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Paulo Vilca: Análisis del conflicto en Puno y tareas pendientes

El analista de Servicios Educativos Rurales (SER), Paulo Vilca, en entrevista con Enlace Nacional nos explica el por qué se llegó al conflicto en la zona de Puno y Juliaca con los pobladores de las provincias de Azángaro y Melgar, la problemática de la minería informal, y los últimos acuerdos a los que han llegado el gobierno central y los dirigentes aymaras. Asimismo, enumera las tareas pendientes que tendrá que enfrentar el gobierno de Ollanta Humala para llegar a una solución definitiva en esta zona de conflicto, son principalmente cuatro tareas: aprobar la Ley de Consulta Previa, formalizar la minería en la zona de conflicto, implementar un plan de reordenamiento territorial, y finalmente combatir la contaminación en el río Ramis, que afecta al Lago Titicaca. Vilca indicó que hay que ser conscientes que la región Puno requiere que las autoridades implementen proyectos de desarrollo para su población por años olvidada.

Paulo Vilca: Puno requiere una atención prioritaria del gobierno nacional

El último viernes, la toma del aeropuerto de Juliaca a manos de manifestantes de la provincia de Azángaro terminó de la peor manera. Paulo Vilca, analista de Servicios Educativos Rurales, explica la desidia por parte del Estado en torno a descontaminar la cuenca del río Ramis.
Pero Puno padece de un gran problema en muchos sectores que involucran su desarrollo: la informalidad, siendo la del sector minero la de mayor impacto negativo. Vilca señala: “Es importantísimo formalizar la minería que actualmente existe en La Rinconada y Ananea, sino se formaliza se van a seguir produciendo conflictos… hay actualmente 30 mil personas que contaminan… es una zona donde no hay Estado y tiene que formalizarse es una medida urgente que tiene que implementar el Estado.”
Sobre las demandas de frenar las concesiones mineras en Puno, Paulo Vilca, señala que no se debe ser sesgados en ello. Se trata de una posición que debiera ser discutida por todos los poblados en Puno. Pero en principio la aprobación de la Ley de Consulta Previa es un tema pendiente.
Vilca insiste, además, en que es necesario una reforma del Estado frente a la prevención de conflictos, a fin de que los diferentes sectores cumplan con resolver las demandas que la población les plantes.

Paulo Vilca: Agenda pendiente del nuevo gobierno

El especialista de Servicios Educativos Rurales, SER, Paulo Vilca nos da un análisis político de los resultados de las elecciones presidenciales, en lo referente a la aceptación de Ollanta Humala en las regiones del sur del Perú.

En el segundo bloque de la entrevista Paulo Vilca, indica que la ley de Consulta Previa debe implementarse para establecer el diálogo con las poblaciones donde se quiera establecer industrias extractivas. Ollanta Humala debe demostrar un cambio de actitud del gobierno con relación a la promoción de la inversión.

En el tercer y último bloque de la entrevista, el especialista de Servicios Educativos Rurales, analiza el tema de las sobreganancias mineras. Según Paulo Vilca, es urgente que Ollanta Humala dirija un mensaje en el que diga cuáles serán sus medidas en los primeros 100 días de gobierno. Asimismo, debe explicar a la población de las regiones donde se presenta conflictos socio ambientales el cómo se va a llevar a cabo sus demandas.

Minería informal está causando un desastre ambiental en zona del río Ramis, Puno, afirma Paulo Vilca de SER (Entrevista)

El analista Paulo Vilca, de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), fue entrevistado por ENLACE NACIONAL sobre los problemas más importantes que afectarán a la Región Puno durante este año. El primero fue la propia gobernabilidad, ante los roces entre el nuevo presidente regional Mauricio Rodríguez y un Consejo Regional dominado por una mayoría opositora. Vilca es optimista y piensa que hay posibilidades de colaboración entre ambos factores de poder en la región. Asimismo, resaltó la reelección del alcalde de Puno, Butrón y la vuelta del burgomaestre de Juliaca, David Mamani Paricagua. Esto demostraría que las principales autoridades ediles de la región han logrado crear redes de apoyo social que les han permitido repetir el plato a la cabeza de ambas municipalidades provinciales.
otros temas se refieren a asuntos ambientales. En tal sentido, el entrevistado señaló que las resistencias al proyecto de la Central Hidroeléctrica de Inambari hacen muy difícil que este año se inicien los trabajos para su construcción. Igualmente, advirtió que la minería informal está causando un verdadero desastre ambiental en la zona del río Ramis. Finalmente, Vilca se refirió también al tema de la Zona Franca en esa región. todos temas prioritarios en la agenda del nuevo presidente regional.

Decreto Legislativo “decreta” más conflictos

mineria peruAl amparo de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo para que adecúe aspectos de nuestra legislación a lo acordado en el TLC con los Estados Unidos, el gobierno ha aprovechado para promulgar, de contrabando, normas que poco tienen que ver con el comercio internacional y sí con el retiro de derechos a los ciudadanos –en este caso– frente a las empresas mineras.

Según Paulo Vilca, de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), “la emisión del Decreto Legislativo 1064 el 28 de junio, ha modificado la normatividad que permite la realización de actividades mineras en el país, al haber dejado sin efecto el requisito del acuerdo previo, afectando a los propietarios rurales”.

Anteriormente, las empresas que quisieran explorar y explotar recursos naturales debían negociar con los propietarios de tales predios un permiso para tales actividades. “La Comunidad y la empresa podían acordar la forma más favorable a sus intereses, en ejercicio de su libertad de contratación. Por ejemplo, mediante el arrendamiento de tierras, la venta, la donación, el usufructo, o cualquier otra forma de contratación. El acuerdo previo se regía por la legislación civil”, explica Vilca. Si no se ponían de acuerdo, entonces la empresa podía solicitar una “servidumbre minera” a su favor, es decir, que el Estado tasara las tierras de acuerdo a su valor de mercado y las expropiará (pagando una indemnización a sus propietarios) para entregarlas en concesión a la compañía solicitante.

Con el Decreto Legislativo 1064, se elimina el “acuerdo previo” entre la empresa y los propietarios (mayormente comunidades campesinas) y sólo se mantiene la figura legal de la servidumbre minera. Los efectos, según Vilca, serán que los propietarios de predios rurales ya no podrán negociar con las empresas, sino aceptar lo que el Estado imponga vía tasación o indemnización. “Así, empresas como Río Blanco Cooper S.A. podrán obtener una licencia ambiental de parte del Ministerio de Energía y Minas sin contar con el permiso de los propietarios, pues sólo tendrán que solicitar que se imponga la servidumbre respectiva”, indicó.

Esto sugiere, también, que estaríamos ante una norma con nombre propio. Pero, sobre todo, esta situación generará mayor tensión en las comunidades y propietarios rurales, dada la percepción generalizada de que el Estado beneficia sólo a las empresas mineras, con lo que se incrementará la oposición de la población a esta actividad productiva. Además, la promoción de inversiones mineras también se verá afectada por el incremento de los conflictos.

Como vemos, con esta norma el gobierno atiza los conflictos sociales en el país, ya que, como lo ha señalado la Defensoría del Pueblo, la mayoría de estos son generados por la actividad minera.