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Familiares de menor que murió por derrumbe de pared exigen justicia en Chiclayo

En el frontis del local que fuera la ex mutual Chiclayo, la familia Silva exige justicia por la muerte de Samuel Silva Campoverde, quien falleció a los 13 años edad, luego que cayera sobre él una pared ubicada en los terrenos de este local.

Los responsables no han sido sancionados y la familia Silva nunca recibió una indemnización de parte de la Mutual Chiclayo

Según indicaron existirían algunas maniobras entre el abogado de la ex mutual Chiclayo y una magistrada del poder judicial, quienes tendrían vínculos familiares.

Regidores de Municipalidad Provincial de Tacna piden garantías para su vida

Cinco regidores del municipio provincial de Tacna piden garantías personales luego de conocer que eran seguidos de manera sospechosa. Cuatro de ellos acusan a los dos jóvenes detenidos haciendo seguimiento la semana pasada a la regidora Lourdes Huancapaza en Pocollay.
Sin embargo la regidora Carmen Apaza acusa directamente al alcalde Fidel Carita de estar detrás de lo que sería una organización dedicada a esta actividad.
Ella habría recibido llamadas telefónicas con la intención de intimidarla. Dice que de comprobarse la existencia de lo que muchos llaman el “Servicio de Inteligencia Municipal”, iniciaría una acción penal contra los responsables de dirigirla.
Además de Carmen Apaza, presentarán garantías Neleo Vilca, Dionicia Pari, Lourdes Huancapaza y David Ventura.
Por su parte, el abogado Néstor Pari tramitará una denuncia contra los dos detenidos que hicieron el “reglaje” a la regidora Huancapaza. Para ello solicitó la copia del parte policial a la comisaría de Pocollay.
A pedido de los regidores afectados en la próxima sesión de concejo se tratará este tema.

Sentencian a periodista a tres años de prisión efectiva por difamar a fiscal

El comunicador social Paúl Garay fue querellado por el fiscal Agustín López Cruz. Según se conoce el 15 y 16 de diciembre del 2010 el mencionado comunicador laboraba en radio Exitosa e insultó a López Cruz.
La sentencia dada al periodista fue de tres años de prisión efectiva, al comunicador lo detuvieron luego porque estaba requisitoriado por el segundo juzgado al no presentarse a la lectura de la sentencia.
El juez Jesús Morote determinó su condena por el delito de difamación y calumnia.
Tras la sentencia, Paúl Garay cuestionó a los magistrados tratando de salir del juzgado penal; pero la policía lo impidió deteniéndolo para ser llevado luego al penal de Pucallpa.
Mientras tanto, el abogado del detenido manifestó que apelará este fallo.
Lamentablemente, estos incidentes en que se ven envueltos algunos comunicadores contribuyen al desprestigio de los medios de comunicación en las regiones. Sin embargo, con esta sentencia se busca sancionar cuando se incurre en actos que no se condicen con la labor periodística.

Cataño no abandonará el país, asegura su abogado en Tacna


La defensa del empresario Cesar Cataño, asistió la tarde del martes 14 a una audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país. Pedido que data de la quincena de noviembre, pero que debido a la huelga en el poder judicial, recién puede realizarse.

Carlos García, abogado del importador investigado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, negó la existencia de sustento para esta petición. Afirmó que su patrocinado, en lo que va de la investigación, ha asistido hasta en 10 ocasiones a las citaciones policiales y que ha colaborado en todo momento con la justicia.

Abogado denuncia no haber sido nombrado juez pese a haber ganado concurso para el puesto en Pucallpa


El abogado Oscar Quijano denuncia que la sala plena de la Corte Superior de Justicia de Ucayali no lo designó como juez a pesar de haber ganado el concurso aduciendo que estaba involucrado políticamente en la campaña electoral.

El abogado cuestionó la forma como lo han dejado de lado. Al parecer, dijo, sería para que los actuales magistrados continúen nombrando a sus amigos como jueces provisionales; y que algunos de éstos lo han difamado. Para ello, habrían utilizado a algunos medios de comunicación para difamarlo cuando trabajaba como asesor del movimiento político Todos Somos Ucayali.

Por su parte el presidente de la Corte Superior de Justicia, Freddy Aricoche Guerra , dijo que el abogado tenía participación política y por transparencia del proceso lo dejaron fuera de carrera.

En compás de espera el proceso contra coronel acusado por crímenes extrajudiciales en Trujillo


La audiencia al coronel Elidio Espinoza, quedó suspendida para una nueva fecha. En la próxima sesión el juzgado de investigación preparatoria emitirá la resolución donde se reabrirá o archivará el caso. La audiencia contó con la presencia de la defensa de los cuatro efectivos policiales acusados de homicidio, y la del coronel Elidio Espinoza.

Paso a paso la fiscalía sustentó el por qué el caso a este grupo de oficiales debe ser reabierto. Tras esta intervención, el coronel Espinoza, pidió la palabra. En un breve discurso, recordó los hechos que hoy lo han sentado nuevamente en el banquillo de los acusados y dejó, una vez más, sentada su inocencia. A su salida, el coronel, sindicado por liderar un escuadrón de la muerte en Trujillo, dijo confiar en la justicia.

La audiencia de saneamiento procesal quedó suspendida para el próximo 2 de noviembre, fecha donde se conocerá si el caso a los policías es reabierto o archivado. Para el doctor Willian Mata, abogado de Elidio Espinoza, la fiscalía carece de fundamentos, además durante la audiencia se basó en subjetividades.

En los exteriores del Poder Judicial de Natasha Alta, se vivía otro enfrentamiento entre los simpatizantes del coronel Espinoza y familiares de los cuatro sujetos que fallecieron a manos de los efectivos procesados, según ellos en un acto de enfrentamiento y defensa propia.

Denuncian aparición de material electoral en vivienda y colegio de Pucallpa


En la institución educativa Diego Ferré de Yarinacocha encontraron seis cajas con restos de material electoral, hasta el lugar llegaron muchas personas quienes exigían la presencia de las autoridades. Los pobladores no permitían el ingreso de ninguna persona hasta que lleguen las autoridades para que comprueben e investiguen porque el material estaba abandonado en ese lugar.

Luego llego el fiscal provincial y el fiscal adjunto con su secretaria para realizar un inventario del material de la ONPE encontrado abandonado en el lugar, luego invitaron al sacerdote de Yarinacocha y a la Defensoria del Pueblo. La cajas fueron abiertas y encontraron las cedulas de sufragio que son destruidas luego de las elecciones, de inmediato el fiscal tomo nota y procederá a investigar sobre este descuido de los integrantes de la ONPE que habrían dejado abandonado este material.

La fiscalía llevó las cajas con los restos de las cédulas de sufragio para iniciar las investigaciones y determinar quienes fueron los responsables de dejar abandonados estos materiales que pueden ocasionara actos violentos debido a la situación tan tensa que se esta viviendo por las elecciones.

Por otro lado, en el asentamiento humano Buenos Aires denunciaron que en una vivienda habia material electoral que daba como ganador a Gilberto Aréval, candidato independiente para la municipalidad de Yarinacocha, por el movimiento Yarina; y a Francisco Pezo, candidato al gobierno regional por Todos Somos Ucayali. Los simpatizantes de Arévalo llegaron hasta la casa de la señorita Jenny Aspado acusando que dentro de la casa había material electoral y quisieron ingresar provocando un conflicto entre los vecinos que empezaron a insultarse.

Hasta el lugar tuvo que llegar un representante de la Defensoria del Pueblo y el fiscal de turno acompañados de la policía; después de media hora que se habían iniciado el escándalo. Pero cuando ingresaron no encontraron ningún documento dentro de la vivienda la policía rebusco en toda la casa y no había rastros de los documentos que se denunciaban. Esto enardeció a los vecinos que acusaban a Edwin Díaz por que no habría actuado con transparencia en las elecciones distritales y denunciaban que hay muchos indicios de fraude que se deben investigar.

Piden derogatoria de decretos legislativos dictados por el gobierno en Pucallpa


Durante un conversatorio organizado por el del Comité Vicarial de los Derechos Humanos de Ucayali, se cuestiono los Decretos Legislativos Nº 1090 1095 1096 y 1097 emitidos por el Poder Ejecutivo y que en las últimas semanas generaron una ola de críticas que trajo como consecuencia el cambio del gabinete ministerial y la derogación del decreto 1097.

Sin embargo, para responsable Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Víctor Álvarez, los demás decretos también deben ser derogados. «La única salida que estamos planeando es que se deroguen estos decretos legislativos que atentan contra la constitucionalidad, contra la población civil, contra el derecho de protesta, contra los derechos fundamentales de las personas», dijo Álvarez.

Por su parte Milton Campos, abogado de la Asociación Paz y Esperanza afirmó que dichos decretos atentan contra los derechos de las personas comunes y corrientes: «Atenta contra el principio de juez natural, nosotros somos civiles y debemos ser juzgados por civiles, pero cuando yo soy militar y cometo delitos que no son delitos de función, debo ser juzgado por los jueces civiles, pero estos decretos civiles dicen lo contrario».

Denuncian que gobierno autoriza uso de armas de fuego para reprimir protestas sociales


Frente a las protestas en la provincia de Espinar, en Cusco, en rechazo al proyecto de irrigación Majes Siguas II, el abogado Ronald Gamarra alertó que el nuevo decreto legislativo 1095 permite que la Policía Nacional reprima a los manifestantes con armas de fuego. Indicó que dicha norma representa en cierto modo la criminalización de la protesta social dado que «Faculta a las fuerzas armadas hacer el uso de las armas contra ellos, es un tema de absoluto peligro que esta vigente y puede ser aplicado en cualquier momento hoy día en espinar y la convención, por ejemplo mañana en otros temas similares como Bagua».

El también ex procurador cuestionó la norma por el excesivo poder que se le da a las Fuerzas Armadas. «Este decreto legislativo es peligro porque identifica etiqueta a los ciudadanos que hacen uso a su derechos de las protestas social como un grupo hostil como si se tratara de un enfrentamiento armado entre dos contendientes las fuerzas armadas y los manifestantes y por lo tanto autoriza a los miembros de las fuerzas armas, hacer uso legitimo de las armas de fuego. Lo que estamos viendo es que el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derechos a la manifestación y a la protesta pacifica vienen siendo negados por un gobierno que se dice ser democrático».

La población de Espinar acata un paro en rechazo a la entrega de la buena pro del proyecto de irrigación Majes Siguas II al considerar que no se se dio tomó en cuenta que el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, presidido por Carlos Bárcena, ordenó la suspensión del proceso de licitación.

Candidato de TOCA en Ayacucho denuncia extorsión por quienes presentan tacha en su contra

El movimiento regional Todos con Ayacucho (TOCA) denunció la extorsión de los «tachadores» a su candidato regional Rofilio Neyra. Para demostrar el hecho emitieron un video de 30 minutos en donde se observa al ciudadano Dante Quispe y a su abogado Alberto Ochoa Sotomayor reunidos con los asesores y personas de confianza del TOCA. Se mostró que los presentantes a tacha piden 30 mil dólares americanos para retirar el proceso. Por otro lado, en conferencia de prensa los representantes del movimiento pidieron sanción a extorsionadores por tener otros intereses que no son los de ayudar a un proceso electoral de acuerdo con el JNE. Del mismo modo indicaron que no tolerarán ningún chantaje en contra del movimiento.

Miembros del Grupo Colina solicitan acogerse a decreto del gobierno para obtener libertad


Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Con esta norma el ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el mismo presidente Alan García se beneficiarían. «y se repite la historia como en el caso Fujimori, que el presidente termine emitiendo normas de autoprotección», apostilló Carlos Rivera, abogado de IDL.

La norma promulgada impone un plazo de prescripción a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno; asimismo, el decreto dispone archivar las investigaciones en dichos casos y los crímenes contra la humanidad solo son a partir del 2003. «Fue la persona que ordenó la matanza de El Frontón. Él es cierto no tiene la condición de investigado en el proceso penal que esta abierto el año pasado la fiscalía superior dijo que había advertido que entre los procesados solamente estaban los autores materiales y que era imprescindible para que el caso tenga relevancia que también sean comprendidos los autores intelectuales, se estaba refiriendo al presidente Alan García y al ex ministro del interior Agustín Mantilla», precisó Rivera.

En tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez señaló que la norma 1097 no puede aplicarse a los integrantes del Grupo Colina debido a que quiebran el principio de igualdad al favorecer a los militares. La solicitud de los procesados en delitos humanos será resuelta por la Primera Sala Penal de Lima presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.