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Demoras en procesos de DDHH se deben a falta de apoyo del Estado para investigaciones


Frente a la derogatoria del decreto legislativo 1097, que permitía la impunidad de aquellos procesados por violación a los derechos humanos, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que el Ejecutivo retrasa los procesos y no otorga los recursos necesarios para la investigación los delitos por violación de derechos humanos: «El Estado al Ministerio Público no le ha dado recursos necesarios para poder hacer las pruebas de ADN. Ellos recién, creo que hace menos de un mes o dos meses han podido obtener para hacer las pruebas de ADN de los cuerpos que fueron recuperados de estas fosas comunes que se hicieron para sepultar anónimamente del caso El Frontón».

Asimismo, Cano señaló que la Sala Penal Nacional está trabajando otros casos cuando esta sala era exclusiva para los delitos de derechos humanos. Ello por la complejidad de los casos. «Lamentablemente el Estado ha confeccionado su poder judicial de tal manera que haya una carga procesal que no permita que los juicios no avancen con claridad», precisó. Finalmente, Cano señaló que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias para revertir dicha situación, «Y obtenga el objetivo que es la verdad y la sanción a los responsables de crímenes horrorosos como son los crímenes de lesa humanidad».

Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. «El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades», señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: «Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados». Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

Familiares de víctimas del Grupo Colina piden derogatoria de norma que favorece a violadores de DDHH


Familiares de víctimas de los casos la Cantuta, barrios Altos y otros solicitaron derogar el Decreto Legislativo 1097 al considerar que busca dejar impune a los militares responsables de violaciones de derechos humanos así mismo consideraron esta norma como una agresión del Estado a los familiares de las victimas, así lo consideró Gisela Ortiz familiar de victima de la Cantuta.

«Los familiares como ha sido desde siempre, nos negamos a olvidar y nos negamos a perdonar y no porque haya odio en nuestras palabras o en nuestras acciones, sino porque esas acciones son acciones de cariño por la memoria de nuestros familiares, pero también por el derecho a vivir con tranquilidad en un país donde los asesinos no estén libres en las calles cometiendo nuevamente crímenes».

En tanto, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, sostuvo que la demora de los juicios en estos casos de violación de derechos humanos es un problema del Estado debido a que al Ministerio Público no se le han asignado los recursos necesarios para culminar las investigaciones. «Son decenas, cientos de familiares miles de familiares que tienen derecho a verdad y justicia y este decreto legislativo se los niega, por eso es grave lo que esta ocurriendo». Según APRODEH, el Presidente Alan García y el Ministro de Justicia Víctor García Toma deben dar una explicación al país sobre dicho decreto. Gloria Cano, en tal sentido, solicitó la renuncia del ministro García Toma.