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Huaraz: Buscan terminar obras en colegio La Libertad

En Huaraz, el congresista por Perú Posible, Modesto Julca, inspeccionó la construcción del Colegio Emblemático La Libertad, cuyas obras se vienen retrasando desde el año 2013. Según el parlamentario, se espera concretar una reunión con el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, para que vea el caso.

Puno: Instalarán baños ecológicos en islas Los Uros

En Puno, instalarán baños ecológicos en las Islas flotantes de los Uros para evitar la contaminación del Lago Titicaca y brindar mejores condiciones a los turistas. La alcaldesa del centro poblado de Uros Chulluni, Rita Suaña Coila, anunció que el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Cusco: Anulan propiedad de Pluspetrol en terrenos de Camisea

En Cusco, el Poder Judicial anuló el registro de propiedad a Pluspetrol sobre una parte de los terrenos del proyecto Camisea, los cuales pertenecerían al ciudadano Carlos Dueñas Olivera, quien enfrenta un juicio con la empresa transnacional desde hace más de seis años. Tras escuchar la sentencia, el abogado de la empresa Pluspetrol apeló el fallo en la Primera Sala Civil del Cusco.

Un quipu para recordar las esterilizaciones forzadas en Perú

El Proyecto Quipu, un documental interactivo donde comunidades afectadas por el programa de esterilización forzada llevada a cabo en Perú a mediados de los 90, pueden compartir sus historias, lanzó una campaña de crowfunding para juntar fondos para desarrollar y expandir su innovadora propuesta.

El proyecto que está siendo desarrollado desde Londres, pero con fuertes lazos con Latinoamérica, colabora con mujeres y hombres que fueron esterilizados en Perú a mediados de los 90 por el Gobierno de Alberto Fujimori. Predominantemente dirigido hacia comunidades indígenas y en situación de pobreza, muchos fueron forzados, presionados, o no se les dio la suficiente información para decidir si es que querían o no esterilizarse.

Desde entonces, algunos de los afectados se han transformado en activistas haciendo campaña por reconocimiento, una disculpa o compensación. Pertenecientes a remotas regiones del país sin acceso a internet, en muchos casos analfabetos y Quechua hablantes, les ha costado hacerse escuchar por aquellos en el poder. El caso legal ha sido archivado varias veces y hasta ahora no ha habido justicia ni reparación.

El Proyecto Quipu usa una línea de teléfono y una web para permitir que voces de comunidades marginadas en Perú puedan ser escuchadas y respondidas desde cualquier parte del mundo. La línea de teléfono funciona como un web forum y los contribuidores pueden también escuchar los testimonios de otros y grabar historias, ofreciendo apoyo y solidaridad entre las personas afectadas, mientras el archivo de testimonios crece.

El equipo del Proyecto Quipu ha viajado por pueblos y caseríos en busca de historias, que luego son transcritas y traducidas a Quechua, Español e Inglés. Ésta es una narración en tiempo real, una historia sobre la búsqueda de justicia a pesar de la adversidad.

QUIPU Crowd Funding from Ros Lerner on Vimeo.

La campaña online durará hasta el 19 de Diciembre y pretende juntar £20,000 que le permitirá al proyecto desarrollar la tecnología y expandirse a la región de Anta­ Cusco, donde activistas representantes de más de 1.300 mujeres esterilizadas se han organizado y han hecho campaña por 15 años.

Historia

En el documental Nada Personal de TvCultura para CLADEM se dio cuenta que, en 1996, empezaron a aparecer las primeras evidencias sobre abuso en la implementación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Los testimonios de mujeres de distintas partes del país dieron a conocer la violación de sus derechos. En julio de ese año, se denuncia en medios la aparición de metas (cuotas de captación para anticoncepciones quirúrgicas). Estas metas iban asociadas a cuotas impuestas a los establecimientos y personal de salud para captar pacientes de manera obligatoria.

En un documento hallado por el diario El Comercio se especificaba cuántas personas deberían operarse por personal de salud. Incluso en Huancabamba, Piura, un memorandum múltiple del 11 de octubre de 1997 firmado por el director del centro de salud de dicha localidad, amenaza con el despido de no cumplirse con la cuota impuesta.

En el citado registro Giulia Tamayo, investigadora de CLADEM, da cuenta de las amenazas en distintas localidades del Perú, lo que daba cuenta de un patrón sistemática en las ligaduras de trompas a mujeres de escasos recursos.

En Huaytará, Huancavelica se grabó un video con el fin de demostrar la eficiciencia del centro de salud local. La señora Juana Rosa Ochoa fue sometida a una accidentada intervención de esterilización. Fue una de las últimas en ser operadas en una campaña de salud. Ella sufrió la perforación del intestino grueso, 38 horas después falleció. El centro de salud de Huaytará no contaba con los medios para atender esta fatal circunstancia.

Lamentablemente, aunque los casos de denuncias de esterilizaciones forzadas fueron diversas y de grave magnitud, el Estado Peruano solo ha reconocido negligencia en Mamerita Mestanza y solo tras la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Perú como Estado olvidó algo fundamental en el desarrollo de un programa de tal naturaleza que es el libre consentimiento de una mujer y, como tal, el acceso a un servicio de salud de calidad. Ello teniendo en cuenta que una campaña gratuita de salud del Ministerio de Salud requiere diversos cuidados en su aplicación.

Entrevista a Marisa Glave: Alertan regular fondos públicos en el gasto social de mineras

Recientemente Propuesta Ciudadana Presentó el estudio “El gasto social de las empresas mineras: entre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad social empresarial”, realizado por el economista Gustavo Ávila, que alerta sobre la necesidad de regular el uso de los fondos públicos en el gasto social de las empresas en el desarrollo de lo que se conoce como Responsabilidad Social Empresarial. Al respecto conversamos con Marisa Glave, investigadora de Propuesta Ciudadana.
“El estudio evalúa los programas: Fondo Social (FS) creados en el año 2008 y el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP). La duda respecto al origen de los fondos que se utilizan, puesto que no es plata que procede únicamente de la empresa, sino que procede de convenios con el Estado”, expresa Marisa Glave.
Ante esa preocupación la investigadora señala que la norma plantea un conjunto de obligatoriedades que deberían cumplirse, entre ellos crear comités técnicos participativos que deberían estar integrados por representantes del Gobierno local, de las organizaciones, de la sociedad civil y de las empresas, sin embargo señala que en este caso existe hegemonía de parte de las empresas.

Marisa Glave manifiesta que el Estado no está cumpliendo su rol de fiscalizador ante las empresas extractivas que deben entregar estudios de impacto de sus actividades, indicado pro la ley.
“Hemos solicitado la información al Ministerio de Energía y Minas pero indican que no existe. Por ello, hemos pedido dicha información a las 12 empresas que aportaron más, pero hasta la fecha solo dos empresas han entregado sus estudios de impacto (Yanacocha y Buenaventura), mientras que otras empresas señalan que están realizando o que lo enviarán (Antamina y Milpo)”, expresa la investigadora.
Glave, asegura que uno de los principales problemas con las empresas extractivas es sobre el impacto de estos recursos, así como la planificación.