Archivo de la etiqueta: territorios

Ordenamiento territorial: negociaciones y controversias permanentes

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, sobre la problemática que en los últimos años ha presentado el uso del territorio en el Perú.
“A partir del año 1993 se le da al Estado un rol que fundamentalmente tiene que ver con promover la inversión y, de alguna manera, se produce un retroceso respecto al rol del Estado para planificar. En primer lugar, tenemos una planificación muy débil a todo nivel; y, en segundo lugar, también su papel de regulador y de garante de derechos”, opinó Campana.
Asimismo, el también coordinador del Grupo Propuesta Ciudadana, recordó que, cuando se inició el gobierno de Ollanta Humala, se atendió la necesidad de discutir el ordenamiento territorial dados los conflictos por actividades extractivas que venían ocurriendo. Desde entonces, una serie de organizaciones de la sociedad civil se juntan a través de la Plataforma de Ordenamiento Territorial y abordan esta temática, sus alcances y el trabajo con la ley respectiva, con el fin de ordenar una “maraña de normas” y darles lógica.

Continúa la entrevista en AGENDA AMBIENTAL a Álvaro Campana Ocampo, coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, quien nos explicó por qué el ordenamiento territorial genera permanentes negociaciones y controversias, precisamente es por esta razón que, para llegar a un consenso, el Gobierno lo lleva al Acuerdo Nacional.
“Se discutió cerca de un año esta política, finalmente se aprobó, pero lamentablemente quedó ahí, no hemos visto ninguna presentación pública, pero creo que es importante que la gente sepa el gran esfuerzo que significó llegar a ese acuerdo dentro de una política que se ha denominado Política de Ordenamiento y Gestión Territorial”, señaló el especialista.
Sin embargo, explica el Coordinador de la Plataforma de Ordenamiento Territorial, hay otro proceso que se viene dando a nivel de gobiernos regionales y locales, en donde se trabajan procesos de zonificación ecológica y económica. Hasta el momento hay 12 procesos regionales, los cuales son costosos, pero la ausencia de una norma impide que se den los planes de ordenamiento que deben ser reconocidos por el Ministerio del Ambiente. A pesar de estas limitaciones, hay gobiernos regionales, como San Martín, que han utilizado su zonificación ecológica y económica para gestionar su territorio y orientar sus programas, mejorar sus inversiones, construcción de servicios.

Logros y retos en la titulación de territorios indígenas

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA) sobre el proceso de titulación de territorios indígenas y los logros alcanzados por su organización.
Rivera sostuvo que este proceso, durante años, ha enfrentado diversas dificultades, entre las cuales destaca la falta de voluntad política
CEDIA, desde 1982, en su objetivo de sanear la propiedad de las comunidades en alianza con el Estado, ha logrado atender satisfactoriamente la zona del bajo Urubamba y la región de Madre de Dios. Estose ha realizado a través de convenios con el gobierno, titulando comunidades y priorizando la conservación dentro de las áreas naturales.
Sin embargo, pese al avance, falta mucho por hacer en beneficio de las comunidades, debido a las trabas administrativas y legales que existen.
Además, explicó que en la región de Loreto oficialmente hay 800 comunidades por titularse y reconocerse, y otro número en Madre de Dios, Cusco y la zona del VRAEM.

En nuestra Secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Lelis Rivera Chávez (director ejecutivo del Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico – CEDIA), quien en esta parte criticó los constantes cambios en los entes rectores responsables.
“Este cambio de entes rectores para el tema de saneamiento de comunidades nativas le ha hecho mucho daño porque no le ha dado una secuencia y tampoco una memoria institucional y tampoco ha permitido preparar personal que tenga experiencia”, afirmó Rivera Chávez.
Asimismo, agregó que “hay alrededor de 464 comunidades nativas que tienen título de propiedad de una parte de su territorio y de la otra parte no tienen ningún documento más que el mandato, que es la resolución de titulación”.
De otro lado, criticó que la Ley de comunidades nativas, en su artículo 11, describa como “un cuello de botella”, al exigir que, en la demarcación de una comunidad, no basta con tener el territorio comunal delimitado, sino que hay que presentar un estudio de clasificación de suelo. Tal requisito está entrampando a las regiones en el proceso de titulación y las paraliza, ya que los costos son altísimos para las regiones, para la cooperación internacional y para el sector.

Pueblos indígenas piden que Sierra del Divisor sea declarada Parque Nacional

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Martha Cairuna Fasabi (fefa de la comunidad Nuevo Saposoa, ubicada en la región Callería, en Ucayali) sobre el pedido de los pueblos indígenas de nombrar Parque Nacional al territorio que comprende Sierra del Divisor.
Para la lideresa, es importante proteger los territorios de Sierra del Divisor, ya que así asegurarían la alimentación, los bosques y la vida de los animales. Sierra del Divisor consta de un millón de hectáreas y se ubica en la frontera entre el Perú (Loreto y Ucayali) y Brasil (Acre).
Asimismo, Cairuna indicó que en Nuevo Saposoa es necesario titular las tierras, puesto que existe el peligro de amenazas por parte de gente foránea, dedicados al cultivo de la hoja de coca, que intentan apropiarse de sus terrenos.

En la segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Martha Cairuna Fasabi, jefa de la comunidad Nuevo Saposoa, quien expresó su preocupación por la demora de las autoridades del sector agricultura en atender la titulación de los terrenos de su comunidad. Por ello, junto a otros líderes indígenas, han llegaro a la ciudad de Lima para ser atendidos en su solicitud, la cual lleva más de siete años.
Entre los problemas y amenazas que enfrentan en Nuevo Saposoa se encuentra la presencia de madereros ilegales y el cambio climático, el cual también causa inundaciones que afectan los sembríos y la salud principalmente de los niños.
Además, aseguró que la fiscalía se ha hecho presente en esta zona y ha comprobado la presencia de madereros ilegales y cocaleros, pero que, a pesar de ordenar la salida de estos grupos, nadie les hace caso.
Para llegar a Nuevo Saposoa se parte de la ciudad de Pucallpa y se viaja en bote por cinco horas. Debido a ello, Martha Cairuna alertó que ante las emergencias de salud no hay facilidades para trasladar a los enfermos a la ciudad. Finalmente, comentó que el Gobierno debería llegar al distrito de Callería a través de los programas Qali Warma y Juntos.

Niños no van al colegio por conflicto limítrofe entre Calca y La Convención

En Cusco, padres de familia de la comunidad de Laco Llavero hicieron un dramático llamado al ministro de educación, Jaime Saavedra y a las autoridades de la Dirección Regional de Educación, para pedir que sus hijos asistan a un colegio sin poner en peligro sus vidas. Este peligro sucede por los constantes enfrentamientos por problemas limítrofes que desde hace años tiene enfrentadas a las provincias de Calca y La Convención.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Nuevo paquetazo antiambiental afectará a comunidades y pueblos indígenas

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), sobre la posible aprobación en el Congreso de la República del proyecto de ley 3941, llamado cuarto paquetazo antiambiental o antiindígena.
Según el experto en comunidades campesinas, el discurso sobre la burocracia entorpecedora que impondría esta norma no es del todo cierto: “lo que es más preocupante no es un discurso solo del empresariado, lo he escuchado ya en algunos funcionarios, decir que la inversión no crece por la tramitología. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, sobre todo del precio de los minerales, hay la preocupación del Estado sobre ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento?”.
Con respecto al proyecto de ley 3941 (el cual ya fue aprobado en la Comisión de Economía y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso), el director de CEPES explicó que esta norma afectaría el derecho de servidumbre de pueblos indígenas y comunidades.

En esta segunda parte de LAS COSAS COMO SON, continúa la entrevista a Laureano Del Castillo, director del CEPES, sobre el proyecto de ley 3941. Esta norma afectaría a los propietarios de tierras, ya que impone el derecho de servidumbre hacia alguna empresa que invierte en un determinado terreno. Es decir, la empresa estaría obligada a hacer solo un único pago al dueño de la tierra, así se trabaje en el lugar por varios años. Además, la empresa podría retirarse sin negociar con el propietario o comunidad.
Para el experto en temas de comunidades campesinas falta madurez del gobierno, puesto que con la promoción de normas como la 3941, “lamentablemente pierde el tiempo y genera desconfianza” en la población. Así, se sabe que a futuro este tipo de leyes serán desaprobadas por afectar los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

Invasiones y cambio climático amenazan derechos de Pueblo Shiwilu

La vida y los derechos del pueblo indígena Shiwilu, ubicados en el distrito de Jeberos, en la región Loreto, vienen siendo afectados por invasores de tierras, quienes están acelerando los impactos del cambio climático. Así lo señala Talit Layango, coordinadora regional de Loreto de la de Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
“Madereros ilegales y colonos vienen invadiendo nuestras tierras. Ellos ingresan de manera ilegal y no lo hacen por el pueblo, ni hacen consulta previa, y nos damos cuenta cuando ya están derribando los arboles”, comentó Talit Layango, quien agregó que, además, otros pueblos aledaños también se ven afectados por estos invasores.
La coordinadora de ONAMIAP expresó que las autoridades más cercanas donde podrían denunciar a los invasores se encuentran en Yurimaguas, pero siempre encuentran excusas debido a la distancia o la falta de recursos como gasolina. “Como indígenas, tenemos nuestras propias leyes y estamos haciendo prevalecer nuestros derechos”, explicó.

Ley 30230 atentaría contra la tierra y propiedad privada de las comunidades

En nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER, entrevistó a Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), sobre la reciente denuncia contra la Ley 30230 que atenta contra los derechos de la tierra o propiedad privada de las comunidades y al Ordenamiento Territorial en el Perú. Esta denuncia fue presentada por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra (de la cual forma parte el IBC).
Smith explicó que en el Título III de la ley se permite al Estado, mediante “procedimientos especiales”, “acciones extraordinarias” para entregar tierras a proyectos de inversión, en la ubicación y cantidad que estos requieran para sus actividades, ignorando los derechos de propiedad que asisten a sus propietarios legítimos.
La norma para el director del IBC es ambigua en muchos aspectos. No es clara qué institución crea los dichos “procedimientos especiales”, no se menciona al Ministerio de Agricultura y Riego para nada, y más bien se faculta a Cofopri para delimitar los predios de particulares o la propiedad privada. La ley 30230 no define cuáles son los “procedimientos especiales”, los mismos que podrían tratarse de un proceso de expropiación, confiscación, etc.

En la segunda parte de nuestra secuencia LAS COSAS COMO SON, Javier Torres y Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), continuaron analizando las implicancias de la Ley 30230, la cual afectaría los derechos de propiedad privada de las comunidades.
Smith destacó el Foro Público Nacional Los cambios que vienen para el Perú rural: ¿Ordenamiento y titulación para quién?, el cual organizó el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, la Plataforma de Ordenamiento Territorial, la Red Muqui y la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra.
En este foro participaron 70 representantes de los gobiernos regionales, a quienes compete el tema de las titulaciones.
Asimismo, el representante de la Defensoría del Pueblo hizo pública su posición que esta cuestionada norma no es aplicable a las comunidades nativas y campesinas porque no se les ha consultado, y así se lo han hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros; por lo que se espera un pronunciamiento público sobre este tema para calmar a las comunidades, señaló el director del IBC.
Por otro lado, Smith comentó que, durante el foro, el representante de Vivienda explicó que en el reglamento de la ley 30230 existe un artículo que excluye a las comunidades campesinas y nativas, pero “no dio el lenguaje de esta exclusión para ver qué dice, si realmente están excluidas. Porque hay 36% de comunidades no tituladas, todavía están en proceso, y esas tierras siguen siendo del Estado”, mencionó.
Es necesario, para corregir esta ambigüedad de la norma, hacer una exclusión al reglamento de la ley o, de lo contrario, modificarla. Esto se discutirá en las próximas semanas, concluyó el entrevistado.

Esta es la cuestionada Ley 30230, preste especial interés al Título III:

LEY30230.pdF

Entrevista: Diaconía presenta proyecto para ordenamiento territorial en Áncash

Entrevistamos a Octavio Mayhua, representante de la ONG Diaconía, quien sustentó un proyecto para el ordenamiento territorial en la región Áncash.