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Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Rechazan aprobación de cuarto paquetazo y anuncian Paro Nacional

Tras la aprobación del cuarto Proyecto de Ley de promoción de las inversiones (Nº 3941) por el pleno del Congreso, el pasado 15 de mayo, defensores de los derechos de las comunidades nativas y organizaciones medioambientalistas han mostrado su desacuerdo con dichas normas promovidas por el Ejecutivo, a las que han denominado “paquetazos ambientales”. Al respecto, conversamos con el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar.
“Con esto, prácticamente se entrega a las empresas transnacionales las tierras eriazas en las que instalarán posiblemente asentamientos mineros, sacarán petróleo, se adueñarán de nuestros minerales y nuestras riquezas. Por ello protestamos enérgicamente contra esta actitud del gobierno que ha impulsado estos “paquetazos” que viola las normas y los derechos colectivos de los pueblos indígenas de nuestro país”, expresó el presidente de la CNA.
El 23 de agosto de 2011 se aprobó la Ley de Consulta Previa, en ese sentido, Huáscar enfatizó que esta norma es vulnerada, tal como sucede con los convenios internacionales, entre ellos el Nº 169 de la OIT. Además, aseguró que el Estado peruano es flexible ante las empresas transnacionales, por ello anunció que realizarán un paro nacional el próximo 22 de junio: “cada una de las regiones ya se están sumando a esta medida. Ya se agotó la conversación con el Gobierno, por ello ahora vamos hacia las acciones”, enfatizó.

Pueblos indígenas piden que Sierra del Divisor sea declarada Parque Nacional

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Martha Cairuna Fasabi (fefa de la comunidad Nuevo Saposoa, ubicada en la región Callería, en Ucayali) sobre el pedido de los pueblos indígenas de nombrar Parque Nacional al territorio que comprende Sierra del Divisor.
Para la lideresa, es importante proteger los territorios de Sierra del Divisor, ya que así asegurarían la alimentación, los bosques y la vida de los animales. Sierra del Divisor consta de un millón de hectáreas y se ubica en la frontera entre el Perú (Loreto y Ucayali) y Brasil (Acre).
Asimismo, Cairuna indicó que en Nuevo Saposoa es necesario titular las tierras, puesto que existe el peligro de amenazas por parte de gente foránea, dedicados al cultivo de la hoja de coca, que intentan apropiarse de sus terrenos.

En la segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Martha Cairuna Fasabi, jefa de la comunidad Nuevo Saposoa, quien expresó su preocupación por la demora de las autoridades del sector agricultura en atender la titulación de los terrenos de su comunidad. Por ello, junto a otros líderes indígenas, han llegaro a la ciudad de Lima para ser atendidos en su solicitud, la cual lleva más de siete años.
Entre los problemas y amenazas que enfrentan en Nuevo Saposoa se encuentra la presencia de madereros ilegales y el cambio climático, el cual también causa inundaciones que afectan los sembríos y la salud principalmente de los niños.
Además, aseguró que la fiscalía se ha hecho presente en esta zona y ha comprobado la presencia de madereros ilegales y cocaleros, pero que, a pesar de ordenar la salida de estos grupos, nadie les hace caso.
Para llegar a Nuevo Saposoa se parte de la ciudad de Pucallpa y se viaja en bote por cinco horas. Debido a ello, Martha Cairuna alertó que ante las emergencias de salud no hay facilidades para trasladar a los enfermos a la ciudad. Finalmente, comentó que el Gobierno debería llegar al distrito de Callería a través de los programas Qali Warma y Juntos.

Entrevista a Gustavo Suárez del MINAM: Conservación de bosques asegura reducción de deforestación

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos naturales – DAR) entrevistó a Gustavo Suárez de Freitas, actual coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente (MINAM). Este es un programa establecido en el año 2010, cuya finalidad es cumplir los compromisos asociados a la mitigación del cambio climático, así como reducir la deforestación, un problema histórico que en los últimos 13 años alcanzó más de 124 mil hectáreas por año perdidas.
“Estamos a la espera que se apruebe una resolución suprema que conforme una comisión multisectorial … para conducir el proceso de difusión pública de la estrategia, entonces nosotros esperaríamos durante este año ese documento de estrategia aprobado porque eso es lo que nos va a dar todo el mandato y lo que va a orientar las inversiones, los proyectos, la asignación de recursos …” indica Suárez de Freitas.

Continúa nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL con la entrevista a Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Bosques del MINAM. El especialista indicó que entre las principales causas de la deforestación se encuentran la falta de derechos otorgados, la calidad de los suelos y la agricultura migratoria.
Además, es importante buscar la producción agrícola sin deforestar y generando captura de carbono a través de sistemas reforestales, y ayudando a mejorar los ingresos de la población. El ejemplo más cercano es la experiencia en Brasil, explica Suárez , donde “en cuatro años bajaron en 84% su deforestación, pero al mismo tiempo el PBI agrícola de la Amazonía creció. Creo que es muy importante decir que enfrentar la deforestación no quiere decir dejar de hacer actividades agropecuarias, sino que tenemos que hacerlas mejor”, sostuvo.
Sobre el problema de posesionarios que no tienen título en las tierras se espera que la Nueva Ley Forestal haga posible otorgar contratos de sesión en uso, para así formalizar a los usuarios, señaló el especialista.
Otra dificultad es que hay tierras con potencial agrícola, pero están cubiertas de bosques, el reglamento deberá regular cómo proceder en esta situación. Si bien existe la meta del programa Nacional de Conservación de Bosques (conservar 54 millones de hectáreas) hay que buscar el balance entre las necesidades de producción agraria y de mantener los bosques. Por ello, la principal política, afirma Suárez de Freitas, deben ser las áreas ya deforestadas, intensificar el uso agrícola ocupando las tierras que ahora están degradadas y mejorar la productividad.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Nuevo paquetazo antiambiental afectará a comunidades y pueblos indígenas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), sobre la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 3941, llamado cuarto paquetazo antiambiental o antiindígena.
Según el experto en comunidades campesinas, el discurso sobre la burocracia entorpecedora que impondría esta norma no es del todo cierto: “lo que es más preocupante no es un discurso solo del empresariado, lo he escuchado ya en algunos funcionarios, decir que la inversión no crece por la tramitología. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, sobre todo del precio de los minerales, hay la preocupación del Estado sobre ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento?”.
Con respecto al proyecto de ley 3941 (el cual ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso), el director de CEPES explicó que esta norma afectaría el derecho de servidumbre de pueblos indígenas y comunidades.

En esta segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista a Laureano Del Castillo, director del CEPES, sobre el proyecto de ley 3941. Esta norma afectaría a los propietarios de tierras, ya que impone el derecho de servidumbre hacia alguna empresa que invierte en un determinado terreno. Es decir, la empresa estaría obligada a hacer solo un único pago al dueño de la tierra, así se trabaje en el lugar por varios años. Además, la empresa podría retirarse sin negociar con el propietario o comunidad.
Para el experto en temas de comunidades campesinas falta madurez del gobierno, puesto que con la promoción de normas como la 3941, “lamentablemente pierde el tiempo y genera desconfianza” en la población. Así, se sabe que a futuro este tipo de leyes serán desaprobadas por afectar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Expedición en la Amazonía ubica a 34 potenciales usuarios de Pensión 65

Dos líderes de las etnias machiguenga y harakmbut figuran entre los 34 adultos mayores de las comunidades indígenas de la provincia del Manu, en la región Madre de Dios. Ellos accederán al programa Pensión 65. La ubicación de estos adultos mayores fue posible por la expedición multisectorial promovida por dicho programa social en la Amazonía.

AGENDA AMBIENTAL: Shipibos de Cantagallo exigen se respeten sus derechos

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Ricardo Franco Ahuanari (de la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima) y a Daniel Sánchez (jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo) para conocer las demandas de la comunidad shipiba de Cantagallo. Ellos, que venían siendo afectados por los proyectos Vía Parque Rímac, actualmente se encuentran afectados por la cancelación de los estos mismos proyectos por la actual gestión municipal de Lima Metropolitana.
“Nosotros hemos cedido el espacio, tanto la comunidad shipiba y la institución educativa bilingüe. En este espacio ya trabajó la empresa OAS, ya hay una carretera que pasa por donde vivíamos nosotros. Actualmente, por el proyecto Vía Parque Rímac hemos sido afectados y hasta el momento nosotros estamos viviendo en una situación muy preocupante. Los niños se enferman… necesitamos que nos reparen reubicando toda la comunidad shipiba para mantener y prevalecer nuestra identidad”, señaló Franco Ahuanari, quien indicó que, hasta el momento, no han recibido ninguna propuesta de la actual gestión municipal.

En esta segunda parte de nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Ricardo Franco Ahuanari, de la Asociación de Vivienda de Shipibos en Lima, y a Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo.
Para el representante de la Defensoría del Pueblo, el escenario es complicado y se puede crear un precedente peligroso. “En el derecho hay un principio muy claro, quien daña tiene que reparar y eso es clarísimo en el ordenamiento jurídico. Aquí, con este proyecto, la Municipalidad ha dañado a unos vecinos de la ciudad y por lo tanto al dañarlo tiene que reparar”.
Sánchez agregó también que se debe lograr la reubicación de los afectados de la comunidad shipiba de Cantagallo. Se espera que el alcalde Luis Castañeda dé las razones de porqué no se está gestando la reubicación antes ofrecida.

Entrevista a Patricia Quiñones de SER: Promueven el reconocimiento a la labor de las mujeres

Recientemente fue presentado el libro “Dinámicas comunales y los derechos de las mujeres a la tierra: Experiencias de comuneras quechuas y aymaras”, promovido por la Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER) con el apoyo de la organización Pan Para el Mundo. Sobre esta publicación, conversamos con Patricia Quiñones, antropóloga de SER.
“Hace muchos años el rol de la mujer en el ámbito rural y agrario es muy fuerte pero el problema es que aún no está reconocido formalmente en numerosos espacios comunales. Definitivamente, hay brechas que deben resolverse porque las mujeres pueden tener una participación muy activa pero no hay igualdad de derechos en el acceso a la participación política en esos espacios, o tienen que superar diversas barreras”, comentó Quiñones.
Esta publicación, que consta de 4 capítulos desde la contextualización de las comunidades hasta las características de los sistemas de tenencias de terrenos que se aplican en las comunidades, cuenta con el apoyo de la organización Pan Para el Mundo. Además, tiene como trabajo previo el proyecto “Mujeres campesinas indígenas quechuas y aymaras acceden a la gobernanza de la tierra en sus comunidades”, realizado en 20 comunidades campesinas de las regiones de Ayacucho y Puno.

Políticas públicas hacia pueblos indígenas aún dejan mucho que desear

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169, quien reflexionó sobre las actuales políticas públicas con respecto a los pueblos indígenas.

En la segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Manuel García, Ex Coordinador de la Oficina Regional para la OIT Proyecto Pro169. En esta parte, analizó los retos para el ejercicio de los pueblos indígenas y la problemática de los territorios y titulación.
“Sin duda hay un déficit muy grande en las políticas públicas para resolver la problemática de los pueblos indígenas en el Perú, esa es la asignatura pendiente. Estamos hablando de políticas públicas que promuevan el desarrollo de las economías locales, la seguridad alimentaria y que garanticen y protejan los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en particular el derecho al territorio y al uso de los recursos naturales”, expresó el también ex Coordinador de la Cooperación Española en Perú y Ecuador.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta el pueblo awajún?

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al líder indígena awajún Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) para explicar la problemática que se vive actualmente en los territorios de la región Amazonas.
Uno de los principales problemas que enfrentan, señala el líder indígena, es que el Estado no entiende la necesidad de los pueblos de titular sus territorios. El caso de las 17 comunidades (representadas por la Federaciones Indígenas del Cenepa) que habitan en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, es indignante, porque tras once años de solicitar la titulación respectiva no reciben respuesta por parte del Estado. La realidad que ahí viven se agrava cada vez más por las actividades de minería informal que contaminan y destruyen la zona, señaló Bernabé Impi.
“Si siguen permaneciendo (los mineros informales), los nacientes de las quebradas son en las cabeceras, en los cerros; entonces si los dejamos sin intervenir van a destruir más. Incluso hay chacras abiertas”, afirmó el representante de AIDESEP.

En esta segunda parte de la Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP, quien pidió al Estado que, antes de implementar proyectos, realice una Consulta Previa en la que los pueblos participen y decidan a partir de la información requerida.
Sobre la reciente participación de AIDESEP en el Congreso de la República, donde participaron del debate por la aprobación del pre dictamen de la Ley 3941 (Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social), Bernabé Impi indicó que esta norma es una ampliación de la Ley 30230, la cual afectaba los derechos de propiedad privada de las comunidades.
El líder indígena insistió en que los continuos proyectos de ley que tienen que ver con los territorios de la Amazonía deben pasar por un proceso de Consulta Previa donde se escuche a los propios pueblos nativos. Además, criticó la falta voluntad política del Estado para la titulación y, por el contrario, advirtió que los pueblos observan la promoción de la invasión de colonos, los mismos que dañan sus terrenos.

Invasiones y cambio climático amenazan derechos de Pueblo Shiwilu

La vida y los derechos del pueblo indígena Shiwilu, ubicados en el distrito de Jeberos, en la región Loreto, vienen siendo afectados por invasores de tierras, quienes están acelerando los impactos del cambio climático. Así lo señala Talit Layango, coordinadora regional de Loreto de la de Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
“Madereros ilegales y colonos vienen invadiendo nuestras tierras. Ellos ingresan de manera ilegal y no lo hacen por el pueblo, ni hacen consulta previa, y nos damos cuenta cuando ya están derribando los arboles”, comentó Talit Layango, quien agregó que, además, otros pueblos aledaños también se ven afectados por estos invasores.
La coordinadora de ONAMIAP expresó que las autoridades más cercanas donde podrían denunciar a los invasores se encuentran en Yurimaguas, pero siempre encuentran excusas debido a la distancia o la falta de recursos como gasolina. “Como indígenas, tenemos nuestras propias leyes y estamos haciendo prevalecer nuestros derechos”, explicó.