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Efectos del extractivismo y la apuesta por la economía solidaria

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizó la Conferencia Internacional Luchas sociales por la tierra en América Latina, un análisis histórico, comparativo y global, la cual reunió a especialistas, tanto investigadores y académicos de América Latina y Europa, así como a representantes de la sociedad civil de diversos países. Al respecto, conversamos con Luis Montoya, docente del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM.
“Hemos abordado ejes enfocados en el extractivismo, el cual se ha convertido en uno de los principales efectos de las políticas neoliberales en el Perú y que además ha generado la depredación de muchas áreas naturales del país; otro de los temas que hemos abordado es la agricultura familiar, los recursos naturales y el tercer tema es la economía solidaria”, explicó Luis Montoya.
Esta conferencia fue realizada con la finalidad de promover una reflexión sobre temas de interés social, además de buscar propuestas y alternativas ante las actividades que generan impactos negativos y que afectan el comercio justo y un desarrollo sostenible.
Mayor información en: www.economiassolidarias.unmsm.edu.pe
Correo: economiassolidarias@unmsm.edu.pe

Ordenamiento territorial: negociaciones y controversias permanentes

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, sobre la problemática que en los últimos años ha presentado el uso del territorio en el Perú.
“A partir del año 1993 se le da al Estado un rol que fundamentalmente tiene que ver con promover la inversión y, de alguna manera, se produce un retroceso respecto al rol del Estado para planificar. En primer lugar, tenemos una planificación muy débil a todo nivel; y, en segundo lugar, también su papel de regulador y de garante de derechos”, opinó Campana.
Asimismo, el también coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, recordó que, cuando se inició el gobierno de Ollanta Humala, se atendió la necesidad de discutir el ordenamiento territorial dados los conflictos por actividades extractivas que venían ocurriendo. Desde entonces, una serie de organizaciones de la sociedad civil se juntan a través de la Plataforma de Ordenamiento Territorial y abordan esta temática, sus alcances y el trabajo con la ley respectiva, con el fin de ordenar una “maraña de normas” y darles lógica.

Continúa la entrevista en AGENDA AMBIENTAL a Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, quien nos explicó por qué el ordenamiento territorial genera permanentes negociaciones y controversias, precisamente es por esta razón que, para llegar a un consenso, el Gobierno lo lleva al Acuerdo Nacional.
“Se discutió cerca de un año esta política, finalmente se aprobó, pero lamentablemente quedó ahí, no hemos visto ninguna presentación pública, pero creo que es importante que la gente sepa el gran esfuerzo que significó llegar a ese acuerdo dentro de una política que se ha denominado Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”, señaló el especialista.
Sin embargo, explica el Coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, hay otro proceso que se viene dando a nivel de gobiernos regionales y locales, en donde se trabajan procesos de zonificación ecológica y económica. Hasta el momento hay 12 procesos regionales, los cuales son costosos, pero la ausencia de una norma impide que se den los planes de ordenamiento que deben ser reconocidos por el Ministerio del Ambiente. A pesar de estas limitaciones, hay gobiernos regionales, como San Martín, que han utilizado su zonificación ecológica y económica para gestionar su territorio y orientar sus programas, mejorar sus inversiones, construcción de servicios.

Aprenda a prevenir estafas inmobiliarias

Según información del Ministerio de Vivienda construcción y Saneamiento, 150 mil necesidades de vivienda se generan por año, mientras que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), hasta marzo de 2015, ha registrado 89 denuncias por invasión de terrenos (frente a 282 realizadas en el 2014 y 120 denuncias en el 2013). Sobre este importante tema conversamos con el Dr. Collins Salvador Bejarano, abogado principal de la Corporación Peruana de Abogados.
“A pesar de que estamos en un momento denominado el ‘boom inmobiliario’, actualmente, muchas personas no pueden acceder a la vivienda propia y esta necesidad es aprovechada por personas inescrupulosas que ofrecen terrenos que, incluso, saben que no les podrán entregar”, explica Collins Salvador.
El especialista recomendó que antes de adquirir un predio deben verificar el título de propiedad del inmueble en los registros públicos. “Las estafas inmobiliarias tienen varias modalidades y una de ellas son las invasiones pero actualmente son mas sofisticadas, como sucede en los casos de suplantación de los propietarios por terceras personas (los impostores) ante los registros públicos. Estos, posteriormente, transfieren las propiedades a través de un procedimiento aparentemente legítimo”, comentó el abogado Salvador Bejarano.

Yurimaguas: Campesinos protestan contra autoridades de Alto Amazonas

En Yurimaguas, campesinos agremiados protestan contra autoridades de la provincia de Alto Amazonas de la región Loreto. Ellos exigen la construcción de una carretera y la titulación de tierras. El alcalde de Alto Amazonas, Edwer Tuesta, logró entablar un diálogo y firmar con los hombres de campo un acta de compromiso.

Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Niños no van al colegio por conflicto limítrofe entre Calca y La Convención

En Cusco, padres de familia de la comunidad de Laco Llavero hicieron un dramático llamado al ministro de educación, Jaime Saavedra y a las autoridades de la Dirección Regional de Educación, para pedir que sus hijos asistan a un colegio sin poner en peligro sus vidas. Este peligro sucede por los constantes enfrentamientos por problemas limítrofes que desde hace años tiene enfrentadas a las provincias de Calca y La Convención.

Cusco: Viviendas construidas sobre laderas de cerros se derrumban

En Cusco, tres viviendas colapsaron debido a los deslizamientos en el cerro del sector Villa Rinconada del distrito de San Jerónimo. El Jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Gustavo Infantas, recomendó declarar la zona en emergencia y evitar más construcciones en laderas de cerros que son consideradas zonas de alto riesgo.

¿Cuáles son los problemas que enfrenta el pueblo awajún?

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó al líder indígena awajún Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) para explicar la problemática que se vive actualmente en los territorios de la región Amazonas.
Uno de los principales problemas que enfrentan, señala el líder indígena, es que el Estado no entiende la necesidad de los pueblos de titular sus territorios. El caso de las 17 comunidades (representadas por la Federaciones Indígenas del Cenepa) que habitan en la frontera con Ecuador, en la Cordillera del Cóndor, es indignante, porque tras once años de solicitar la titulación respectiva no reciben respuesta por parte del Estado. La realidad que ahí viven se agrava cada vez más por las actividades de minería informal que contaminan y destruyen la zona, señaló Bernabé Impi.
“Si siguen permaneciendo (los mineros informales), los nacientes de las quebradas son en las cabeceras, en los cerros; entonces si los dejamos sin intervenir van a destruir más. Incluso hay chacras abiertas”, afirmó el representante de AIDESEP.

En esta segunda parte de la Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista con Bernabé Impi Ismiño, secretario nacional de la AIDESEP, quien pidió al Estado que, antes de implementar proyectos, realice una Consulta Previa en la que los pueblos participen y decidan a partir de la información requerida.
Sobre la reciente participación de AIDESEP en el Congreso de la República, donde participaron del debate por la aprobación del pre dictamen de la Ley 3941 (Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento económico y desarrollo sostenible en las zonas de mayor exclusión social), Bernabé Impi indicó que esta norma es una ampliación de la Ley 30230, la cual afectaba los derechos de propiedad privada de las comunidades.
El líder indígena insistió en que los continuos proyectos de ley que tienen que ver con los territorios de la Amazonía deben pasar por un proceso de Consulta Previa donde se escuche a los propios pueblos nativos. Además, criticó la falta voluntad política del Estado para la titulación y, por el contrario, advirtió que los pueblos observan la promoción de la invasión de colonos, los mismos que dañan sus terrenos.

Juliaca: Beneficencia y red de salud se disputan terreno

Se disputan terreno. En Juliaca, ante la denuncia de la Beneficencia Pública contra la Red de Salud de San Román por supuesta usurpación de propiedad, el fiscal Juan Salinas Cuadros señaló que la posesión será resuelta ante la autoridad competente, en base a documentos y evitando actos de violencia.

Faltan terrenos para construcción de hospitales en La Libertad

En Trujillo, Cesar Flores, representante del Programa de Apoyo a la Reforma de Salud (PARSALUD) del MINSA, señaló que faltan terrenos para 6 de los 8 hospitales estratégicos que construirán en La Libertad, puesto que desde hace 2 años los proyectos están paralizados.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Cusco: Director de Agricultura pedirá explicaciones por entrega de terrenos

En Cusco, terrenos de propiedad de la Dirección Regional de Agricultura fueron entregados a pobladores por funcionarios de la Municipalidad Provincial de Cusco. José Horna, director regional de Agricultura, manifestó que pedirá explicaciones y si es necesario se iniciaría acciones legales.