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Las muertes de la Carretera Central

A fines de febrero, el pequeño William Alvarez Palomino falleció de frío en las alturas de Ticlio. William se dirigía con su madre hacia Pichanaki en un ómnibus de la empresa Lobato, pero una nevada había bloqueado el camino y el vehículo no tenía calefacción. El frío y la altura de más de 5,000 metros fueron mortales para él.
Ni en Ticlio, ni en ningún otro lugar de la Carretera Central entre Ricardo Palma y La Oroya existe un servicio de salud disponible para acudir en auxilio de los pasajeros que pueden quedarse varados en el camino por una nevada o un huayco.
La muerte de William de ninguna manera es un caso aislado. De igual manera, en años anteriores, los bloqueos de la Carretera Central protagonizados por los trabajadores que respaldaban a la empresa Doe Run o aquellos que se enfrentaban a la empresa Casapalca han generado muertes de ancianos, niños o de personas que eran conducidas en ambulancia hacia algún hospital de Lima.
Pocos días después, el viernes 25, una nueva tragedia se produjo en misma carretera, esta vez a la altura de San Bartolomé, donde un ómnibus de la empresa «La Perla del Oro» se desbarrancó con un saldo de 28 muertos, que posteriormente se ha elevado a 32. El accidente ocurrió cuando el chofer quiso evitar chocar con un camión que había invadido su carril. En la Carretera Central, como todas las demás pistas de la sierra, solamente hay un carril en cada sentido, por lo cual estas desgracias son muy frecuentes.
Naturalmente, jamás podría ocurrir un accidente así a quienes veranean en las playas de Asia: la Carretera Panamericana Sur tiene cuatro carriles en cada sentido, con una ancha berma en el medio. El Estado prefiere invertir en la seguridad de las personas más acaudaladas del país, encogiéndose de hombros frente al destino de quienes transitan por la Carretera Central.

Si nos fijamos en las declaraciones de los funcionarios estatales, parecería que el único problema pendiente de esta vía es el embotellamiento que padecen en Huachipa quienes emplean la autopista Ramiro Prialé para ir a sus clubes de Chosica o Chaclacayo.
La diferencia en la atención que se brinda a la Carretera Central y la Carretera Panamericana Sur (en sus primeros 120 kilómetros) refleja que hay dos políticas distintas que tiene el Estado peruano frente a quienes considera diferentes por razones económicas… O también podría decirse en términos étnicos: autopistas seguras para los blancos y carreteras precarias para los cholos. Y cualquier viajero confirmará que la Carretera Central es una vía privilegiada frente a las trochas o caminos afirmados por los que existen en el resto de la sierra. Es evidente que a menos importantes parecen ser los habitantes de un lugar, menos gastará el Estado en su seguridad.
No soy el único que establece una relación entre discriminación e inversión estatal en seguridad: la Defensoría del Pueblo, en su diagnóstico sobre discriminación, ha señalado que el Estado peruano gasta mucho más en controlar la seguridad del transporte aéreo que en la seguridad del transporte terrestre, pese a que los pasajeros de este último son muchísimo más numerosos… pero, claro, son menos adinerados. Esto sucede también con la prevención de las muertes de conductores debido al alcohol: el Ministerio de Transportes ha dirigido su campaña «Amigo Elegido» para evitar muertes en sectores altos y medios, como si se asumiera que los demás pueden seguir muriendo.

En los primeros meses de este gobierno, el Ministerio de Transportes anunció que se construirían vías alternativas a la Carretera Central, que permitieran llegar a Huancayo desde Huacho o Cañete. Años después, estas vías están inconclusas o muestran una precariedad que desalienta a cualquiera que aprecie su vida. Hace varias décadas, Enrique Solari Swayne escribió el impactante drama Collacocha, sobre la épica construcción de una carretera que, por fin, uniría a la costa con la selva, permitiendo la integración nacional. Su personaje principal, el ingeniero Echecopar, durante muchos años interpretado por Luis Álvarez, había decidido alejarse de los señoritos limeños que vivían en una felicidad egoísta y menospreciaban a su país. Si el dramaturgo estuviera con vida, podría muy bien preparar otra obra con el tratamiento de peruanos de segunda categoría que reciben quienes utilizan la carretera que él imaginó.
Las frecuentes muertes en la Carretera Central hacen urgente el ensanchamiento de esta vía, así como la construcción de verdaderas pistas alternativas. Se podría pensar también en volver a usar el ferrocarril. Todo esto, en una ruta tan importante, debería ser prioridad para cualquier gobierno. La mayoría de quienes tienen capacidad de decisión en nuestro país, sin embargo, tienen otros temas que discutir. En todo caso, para ellos siempre es una opción tomar el avión a Jauja y olvidarse de los problemas que enfrentan quienes viajan por carretera. El problema, en realidad, no es la carretera, sino la discriminación que viven quienes la utilizan. Si Ticlio o La Oroya fueran los lugares de moda entre la clase alta, seguramente habría hacia allá una espléndida autopista.

¿En qué consiste el amor al Perú?

Sin desfile militar, sin desfile escolar, sin corso de Wong… Este año, las Fiestas Patrias serán más sobrias de lo normal y la ausencia de tantas demostraciones externas me hace pensar en si realmente en ellas debería centrarse el afecto por el Perú. Por ejemplo, me parece bien que los militares busquen demostrar su patriotismo, pero tanto énfasis se pone en sus desfiles militares, tantos héroes militares tenemos y tanto dinero reciben las Fuerzas Armadas que pareciera que amar al Perú fueran privativo de ellos (y no hablemos de los militares que han hecho daño al país). A esto se añade, la creencia de muchos civiles que para rendir homenaje al Perú hay que militarizarse o, lo que es peor, militarizar a niños y adolescentes, obligándolos también a desfilar como soldados. Resulta absurdo ver en tantos lugares pobres del Perú que los colegios invierten días de días en preparar el desfile, en lugar de estudiar. El estudiante gordito, bajito o con problemas de coordinación pasa a ser casi un «mal peruano», que daña la imagen del colegio. Los funcionarios estatales incentivan estas distorsiones, otorgando premios y reconocimientos a los colegios, no por la formación o los contenidos que imparten, sino por la apariencia marcial de sus alumnos en los desfiles. En varias ciudades, luego de la premiación, es frecuente la violenta reacción de los colegios que no fueron favorecidos, profundizándose sentimientos de rivalidad.

Otra expresión común del patriotismo son las actividades deportivas. Para mí, el deporte contribuye a la salud y a la autoestima individual. En algunos casos, puede contribuir a la autoestima colectiva. En el caso de una sociedad machista como la nuestra, los logros de las deportistas peruanas son especialmente importantes para romper estereotipos negativos hacia las mujeres. Sin embargo, creo que aún quien no interviene en competencias deportivas puede estar muy comprometido con su sociedad. La falta de destreza no denota falta de compromiso y una derrota deportiva no refleja, en lo absoluto, el fracaso del Perú como país. En general, siempre me parece que la conmemoración del aniversario patrio peca de un carácter triunfalista que está en cruel contraste con la terrible realidad de la mayoría de peruanos. Este año, esta sensación se incrementa. ¿Cómo decirle «Felices Fiestas» a los familiares de un policía muerto en La Curva del Diablo o a un campesino de Puno que perdió a su hijo por falta de atención médica? ¿Qué sentirán tantas personas en Trujillo si ven a los responsables de las muertes de sus seres queridos presentarse en todas las solemnes ceremonias oficiales sin mostrar el más mínimo arrepentimiento?

A mi entender, el amor por el país no es un tema de demostraciones externas, con escarapelas gigantes en los edificios públicos y embanderamiento obligatorio, sino de conductas concretas. No es un tema restringido a militares, escolares o deportistas, sino que atañe a todos los peruanos: se refiere a lo que cada uno de nosotros hace efectivamente para promover una sociedad mejor. Recientemente, se manifiesta entre nosotros una mayor autoestima colectiva en la revaloración de muchos productos culturales, como la comida. Sin embargo, la verdadera autoestima no debería estar solamente en que el pisco, el ají de gallina o el cebiche sean peruanos, sino en nosotros mismos. A mi modo de ver, no es posible pretender amar al Perú o sus legados históricos y al mismo tiempo mirar con desdén a los demás peruanos. Sin embargo, son muchos los que sostienen que viven en país rico y hermoso… cuyo principal defecto son los propios habitantes. Una muestra de ello son aquellos turistas limeños, que sienten mucho orgullo y emoción cuando recorren el Perú, pero tratan con el mayor desdén a sus habitantes (los he visto en Cusco, Huancayo, Chiclayo, etc.).

El verdadero amor por el Perú implica también enfrentar estereotipos negativos como «son pobres por su culpa» o frases tan destructivas como «así somos los peruanos» o «Los peruanos no sabemos hacer bien las cosas». Implica no aceptar prácticas de explotación tan comunes como las que existen hacia las trabajadoras del hogar. Implica no admitir como naturales e inexorables la pobreza, la viveza, el racismo o la corrupción. Celebremos estas Fiestas Patrias nuestro compromiso con la justicia, nuestra solidaridad hacia los que menos tienen. Celebremos la posibilidad de decir «nosotros» con personas que tuvieron orígenes distintos, pero que ahora conforman una sociedad plural. Celebremos una idea, una esperanza, un camino a medias y una fe en un futuro mejor para todos.

Personalmente, no sé si llegaré a vivir en una sociedad donde todos sus habitantes tengan acceso a salud, educación de calidad y un trabajo digno. Pero quizás por eso mismo es más interesante pensar que en las Fiestas Patrias nos corresponde celebrar un reto… sin saber si alcanzaremos la meta deseada.

Hilaria Supa y Aldo Mariátegui

A comienzos de abril, invitado por la congresista Hilaria Supa, estuve en el Cusco para hablar en un conversatorio sobre el Proyecto de Ley 2016 que ella ha presentado. Ese proyecto establece que no se podrá realizar actividades mineras o petroleras en tierras comunales si los campesinos y nativos no han dado su aprobación. Naturalmente, este tipo de iniciativas convierten a la congresista Supa en un personaje incómodo para determinados sectores y yo creo que fue la razón por la cual el jueves pasado Aldo Mariátegui intentó desprestigiarla, mostrándola como una persona incompetente debido a las faltas ortográficas descubiertas en sus apuntes.

Seguramente Mariátegui supuso que este «destape» iba a generar mucho rechazo hacia la congresista. En realidad, es él quien ha recibido el rechazo mayoritario de muchos peruanos, que ya se sentían indignados con sus ofensivas columnas donde un día se denigra a Ernesto De La Jara, otro a Magaly Solier y un tercero a Salomón Lerner. Mariátegui además ha insistido en mantener en el diario Correo al columnista Andrés Bedoya Ugarteche, personaje tan abiertamente racista que sostiene que bolivianos y puneños no son seres humanos. En este caso, además, Mariátegui se burlaba de los apuntes personales de Hilaria Supa, sin tomar en cuenta que el castellano es su segunda lengua, que ella sólo pudo aprender a leer y escribir cuando ya era adulta y que una severa artritis le impide escribir con fluidez.

Lamentablemente, Mariátegui no es el único que hace escarnio de los millones de peruanos cuya lengua materna no es el castellano: muchos escolares y universitarios de origen andino que hablan con acento quechua son ridiculizados y tildados de «motosos» por sus compañeros y profesores. Sin embargo, si éstos oyeran a un francés o un alemán hablar con dificultad el castellano probablemente dirían «¡Qué bien se le entiende!». Mariátegui ahora sostiene que tenía la sana intención de promover que se exija título universitario a los congresistas. En realidad, ni es un requisito que la Constitución contemple, ni una trayectoria académica garantiza mejores consecuencias para el país, como podemos apreciar desde Fujimori hasta Martha Hildebrandt.

Aldo Mariátegui podría recordar que su insigne abuelo José Carlos jamás fue a la Universidad, pero es evidente que no lo tiene como modelo ni como ejemplo. Toda comparación entre la revista Amauta y el diario Correo resulta penosa. Al pretender excluir a los campesinos del Congreso, Mariátegui los ubica como ciudadanos de segunda categoría. Su argumentación, sin embargo, coincide con la actitud de quienes han convertido su formación profesional, en una causal para discriminar a sus compatriotas que tuvieron menos oportunidades. Personalmente, me molesta mucho cuando los títulos académicos se esgrimen con altivez, como si fueran títulos nobiliarios.

Un título no convierte a nadie en más sensible, más comprometido o más lúcido. Recuerdo bien que esto lo aprendí en 1986, en una parroquia de Carabayllo. Una noche, apoyaba un taller sobre derechos humanos y encontré que los jóvenes asistentes sabían mucho más de la realidad del Perú, del conflicto armado o de las políticas de Alan García que la mayoría de mis compañeros de la Universidad. Desde entonces, con centenares de campesinos o nativos amazónicos, con Jueces de Paz o ronderos, he sentido que en las actividades de capacitación era yo quien realmente aprendía de personas que, sin mayor educación formal, tenían análisis mucho más profundos, porque partían de experiencias concretas. Hace poco, en un curso para jóvenes del Cono Este, le pregunté al participante que hacía las intervenciones precisas qué estudiaba.

– Nada. Vendo lapiceros en los micros, me contestó.

En todo caso, si la formación profesional es un privilegio en nuestro país, quien la ha obtenido tendría la responsabilidad de poner sus conocimientos al servicio de los demás. En medio de este penoso incidente, ha sido muy positivo que el Congreso de la República haya condenado la conducta de Mariátegui, pero para que estos hechos no se repitan, sería necesario mejorar el tratamiento penal sobre la discriminación, incorporando el concepto de injuria racista o crímenes de odio. En el Ecuador, desde hace unas semanas, se sanciona con prisión a quienes por algún medio de comunicación inciten al odio o desprecio hacia una persona por su color, origen u otros factores. El Perú no podrá avanzar hacia una sociedad inclusiva mientras las agresiones racistas continúen con total impunidad.

Cuando uno conoce a Hilaria Supa, queda impresionado por su experiencia desde muy niña como trabajadora del hogar, sus años liderando el movimiento campesino, sus valientes denuncias de las esterilizaciones forzadas en tiempos de Fujimori. La víspera del conversatorio en el Cusco, ella, pese a sus problemas de salud, viajó a su comunidad para participar en la siembra de papas. Cuando estoy ante Hilaria Supa, realmente me siento muy pequeño y ningún título académico podría cambiar esta sensación.

Derrotando al derrotismo

Debo confesar que cuando algunas personas me dicen que gracias a la sentencia de Fujimori ahora pueden creer en el Perú, me alegro, pero me sorprendo un poco, porque mis sentimientos normales hacia el Perú son de esperanza y optimismo. Como es tan frecuente escuchar a mis compatriotas hablar con pesimismo, quizás deba explicar mis razones. Creo que haber trabajado promoviendo los derechos humanos en pleno conflicto armado fue una experiencia que me dejó marcado, por haber conocido a tanta gente que, pese a la pobreza y al desprecio que sufrían, rechazaba las prédicas de los grupos subversivos. Durante ese tiempo, casi todos mis colegas y amigos eran personas que, en nombre de sus ideales religiosos, morales o políticos denunciaban los crímenes de los senderistas y los militares. Cuando, emocionado, supe que Abimael Guzmán había sido capturado, sentí que se confirmaba mi convicción de que el mal no podría prevalecer y, remontando la etapa de la violencia, lograríamos una sociedad más justa.

En 1997, después de cuatro años de estudiar y trabajar en el extranjero, decidí regresar y para mi sorpresa, encontré un país con una percepción lamentable de sí mismo: no sólo teníamos un gobierno sin escrúpulos, sino empeñado en institucionalizar la prepotencia, el abuso hacia el débil y el cinismo. Todo estaba permitido, desde las fábricas contaminantes hasta la explotación laboral, desde las combis asesinas hasta los establecimientos racistas. En una estrategia perversa, los diarios chicha, Laura Bozzo, Magaly Medina y los noticieros procuraban corromper a la sociedad… o convencerla que era totalmente corrupta. Era extraño: la mayoría de personas que conocía rechazaba el panorama social que describo, pero se sentían derrotados antes siquiera de pensar en cambiarlo. El fujimorismo había logrado convencer a los peruanos que éramos y por siempre seríamos una sociedad amoral.

Aún en los peores tiempos de la violencia y la hiperinflación, no había sentido tanto derrotismo. Cada vez que proponía algo para mejorar nuestra sociedad, encontraba escepticismo: los peruanos jamás usaríamos cinturones de seguridad, el canal 2 nunca sacaría del aire a La Paisana Jacinta y nadie sacaría a Lucchetti de los Pantanos de Villa. «Pensar en sacar a Fujimori es una utopía», me decía, en agosto del 2000, un egregio abogado. Bueno, Fujimori se fue (y el egregio abogado pretendió sucederlo sin éxito), Lucchetti y La Paisana Jacinta también, los cinturones de seguridad llegaron, los avances en la lucha contra el racismo han sido constantes, pero a pesar de ello, yo sigo pensando que el derrotismo, persiste con terribles efectos paralizantes. Aunque se manifiesta gran orgullo cuando en el extranjero se valora nuestra comida o triunfa algún deportista, con gran vehemencia se generalizan todo tipo de expresiones negativas sobre nuestra sociedad.

Mis amigos cercanos saben que estoy a salvo de dos de las principales fuentes de derrotismo: la televisión, que aún sin Laura Bozzo sigue empeñada en mostrarnos como una sociedad abyecta, y el fútbol. En este último caso, creo que los resultados no podrían ser mejores, tratándose del país sudamericano que menos invierte en salud y educación. De hecho, la mayoría de deportistas exitosos en el Perú (como en todo el mundo) pertenecen a aquellos sectores donde desde niños las principales necesidades humanas estuvieron aseguradas. Realmente me indigna que ante un mal resultado en el fútbol, haya quienes sueltan una frase tan derrotista como «los peruanos somos así». La grandeza de un país no está en las habilidades deportivas de algunos individuos. La grandeza de un país, creo yo, está en cuánto avanza para que exista justicia y dignidad para todos sus habitantes.

Por eso, el martes pasado, cuando se pronunció la sentencia que condenó a Fujimori por sus crímenes, sentí que caminábamos hacia ser un país grande. Sentí que se había dado un paso en el camino contra la discriminación que no tenía precedentes en nuestra historia: un grupo de personas obtenía justicia, pese a su pobreza, y un criminal era condenado, pese a todo su poder. Cuando sentenciaron a Fujimori, recordé a miles de otras víctimas suyas: los inocentes presos y las campesinas esterilizadas. Siempre personas pobres, siempre los más débiles, los vulnerables, cuya historia muy pocos querían escuchar en aquellos años de atontamiento colectivo…

Como sucedía en los dolorosos años ochenta, mi convicción que el Perú puede mejorar gracias a los peruanos se ve confirmada por el ejemplo de algunos compatriotas, como los familiares de las víctimas y sus 17 años de lucha y la tenacidad de abogados como Ronald Gamarra, Gloria Cano o Carlos Rivera. Sin la fe de todos ellos en la justicia y en sí mismos se habría impuesto la impunidad.

A quienes desean una sociedad más justa, más humana, les digo: superar el derrotismo, es superar uno de los peores legados de Fujimori.

Cholómetros y choledades

Parque de la Exposición, domingo por la tarde. Un grupo de sikuris danza y toca sus zampoñas. Cuando terminan, la multitud aplaude y en medio del entusiasmo, un niño grita:

– ¡Vivan los cholos!

La gente se ríe, los músicos se sorprenden y la mamá del niño le advierte que no debe decir eso. Para él, cholo quería decir simplemente una persona de rasgos andinos como los músicos y a su edad no sabía que esta palabra puede tener muchos otros significados. En realidad, precisarlos es algo complicado, porque palabras como pituco, blancón, moreno o gringo se pueden usar para personas muy distintas (a mí hasta gringo me han llamado unos indígenas mexicanos en Yucatán).

La acepción más inocua implica identificar cholo con peruano. Ese sentido tiene esta palabra ahora que la Municipalidad de Piura ha establecido el Cholonoel, que vestido como chalán viaja en una carreta jalada por un burrito. También aparece este significado en las expresiones Chollywood (para referirse a los actores nacionales) y cholonautas (internautas peruanos) o en www.choledadprivada.com, donde Oscar Montezuma y José Luis Gargurevich se dedican a comentar sobre choledades, es decir problemas existenciales de los peruanos.

Otras veces, cholo alude a alguien de rasgos físicos andinos, con una carga más humorística que ofensiva, como los taxicholos de Sicuani o Juliaca, o el cholomático, el empleado bancario que, en algunas ciudades de la sierra, hasta hace unos años atendía en una cabina retiros nocturnos. Sin embargo, lo más frecuente es aludir a estos rasgos de manera ofensiva, atribuyéndoles ingenuidad («lo quieren hacer cholito»), incompetencia («cholo tenía que ser») o ignorancia («cholo bruto»). De allí el carácter despectivo de las expresiones cholería o cholerío. A este sentido ofensivo alude Jorge Bruce cuando titula su libro Nos habíamos choleado tanto. Cholear quiere decir humillar, algo así como denigrar, una palabra que el propio Bruce explica que quiere decir «tratar como negro». «En el Perú, todos somos el cholo de alguien», precisa, para describir las cadenas de discriminación entre peruanos.

De otro lado, conozco varias personas, normalmente mayores que yo, que usan cholo para enfatizar, como una especie de che rioplatense. Sin embargo, el término permite, de esa manera encubierta y ambigua que tanto gusta a algunos peruanos, mostrar superioridad o burlarse del otro. «¡Te voy a decir por qué pasa esto, cholito!», dice un profesor universitario a un colega. «¡No te pases, chola!», reclama una secretaria. Entre limeños jóvenes, de clase media y/o alta, la expresión «¡Qué cholo!» se refiere a algún comportamiento típico de los sectores populares y emergentes, desde la vestimenta hasta el lenguaje. Inclusive se elaboran cholómetros, donde uno puede medir qué tan cholo es, si llama «amigo» a un desconocido, si se lleva los jabones del hotel, si se llama Leidy o Jonathan, o si dice padrino al padrino y mamita a la mamá.

Los cholómetros se actualizan, incluyendo a quienes ostentan sus MP3, IPODs o televisores de plasma, lo cual, en el fondo, describe los cambios en la distribución del dinero en el Perú. Inclusive, en mi profesión se ha establecido un cholómetro legal, donde se condenan actitudes como pasear enternado por Las Begonias a mediodía llevando bajo el brazo el diario Gestión o el acto de litigar, una actividad que para algunos futuros abogados es «para cholos».

Muchas personas señalan que al criticar los comportamientos cholos no aluden a los rasgos físicos:

– Por ejemplo –me dice una amiga de la universidad-, eso es una actitud chola.

Es sábado por la noche y dos jóvenes trabajadoras del hogar que comenzaban su descanso dominical, paradas en medio de la pista, habían detenido varios taxis y bloqueaban ambos carriles. Sin embargo, dudo que si hubieran sido dos señoras blancas, mi amiga habría pensado que estaba ante una actitud chola, sino simplemente un caso de irresponsabilidad.

«Hay ONGs de cholos y ONGs de blancos», me decía una abogada hace muchos años. «Mis problemas son porque ésta es una ONG de cholos». Ella se refería a prácticas institucionales como las dificultades para aparecer en público o el énfasis en la jerarquía en las relaciones personales, pero era mucho más blanca que todos sus colegas, incluyendo este servidor. Finalmente, cada vez más se escucha cholo de manera reivindicativa, por parte de personas que se sienten cholas: En Vitarte o San Juan de Lurigancho he escuchado frases como: «Los cholos somos los que más trabajamos» o «El Perú avanza gracias a los cholos».

La mayoría de mis familiares y amigos se abstiene de usar cholo en cualquiera de sus sentidos, pero en un país como el Perú, donde el lenguaje evoluciona rápidamente y términos como faenón o hacer click se incorporan en horas al habla coloquial, el uso de cholo podría continuar evolucionando. Quizás en el futuro, nos veremos todos los peruanos como cholos o dejaremos de cholearnos. Quizás, cuando alguien grite «¡Vivan los cholos!», todos los presentes, independientemente de sus rasgos físicos, simplemente contesten «¡Viva!».

¿Quién ordenó la masacre de Río Seco?

matanza-rio-secoA fines de setiembre, cuando la señora Lucy Pichardo llegó a Huamanga y denunció que sus familiares habían sido asesinados en el alejado caserío de Río Seco, sólo se tenía la versión de las Fuerzas Armadas sobre cuatro terroristas fallecidos en un enfrentamiento en ese mismo lugar. En el mes de agosto, el Ejército lanzó el Plan Excelencia 777 para eliminar los remanentes subversivos en el VRAE (valle de los ríos Apurimac y Ene). Este plan implicaba que se retiraran todos los campesinos que habitaban en las inmediaciones de las zonas de actividad subversiva.

Se declaró que las Fuerzas Armadas respetarían los derechos humanos de los campesinos, pero en las últimas semanas, decenas de viviendas han sido destruidas y muchos moradores han sido golpeados para obligarlos a dejar sus chacras. Otros fueron sumergidos en agua con lejía, algunos pasaron varios días detenidos y por lo menos una campesina ha sido violada por los soldados. En algunos casos, se ha disparado desde helicópteros a las plantaciones. Centenares de desplazados han llegado a poblados como Canayre y Llochegua, donde están desesperados por recuperar sus escasas propiedades y sus cultivos. El Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y varios organismos de derechos humanos se dirigieron a esta zona para verificar la denuncia de la señora Pichardo. Ella también había declarado que los militares detuvieron a cinco personas que trabajaban para un maderero de la zona, pero éste ha declarado a la Defensoría del Pueblo que sus trabajadores ya fueron liberados.

Sin embargo, en el lugar que señaló Lucy Pichardo fueron hallados los restos de su conviviente, Félix Canchanya (24 años), sus hermanos Maximiliano (32 años) y Alejandro Pichardo (17 años) y Rosa Chávez Sihuincha (21 años), quien era conviviente de Maximiliano y estaba embarazada con cinco meses de gestación. Los cuerpos estaban sepultados a ras del suelo y encima existía una estructura de calamina para incrementar el calor y acelerar la descomposición de los cuerpos. Los informes forenses revelaron que murieron por disparos de arma de fuego realizados a corta distancia, por la espalda, lo que echa por tierra la versión de un enfrentamiento entre militares y terroristas. Sólo a Maximiliano Pichardo le dispararon inicialmente desde un helicóptero. Ninguno de los fallecidos tenía vínculos con grupos subversivos o cultivos de coca, porque esa zona no es buena para ello. Los tres varones eran, además, parte del Comité de Autodefensa de Mayobamba, del cual Maximiliano era vicepresidente.

Lo más terrible de todo lo ocurrido es pensar en los pequeños hijos de Maximiliano: Moisés, de seis años, y Rosa Linda, de apenas un año, cuyos cuerpos no han sido encontrados. No se sabe si la patrulla militar los asesinó o si los dos niños perecieron abandonados en la selva. Una primera hipótesis para explicar este crimen es atribuir la responsabilidad al oficial a cargo del operativo, Jorge Hurtado Hurtado, nada menos que hermano del tristemente célebre Telmo Hurtado, quien en 1985 ordenó la masacre de Accomarca, donde también fueron asesinados varios niños pequeños, lo cual el mismo oficial admitió ante los congresistas que investigaron la masacre. Actualmente, él está detenido en Miami y se espera que pronto sea extraditado el Perú.

Sin embargo, en Ayacucho se maneja una segunda hipótesis mucho más grave y es que la muerte de la familia Pichardo tenía la intención de atemorizar a los demás campesinos y lograr que se retiren. Esta segunda hipótesis se confirmaría por todos los abusos denunciados y porque se habría producido otro homicidio: a comienzos de setiembre, el campesino Luis Estalla denunció que su hijo Franklin había desaparecido, tras ser detenido por una patrulla militar. El señor Estalla acudió a diversas instalaciones militares para indagar por él y terminó detenido por varios días. Finalmente, fue puesto en libertad. Entretanto, el Ejército ha comunicado que el 7 de setiembre en un enfrentamiento fue abatido un subversivo, cuyo cadáver fue trasladado a Satipo. El Ministerio Público de esta localidad va a investigar si se trata de Franklin Estalla.

En la primera hipótesis, la responsabilidad del ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, y las autoridades militares está en haber avalado la versión de Hurtado, sin haber investigado los hechos, al punto que Flores-Araoz se ha burlado de la muerte de los dos niños. La segunda hipótesis implicaría una responsabilidad mucho mayor. Las denuncias de Lucy Pichardo y Luis Estalla han sido ampliamente cubiertas por los medios de comunicación ayacuchanos, pero, como sucedió en los años ochenta, en Lima no han generado mayor reacción, ni siquiera en los organismos que defienden los derechos de los niños. Mientras tanto, en la zona donde colindan los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho, vienen ocurriendo las más graves violaciones a los derechos humanos en los últimos 15 años.

(Foto Caretas, cráneo de la asesinada Rosa Chávez Sihuincha)

Magaly Medina, morbo y moralina

paolo-guerrero-foto-de-la-discordiaPanem et circenses (Pan y circo). Este era el lema que acuñaron los emperadores romanos hace 2,000 años. Para mantener tranquilo al pueblo, no bastaba entregarles alimentos: había que entretenerlo ofreciéndoles espectáculos, y si eran crueles, mejor aún. Así, por más dura que fuera la vida, no había que quejarse mucho: siempre era preferible al destino de los gladiadores que morían en la arena o los cristianos devorados por fieras. El programa de Magaly Medina me parecía una versión televisiva del circo romano, un mecanismo perverso para adormecer la conciencia de las personas y que se preocuparan en cambio por los deslices y desgracias de actrices o futbolistas.

A mi modo de ver, la vida personal de cualquier persona, futbolista, actor o político (sí, ellos también son seres humanos) debe mantenerse en reserva y no es función de los medios de comunicación difundir infidelidades, problemas sentimentales o francachelas privadas, salvo que tengan consecuencias sociales, sea un caso de nepotismo, como el de Raúl Diez Canseco o constituyan delito, como manejar en estado de ebriedad. No faltan quienes señalan que los procesos judiciales contra Medina constituyen un atentado contra la libertad de expresión, pero ésta tiene un límite y son los derechos de los demás. Reiteradas condenas penales además han demostrado que Medina falseaba o fabricaba noticias y, así fueran ciertas sus «investigaciones», es ilegal difundirlas para que sean conocidas por toda la sociedad. Como sucedió con Álamo Pérez Luna y Alejandro Guerrero, condenados a pagar una reparación civil al Padre Francisco Muguiro, la sanción a Medina puede servir de advertencia para muchos periodistas, o individuos que hacen de tales y, que sin escrúpulos mancillan honras por doquier, en cuya práctica el diario Correo de Piura es el ejemplo más conocido.

Ahora bien, ¿por qué un programa que se dedica a denigrar al prójimo tenía tanta aceptación? Algunas personas lo veían por simple morbo, como antes a Laura Bozzo o los cómicos ambulantes. Sin embargo, entre sus seguidores más fieles también había personas que serían consideradas «gente correcta», desde magistradas autoras de importantes libros hasta abogadas comprometidas con los derechos humanos (no voy a decir nombres, no soy Magaly).

-¡Todo lo que hacía Magaly era denunciar a esos futbolistas borrachos y mujeriegos! – clama una secretaria, con lágrimas en los ojos.

Parte del éxito de Magaly Medina era que lograba darle a sus acciones totalmente inmorales una imagen moralizante: en una sociedad donde el alcoholismo y la inestabilidad familiar han generado mucho sufrimiento, aparecía como la justiciera que ponía en evidencia a quienes eran adúlteros, tenían hijos que habían negado, se embriagaban o eran muy afectuosos con personas de su mismo sexo (lo cual en nuestra sociedad todavía es visto como una falta a la moral). Medina lograba así manipular sentimientos revanchistas: ofrecía el espectáculo de ver a una persona «mala» derrotada. Para muchos peruanos la idea de «maldad» y «castigo» son muy particulares. El viernes pasado un funcionario del Ministerio de Educación sostenía en Abancay que una escolar embarazada debía no seguir estudiando. «¡Merece una sanción o habrá más como ella!». Las circunstancias del embarazo o el futuro de la madre adolescente no le preocupaban mucho.

magaly-medina-ollanta-humala-nadine-herediaSin embargo, el lado más perverso del programa de Medina era que mostraba determinadas debilidades asociadas a determinados sectores sociales, como si la infidelidad y el alcoholismo no estuvieran presentes en la clase alta. Jamás temieron su acoso tablistas o tenistas, que en su mayoría son blancos y provienen de familias poderosas, protegidas por la imagen de «gente decente». No es casual que la abrumadora mayoría de los acosados fueran negros o cholos y tuvieran un origen popular: Medina también capitalizaba el sentimiento de envidia que en muchos peruanos produce el ascenso social del otro. Las personas que perjudicaba habían vencido una serie de barreras tradicionales y por eso unos los rechazaban como intrusos. Otros, en cambio, los odiaban porque hacían visible su propio estancamiento. Por eso, también Medina era una especie de «justiciera social» que castigaba a quienes no estaban «en su lugar». Cuando lograba truncar sus carreras deportivas o artísticas o destruía sus matrimonios, había muchos que se sentían satisfechos. Como en Roma, hace 2,000 años, contemplar el sufrimiento ajeno puede ser muy placentero.

Morbo, moralismo, racismo y envidia eran una combinación exitosa y por eso numerosas empresas auspiciaban su programa y los noticieros y periódicos repetían sus «hallazgos» o imitaban sus métodos. Debido a su respaldo popular, en la última campaña electoral, Ollanta Humala y Alan García acudieron a su programa para sendas entrevistas y Medina se cuidó bien de ser cordial con quien podía ser el próximo presidente. A veces ella lanzaba una carcajada socarrona, como si pretendiera encarnar toda la maldad de la sociedad peruana. Ojalá hubiera sido así. Más bien su éxito evidenciaba muchos problemas de nuestra sociedad y, hasta quienes no la veíamos, tenemos que luchar para eliminarlos.

¿Cómo enseñar historia en el Perú?

Enero de 1881. Derrotadas y dispersas, las tropas peruanas están a punto de incendiar Lima. El alcalde ruega al ejército chileno que tome posesión de la ciudad y así se instaura un breve período de orden en que los ferrocarriles y el correo funcionan con eficiencia.

A muchos peruanos puede causar sorpresa e indignación esta versión de la Guerra del Pacífico, que muchos chilenos manejan y refuerza los prejuicios actuales que asocian irracionalidad y desorden a los habitantes de estas tierras. De otro lado, es interesante cómo en Chile despierta mucha sensibilidad la batalla de Concepción (Junín), en la que 74 soldados se negaron a rendirse y perecieron heroicamente a manos de 300 soldados peruanos y 1,500 campesinos «armados de lanzas». Las similitudes con la batalla de Arica son sorprendentes y también este episodio se conmemora con la jura de la bandera.

La versión peruana, sin embargo, ha omitido esta victoria protagonizada por campesinos andinos y enfatiza más bien los saqueos, incendios y violaciones cometidos por los chilenos, en consonancia con las percepciones contemporáneas de rapacidad y falta de escrúpulos que se les atribuyen. En realidad, si no se realizan reflexiones serias, lo más frecuente es que, al narrar la Historia, cada país exprese los «sentidos comunes» que existen hacia los países vecinos o hacia sí mismo. En la actualidad, varios países europeos han corregido los libros escolares que justificaban el colonialismo y más bien buscan enfatizar la incorporación de la población migrante como nuevos ciudadanos. En Alemania e Italia, luego de la Segunda Guerra Mundial, debió corregirse el carácter marcadamente nacionalista de los textos de Historia, como se haría en España décadas después, tras la muerte de Franco.

A mi modo de ver, en el Perú deberíamos comenzar por corregir la tentación de buscar a toda costa un referente glorioso en los tiempos antiguos. Todavía hay quienes ven al Imperio Incaico como un régimen justo y protector, eludiendo mencionar la conquista violenta de numerosos pueblos, el sufrimiento impuesto a muchas personas y la práctica de los sacrificios humanos, como la llamada «momia Juanita». Algo similar sucede con el Señor de Sipán, del cual se enfatiza la majestuosidad de su tumba y no las sanguinarias prácticas moches reflejadas en la cantidad de personas ejecutadas para acompañarle.

Es evidente que toda época debe ser juzgada de acuerdo a su contexto, pero me preocupa que así se refuercen algunas percepciones actuales, como que un régimen autoritario puede ser positivo si obra con supuesta benevolencia, o la indiferencia frente al sufrimiento de la población indígena (incluida la percepción de que «no sufre»). Tampoco parece fácil manejar el periodo colonial: una minoría aún sostiene que debería percibirse a la Conquista como una empresa heroica y valiente, al punto que una de las principales avenidas de San Isidro sigue llamándose Conquistadores. Sin embargo, también es inexacto un discurso maniqueo que no encuentra nada positivo en aquellos siglos, ni siquiera los adelantos tecnológicos.

Particularmente, me llama la atención la frase «Los españoles nos invadieron», que repiten muchos peruanos cuya ascendencia española les podría permitir también decir: «Nuestros antepasados invadieron el Perú». Muchos amigos afrodescendientes se quejan sobre cómo han sido invisibilizados en la historia del Perú. Lo mismo ha sucedido con los italianos, alemanes, japoneses, chinos, polacos, palestinos, croatas o judíos, que llegaron al Perú a lo largo del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pocos conocen el rol de los japoneses en el desarrollo de Puerto Maldonado o de los italianos en Tacna, Miraflores o La Punta.

Uno de los períodos históricos más difíciles de analizar objetivamente es el gobierno de Velasco, que comenzó en una semana como ésta, hace cuarenta años. Sin embargo, el verdadero reto es cómo sopesar el reciente conflicto armado interno, en el que murió mucha más gente que durante la Guerra con Chile, incluyendo los chilenos. ¿Cómo explicar en un libro escolar que entre 1982 y 1985 el Ejército peruano cometió los crímenes más terribles de toda la historia republicana y que muchos de los perpetradores están libres? ¿O es mejor evitar que los jóvenes conozcan la historia?

Las denuncias de la congresista Mercedes Cabanillas, sobre una supuesta «infiltración senderista» en los libros escolares de la Editorial Norma, evidencian más bien el interés por evitar cualquier de la historia que incomode a quienes están en el poder. El peligro de fondo, como ocurre en Chile con la Guerra del Pacífico, es que en los libros de Historia y en el sentido común, prevalezca la versión de los «vencedores», porque ésta suele carecer de todo espíritu crítico.

Precisamente, el reto de estudiar la historia no es memorizar fechas y buscar héroes gloriosos, sino comprender problemas tan actuales como la pobreza y el centralismo. Sólo de esa manera será factible explorar posibles soluciones y evitar que los episodios más trágicos del pasado puedan repetirse.

Entendiendo la sublevación indígena

nativos-protestanHace menos de un año, la delegación peruana ante las Naciones Unidas promovió activamente una Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas donde se consagraba el respeto a los territorios tradicionales de los indígenas y a la participación de sus autoridades en las decisiones que les afecten, entre otros derechos políticos, sociales y culturales. Estos derechos ya habían sido reconocidos por el Estado peruano en 1993, cuando ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas. Sin embargo, las protestas que millares de nativos amazónicos llevan a cabo desde el 9 de agosto reflejan su descontento porque los compromisos internacionales del gobierno están muy alejados de su verdadero comportamiento.

Desde la violenta expedición de Francisco De Orellana, quien hacía capturar y torturar a los indígenas que hallaba a su paso para que confesaran donde se encontraba El Dorado, en sucesivos períodos históricos, la mayor desgracia para los indígenas amazónicos ha sido la codicia que despiertan las riquezas existentes en sus tierras, sean reales o supuestas. Sin embargo, en el siglo XVIII, los españoles habían perdido el control sobre la Amazonía debido a dos acontecimientos. En 1742, Juan Santos Atahualpa dirigió una masiva sublevación de asháninkas, yáneshas y nomatsiguengas en la Selva Central, expulsando a las misiones franciscanas y a los soldados que les apoyaban. Un cuarto de siglo después, en 1767, fue la propia Corona española la que dispuso la expulsión de los misioneros jesuitas que laboraban en los actuales departamentos de Loreto y Amazonas.

De esta forma, cuando San Martín proclamó la Independencia, los indígenas amazónicos vivían libres e independientes desde hacía varias décadas. Sin embargo, los nuevos gobernantes criollos no los percibían como ciudadanos ni como peruanos y consideraban al suelo amazónico res nullius, es decir sin ningún propietario reconocido. Por lo tanto, el Estado se consideraba facultado para adjudicarlo a quien quisiera, menos a los propios indígenas. Con este respaldo legal, se produjo la ocupación de la Selva Central por los colonos europeos y, con el auge del caucho, miles de indígenas fueron capturados violentamente para trabajar como esclavos en las plantaciones de Arana, Fitzcarrald y otros individuos inescrupulosos. Los reclamos internacionales por los abusos cometidos eran considerados por las autoridades como una inaceptable interferencia en los asuntos internos.

Luego que las plantaciones de caucho decayeron, continuó promoviéndose la colonización indiscriminada de la Amazonía, lo cual no solamente afectaba la propiedad de los indígenas, sino su propia vida. Uno de los episodios más crueles es relativamente reciente: los indígenas matsés o mayorunas fueron bombardeados por la Fuerza Aérea Peruana durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Recién en 1974, durante el gobierno de Velasco, se dictó la Ley de Comunidades Nativas y la Constitución de 1979 estableció que sus tierras sólo podían ser vendidas si dos tercios de sus integrantes estaban de acuerdo. Sin embargo, la relación que los indígenas tienen con la tierra va más allá del derecho occidental de propiedad: muchas veces son los nativos quienes sienten que pertenecen a ella. Por eso, les parece absurda la posibilidad de vender las tierras comunales.

En la actualidad, los títulos de propiedad parecen tener poco valor para las autoridades peruanas, porque el Estado otorga concesiones a empresas petroleras o de gas sin ninguna consulta o información previa a los indígenas. Aún las actividades extractivas que se realizan fuera de los territorios comunales pueden tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de los nativos. La ausencia o la complicidad de las autoridades hacen muy difícil que estos hechos sean sancionados. El canon o las regalías que pagan las empresas tiene el mismo destino que las donaciones por el terremoto: la población no percibe ningún beneficio concreto. El gobierno de Alan García parece empeñado en otorgar toda la Amazonía en concesión y, para que no queden dudas de sus intenciones, hace unas semanas, mediante el Decreto Legislativo 1064, dispuso que pueden realizarse actividades extractivas en las comunidades aunque lo rechacen los nativos, mediante la imposición de una servidumbre.

De hecho, para el actual gobierno los indígenas amazónicos parecen ser, en el mejor de los casos, un atractivo turístico. Para mí, siempre ha sido conmovedor ver a los nativos izar la bandera y cantar el Himno Nacional en sus comunidades, porque demuestran lealtad hacia un Estado que no se preocupa por respaldar sus derechos. Cuando, en lugar de bailar y para los turistas, los indígenas exigen respeto, se vuelven sumamente incómodos y, entonces, el Estado sí se hace presente, pero para reprimir de manera violenta e indiscriminada, como sucedió en marzo en Andoas y en julio en Puerto Maldonado.

El gobierno ha anunciado que no derogará las normas cuestionadas por los nativos. ¿Pretenderá nuevamente resolver esta crisis en base a la violencia o comenzará a cumplir con sus compromisos internacionales?

(Foto Yahoo! Noticias)

La ira de Chincha

quema-de-bus-soyuz-en-chinchaLa semana pasada, una marcha de protesta por asesinato de una niña en Chincha terminó en el saqueo de diversos locales. Las turbas destruyeron las instalaciones de la empresa Soyuz, atacaron varios de sus ómnibus y lograron incendiar uno de ellos. Una primera explicación de lo sucedido señalaría que hubo un problema de «seguridad ciudadana»: la policía no logró controlar a grupos de delincuentes que aprovecharon una movilización social para cometer sus fechorías. Sin embargo, ésta es una explicación más bien tranquilizadora.

Los disturbios de Chincha se parecen mucho a los ocurridos en Juliaca, Ayaviri, Sicuani, El Pedregal y Morococha. En esos lugares, los vecinos protestaban contra la proliferación de discotecas y bares ilegales, con un indignante entorno de prostitución de menores, delincuencia y alcoholismo. Las autoridades locales estaban paralizadas por la indolencia, la corrupción o acciones de amparo. Finalmente, un homicidio u otro hecho indignante desencadenó que la frustración se transformara en violencia y la población incendió los locales que actuaban con toda impunidad.

En el Sur Chico, Soyuz es una de las mejores combinaciones de abusos e impunidad. Todos sus habitantes recuerdan cómo, la noche del fatídico 15 de agosto, elevó el precio de los pasajes hasta cincuenta soles, lucrando con la desesperación de miles de personas que querían buscar a sus seres queridos y sabían que la ayuda estatal llegaría demasiado tarde. El maltrato a los pasajeros es permanente: pese a que está prohibido, los ómnibus recogen personas en cualquier lugar de la carretera y les hacen viajar a pie. Esta práctica favorece también los posibles asaltos.

Dos días antes del saqueo del local de Chincha, un ómnibus de Soyuz invadió el carril contrario en la Panamericana Norte durante varios minutos. La imprudente maniobra generó un terrible accidente en que murieron 22 personas. El chofer de Soyuz tenía ya 20 infracciones acumuladas y seguía manejando sin que a su empresa le importara mucho… y a las autoridades estatales tampoco, probablemente por las conexiones que tiene con el Partido Aprista.

No es la primera vez que el rechazo a la empresa se manifiesta violentamente: en diciembre del 2006 otro ómnibus fue incendiado en Guadalupe, a pocos kilómetros de Ica, después que el chofer atropelló a un niño y pretendió fugar. Aunque algunos medios de comunicación consideran estos hechos violentos como manifestaciones de «desgobierno», el verdadero desgobierno se produce cuando las autoridades estatales están ausentes o no tienen interés en cumplir sus propias normas.

A falta de Estado, los actores económicos tienden a abusar y las infracciones laborales o los daños ambientales se producen con total impunidad… y no sólo abusan empresas poderosas. En una localidad cusqueña conocí una amable ancianita inglesa que ha establecido una ONG para atender niños pobres y recauda fondos a través de un restaurante turístico. Sin embargo, a sus empleadas apenas si les paga la mitad del sueldo mínimo. Una situación similar vive un amigo mío: cada mes le descuentan un porcentaje de su sueldo como «donación» para los directivos de la ONG donde labora.

Normalmente, las víctimas de los abusos optan por la resignación y, cuando buscan denunciar, encuentran a un Estado ausente. Es entonces cuando se producen los estallidos sociales y cuando el Estado sí aparece para reprimir violentamente a los ciudadanos, como sucedió a los dos trabajadores mineros fallecidos mientras protestaban contra la empresa minera Marsa en Pataz (La Libertad).

antero-florez-araoz-leysi-suarezCon ellos, pasan de 20 los peruanos muertos a manos de las fuerzas del orden en lo que va de este gobierno, pese a lo cual, el Ministro de Defensa, Antero Flórez-Aráoz, emitió un reglamento la semana pasada permitiendo a los militares matar personas con criterios tan ambiguos como «el cumplimiento de su misión». Flórez-Aráoz desvirtúa así totalmente el rol de las Fuerzas Armadas, pero pretende encarnar el patriotismo al denunciar a una bailarina por posar desnuda sobre la bandera en una evidente cortina de humo. Para nosotros, la mayoría de conflictos sociales, desde Moquegua hasta Chincha y desde Pataz hasta Puerto Maldonado, son manifestaciones de UN solo conflicto y es la exclusión que viven millones de peruanos, olvidados por las autoridades o, lamentablemente, perjudicados por las decisiones que éstas toman. ¿Qué pueden sentir los habitantes de una comunidad campesina cuando descubren que sus tierras fueron entregadas a una empresa minera, sin ninguna consulta?… y, si no desean vender sus tierras, el Estado las obligará a cederlas a través de la servidumbre minera (Decreto Legislativo 1064).

Lo único sorprendente en el Perú es que no haya más estallidos sociales… Sin embargo, éstos son un desahogo y no una solución. Por ejemplo, Soyuz continúa actuando impunemente. Sólo ayer murieron otras dos personas en sendos accidentes, producidos al parecer por el agotamiento de los choferes. La mejor forma de prevenir estos hechos violentos sería que el Estado esté presente para garantizar los derechos ciudadanos de todos los ciudadanos. Como esto parece demasiado lejano, la ira que se manifestó en Chincha seguirá manifestándose.

Por fin sin cortinas de humo

prohibido-fumarEl lunes pasado, todos los alumnos y profesores de la Universidad del Pacífico recibieron un comunicado donde, acatando el Decreto 015-2008-Salud, se prohibía fumar en toda la Universidad, incluyendo corredores, patios y áreas verdes. Efectivamente, después de tres años y tres meses, por fin el Ministerio de Salud ha reglamentado la Ley 28075 o Ley para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo de Tabaco. La demora se debió a la oposición de funcionarios de otros ministerios, que estaban más preocupados en no generar ninguna incomodidad a las transnacionales que controlan la venta de cigarrillos que en proteger la salud de los peruanos.

El Reglamento reitera las diversas prohibiciones establecidas por la ley, señalando que no se puede fumar ni vender cigarrillos en las instituciones dedicadas a la salud o educación. Apenas fue promulgada la Ley 28075, la Universidad de Lima prohibió a las cafeterías vender cigarrillos y en la Universidad Católica, además, fueron retiradas las máquinas expendedoras de cigarrillos, muy visitadas entonces por los estudiantes más jóvenes. El siguiente paso, la prohibición total de fumar en instituciones educativas, puede ser algo más difícil, especialmente para quienes quizás consideran que fumar es parte de su imagen intelectual. Sin embargo, hace bastante tiempo la Facultad de Medicina de San Fernando, la UNIFE y la Universidad Antenor Orrego de Trujillo han emitido estas prohibiciones.

De igual forma, no está permitido fumar en ninguna dependencia estatal. El Ministerio de Salud, Essalud y las Municipalidades de San Isidro y San Borja ya han sido declarados «ambientes libres de humo», pero ahora todas las instituciones públicas deberán seguir este camino, lo cual implicará que algunos congresistas tengan que pensar seriamente en dejar el cigarrillo. En cuanto a los centros laborales privados, los hoteles, bares o cafés, el área para fumadores no deberá ser mayor del 20% del total y deberá estar físicamente separada de las demás áreas con mecanismos que impidan que el humo pueda llegar hacia los demás. En los locales o centros laborales que a comienzos del próximo año no hayan adecuado estas zonas especiales, simplemente no se podrá fumar.

cigarrosEsperemos que esta norma se cumpla en los restaurantes de Cusco y Arequipa, donde muchos turistas extranjeros fuman con libertad e impunidad, sin que los mozos se sientan capaces de pedirles que se abstengan. Es posible que la amenaza de una multa sea un estímulo adecuado. El monto de las multas será establecido por cada municipalidad, de acuerdo a su criterio. Las empresas tabacaleras sostienen que se deja espacio a la arbitrariedad, pero es muy difícil tener un criterio uniforme tratándose de realidades socioeconómicas muy diferentes.

El Reglamento establece que los menores de edad no pueden vender ni comprar cigarrillos, lo cual estaba ya estaba prohibido en el Código Penal. Por ello, se dispone que sólo pueden instalarse máquinas expendedoras en lugares exclusivos para mayores de 18 años. Esperemos que, por lo tanto, sean retiradas de algunos restaurantes o centros comerciales, como Larcomar, donde dos días antes de la aprobación del Reglamento, Marlboro celebró un evento especial y joviales anfitrionas obsequiaron centenares de cigarrillos al público.

Quedan también prohibidos todos los anuncios de cigarrillos en radio, televisión y páginas web y sólo podrán colocarse en periódicos o revistas destinados exclusivamente a mayores de edad. En ningún caso deberá asociarse el cigarrillo a éxito o vida saludable. De igual forma, se prohibe la frecuente práctica de las tabacaleras de colocar su publicidad en actividades deportivas. Tampoco pueden anunciar sus productos en prendas de vestir como polos y gorros. En las cajetillas de cigarrillos se han dispuesto unas advertencias tan chocantes que creo que algunas personas tendrán que aprender a fumar con los ojos cerrados. A pesar de todo ello, el sábado pasado me tocó ir a la Alianza Francesa de Miraflores para comentar un interesante libro sobre la región andina y pude apreciar que muchos académicos presentes no tenían mayor respeto por la prohibición de fumar en entidades educativas.

Resulta interesante que, mientras en Lima y otras ciudades el consumo de cigarrillo es un tema que las autoridades vienen enfrentando, en la zona andina se venden libremente productos mucho más dañinos para la salud, como las galoneras de cañazo o alcohol metílico que se venden sin ningún control a los campesinos. Al parecer, como estos productos no son consumidos por las autoridades municipales, los fiscales o los integrantes de las ONG, no se logra percibir sus dramáticas consecuencias.

Regresando al cigarrillo, enfrentar este problema no sólo está en manos de las Municipalidades (los alcaldes de Pueblo Libre y San Miguel ya han manifestado su interés en comenzar las inspecciones), sino de toda la sociedad. Con el compromiso de todos, se podrá lograr que el hábito de fumar genere menos daño en los ciudadanos.

Putis y los mitos sobre el conflicto armado

putisMis alumnos del ciclo que llegó la semana pasada a su fin no habían nacido cuando se produjo el incendio de ánforas en Chuschi y tenían cinco o seis años cuando Abimael Guzmán fue capturado. Sin embargo, al inicio del ciclo repetían con mucha convicción el más frecuente mito sobre el conflicto armado que existe entre los limeños: «Hasta que estalló el coche bomba en la calle Tarata, aquí nadie sabía lo que estaba pasando en la sierra».

En realidad, los apagones, coches bomba y asesinatos selectivos aterrorizaron por varios años a los limeños. El mito de la ignorancia sirve más bien para excusar la indiferencia que generaba el destino de los habitantes de las zonas andinas, una indiferencia que se ha repetido frente al hallazgo de las fosas de Putis.

El caso Putis permite, además, enfrentar otros mitos que subsisten en relación al periodo de la violencia política, especialmente por la crueldad y premeditación con la que fue cometida la masacre (como se sabe, más de cien campesinos fueron obligados a cavar su propia tumba y luego fueron fusilados con sus familias, incluyendo niños pequeños). Estos hechos terribles, por ejemplo, dejan sin piso la reiterada referencia limeña a «la época del terrorismo», como si solamente un bando del conflicto hubiera actuado contra la población civil.

Actualmente, además, es imposible seguir afirmando que los crímenes cometidos por los militares eran casos aislados, como quizás podría deducirse de la película La boca del lobo, es decir que los crímenes se debían al nerviosismo, la malignidad o los problemas psicológicos de algunos policías o militares. En realidad, al menos entre 1983 y 1985, las masacres de campesinos tenían un carácter intencional y sistemático.

De otro lado, se hace fundamental revisar la frecuente afirmación que en el conflicto armado no había un componente étnico decisivo. La condición de indígena (rasgos físicos, vestimenta, idioma, apellido) no sólo volvía sospechosa a una persona, sino que justificaba que fuera asesinada. Los militares mataban a los pastores evangélicos que se habían opuesto tajantemente a los senderistas o a todos los habitantes de una aldea, incluyendo niños de brazos (aquellos que inclusive los militares argentinos permitían sobrevivir). Los indígenas eran vistos como seres prescindibles. Por ello, más que comparar la experiencia peruana con la de Argentina o Chile, es más recomendable hacerlo con lo ocurrido en Guatemala, donde también hubo muchas masacres con la misma modalidad que en Putis y donde abiertamente se habla de genocidio.

Otro mito extendido es que los crímenes cometidos por los militares fueron el terrible costo que el Perú tuvo que pagar para la pacificación. La verdad es que la derrota de Sendero Luminoso en 1992 no tuvo ninguna relación con matanzas como la de Putis en 1984. En realidad, la sucesión de atrocidades entre 1983 y 1985, en lugar de detener a la subversión, deslegitimó totalmente al Estado presentándolo como un ente monstruoso, favoreciendo el crecimiento exponencial de Sendero Luminoso.

Por eso, las fosas de Putis quiebran también otro mito que hubiera causado profunda sorpresa en aquellos años: que Fernando Belaúnde era un gobernante democrático y pacífico. Las ejecuciones masivas de civiles, la brutal tortura de los detenidos, la violación sexual de millares de mujeres, fueron prácticas permanentes de las Fuerzas Armadas y Policiales durante su gobierno.

Este benevolente mito incluye la percepción que Belaúnde, como los demás limeños, «no sabía» lo que ocurría. Bastaría revisar La República u otros periódicos esos años para ver cuán falsa es esa percepción. La misma Amnistía Internacional escribió muchas cartas a Belaúnde y él se jactaba de arrojarlas a la basura y mantener su respaldo a los militares. Para que no quedara ninguna duda, en 1984, el Parlamento, dominado por Acción Popular y el PPC, aprobó la Ley 24150, que estableció la amnistía frente a los crímenes cometidos hasta entonces (a quienes no les gustan los mitos, les interesará saber que también Valentín Paniagua votó por esa norma).

No olvidemos que Belaúnde había crecido en un mundo donde los indígenas eran seres inferiores, sin ningún derecho. Por eso, a nuestro modo de ver, él sí pensaba que podía sacrificarse sus vidas para derrotar a los subversivos.

Finalmente, muchas veces, los peruanos tenemos el mito que la guerra con Chile fue el período más doloroso de nuestra historia. En realidad, las fosas de Putis nos confirman que este período se produjo hace muy pocos años… y que los responsables fueron peruanos, que se encuentran en la impunidad.

Por eso, estas fosas no sólo nos transmiten información sobre las víctimas de Putis, sino sobre la sociedad peruana y sobre cada uno de nosotros. Por eso es tan importante para muchas personas no prestar atención a Putis: hacerlo implicaría confrontarse con ellos mismos y nada mejor que algunos mitos tranquilizadores para evitarlo.