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AGENDA AMBIENTAL: Comunidades indígenas necesitan al Estado para luchar contra tala ilegal

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sobre la problemática de la tala ilegal en las comunidades indígenas, la cual provocó recientemente el asesinato del líder asháninka Edwin Chota y otros líderes en la comunidad de Saweto a inicios del mes de setiembre.
La muerte de este líder indígena, afirmó Sánchez, demuestra la inseguridad en las zonas de frontera de la selva peruana, donde hay presencia de mafias que amedrentan a las comunidades ante la ausencia del Estado.
“Tenemos que atenderlos, ellos son los ciudadanos más vulnerables dentro del ejercicio de ciudadanía nacional y a quienes mayor atención debemos brindarle para que no se sientan solos… para ir a un centro de salud en la zona de Alto Tamaya deben caminar 4 días, no hay puesto de defensa nacional fronterizo”, señaló el representante de la Defensoría del Pueblo.
El Programa de Pueblos Indígenas fue uno de los primeros en crearse en la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol articulador y mediador entre el Estado y los pueblos indígenas, uno de los temas en los que el Programa promueve el diálogo es el de la Consulta Previa, en el que se tiene monitoreado 16 procesos en marcha.

En esta segunda parte de la entrevista, Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo explicó la agenda pendiente que se tiene respecto a las acciones en la tala ilegal y la titulación de comunidades.
Desde la Defensoría se ha recordado a la Presidencia del Consejo de Ministros que existe un informe con varios años de elaborado donde se indica un diagnóstico para fortalecer la institución forestal y defender la fauna silvestre, así como lo referente a la tala ilegal. Esta estrategia se creó en el año 2004 y todavía no ha sido implementada y debe ser actualizada.
De otro lado, en cuanto a la titulación, hay un conjunto de problemas: falta modificar las normas que en la actualidad son muy complejas, existen normas vigentes del año 1978, por lo que urge todo un marco que necesita actualizarse para simplificar los procedimientos. “Otro ámbito es la rectoría, quién da los lineamientos para problemas que puedan surgir en controversias de derechos múltiples sobre un espacio”, indicó el Jefe del Programa de Pueblos Indígenas.

Entrevista: Para una mejor gestión del agua en el Perú

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó a Eduardo Zegarra, economista e investigador principal de GRADE (Grupo de Análisis para el Desarrollo) sobre la urgencia de mejorar la gestión del agua en el Perú, a propósito de la publicación del libro “Economía del Agua: Conceptos y aplicaciones para una mejor gestión”.
Zegarra explicó la problemática del agua y cómo es afectada por la no implementación de la Ley de Aguas del 2009. Además, criticó que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es una entidad muy débil, que se encuentra limitada al Ministerio de Agricultura y Riego por lo que debería tener un rol multisectorial.
Otro grave problema es el acceso al agua. En la selva solo el 55 % de la población tiene conexiones domiciliarias; en la sierra, 70%; y en la costa, el 90%. Es decir, hay grandes desigualdades. Asimismo, el consumo del agua a través de cisternas también representa un peligro, el servicio es inseguro y caro. En el Perú, medio millón de personas consumen agua a través de este medio.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, Eduardo Zegarra, economista e investigador principal de GRADE explica que la retribución económica es un instrumento, una especie de precio mayorista que ayudaría a mejorar la gestión del agua.
Con una mejor atención pública que recoja estas recomendaciones se mejoraría la gestión de las cuencas y se evitarían conflictos que ocurren por los usos del agua, como sucede en el caso de la minería, las actividades extractivas, las propias ciudades y en el uso de agroquímicos. El economista afirmó que es necesario sancionar los casos de contaminación, pero para ello se requiere una fuerte institucionalidad que no tenemos en el Perú.
Con respecto a las nuevas autoridades que saldrán electas este 5 de octubre, Zegarra recomendó que presten atención al agua e inviertan en saneamiento de manera transparente, que implementen los Consejos de Cuenca (responsabilidad de los gobiernos regionales y también del gobierno central) y que trabajen organizadamente con los usuarios.

Espacios conquistados por la mujer indígena y actividades extractivas en Bolivia

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP) y de las comunidades indígenas amazónicas, quien visitó la ciudad de Lima durante la realización del Foro Internacional Consulta previa, cambio climático e inversiones en América Latina: Intercambiando experiencias y propuestas.
La lideresa indígena explicó que, en Bolivia, todavía la Consulta Previa como ley aún no está aprobada; sin embargo, en el proceso de las negociaciones entre empresas extractivas, organismos internacionales y la población nativa, el rol de la mujer indígena poco a poco ha ido avanzando y actualmente se le escucha.
“Hemos empezado a luchar y a empoderarnos en estos derechos que nos permiten, nos amparan inclusive leyes para poder estar en estos espacios de toma de decisión…”, mencionó.
En cuanto a algunas experiencias en Consulta Previa, la representante de la CMILAP relató que esta se ha dado en la ampliación de carreteras que atraviesan tres pueblos indígenas. Tal hecho hizo necesario establecer compensaciones y negociaciones.
Asimismo, Lipa Piloy destacó que la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia, actualmente, está constituida por 10 organizaciones en las cuales se encuentran 7 pueblos indígenas reconocidos por su lengua, cultura y territorio, en donde “las mujeres estamos organizadas y siempre peleando y luchando espacios de representatividad política en municipios para tener las autonomías. También buscamos incluir en estos espacios -ya sea locales, más regionales o a nivel país- el tema de la no violencia” expresó.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, Silvia Lipa Piloy, representante de la Central de Mujeres Indígenas de La Paz –Bolivia (CMILAP), manifestó algunas consecuencias de la actividad extractiva en los territorios nativos de Bolivia. Así, señaló con preocupación que están “en pie de lucha para hacer incidencia, si hay una actividad minera hay doble afectación, los cursos de agua varían (a causa de las mineras) y nos obligan al desplazamiento físico. Otro ejemplo es cuando traen obreros varones: hay invasión de otra cultura y los hombres intentan imponerse, se ha dado casos de violaciones, son impactos que sentimos a diario”, dijo.
De manera similar a otros países de América, donde existen poblaciones indígenas, la presencia del Estado es ausente, afirmó Lipa Piloy. Por ello, es importante continuar con la organización y exigir el cumplimiento de leyes que a lo largo de su lucha han conseguido. Además, la búsqueda de recursos económicos (cuya mayor parte proviene de ONG, fundaciones y cooperaciones internacionales) es necesario, ya que el gobierno no aporta lo que se necesita.

Proceso de concesiones mineras lleva más de 20 años sin cambiar

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de DAR entrevistó a Epifanio Baca, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, sobre los cuestionamientos al proceso de concesiones mineras en el Perú que lleva más de 20 años, el cual necesita ser mejorado para evitar conflictos sociales.
Si bien en un inicio las concesiones se dieron para conseguir inversión, con el transcurso del tiempo es importante que el Estado inicie reformas: “la entrega de concesiones es un proceso sencillo, muy simple y fácil de obtener, lo cual es comprensible porque el objetivo del Perú era atraer inversiones, pero han transcurrido 20 años o más, es indispensable hacer una pausa y ver lo que está fallando en este sistema”, expresó Baca.

En esta segunda parte de la entrevista, Epifanio Baca, coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, reveló datos que explican la gravedad de las concesiones mineras entregadas al sector privado. Así, tenemos que en el año de 1992 las concesiones abarcaban el 6 % del territorio nacional y hoy es el 20% del territorio peruano. Sin embargo, a nivel regional, el tema se hace más preocupante en Arequipa y Moquegua: más de la mitad de su territorio ha sido concesionado, “y si descendemos a provincias, hay hasta 90% concesionado. Eso es contraproducente; por ejemplo, Chumbivilcas está concesionado al 80%”, explicó el especialista.
Asimismo, recomendó que se debe aumentar las causales de caducidad porque hay varios casos que el empresario prefiere pagar una multa irrisoria y seguir con la concesión. El Estado debería recuperar esas concesiones, indicó Baca. Además, la iniciativa de transparencia en industrias extractivas es algo que se debe ejecutar.
Este análisis en el tema de concesiones mineras se encuentra detallado en el estudio “Concesiones mineras en el Perú. Análisis y propuesta de política”, presentado por el Grupo Propuesta Ciudadana.

Falta más independencia y mejoras técnicas en los Estudios de Impacto Ambiental

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de DAR, entrevistó a la investigadora en ciencias ambientales Mercedes Lu, quien es miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental una red global de abogados que se dedican a la defensa del interés público y del medio ambiente.
La especialista explicó las fases principales de la industria de hidrocarburos y sus impactos en nuestra naturaleza. Así, la fase de exploración de hidrocarburos, sea gas o petróleo, se caracteriza por la perforación exploratoria que se realiza para determinar si hay yacimientos.
La exploración implica el uso de explosivos, transporte, movimiento de logística, pero también generación de desechos tóxicos. Lu señaló que la colocación de explosivos se realiza a lo largo de la llamada línea sísmica y puede afectar la Amazonía: “Las líneas sísmicas pueden afectar ecosistemas frágiles, como es el caso nuestro. Esto no sucede en áreas desérticas, como en otros países, pero Perú tiene áreas bastante frágiles de la Amazonia… en el mar también hay efectos… Y no es cierto que no hay estudios porque sí se han publicado estudios sobre impactos de las pruebas sísmicas en cetáceos y especies de fauna marina”, mencionó.
Para la representante de ELAW, se requiere una mirada crítica, técnica e independiente, porque “no todas las empresas tienen la misma capacidad, los mismos principios… es necesario que el Estado y la ciudadanía participen en la toma de decisiones de Estudio de Impacto Ambiental que son necesarios en el caso de sísmica, de exploración…” precisó Lu.

En esta segunda parte de la entrevista a Mercedes Lu, miembro de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, conversamos sobre los impactos de la fase de explotación de la actividad de hidrocarburos que, en un promedio de 30 años, instalan en la zona explotada múltiples pozos, campamentos, transporte, etc.
Lu manifestó su crítica a los EIA desarrollados: “Yo he visto estudios, acá en el Perú, en los cuales se afirma que una cantidad importante de decenas de toneladas de residuos peligrosos van a ser transportados a Lima. Hay estudios que afirman eso… queda en el aire ¿qué va a pasar?, ¿quién es responsable?, ¿dónde es la deposición final?…”, a ello se suma los presupuestos irrisorios para el transporte de esos residuos.
Finalmente, calificó de “frondosa” la legislación en materia ambiental. Por ello, recomendó mayor rigor técnico en cómo se aprueba y revisa los EIA; mayor independencia y mejorar la capacidad técnica de agentes del Estado que revisan estos estudios, así como fortalecer la participación ciudadana.

Entrevista a Ruth Buendía, líder asháninka: Estado no dialoga con pueblos indígenas

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, coordinadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) conversó con la líder asháninka del Perú y presidenta de CARE (Central Asháninka del rio Ene), Ruth Buendía Mestoquiari, sobre la actuación del Estado hacia los pueblos indígenas en las últimas décadas y la relación con el actual gobierno de Ollanta Humala.
La Premio Ambiental Goldman 2014 también expresó su preocupación frente al proyecto del Gobierno Central de construir la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango.
“Nadie niega que el desarrollo venga a nuestro país, a nuestras comunidades, pero estos grandes proyectos que pueden desplazar, que pueden inundar kilómetros de terreno eso no quiere decir desarrollo, es pobreza”, afirmó la presidenta de CARE.

En esta segunda parte de la entrevista, la líder indígena asháninka y presidenta de CARE, Ruth Buendía Mestoquiari, afirmó que el Estado no dialoga con pueblos indígenas: “nos mece, no hay acciones”.
Además, hizo hincapié en que la posible construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango podría desplazar a las poblaciones que viven en la cuenca del río Ene (provincia de Satipo, región Junín). Son aproximadamente 7 mil kilómetros de hectáreas de sembríos, donde viven los pueblos indígenas, que se verían afectados, situación que atentaría contra su seguridad alimentaria.
“Le hemos dicho al Estado peruano que la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango no podría ir y no va ir. Y no vamos a ceder, porque ahí es nuestro territorio. Estamos pidiendo al Estado que intervenga haciendo asistencias sociales, no programa Juntos. Queremos asistencia técnica, productiva, para tener calidad de vida. Enséñame a pescar, no me enseñes a comer el pescado”, puntualizó la líder asháninka.

Preocupación por posible reglamento de normas ambientales: entrevista a ex viceministro de interculturalidad

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, coordinadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, conversó con Iván Lanegra, ex viceministro de Interculturalidad, sobre los aspectos que presenta la propuesta del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Propuesta del Ministerio de Energía y Minas que ha sido presentada en junio pasado, pero que recién se ha dado a conocer a través de una publicación en Ojo Público.
Para el ex viceministro de Interculturalidad es importante entender los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), ya que “no todas las evaluaciones son iguales, se establecen diferencias dependiendo de la complejidad de la actividad que evalúas. No es lo mismo hacer una Evaluación de Impacto Ambiental de un grifo, en una zona urbana, que un proyecto como Camisea. En el Perú hay tres grandes categorías de evaluación: la detallada, que es como ‘un traje a la medida’. Es una evaluación específica de los impactos específicos de una actividad determinada. Luego, la evaluación semidetallada; y, por último, la Declaración de Impacto Ambiental que se basa en modelos estándar”, explicó.
Otros temas desarrollados por Lanegra en esta entrevista fue el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, el cual se inició en Perú a mediados de la década del noventa, y la maduración del marco normativo en el tema ambiental.

En esta segunda parte de la secuencia de AGENDA AMBIENTAL, Iván Lanegra, ex Viceministro de Interculturalidad, continúa analizando la propuesta del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.
Lanegra expresó su preocupación por el tema de la declaración de impacto ambiental, el cual -según este reglamento- pasaría a ser prácticamente un instrumento estándar para todos los procesos de exploración en caso de sísmica, salvo en las áreas protegidas. “No me parece que pueda establecerse a rajatabla que ese es el instrumento para todos los casos, habría que ver. ¿Cuál es el fundamento técnico de una decisión de esta naturaleza?”, expresó.
“Lo que digo es que hay actividades que si tienen riesgos no puedes de una manera abstracta, sin ver el caso, evaluarlo. Debería tener la norma un fundamento muy claro respecto a que el caso no implica riesgo y que, además, si hubiera situación de duda, dejar a la autoridad la posibilidad de, en caso concreto, decidir.”
Asimismo, Lanegra observó que no se promueve interacción con otros sectores implicados, la participación de las personas en la definición de las normas y aplicación de la misma. “Se entendía que ya habíamos aprendido bastante sobre la importancia de la transparencia y los mecanismos de participación para generar este tipo de normas”, finalizó.