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Pueblos Indígenas marcharán para exigir que Tribunal Constitucional responda sobre inconstitucionalidad de Ley 30230

ANTOLIN HUASCAR_INCONSTITUCIONALIDAD LEY 30230

Las asociaciones civiles AIDESEP, CNDDHH, IDLADS y CNA -en representación de los Pueblos Indígenas- anunciaron que evalúan convocar a una marcha nacional para exigir al Tribunal Constitucional (T.C.) se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley 30230, también llamada “paquetazo ambiental”.

“Nos mantendremos en la lucha para que esta ley no continúe, nos mantendremos en la resistencia de los pueblos. Estamos evaluando las consecuencias de este dispositivo legal contra los derechos humanos de los Pueblos Indígenas”, declaró Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), consideró una total falta de voluntad por parte del T.C., tomando en cuenta que la demanda contra la 30230 se ingresó en abril del presente año, y a la fecha no obtienen respuesta.

“Exigimos al T.C. haga justicia y admita nuestra demanda de inconstitucionalidad. Además, lo que la ley solicita para ingresar este recurso legal es planilla con 5,000 firmas; y a través de nuestras organizaciones presentamos casi 7,000 firmas”, expuso Antolín Huáscar.

Es fundamental tener presente que el Gobierno de San Martín también ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 30230, la cual se interpuso el 30 de diciembre del 2014 y admitida el 5 de enero de este año.

A FAVOR DE LAS INVERSIONES

De otro lado, estas organizaciones aclararon estar a favor de las inversiones privadas, siempre y cuando se desarrollen dentro del respeto de los derechos ambientales y sociales.

En ese sentido, presentaron un Informe Especializado de afectación ambiental respecto a este dispositivo legal, como anexo a la denuncia de inconstitucionalidad de la misma presentada ante el Tribunal Constitucional en abril de este año.

“La Ley 30230 es la ley del embudo, donde la parte más estrecha es para las comunidades y la más ancha para el empresariado. No nos oponemos a la promoción de inversión, pero se ha estructurado un aparato legal para pasar por encima los derechos de los más vulnerables. Sí queremos inversión, pero que sea amigable con el medio ambiente y las comunidades del país”, señaló Rocío Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH.

Asimismo, agregó que desde la institución que representa vienen capacitando a los pobladores de diversas regiones como Puno, Piura, Tacna, Cusco e Iquitos para que conozcan, por ejemplo, el proceso de consulta previa y, así, evitar llegar a conflictos sociales, optando por el diálogo.

“Esta semana estaremos en Cajamarca para capacitar a las rondas campesinas. No queremos que simplemente firmen los recursos de inconstitucionalidad a leyes específicas, sino que entiendan y acompañen este proceso de fortalecimiento democrático en el país. La democracia en Perú es lenta e injusta”, aseveró Silva Santisteban.

A su turno, Henry Carhuatocto, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible (IDLADS), mencionó que ejemplos claros de debilitamiento ambiental como consecuencia de esta ley es la problemática actual del OEFA (labor fiscalizadora y sancionadora en peligro) y la reducción de plazos en evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

“Los EIA, hoy por hoy, son información de forma, mas no de fondo. Como ahora tienen que aprobarse en menores plazos se ve todo muy superficialmente. Y empora la situación si añadimos la carga laboral del trabajador público. Como la inversión no puede parar, no pueden haber opiniones vinculantes”, lamentó.

Asimismo, Carhuatocto exigió al TC se pronuncie respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por la ley 30230, pues “si bien no hay un plazo establecido para ello, lo razonable es que no sobrepase el mes, tiempo suficiente para calificar la demanda”.

En la conferencia de prensa participaron, además, Henderson Rengifo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), quien reveló que próximamente presentarán un recurso de inconstitucionalidad por la Ley 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible.

¿Qué proponen las mujeres indígenas frente al cambio climático?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), entrevistó a Gladys Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), sobre las demandas y propuestas que exigen al Estado frente al cambio climático.
Como lideresa, Vila exige a las autoridades implementar políticas públicas con una mirada diferenciada a las mujeres indígenas, porque ellas son las encargadas de la alimentación y salud de los niños. Esta mirada debe estar basada en un enfoque de derecho al territorio y la soberanía alimentaria.
Otro problema en las comunidades indígenas es su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático. Sin embargo, destacó que la población afectada ha aprendido a adaptarse ante problemas tan graves como la escasez del agua, la aparición de insectos desconocidos que atacan los cultivos, las fuertes heladas y las lluvias torrenciales, por lo que se pierden semillas y con ello la soberanía alimentaria. Actualmente, ONAMIAP tiene presencia en 18 regiones del país.

En esta segunda parte de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Vila explicó las propuestas frente a los desastres de la Amazonía. Asimismo, ante el reciente anuncio del presidente Ollanta Humala durante la COP20, de contribuir al Perú con seis millones de dólares al Fondo Verde para el Clima, la presidenta de ONAMIAP indicó que lo necesario es aprobar e implementar el Programa Nacional de Adaptación Climática Comunitaria, el cual debería contar con presupuestos e indicadores medibles.
Por otro lado, indicó que las comunidades indígenas exigen una titulación completa de sus territorios colectivos, ya que hay más de cuatro mil comunidades que no tienen título; pese a ello, el 70% del territorio donde estas comunidades viven está en concesión.
Por último, Vila observó que hay políticas del Estado que no responden a la realidad. La lideresa indígena cuestiona que, siendo el Perú anfitrión de la COP20, el gobierno haya aprobado la Ley 30230, la cual debilita estándares ambientales y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, dicha ley debe ser anulada, afirma.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Derechos de las comunidades sobre la tierra estarían amenazados por paquetazo ambiental

En esta edición de LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER conversó con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (Título III, artículo 37, inciso A).
Esto significaría que las tierras de comunidades campesinas y nativas se verían afectadas. Del Castillo indicó que “según el cálculo oficial, las comunidades cubren un 27% del total del territorio nacional” (sumando nativas y campesinas). Esto significaría que representan más de la cuarta parte del territorio nacional. Asimismo, el número de pobladores afectados es incierto, pero la medida llega a todas las regiones del Perú, excepto Tumbes, donde no hay registro de comunidades”.
Esta alerta expuesta por Laureano Del Castillo, ha sido presentada en un pronunciamiento de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, de la que CEPES forma parte.

En esta segunda parte de la entrevista con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se explica la problemática de la falta de títulos de tierras. La posibilidad de regular las tierras agrícolas y rurales concluyó en el año 2013, nombrándose al Ministerio de Agricultura como el órgano rector en materia de titulación, mientras que los Gobiernos Regionales solo cumplen un rol ejecutor. Pero con la Ley 30230 se crearía una contienda de competencias.
“La norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen pero no están georeferenciados. También puede afectar a un universo muy grande de pequeños agricultores, propietarios que tampoco tienen título”, señaló Del Castillo.

AGENDA AMBIENTAL: Ley 30230 ha debilitado a instituciones de fiscalización ambiental, señala congresista Verónika Mendoza

Presentamos la primera emisión de Agenda Ambiental, secuencia que abordará temas de interés nacional vinculados al medio ambiente, de relevancia social, política y económica del Perú. Agenda Ambiental será conducido por Pilar Camero, Coordinadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien en esta oportunidad entrevista a Verónika Mendoza, Congresista de la República, sobre los impactos en materia de medio ambiente de la Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país.
Para la congresista, con el argumento de atraer inversiones para revertir la desaceleración de la economía, lo que provoca esta ley es “debilitar la institucionalidad ambiental y recortarle a las entidades de fiscalización y regulación ambiental sus funciones y su peso político.”
Así, según Mendoza, con la nueva norma, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no podrá sancionar o multar a empresas contaminantes por tres años, lo cual causaría una “mayor permisividad con la contaminación y expone a los ciudadanos a graves impactos en su medio ambiente y en su salud”.
La congresista lamentó que la Ley 30230 no haya tenido un debate en el pleno del Congreso y menos una consulta en distintos sectores de la sociedad.

En esta segunda parte de la nueva secuencia Agenda Ambiental, Pilar Camero de DAR desarrolla otros puntos de esta norma publicada el 12 de julio.
Así, es preocupante que los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles, que antes los determinaba el Ministerio del Ambiente, ahora serán aprobados mediante un decreto supremo por otros sectores. Con ello “se burocratiza, se alarga y se politiza algo que debía establecerse con criterios técnicos”, afirmó la congresista Verónika Mendoza.
Otro tema que observó Mendoza es un bloqueo al proceso de ordenamiento territorial, el cual pasa a ser solamente referencial. Ello derivará en un grave riesgo porque, por ejemplo, en la minería ilegal, el Estado no ha sido capaz de reordenar el territorio al dar concesiones mineras en zonas naturales protegidas.
Anunció que volver a abrir el debate promoverá un Proyecto de Ley sobre algunos de estos aspectos, permitirá estar más atentos al sector ambiental y redoblará el control político. Finalmente, indicó que estando cerca el Mensaje a la Nación del 28 de julio, el presidente Ollanta Humala debería incluir “en su mensaje algunos temas que nos puedan dar garantías de que no se va a descuidar del todo el tema ambiental, en el sentido de fortalecer la institucionalidad y garantizar el presupuesto para entidades reguladoras y fiscalizadoras”.