación hormiga, que corresponde a la migración en pequeña escala para desarrollar actividades de agricultura poco sostenible y ganadería poco eficiente. Estamos trabajando muy fuerte en el desarrollo de la Amazonía, con una buena coordinación entre los ministerios de Agricultura y Ambiente y el trabajo conjunto con los gobiernos regionales”, aseveró Eduardo Durand del Minam.

En tanto, para energía, en 2010, Perú se comprometió a modificar la matriz energética con miras a que en el 2020 las energías renovables (energías no convencionales, hidroenergía y biocombustibles) representen, por lo menos, el 33% de las energías consumida en el país. Para el 2011, se varió la cifra: las energías renovables no convencionales y la hidroenergía, representen en conjunto por lo menos el 40% de la energía consumida en el país.

Estudio DAR Finalmente en el eje residuos sólidos, en 2010, se estipuló el diseño e implementación de medidas que permitan reducir las emisiones causadas por la gestión inadecuada de residuos sólidos. En el cambio del 2011, Perú se compromete en la captura y uso de metano proveniente de la disposición adecuada de residuos sólidos urbanos.

El estudio “Buenas Voluntades, pocas posibilidades” fue realizado en co-autoría por Suyana Huamaní, Cecilia Tacusi, Isabel Gonzales, y Pierina Egúsquiza de DAR.

Proceso de interdicción impide ejercer derechos a joven trabajadora de 31 años

Según la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), en el Perú hay más de un millón y medio de personas con discapacidad, pero la situación se complica cuando los familiares de la persona con discapacidad recurren a la interdicción (proceso mediante el cual se declara judicialmente la incapacidad absoluta o relativa de determinadas personas mayores de edad para el ejercicio de sus derechos). Al respecto, conversamos con Karin Liza, una joven de 31 años de edad que tiene síndrome de Down, quien luego de acceder a dicho proceso ha sido limitada de muchos de sus derechos. Asimismo, conversamos con su madre y representante Consuelo Gutiérrez.
“Hicimos el trámite de interdicción porque solicitamos la pensión que le correspondía luego de que su padre falleciera, pero la Oficina de Normalización Previsional (ONP) nos exigió la interdicción. Por ello, realicé la interdicción, pero no imaginé, ni sabía la trascendencia que generaría en Karin”, comentó la señora Consuelo.
Karin Liza trabaja hace dos años en una empresa dedicada a la actividad pesquera donde realiza actividades de fotocopia y atención al cliente. Sin embargo, está limitada a realizar acciones de manera independiente, debido a que, tras la interdicción, fue declarada incapaz por un juez. “Prácticamente la anula como persona, no puede votar, no puede realizar ningún trámite en el banco. Por ejemplo, le pagan en cheque pero no lo puede cobrar, yo tengo que hacerlo, incluso yo tengo que firmar su contrato de trabajo. Incluso me dice: si yo trabajo, ¿porqué tú tienes que cobrar?”
Incluso, Karin, no pudo sufragar en las elecciones municipales de 2014. “Voté dos veces anteriores pero la tercera vez me dijeron: usted no vota”, aseveró Karin.

Denuncian parcialización en debate sobre despenalización del aborto en caso de violación

Este 12 de mayo, la comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, presidida por el congresista Juan Carlos Eguren, debatirá el proyecto de Ley N° 3839-2014- IC, el cual propone despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Esta Iniciativa ciudadana, presentada en octubre de 2014, cuenta con más de 64 mil firmas a favor y es promovida por representantes de diversas ONG a través del colectivo Déjala Decidir. Por ello, conversamos con Sandra De La Cruz Elescano, vocera de la Campaña Déjala Decidir.
“Para que se apruebe este proyecto se requiere una modificación en el artículo 119 del Código Penal que permite el aborto, en caso de que la salud y la vida de la madre o el bebé estén en riesgo. Lo que proponemos es que a este artículo se sume el artículo en caso de violación sexual, que traería consigo la derogatoria del artículo 120, el cual penaliza con tres meses a las mujeres que abortan”, explicó Sandra De la Cruz.
La vocera de la Campaña Déjala Decidir lamentó que el congresista Juan Carlos Eguren no esté respetando nuestro Estado laico a la hora de decidir frente a la propuesta. “que su forma de actuar, su posición particular de fe y sus creencias no las inmiscuya en asuntos de salud pública y asuntos de Estado donde no deberían darse”, mencionó.

Según el Ministerio de la Mujer, 29 de cada 100 muertes maternas en adolescentes están vinculadas a un aborto inseguro. En ese sentido, Sandra De La Cruz Elescano, vocera de la Campaña Déjala Decidir, comentó que la iniciativa parte de las miles de mujeres víctimas de violencia sexual en el país que no tienen un amparo ni de salud ni legal.
“Se calcula que hay 35 mil embarazos forzados al año a causa de violencia sexual. Estos embarazos forzados no solo afectan físicamente a las mujeres sino también emocionalmente. Las mujeres somos sujetas de derecho y la función reproductora tiene que ver con las decisiones que tengan en su proyecto de vida”, expresó.

Nuevo paquetazo antiambiental afectará a comunidades y pueblos indígenas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), sobre la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 3941, llamado cuarto paquetazo antiambiental o antiindígena.
Según el experto en comunidades campesinas, el discurso sobre la burocracia entorpecedora que impondría esta norma no es del todo cierto: “lo que es más preocupante no es un discurso solo del empresariado, lo he escuchado ya en algunos funcionarios, decir que la inversión no crece por la tramitología. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, sobre todo del precio de los minerales, hay la preocupación del Estado sobre ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento?”.
Con respecto al proyecto de ley 3941 (el cual ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso), el director de CEPES explicó que esta norma afectaría el derecho de servidumbre de pueblos indígenas y comunidades.

En esta segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista a Laureano Del Castillo, director del CEPES, sobre el proyecto de ley 3941. Esta norma afectaría a los propietarios de tierras, ya que impone el derecho de servidumbre hacia alguna empresa que invierte en un determinado terreno. Es decir, la empresa estaría obligada a hacer solo un único pago al dueño de la tierra, así se trabaje en el lugar por varios años. Además, la empresa podría retirarse sin negociar con el propietario o comunidad.
Para el experto en temas de comunidades campesinas falta madurez del gobierno, puesto que con la promoción de normas como la 3941, “lamentablemente pierde el tiempo y genera desconfianza” en la población. Así, se sabe que a futuro este tipo de leyes serán desaprobadas por afectar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Cusco: Pocos casos de trata de personas llegan al Poder Judicial

Más del 20% de los casos de Trata de Personas a nivel regional suceden en Cusco, Madre de Dios y Puno, según se expuso en el primer Encuentro Interregional sobre Trata de Personas y Movilidad Humana en dichas regiones. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Cusco, Elizabeth Grossman, señaló que este problema debe ser afrontado por varias instituciones.

Políticas públicas hacia pueblos indígenas aún dejan mucho que desear

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169, quien reflexionó sobre las actuales políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas.

En la segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169. En esta parte, analizó los retos para el ejercicio de los pueblos indígenas y la problemática de los territorios y titulación.
“Sin duda hay un déficit muy grande en las políticas públicas para resolver la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, esa es la asignatura pendiente. Estamos hablando de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías locales, la seguridad alimentaria y que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales”, expresó el también ex Coordinador de la Cooperación Española en Perú y Ecuador.

Proyecto de ley de acoso político debe aprobarse en el Congreso

Con la finalidad de generar conciencia sobre los derechos de las mujeres en la actividad política y la igualdad de género, diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres vienen promoviendo el proyecto de ley N° 1903 contra el acoso político hacia las mujeres, presentado ante el pleno del Congreso por la Congresista de la República Verónika Mendoza. Al respecto, conversamos con Tatiana Acurio, coordinadora de Proyectos de la Asociación de Comunicadores Sociales – ACS Calandria.
“El acoso se convierte en una traba para el avance de la mujer y para la participación igualitaria de la mujer en los espacios de poder. Por ello, estamos reuniendo esfuerzos para que esta iniciativa legislativa, a favor de los derechos humanos de las mujeres, sea aprobada en el Congreso de la República”, comentó la socióloga.
Además, recalcó que es necesario saber identificar las diversas manifestaciones del acoso. “En el año 2012, realizamos una investigación donde constatamos que de un total de 187 mujeres entrevistadas, 73 eran casos de acoso, puesto que las mujeres estaban siendo violentadas con el ánimo de restringir su liderazgo político”, explicó la coordinadora de Proyectos de ACS Calandria.

Ministra de la Mujer inaugurará Centro de Eemergencia Mujer en Tarata

En la ciudad de Tarata, en la región Tacna, se inaugurará un nuevo Centro de Emergencia Mujer (CEM), el cual permitirá detectar casos de violencia familiar en los hogares altoandinos. Se espera la presencia de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita.

Premiarán a Margarita Condori por revalorar el idioma nativo

En Juliaca, Margarita Condori Tito, de la comunidad de Isañcuyo de la provincia puneña de Huancané, será reconocida en la ciudad de Lima, este sábado 14 de marzo, por su tenaz labor de difundir el idioma nativo entre las nuevas generaciones.

Promueven campaña “Infancia sin castigo, infancia sin violencia”

Desde el año 2012, el Instituto de Formación de Adolescentes y Niños Trabajadores (INFANT) viene impulsando la campaña nacional Infancia sin castigo, Infancia sin violencia. Al respecto, conversamos con Yesenia Huamanñahui y Lisandro Cáceres, educadores de INFANT.
“Buscamos promover una sensibilización y concientización social para educar, pero también generar una movilización del aspecto legal, porque hay una necesidad de la aprobación de una ley que prohíba el castigo físico y humillante a los niños, niñas y adolescentes”, comentó Yesenia Huamanñahui.
Según el Código del Niño y del Adolescente, artículo 74, inciso D, los padres pueden corregir moderadamente a sus hijos, pero no se tiene claro cuál es el límite de la indicación, situación que se presta para ser interpretado de diferentes formas.
“Hay diferentes iniciativas legislativas que han sido presentadas al Congreso de la República, por ello es necesario que se forme una comisión que revise las propuestas y establezca el marco legal para garantizar la protección adecuada de los niños y niñas”, explicó Lisandro Cáceres.
Ambos jóvenes coincidieron en que este marco legal debe estar orientado a educar, no a penalizar; además, consideran que el problema de la violencia es de carácter social educativo más que penal.