Archivo de la etiqueta: Instituto de Defensa Legal – IDL

Ministerio del Interior sigue siendo la cartera más crítica del gobierno de Humala

El pasado 17 de febrero, José Luis Pérez Guadalupe juramentó al cargo de nuevo Ministro del Interior. Se convirtió así en el séptimo titular de dicha cartera, en reemplazo del general en retiro Daniel Uressti. Al respecto, conversamos con César Bazán, especialista en temas de seguridad ciudadana, y Arturo Huaytalla, investigador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).
“Tener como autoridad en el ministerio del Interior a una persona investigada por asesinato es éticamente cuestionable para toda la sociedad, a pesar de que (Daniel Urresti) tenía un nivel de aprobación alto”, comentó César Bazán, quien recalcó que el nuevo titular del interior, Pérez Guadalupe, “es muy superior a lo que teníamos antes”.
Por su parte, Arturo Huaytalla señaló que la población siente que la autoridad tiene que sintonizar con sus expectativas y necesidades. “El problema está en cómo lo hace, ya sea de un modo personalista, que desplaza a la institución y deja de lado la perspectiva de esta”, explicó.

En esta parte de la entrevista, César Bazán y Arturo Huaytalla, especialistas en temas de seguridad ciudadana del IDL, comentaron los retos que tiene el nuevo ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; entre ellos, la capacitación al personal policial.
“En primer lugar, tiene una institución policial que debe liderar la luchar contra el crimen. Es necesario trabajar un plan de lucha contra la corrupción policial, puesto que se camina sin norte en este tema. Que los policías trabajen a tiempo completo, trabajar en la formación de los policías”, señaló Bazán. Además, agregó que hay estructuras deficientes en la formación de los policías.
El cambio constante de ministros del Interior genera inestabilidad, sin embargo, Arturo Huaytalla indicó que este cambio era necesario. “La forma en que el ex ministro Urresti venía dirigiendo el ministerio era la menos adecuada. Además, los ministros se han venido cambiando cada 6 o 7 meses, lo que no aporta positivamente para las políticas de largo tiempo. Se necesita estabilidad y calidad de quienes dirigen esta cartera”.
Cabe resaltar que queda menos de un año y medio para que el presidente Ollanta Humala culmine su gobierno; sin embargo, este período sería corto para trabajar actividades a mediano plazo, sobre todo cuando se aproxima un periodo electoral.

Entrevista a Juan Carlos Ruíz, del IDL, sobre intento de eliminar los Estudios de Impacto Ambiental

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) y responsable del área de pueblos indígenas, Juan Carlos Ruíz, comenta las declaraciones que hiciera el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, de exonerar del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la actividad sísmica de las empresas petroleras, y en su lugar ejecutar Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) cuyo trámite es más superficial y está más pensado para actividades de menor impacto.
“El problema no es que haya actividad petrolera, sino que no haya estándares medioambientales y se haga de espaldas a los pueblos indígenas sin respetar sus derechos. Si queremos hacer una actividad energética sostenible tiene que ser respetando el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.

Recordó que hasta el 2006 las empresas petroleras vertían sus residuos altamente tóxicos en los ríos, pero luego la ley exigió a las empresas petroleras reinyectar esas aguas residuales en los pozos. “El Estado tiene que recuperar su rol de garante de derechos. Primero debe garantizar que sus funcionarios no violen los derechos pero cuando una empresa privada lo hace debe garantizar el respeto al ciudadano” sostiene Ruíz.

Entrevista a César Bazán del IDL: Propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana

Conversamos con César Bazán, coordinador del Instituto de Defensa Legal, quien nos presentó algunas propuestas para generar políticas públicas sobre seguridad ciudadana.

Entrevista a Carlos Rivera del IDL: “Hay prueba demoledora” contra Fujimori en caso Diarios Chicha

El próximo 17 de Octubre se inicia un nuevo juicio oral contra el ex presidente (1990-2000) Alberto Fujimori Fujimori, esta vez por el llamado Caso Diarios Chicha (prensa sensacionalista). El juicio se desarrollará en un ambiente de la DIROES, donde actualmente el reo cumple una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción.
El abogado Carlos Rivera Paz, del Instituto de Defensa Legal, nos recordó el contexto político durante los años noventa, en el que el gobierno de Fujimori compró la línea editorial de varios medios de comunicación y la creación de la llamada “prensa chicha” de cincuenta céntimos cuyo objetivo era “empapelar los quioscos de las esquinas, para que la gente que lea tuviera un impacto, todas las mañanas, con esas campañas mediáticas, demoledoras contra los líderes de oposición política”, señaló Rivera.
El juicio por “Diarios Chicha” no es el primero, indicó el abogado del IDL, ya que en el año 2001 se inició un proceso contra 15 personas entre las cuales figuraba el ex Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, durante el cual se logró acumular evidencia. Allí se probó cómo la dictadura compró a los medios, de ahí que Fujimori no tiene ninguna salida, opina Rivera, en este próximo juicio.

En esta segunda parte de la entrevista, el también abogado de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, Carlos Rivera, nos dio detalles sobre la pena que le correspondería recibir a Alberto Fujimori en el juicio por el caso de los Diarios Chicha. En primer lugar, debido a los múltiples testimonios que señalan que el ex presidente fue quien dispuso el desvío sistemático de fondos públicos al SIN, para llevar a cabo la compra de medios, directivos y periodistas, es de esperar que se le aplique la pena máxima por peculado: 8 años. Sin embargo, dado nuestro sistema penal, esta pena no aumenta sino se subsume a la actual de 25 años. Pero, destacó Rivera, la condena es favorable en un proceso de lucha anticorrupción porque determina que Fujimori Fujimori no fue una persona honesta, como insiste en decirlo.
En cuanto a la reparación por este caso, la fiscalía ha solicitado un millón de soles de reparación civil, pero también la devolución del dinero que se desvió de fondos del Estado durante el gobierno de Fujimori.
Finalmente, Rivera Paz espera que la Procuraduría Anticorrupción no se vea limitada en seguir buscando cuentas bancarias de Fujimori, ya que es la única forma de garantizar un pago de reparaciones civiles millonarias, ya que hasta el momento, el ex Jefe de Estado no ha pagado ninguna reparación por los anteriores juicios.
Asimismo, mencionó que es necesario iniciar un proceso de regulación en las comunicaciones vía internet, para personas condenadas por corrupción y crímenes de lesa humanidad, como Fujimori, quien supuestamente estaría haciendo uso de cuentas en Facebook y Twitter para mandar mensajes de todo tipo.

Entrevista: Tania Rosas del IDL pide derogar sorteo de Servicio Militar Obligatorio

Entrevistamos a Tania Rosas, representante del Área de Defensa y Reforma Militar del Instituto de Defensa Legal, quien hizo referencia al sorteo que se establecerá para que los jóvenes entre 18 y 25 años realicen el Servicio Militar Obligatorio. Sostuvo que dicho artículo que forma parte del Decreto 1164 es discriminatorio. En tal sentido, consideró que las Fuerzas Armadas deberían hacer más atractivo el Servicio Militar Voluntario, a fin de que este continúe y beneficie sobre todo a jóvenes de escasos recursos.

En la segunda parte de la entrevista, Tania Rosas incidió en la necesidad de mejorar los beneficios del Servicio Militar Voluntario. Comentó que, por ejemplo, los jóvenes voluntarios pueden acceder al programa Beca 18, pero muchos de ellos no han acabado la secundaria; por lo que consideró que el acuartelamiento debería incluir la educación básica. En ese contexto, también señaló que el IDL junto a otros miembros de la sociedad civil presentarán una demanda ante el Tribunal Constitucional para la derogatoria del sorteo para el Servicio Militar atenta contra aquellos que provienen de escasos recursos.

Revista Ideele cumple 20 años


Hace veinte años nace la revista Ideele, los tiempos de violencia política de la década de los noventa dio inicio a este proyecto del Instituto de Defensa Legal, que hasta hoy continua informando de manera independiente con temas de actualidad nacional. En enero de 1990 nace la revista IDEELE. Su fundador fue Ernesto de la Jara Basombrío y el objetivo de esta publicación era abarcar temas de la realidad nacional. La revista IDEELE cumple veinte años y el trabajo periodístico ha sido intenso. Gerardo Saravia, Director de la revista explica que es “una revista donde se analizan los temas de la sociedad en donde se hace una reflexión sobre ello, pero donde también planteamos posición en mucho de estos temas”.

Al celebrarse veinte años de publicación, Ideele lanza la edición numero doscientos con un análisis de los últimos veinte años y un balance de los cuatro años de gobierno actual. “Es una reflexión sobre los veinte años en la sociedad peruana, veinte años en el mundo de una serie de cambios que ha habido, históricos, tecnológicos, políticos, sociales y de las continuidades”, señaló Saravia. Esta nueva alternativa de periodismo independiente se renueva asumiendo la co-dirección de la revista IDEELE, Gerardo Saravia y Patricia Wiesse, además de contar con un equipo especializado en temas de actualidad nacional.

Tres de los 12 detenidos en comisaría de Bagua son menores de edad, reveló el IDL

Frente a los sucesos de violencia ocurridos entre el 5 y 6 de junio, los abogados del Instituto de Defensa Legal y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresaron su preocupación por la situación de los doce detenidos en la comisaría de Bagua, de los cuales tres son menores de edad. Asimismo, señalaron que se ha constatado el retorno de los nativos a sus comunidades, aunque se viene dando de forma lenta y con dificultades logísticas.

Sobre la violencia acontecida en Bagua, Ernesto De La Jara, del Instituto de Defensa Legal (IDL), enfatizó que la situación no pudo preverse. “Ellos sentían que luchaban por sus derechos e incluso habían coordinado con las autoridades que no iban a haber actos de violencia y cuando pensaban que iban a solucionar todo, han recibido un ataque, lo que no se dice en Lima”. Finalmente, los representantes de dichas organizaciones expresaron su pesar por el fallecimiento tanto de policías como de nativos. En tal sentido, invocaron a las autoridades a brindar las facilidades para lograr el restablecimiento de la tranquilidad y la paz social en la zona.

Persecución política contra el IDL: señal de autoritarismo y de un régimen excluyente y antiderechos humanos

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha publicado este pronunciamiento en el que categóricamente rechaza la reiterada y creciente hostilidad del bloque ultraderechista compuesto por el gobierno, en especial un sector de él, y diversos aliados, emprendida contra las actividades de esta institución que defiende los derechos humanos y las libertades ciudadanas.

giampietri-hermoza-rios-y-montesinosAsí como hace un tiempo el almirante en retiro Luis Giampietri, hoy primer vicepresidente de la República, consiguió que se debatieran las actividades del Instituto de Defensa Legal en la Comisión de Inteligencia del Congreso, hace dos días logró que el IDL fuera nada menos que parte de la agenda de la Comisión de Defensa y Orden Interno.

¿Tan amenazados se sienten por el IDL los sectores ligados al almirante Giampietri (apristas, fujimoristas y demás aliados), que se dedican a hablar sobre nosotros en dos comisiones que deberían dedicarse a otro tipo de asuntos? Sólo la prepotencia y el desprecio por la ley que prima muchas veces en el Congreso, puede explicar que ocurran este tipo de situaciones, tan absurdas como arbitrarias. Es un caso más de utilización de una institución del Estado, el Congreso, para amedrentar a instituciones a las que temen por sus posiciones independientes y capacidad de incidencia.

A la reunión fue convocado el director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Carlos Pando, militante aprista, recientemente nombrado en el cargo por el Poder Ejecutivo en reemplazo de otro militante aprista. Por algo será que los apristas no quieren dejar de controlar la APCI, el órgano encargado de registrar y fiscalizar a las ONGs.

A pedido de los congresistas presentes, Pando informó sobre los recursos que recibe el IDL de la cooperación internacional. Una información que no sólo está disponible en los registros donde estamos inscritos, sino que hasta ha sido publicada en varias oportunidades como parte de la campaña de difamación que contra el IDL vienen realizando tres conocidos diarios que generalmente juegan en pared, ya que comparten la defensa de los mismos intereses y el estilo, más conocidos como la prensa-bamba. Una campaña que, por cierto, viniendo de quien viene, nos hace sentirnos muy seguros de que estamos en el lado correcto.

Sobre el hecho de contar con recursos, teniendo más de 25 años de vida institucional, reiteramos lo que siempre decimos: lejos de ser malo atraer apoyo de la cooperación internacional, es muy positivo porque es como atraer inversión extranjera. Y es además lo que nos permite trabajar por el país de acuerdo a nuestras convicciones sin que le costemos un solo sol al Estado Peruano o a los contribuyentes; muy distinto de lo que sucede, por ejemplo, con los congresistas u otras autoridades, que le cuestan al país un ojo de la cara, sin que muchas veces se justifique para nada.

Tener la capacidad de conseguir este tipo de recursos durante tanto tiempo habla por el contrario bien del IDL. Quiere decir que hay diversas y prestigiosas instituciones internacionales que confían en nosotros y se sienten satisfechas con el uso que le damos a sus recursos. Parte de estos fondos provienen además de concursos públicos, en los que participan cientos y hasta miles de instituciones nacionales y extranjeras, y que nosotros ganamos.

No hay razón pues para cuestionar la capacidad de una institución para conseguir legalmente y en buena lid cooperación internacional. Y quienes así lo hacen -en este caso Giampietri y sus amigos- es en verdad por intolerancia, por desear que no exista quien pueda expresar posiciones como las nuestras, y que sólo ellos tengan la posibilidad de manifestarse en sentido contrario. Y como están desesperados por lograrlo, recurren a cualquier método, por más ilegal que sea, para evitar que accedamos a los recursos de la cooperación internacional. Sabemos de varias gestiones que el almirante Giampietri y otros que comparten su obsesión contra los derechos humanos han hecho por lo bajo para privarnos de recursos. ¿Todo un almirante sería capaz de negar algo que es absolutamente verdad?

Pero nuestro vicepresidente desconfió hasta de la información proporcionada por el incondicional Pando, y dijo que él creía que el IDL tenía más plata de la que informaba. ¿En base a qué pruebas hizo una afirmación tan temeraria? No presentó prueba alguna. Como es su costumbre, él ataca y ataca, diciendo todo lo que se le cruza por la mente, pero por alguna razón cree que está exonerado de presentar pruebas. Hizo tan sólo una especie de cálculo al ojo de los recursos que él cree tendría el IDL, con un tipo de lógica que, finalmente, hasta podríamos interpretar como un elogio de nuestro trabajo.

Efectivamente, el almirante (r) dijo que él revisa constantemente la página web del IDL (qué honor para nosotros, tratándose del primer vicepresidente de la República) y que por toda la información que aparece allí, sobre todo en relación a nuestros medios de comunicación, él infiere que el financiamiento del IDL debe ser mucho mayor del que se cree. No, almirante, es cierto que hacemos muchísimas cosas, y que, en contra de sus deseos, hemos logrado tener prensa escrita, radio, televisión y diversos productos de Internet, pero los recursos que tenemos son sólo -lamentablemente- los que declaramos.

Pero, tal vez ahora, gracias a usted, podamos conseguir más recursos, ya que estamos presentando a la cooperación internacional sus ataques y los que promueve a través de personas y diarios cercanos, como indicadores que, de manera irrefutable, demuestran nuestra capacidad de impacto y el cumplimiento de nuestros objetivos. Se agradece.

Este tipo de declaraciones durante la sesión del Congreso, fue creando un clima tan contrario al IDL, que a Pando sólo le quedó salvar la situación haciendo la siguiente promesa en tono de amenaza contra nosotros: el IDL será sometido a toda una investigación de carácter in-te-gral antes de que concluya el año. Es decir, de una sesión en la Comisión de Defensa y Orden Interno salió la promesa de APCI para investigar a una institución privada, el IDL; investigación que deberá ser hecha por un funcionario aprista, nombrado en el cargo por el gobierno del que el almirante que propició la medida es vicepresidente. Así se fiscaliza ahora a las ONGs: una orden casi militar del todo poderoso Giampietri, que un sumiso jefe de la APCI debe de acatar sin dudas ni murmuraciones.

¡Nos ganamos la lotería tres veces seguidas!

Reiteramos que no le tememos a ninguna investigación, porque no hay nada que esconder, pero tal vez el nuevo jefe de APCI no ha tenido tiempo de informarse que el año pasado ya hemos sido investigados por la misma APCI, y no una sino dos veces. Y fueron dos veces en un año, porque supuestamente salimos sorteados dos veces seguidas. ¿Habremos salido sorteados una tercera vez? Existiendo cerca de 2000 ONGs registradas ante APCI, salir sorteados una vez es casi como sacarse la lotería, y, siguiendo la misma lógica, salir tres veces seguidas, sería como que una misma persona se sacara la lotería tres veces consecutivas. Ya, pues, quién podría creer que todo responde al azar.

Y si no es por sorteo, APCI tiene la obligación de justificar el criterio para escoger por tercera vez al IDL, tomando en cuenta que el mismo Pando informó que de las cerca de 2000 instituciones que hay, sólo 345 han sido investigadas. De hecho, esta predilección por nosotros es una prueba de que era verdad cuando decíamos que todo esto de la ley contra las ONGs no era, como sus mentores aprofujimoristas decían, para descubrir a ONGs que estaban a favor de Bin Laden, sino para hostilizar a las que les resultan incómodas al oficialismo por su independencia y capacidad de impacto.

Se trata obviamente de otra arbitrariedad, y, por lo mismo de una decisión absolutamente reñida con la ley. APCI no tiene ningún derecho a investigarnos una y otra vez, cuando le da la gana, sin tener ningún criterio racional que lo justifique. Exigimos que Pando haga una explicación de la decisión tomada en el Congreso.

APCI tendría el derecho de investigarnos una vez más si, por ejemplo, hubiese algún indicio de que el IDL estaría haciendo actividades ilícitas. Desafiamos a Giampietri o a cualquiera de quienes nos atacan a que demuestren una sola actividad o posición del IDL que pueda ser considerada mínimamente en contra de la ley. Y el ejercicio es fácil porque todo lo que hacemos es totalmente público, ya que en nuestro caso el máximo de visibilidad es un fin en sí mismo.

Somos nosotros los que estamos claramente del lado de la ley. Y son más bien quienes nos atacan los que se oponen a que la ley se cumpla, como ocurre, cuando defienden la impunidad, obstaculizan la lucha anticorrupción, defienden y admiran a las autoridades que han delinquido o propician el mal uso de las instituciones del Estado o de la libertad de prensa. El mundo al revés. Quienes no creen que es obligatorio cumplir con lo que manda la ley nacional e internacional, por encima de cualquier otra consideración, persiguen a quienes tienen como misión fundamental la defensa de los derechos, libertades y deberes contemplados legalmente.

Y prueba de que no hay ninguna actividad ilegal que pueda imputársele al IDL, es que, por más esfuerzo mental que hicieron los congresistas presentes en la reunión para acusar de algo concreto al IDL, no lo lograron, y más bien tuvieron que recurrir a afirmaciones francamente ridículas y que sólo revelan ignorancia y mala fe.

Reiteramos también que estamos sujetos a una serie de mecanismos de fiscalización permanente, ya que no sólo estamos inscritos en APCI, sino también en Registros Públicos, ministerios, Sunat, Essalud y Ministerio de Trabajo. Y que las instituciones que nos apoyan, nos exigen informes, inspecciones y auditorías externas. Por lo demás, a todos los integrantes de una ONG se les pueden aplicar las mismas normas penales, civiles, administrativas y de cualquier índole en caso que incurra en una ilegalidad o ilícito, como a cualquier ciudadano.

¿El almirante no tiene quién lo asesore?

El vicepresidente Giampietri dijo así que le parecía que los objetivos declarados por el IDL eran demasiado vagos y generales, y que por eso nos creíamos con derecho a meternos en todo. ¿Y en qué cree el almirante que el IDL no tendría por qué meterse? No hay duda de que “por la boca muere el pez”: el juicio de Fujimori y el tema de la justicia militar, según el mismo Gianpietri son dos asuntos con lo que no tenemos por qué meternos, tal como efectivamente lo venimos haciendo.

Cuando el almirante en retiro era sólo un columnista más de Expreso dedicado a atacar a todo lo que tuviera que ver con derechos humanos, no era tan grave que se atreviera a decir cualquier cosa. Pero ahora que es primer vicepresidente de la República y congresista, es imperdonable que no procese mejor lo que dice en una instancia oficial, como autoridad, y debería informarse y asesorarse mínimamente. Para comenzar, en el juicio de Fujimori, hay tres abogados del IDL, representando a las víctimas como parte civil, por lo que es imposible no tener nada que ver con dicho juicio. Pero aún si no tuviéramos esa calidad de abogados, es deber y obligación de todas las instituciones y personas a favor de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, vigilar y promover que no quede impune los hechos por los cuales el Congreso de la República declaró la vacancia presidencial e inhabilitó a Fujimori, y luego el Poder Judicial del país solicitó su extradición y Chile la concedió.

Esto es lo que corresponde de acuerdo a la ley nacional e internacional, más allá de las simpatías que el almirante Giampietri mantiene por Fujimori.

defensora-del-pueblo-beatriz-merino-y-sofia-macher-pdta-consejo-de-reparacionesY respecto a la justicia militar, como institución que, con todo derecho, nos dedicamos a promover la existencia de un sistema de justicia independiente y justo, tenemos todo el derecho a oponernos a que –como quiere Giampietri y sus aliados, en contra de la ley- dicho fuero militar tenga competencias que en una sociedad democrática sólo pueden ser de la justicia ordinaria y se mantenga como medio de impunidad. Más si nuestras posiciones están amparadas por varios informes de la TC, que gente como el almirante simplemente desconoce.

Pero ya fue el colmo cuando el almirante dio a entender que APCI no sólo debía investigar al IDL sino que tenía que intervenir para redefinir sus objetivos, punto que demostró que nuestro vicepresidente no tiene ni la menor idea sobre qué puede y qué no puede hacer un órgano administrativo como APCI, pues es evidente que legalmente no tienen ninguna facultad para decidir cuáles deben ser los objetivos de una institución privada.

Giampietri parece haberse olvidado que el Defensoría del Pueblo y diversas sentencias del Tribunal Constitucional del país declaró inconstitucional los aspectos centrales de la ley contra las ONGs que apristas y fujimoristas lograron hacer aprobar en el Congreso; y que una de las razones para ello fue que la ley pretendía que APCI tuviera un nivel discrecionalidad en cuanto a los fines de las ONGs en base a lo que se podría considerar intereses nacionales. Sin embargo, ahora Giampietri, desconociendo por completo lo resuelto por el TC, quiere que sea APCI la que redacte los objetivos del IDL y de las ONGs en general.

lourdes-alcortaLa congresista Alcorta también hizo su aporte, con la lucidez y sensibilidad democrática que la caracterizan. Sentenció así que, con la misma transparencia que exigen las ONGs al Estado, ellas también deben informar, porque no se puede permitir -añadió- que instituciones privadas que se benefician con recursos del exterior estén provocando actos de violencia en el país. Ni más ni menos. Pero no se tomó la molestia de decir a quiénes se refería y en base a qué pruebas.

La congresista igualmente olvidó que si algo no tiene nada de transparente ni de ejemplar son muchas de las actuaciones de este Congreso, al que ella pertenece. ¿O le parecerá transparente y ejemplar la manera en que se ha elegido la última junta directiva, o la forma que se está procediendo frente a los actos de corrupción en los que todos los días incurren los congresistas? Sería mejor que los congresistas -salvo obviamente la excepciones del caso- se abstuvieran de hablar de transparencia, fiscalización, buen uso de recursos, rendición de cuentas.

Giampietri y Correo: unidos frente al crimen

Pese a que la Comisión de Defensa y Orden Interno nada tiene que ver con el tema, a Pando se le preguntó también por -como no- la denuncia de Correo sobre un posible conflicto de intereses debido a que Sofía Macher trabajaba en el IDL y a la vez presidía el Consejo de Reparaciones.

Como ya hemos dicho una y otra vez, lo que pasa es que a Correo -al igual que a Expreso y La Razón– nadie le cree las acusaciones que hace contra las miles de personas e instituciones que considera caviar, y, por eso, cada cierto tiempo tiene que inventar alguna nueva treta para seguir con sus campañas de difamación.

Y hace ya un tiempo ha sacado de la manga la figura del conflicto de intereses, y lo ve por todas partes. Primero lo usó para cuestionar la participación de profesionales del IDL en la Comisión de Indulto de Paniagua, y ahora lo usa en relación a la participación de Sofía Macher en el referido Consejo.

Ambas acusaciones son absolutamente absurdas y no tienen ningún fundamento.

En primer lugar, porque no se puede usar la aplicación de este tipo de delitos, inventados por el derecho para sancionar situaciones totalmente distintas, para perseguir a instituciones y defensores de derechos humanos, la verdadera finalidad de estas acusaciones como es obvio. Justamente existen una serie de mecanismos especiales de protección de los defensores de derechos humanos, contenidos en tratados, declaraciones y jurisprudencia internacionales para evitar que, a través de maniobras como las de Correo, se obstaculice la defensa de los derechos humanos.

Y es por eso que ya en el caso de los indultos, la Comisión Interamericana hizo declaraciones públicas y escribió cartas a una serie de autoridades pidiendo información y expresando preocupación por el uso de una figura que no corresponde.

Cuando se trata de derechos humanos, no puede haber un conflicto de intereses entre lo que la sociedad civil pretenda que haga el Estado, y lo que puede terminar haciendo el Estado. Por una razón muy simple: el cumplimiento de los derechos humanos, no es -como en otras materias que no se refieren a estándares universales de carácter vinculante- una opción entre varias, debiendo escoger el Estado entre ellas. No, el cumplimiento de derechos humanos es la única opción que tiene el Estado desde el punto de vista legal. El Estado, de acuerdo a la ley nacional e internacional, tiene la obligación de respetar, cumplir y proteger los derechos humanos frente a todos.

Por tanto, cuando se promueve desde la sociedad civil, o participando al mismo tiempo en alguna comisión creada por el Estado sobre derechos humanos -tal como ocurrió cuando se creó la Comisión de Indultos de Paniagua, o ahora con la creación del Consejo- no puede haber un conflicto de intereses, ya que todos están actuando en el único sentido que permite la ley: proteger los derechos humanos. Lo que hay es un trabajo conjunto y complementario en la única dirección que permite la ley.

Es por eso que los nombramientos que se hicieron de profesionales del IDL en ambas situaciones, fueron hechos de manera pública, y sin ponerse como condición que debían apartarse del IDL. Y ambas decisiones fueron respaldadas por todos los sectores democráticos del país.

Sólo quienes creen y defienden que los Estados no tienen por qué respetar necesariamente los derechos humanos, y quienes están dedicados a la persecución de los organismos de derechos humanos, debido a las cuentas pendientes que tienen en la materia o como voceros de estos últimos, pueden forzar y distorsionar conceptos jurídicos, viendo conflicto de intereses donde está claro que no los hay.

Otra vez: democracia versus autoritarismo

comision-de-la-verdadPara nosotros la hostilización y persecución del IDL, así como de otras instituciones de la sociedad civil, de la Comisión de la Verdad y de determinados sectores sociales expresan que se está gestando en el país un autoritarismo parecido al de Fujimori y Montesinos. Y está claro ya el tipo de alianza que impulsa la vuelta a los 90: apristas, fujimoristas, el sector del poder económico más alto, conservador y excluyente; miembros de las Fuerzas Armadas vinculados a actos de corrupción y violaciones de derechos humanos, sin ningún espíritu de autocrítica; el sector más conservador de la Iglesia Católica; y, por último, los medios de comunicación y periodistas que -como en el pasado- defienden lo indefendible a cambio de prebendas y negocios con el actual régimen.

Y nos atacan y nos persiguen porque defendemos y promovemos, al parecer con un buen nivel de impacto y de éxito, lo que choca con los intereses de esa alianza (inclusión social, reformas institucionales, lucha contra la impunidad, etc.), la que quiere el campo absolutamente libre para poder beneficiarse sin problemas ni tensiones del crecimiento económico que vive el país.

Algunos ejemplos muy concretos de actividades del IDL por las que en realidad se nos ha puesto en la mira: defendemos a una de las víctimas de El Frontón y hemos logrado en este caso una sentencia de la Corte Interamericana que ordena una investigación judicial que hasta ahora no se cumple; y acabamos de informar ante el Tribunal Constitucional para que no se cometa la aberración de declarar la prescriptibilidad de un delito de lesa humanidad. Somos -como ya hemos dicho- abogados de las víctimas en el caso de Fujimori. Hemos hecho una serie de investigaciones en el ámbito de las políticas de seguridad que comprometen la responsabilidad de altas autoridades, y demuestran la total ineficacia del sector.

Hemos realizado una serie de acciones, que han tenido efectos muy concretos, contra las leyes que pretende que la justicia militar continúe siendo inconstitucional y un mecanismo de impunidad. Hemos denunciado y fundamentado la gran cantidad de irregularidades que se han cometido en la reincorporación del actual presidente de la Corte Superior de Lima, con la complicidad de algunos miembros del CNM.

javier-villa-steinTambién nos oponemos -contra la opinión de muchas autoridades y medios- a que Villa Stein se convierta en diciembre en el nuevo presidente de la Suprema, dado que sería el colmo que alguien que ha tenido nexos innegables con el fujimorismo sea el que tome las decisiones respecto al juicio que en segunda instancia deberá enfrentar dentro de poco el ex presidente a nivel de la Suprema. Apoyamos la labor de la sala A del sistema anticorrupción, a la que se la han intentando tumbar por todos los medios. Descubrimos el intento -y nos opusimos- al copamiento del Tribunal Constitucional.

jueces-cesar-san-martin-hugo-principe-y-victor-pradoCreemos -y así lo expresamos permanentemente- que el crecimiento económico debe de ser utilizado para resolver los problemas de fondo del país y no para beneficiar sólo al sector más alto de empresarios, como viene ocurriendo, y que hay un pésimo diagnóstico y manejo del conflicto social. Criticamos y sospechamos de la falta de preocupación y de políticas públicas para prever y sancionar la corrupción que se puede estar produciendo en estos tiempos de bonanza, o la falta de política frente al crimen organizado.

Es por el papel que estamos cumpliendo en este tipo de situaciones que nos ataca y persigue el oficialismo (incluido los fujimoristas, quienes ya están co-gobernando el país), así como determinado tipo de los medios de comunicación dedicados a hacer el típico acompañamiento que suele haber en este tipo de régimen. Y lejos de atemorizarnos haremos nuestro mayor esfuerzo por seguir cumpliendo con nuestra razón de ser y no dudaremos en utilizar todos los mecanismos, medidas y acciones amparadas por el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

Invocamos también la solidaridad y la reacción a tiempo de todos los sectores democráticos, poniendo a nuestro favor una trayectoria de más de 25 años, durante la que hemos demostrado nuestro compromiso inequívoco con el país, el respeto del Estado de derecho y la defensa de las mejores causas.

luis-giampietri-y-george-walker-bush