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Decreto Legislativo “decreta” más conflictos

mineria peruAl amparo de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo para que adecúe aspectos de nuestra legislación a lo acordado en el TLC con los Estados Unidos, el gobierno ha aprovechado para promulgar, de contrabando, normas que poco tienen que ver con el comercio internacional y sí con el retiro de derechos a los ciudadanos –en este caso– frente a las empresas mineras.

Según Paulo Vilca, de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), “la emisión del Decreto Legislativo 1064 el 28 de junio, ha modificado la normatividad que permite la realización de actividades mineras en el país, al haber dejado sin efecto el requisito del acuerdo previo, afectando a los propietarios rurales”.

Anteriormente, las empresas que quisieran explorar y explotar recursos naturales debían negociar con los propietarios de tales predios un permiso para tales actividades. “La Comunidad y la empresa podían acordar la forma más favorable a sus intereses, en ejercicio de su libertad de contratación. Por ejemplo, mediante el arrendamiento de tierras, la venta, la donación, el usufructo, o cualquier otra forma de contratación. El acuerdo previo se regía por la legislación civil”, explica Vilca. Si no se ponían de acuerdo, entonces la empresa podía solicitar una “servidumbre minera” a su favor, es decir, que el Estado tasara las tierras de acuerdo a su valor de mercado y las expropiará (pagando una indemnización a sus propietarios) para entregarlas en concesión a la compañía solicitante.

Con el Decreto Legislativo 1064, se elimina el “acuerdo previo” entre la empresa y los propietarios (mayormente comunidades campesinas) y sólo se mantiene la figura legal de la servidumbre minera. Los efectos, según Vilca, serán que los propietarios de predios rurales ya no podrán negociar con las empresas, sino aceptar lo que el Estado imponga vía tasación o indemnización. “Así, empresas como Río Blanco Cooper S.A. podrán obtener una licencia ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas sin contar con el permiso de los propietarios, pues sólo tendrán que solicitar que se imponga la servidumbre respectiva”, indicó.

Esto sugiere, también, que estaríamos ante una norma con nombre propio. Pero, sobre todo, esta situación generará mayor tensión en las comunidades y propietarios rurales, dada la percepción generalizada de que el Estado beneficia sólo a las empresas mineras, con lo que se incrementará la oposición de la población a esta actividad productiva. Además, la promoción de inversiones mineras también se verá afectada por el incremento de los conflictos.

Como vemos, con esta norma el gobierno atiza los conflictos sociales en el país, ya que, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, la mayoría de estos son generados por la actividad minera.