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A 11 años del informe de la CVR: Urge ley de búsqueda de desaparecidos

Conversamos con Eduardo Cáceres Valdivia, ex presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), sobre la importancia de promulgar la Ley de búsqueda de personas desaparecidas a causa de la violencia ocurrida en el Perú, entre las décadas de 1980 y 2000; así como corregir diversos aspectos del Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó una lista de aproximadamente 17 mil personas desaparecidas durante la época del conflicto armado interno (debidamente documentados), lo grave, indicó el ex presidente de Aprodeh, es que aún existen alrededor de cuatro mil lugares de entierros que faltan exhumar.
En el marco de la ley promovida se plantea un Protocolo que, sin prescindir de lo jurídico y la denuncia, facilite el hallazgo y la entrega del cuerpo a los familiares y que posteriormente esas pruebas se consideren para una hipotética denuncia de un delito. «No es simplemente sacar el cuerpo y entregarlo«, precisó Cáceres.
En cuanto al Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, este actuaría con un presupuesto y un protocolo nuevos, dicho Plan estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En esta segunda parte de la entrevista, el ex presidente de APRODEH explicó las modificaciones que presenta el Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas entre los años 1980 y 2000.
Una de estas modificaciones es la definición de la víctima, quiénes son las personas beneficiadas. Antes se consideraba a la víctima por familia, con el nuevo Plan se precisa que la víctima es la persona individual. Si un padre o madre de familia murió a causa de la violencia política y dejó tres huérfanos con su abuelo, en ese grupo son cuatro las víctimas que merecen reparación.
Otro aspecto es reforzar la coordinación entre la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (encargada de monitorear las reparaciones) con los Gobiernos Regionales. Asimismo, se debe considerar el aspecto mental de las víctimas e incorporarlos a una serie de programas sociales.
También es importante corregir la reparación en Educación, el Plan propone que se pueda transferir esta reparación a sus herederos. Por ejemplo, en el caso que la víctima -por su edad u ocupación- no desee hacer uso de su reparación educativa la puede transferir a su hijo o nieto.
El 1 de octubre, el Programa de Reparaciones Económicas entregó la lista número 12 que reconoce a 17 625 beneficiados y víctimas que deberán recibir la reparación económica de 10 mil nuevos soles.
Sin embargo, observó Cáceres, aún hay personas que no están inscritas en el Registro Único de Victimas. Estas personas pueden y deben inscribirse. Pero, lamentablemente, no tendrían derecho a la reparación económica, ya que así lo dispuso la Presidencia del Consejo de Ministros al cerrar el registro en diciembre del año 2011. Este aspecto también se debe modificar porque es injusto, señaló.
Además, Cáceres Valdivia exhortó a que en el Congreso de la República se apruebe este proyecto de ley, puesto que recoge las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, del movimiento de Derechos Humanos y de los familiares de las víctimas.

Critican ataques indiscriminados en operativos antiterroristas en el VRAE

Durante los operativos militares, el valle de los ríos Apurímac y Ene, así como la zona de Vizcatán conforman una región en donde convergen actores legales e ilegales. En ese sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), alertó que los remanentes subversivos no son diferenciados respecto a campesinos, cocaleros, madereros ilegales e incluso traficantes de drogas.

«Hay una situación de que no se está distinguiendo, seguramente es difícil, de quiénes son subversivos y quiénes son población civil. Entonces se podría estar haciendo algo de manera indiscriminada», explicó Miguel Jugo, directivo de Proyección Institucional de APRODEH.

A pesar que el denominado Plan VRAE contempla la atención de las poblaciones afectadas por las operaciones militares, acciones como el Plan Excelencia 777 implica el retiro de los campesinos que habitan en el área de influencia, lo que ha originado una nueva generación de desplazados que no son atendidos debidamente.

«Hay un componente que siempre está ausente en este tipo de situaciones; es decir, lo militar no va acompañado de lo social, y generalmente quienes conducen estas acciones militares obvian lo social. Han llegado informaciones de situaciones donde la población ha sido sacada, o sea en Canayre hay alrededor de un grupo grande de personas, cerca de ochocientas personas nos dicen que están por ahí, desplazadas y que están aparentemente sin atención del Estado», agregó Jugo.

La presencia de las Fuerzas Armadas en el VRAE debiera no sólo combatir a los subversivos aliados del narcotráfico, sino también contribuir a un ambiente de seguridad para el desarrollo social y productivo de la zona.

Critican muerte de cuatro campesinos inocentes en operativos antiterroristas en Vizcatán

Luego de expresar su rotundo rechazo a la masacre de cuatro campesinos del caserío de Río Seco, en Ayacucho, por miembros del ejército, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) señaló que estas fuerzas de elite, no estarían distinguiendo a los subversivos de la población civil. «Tres de ellos, varones, estaban inscritos en la autodefensa de Mayobamba, o sea, eran ronderos; y, en segundo lugar, que aparentemente habrían sido disparados por la espalda», comentó Miguel Jugo, directivo de APRODEH.

Desde el pasado agosto, el Ejército viene realizando el Plan Excelencia 777 que busca eliminar los remanentes terroristas en el valle de los ríos Apurímac y Ene. Sin embargo, estos operativos no estarían acompañados de acciones sociales, lo que deja en estado vulnerable a los campesinos de dicha zona. «Nuestra reflexión es que hay que tener mucho cuidado. Hay que ir con calma, por eso creo que es importante la participación y el viaje que hizo el primer ministro», subrayó Jugo.