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Pueblos indígenas piden que Sierra del Divisor sea declarada Parque Nacional

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Martha Cairuna Fasabi (fefa de la comunidad Nuevo Saposoa, ubicada en la región Callería, en Ucayali) sobre el pedido de los pueblos indígenas de nombrar Parque Nacional al territorio que comprende Sierra del Divisor.
Para la lideresa, es importante proteger los territorios de Sierra del Divisor, ya que así asegurarían la alimentación, los bosques y la vida de los animales. Sierra del Divisor consta de un millón de hectáreas y se ubica en la frontera entre el Perú (Loreto y Ucayali) y Brasil (Acre).
Asimismo, Cairuna indicó que en Nuevo Saposoa es necesario titular las tierras, puesto que existe el peligro de amenazas por parte de gente foránea, dedicados al cultivo de la hoja de coca, que intentan apropiarse de sus terrenos.

En la segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, continúa la entrevista a Martha Cairuna Fasabi, jefa de la comunidad Nuevo Saposoa, quien expresó su preocupación por la demora de las autoridades del sector agricultura en atender la titulación de los terrenos de su comunidad. Por ello, junto a otros líderes indígenas, han llegaro a la ciudad de Lima para ser atendidos en su solicitud, la cual lleva más de siete años.
Entre los problemas y amenazas que enfrentan en Nuevo Saposoa se encuentra la presencia de madereros ilegales y el cambio climático, el cual también causa inundaciones que afectan los sembríos y la salud principalmente de los niños.
Además, aseguró que la fiscalía se ha hecho presente en esta zona y ha comprobado la presencia de madereros ilegales y cocaleros, pero que, a pesar de ordenar la salida de estos grupos, nadie les hace caso.
Para llegar a Nuevo Saposoa se parte de la ciudad de Pucallpa y se viaja en bote por cinco horas. Debido a ello, Martha Cairuna alertó que ante las emergencias de salud no hay facilidades para trasladar a los enfermos a la ciudad. Finalmente, comentó que el Gobierno debería llegar al distrito de Callería a través de los programas Qali Warma y Juntos.

Grandes proyectos agroindustriales perjudican la Amazonía

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), quien explicó las conclusiones de una reciente investigación sobre la deforestación en la Amazonía a raíz del cambio de la tierra para sembrar palma aceitera.
Julia Urrunaga señaló que, en el Perú, se han enfocado a investigar temas de Amazonía y bosques, así como madera y deforestación, como parte de un trabajo que inició hace aproximadamente dos años, momento en el que se empezaba a expandir las solicitudes para grandes proyectos agroindustriales. Estos proyectos ingresaron y deforestaron miles de hectáreas creando espacios huecos en medio de la Amazonía, situación que generó una serie de impactos sociales y ambientales para la instalación de palmas o de cualquier otro monocultivo.
Además, la especialista comentó que en la investigación se han tomado los casos de las regiones Ucayali y Loreto con el fin de dar a conocer quiénes son los grupos económicos que están ingresando y si éstos están cumpliendo o no las normas, las políticas y los compromisos del Estado a nivel nacional e internacional.
La definición vigente de la ley forestal, tanto en la ley actual como en la que próximamente entrará en vigencia, reconoce a los bosques naturales y las tierras clasificadas como forestales o de protección. Por lo que Urrunaga considera que el problema consiste en que el Estado está aplicando una definición sesgada de bosques e interpreta que solo debe protegerse las tierras que han sido clasificadas como forestales y que, en consecuencia, el resto de bosques integrados por hasta 80 mil hectáreas no están considerados como tal.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, conversamos con Julia Urrunaga, representante de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sobre otros impactos identificados en el informe deforestación por definición. Uno de ellos trata sobre el agua, ya que existe una necesidad de utilizar químicos en ella. Además, resaltó que en la Amazonía la tierra es pobre y al eliminar la vegetación necesitan alimentarla con químicos. Muchos de estos químicos han sido presentados en los Estudios de Impacto Ambiental del Grupo Romero, los cuales han sido declarados con alta posibilidad cancerígena en estudios recientes realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no están prohibidos por la legislación peruana a pesar de ser de alto riesgo para la sociedad y de afectar áreas de gran sensibilidad para la biodiversidad.
Asimismo, la especialista señaló que este tipo de acciones contradicen al Estado peruano cuando este se presenta internacionalmente como un país respetuoso de su biodiversidad. Incluso, se genera un impacto sobre las comunidades locales e indígenas, ya que se afecta la fauna, la biodiversidad, el esparcimiento de las semillas y el agua. Por ello, tiene que haber una planificación que involucre de manera más activa a las poblaciones locales, mientras que a nivel regional es necesaria una planificación de suelos.
No puede ser que se decida en base a las características del suelo y a lo que pide una empresa privada, precisó Urrunaga, quien recordó que el Estado ha mencionado que existen 1,4 hectáreas disponibles para la palma, pero no ha dicho dónde. Por ello, las empresas privadas solicitan el espacio dónde a ellos les interesa, actitud que podría tener lógica para el sector empresarial pero no desde el punto de vista de planificación del Estado.

Derrumbe hunde viviendas en frontera de Ucayali y Junín

En Ucayali, en los sectores Fortaleza y Villa Junín, aproximadamente 100 viviendas y 2 centros educativos fueron derrumbados por el deslizamiento de un cerro a causa de las torrenciales lluvias. Llevando ayuda a los damnificados, el Alcalde de la provincia de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza, invocó a la población a no exponerse y evacuar la zona.

Declaran alerta amarilla por chikungunya en Ucayali

En Pucallpa, el director regional de Salud, Cayo Leveau Bartra, manifestó que la región Ucayali se encuentra en alerta amarilla debido a la posibilidad de que se presenten casos de fiebre chikungunya, dado los factores de riesgo como son la época de lluvias y los criaderos de zancudos.

Concurso “Selva Ganadora” reconoce a líderes emprendedores

La quinta edición del concurso “Selva Ganadora” reconoció a líderes emprendedores de las regiones de San Martín, Ucayali, Huánuco y Loreto. Al respecto, conversamos con Miriam Vásquez Vidarte, gerente de Proyectos de Aprenda, y con María Inga Tello, quien fue reconocida como “Lideresa emprendedora” de la comunidad Monte Alegre Neshuya de la región Ucayali.
“Con este reconocimiento me siento más motivada para seguir apoyando a las mujeres gestionando capacitaciones en costura, cosmetología, manualidades y artesanía porque hay muchas mujeres que saben pero les falta un impulso”, comentó María Inga Tello, quien ha contribuido con el desarrollo de su comunidad a través del proyecto ganador.
Esta edición destacó por haberse presentado la mayor cantidad de emprendimientos liderados por mujeres. “Es el caso de Loreto que obtuvo el primer lugar siendo la primera vez que participa. También se presentaron iniciativas vinculadas al cuidado del medio ambiente, nueva tecnología y temas innovadores”, señaló la representante de Aprenda.

¿Qué exigen los pueblos indígenas y qué les da el Estado?

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) entrevistó a los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y a Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali) sobre los trabajos que vienen realizando las organizaciones estatales en relación a las demandas de los pueblos indígenas.
El Ex Presidente de ORAU destacó que parte de las iniciativas que vienen realizando es el trabajo coordinado con AIDESEP. Comentó que ellos trabajan en los programas de territorio y biodiversidad, así como en el plan de protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Comentó, además, que han asumido el compromiso de defender a los pueblos indígenas que hayan decidido su aislamiento voluntario
Por otro lado, destacó que, en convenio con el Estado, han logrado que las tres reservas territoriales más grandes de Ucayali (Murumunahua, Mashcopiro, Iskonawa) cuenten con la protección de seis puestos de control y vigilancia para que no sean vulneradas.
Por su parte Max Silva consideró positiva la participación de las organizaciones indígenas en el Reglamento de Ley Forestal. Asimismo, indicó que uno de los roles determinantes es la vigilancia de los territorios de las comunidades nativas, y el control y vigilancia de las áreas reservadas.

En esta parte de la entrevista de nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero (de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR) continúa conversando con los dirigentes Josué Faquín Fernández (Ex presidente de la Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana Ucayali – ORAU) y con Max Silva Sánchez (coordinador de la Veeduría Forestal de AIDESEP en Ucayali).
En el tema de territorios, Faquín Fernández mencionó que existe un convenio entre AIDESEP y el Ministerio de Agricultura, el cual se está trabajando para lograr la titulación de nueve comunidades nativas fronterizas de Ucayali.
De otro lado, expresó que el asesinato de los líderes ashánincas de Saweto, quienes pedían la titulación de sus tierras, ha sido muy penoso para los pueblos indígenas. Tras esta tragedia y la respuesta del Estado, el Ex presidente de ORAU confía que Saweto será titulado.
Desde la Veeduría Forestal, Max Silva opinó que en el Reglamento de Ley Forestal se reconoce los derechos de posesión de las comunidades nativas. Este es un proceso de formalización de territorios, AIDESEP Ucayali ha registrado ya un total de 24 comunidades posesionarias que tienen problemas de superposición.

Asesinato de líderes asháninkas comprueba ausencia del Estado

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), conversó con Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), sobre los asesinatos de Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintísima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, líderes asháninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (Ucayali), a manos de taladores ilegales de madera.
Pérez indicó que el 5 de setiembre los comuneros encontraron los restos de los cuatro líderes asháninkas y retornaron a la comunidad, donde se ha generado el pánico. Por su parte, las cuatro viudas viajaron junto con sus hijos en bote durante tres días hasta llegar a Pucallpa para pedir el apoyo de las autoridades
En cuanto a las razones del asesinato, la representante de la CNDDHH indicó que “Edwin Chota y toda la comunidad de Saweto estaban en una lucha frontal contra la tala ilegal. Habían puesto diferentes denuncias en Pucallpa, habían mencionado públicamente que estaban siendo amenazados pero nunca obtuvieron ninguna respuesta de las autoridades. Es más, la fiscalía -que tenía que viajar a la zona- dejó constancia por escrito que no contaba con recursos, ni presupuesto, ni logística para realizar los operativos. Hay un desinterés por parte del gobierno para proteger a estos ciudadanos”, denunció.

En esta segunda parte de la secuencia AGENDA AMBIENTAL, Mar Pérez, responsable del Área de Derechos Económicos y Sociales de la CNDDHH, informó las demandas que las viudas de los cuatro líderes asháninkas asesinados reclaman.
“Por un lado, está el tema de la reparación. Ellas no pueden esperar 2 o 5 años a que se desarrolle un proceso penal, que probablemente por las dificultades del caso no necesariamente va a llegar a la condena de nadie. Ellas necesitan una reparación ahora por parte del Estado, que es corresponsable de estas muertes, porque tienen hijos pequeños a los que atender. En la sociedad asháninka, si el esposo muere -que es el que caza y el que pesca-, esos niños, esas mujeres, ya no tiene forma de acceder a la carne ni al pescado. La demanda es que el Estado asuma una reparación inmediata para los deudos”, señaló.
La segunda demanda es la garantía de la seguridad en la zona. Se requiere una presencia policial permanente, las viudas han comunicado que no van a regresar a su comunidad hasta no estar seguras. Mar Pérez indicó que la comunidad de Saweto debería ser tratada como una población en desplazamiento forzoso.

Lima: Ex cocaleros son ahora productores de café y cacao

Productores de Huánuco, Ucayali y de la zona del VRAEM, quienes decidieron dejar de cultivar hoja de coca para dedicarse a la siembra del café y cacao, promocionaron sus productos en la feria internacional Expoalimentaria 2014 realizada en la ciudad de Lima.

Entrevista: Estudio revela que 90% de la población demanda educación sexual en colegios

El reciente estudio “Religión, sexualidad y política” realizado en las regiones de Lima, Ayacucho y Ucayali, revela que más del 90% de la población encuestada está de acuerdo con que la educación sexual se imparta en los colegios. La vocera de la Asociación – que encargó este estudio – Católicas por el Derecho a Decidir – Perú, Kelly Cieza, explicó cómo todavía es un tema tabú para gran parte de los padres y madres de familia hablar con sus hijos e hijas sobre sexualidad y reproducción; de ahí que deriven esta responsabilidad al Estado. Asimismo, critica Cieza el reciente dictamen en mayoría de la Comisión de la Mujer y Familia, el cual exime al Estado de intervenir en las políticas de salud sexual y reproductiva, dando así la espalda a las demandas de la población.