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Miembros del Grupo Colina solicitan acogerse a decreto del gobierno para obtener libertad


Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Con esta norma el ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el mismo presidente Alan García se beneficiarían. «y se repite la historia como en el caso Fujimori, que el presidente termine emitiendo normas de autoprotección», apostilló Carlos Rivera, abogado de IDL.

La norma promulgada impone un plazo de prescripción a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno; asimismo, el decreto dispone archivar las investigaciones en dichos casos y los crímenes contra la humanidad solo son a partir del 2003. «Fue la persona que ordenó la matanza de El Frontón. Él es cierto no tiene la condición de investigado en el proceso penal que esta abierto el año pasado la fiscalía superior dijo que había advertido que entre los procesados solamente estaban los autores materiales y que era imprescindible para que el caso tenga relevancia que también sean comprendidos los autores intelectuales, se estaba refiriendo al presidente Alan García y al ex ministro del interior Agustín Mantilla», precisó Rivera.

En tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez señaló que la norma 1097 no puede aplicarse a los integrantes del Grupo Colina debido a que quiebran el principio de igualdad al favorecer a los militares. La solicitud de los procesados en delitos humanos será resuelta por la Primera Sala Penal de Lima presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.

Denuncian normas del gobierno que darían libertad a Alberto Fujimori

Procesados y sentenciados por el caso Barrios Altos, La Cantuta, Cayara, El Frontón, Castro Castro y otros delitos por violación de derechos humanos quedarían en libertad acogiéndose a la norma legislativa 1097 publicada por el presidente Alan García. Según Carlos Rivera, abogado de IDL, «lo que esta norma establece es que los crímenes contra la humanidad solamente son partir del año 2003 con lo cual Barrios Altos y la Cantuta ya no son crímenes contra la humanidad y la defensa de Fujimori tendría un terreno totalmente fértil para cuestionar la legalidad de la sentencia en el Tribunal Constitucional».

El abogado del IDL consideró que dicho decreto es parte de una alianza entre el fujimorismo, el Poder Ejecutivo y los sectores comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la década de los noventa. «Vamos hacer acciones de incidencia, vamos a buscar, a la Fiscalía de la Nación o la Defensoría o el propio Congreso de la República interponga alguna acción de inconstitucionalidad; por que es evidente que los decretos son inconstitucionales. Vamos a recurrir al sistema interamericano que en más de una oportunidad se ha pronunciado sobre los casos peruanos».

Los representantes de organismos de derechos humanos denunciaron dicha norma y alertaron la posible libertad de Santiago Martín Rivas y del ex presidente Alberto Fujimori, ambos procesados por violación de derechos humanos.

Detienen en Aeropuerto Jorge Chávez a Carlos Rivera, abogado de la parte civil en juicio a Fujimori

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a la parte civil en el juicio por Derechos Humanos al ex dictador Alberto Fujimori, ha sido objeto hoy domingo 14, en la mañana, de una extraña detención en el aeropuerto Jorge Chávez, al regresar de un viaje a los Estados Unidos. Cuando hacía sus trámites migratorios, se le comunicó que existía una orden de arresto en su contra, dictada por el 40° Juzgado Penal de Lima, por el presunto delito contra la fe pública por una supuesta falsificación de documentos, cuyo proceso habría empezado en el 2008 y por el cual nunca fue notificado, afirmó el letrado.

«Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más», declaró Rivera, desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria. «Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado», agregó.

Además de una irregularidad, la detención es sospechosa de responder a una motivación política. Rivera, aparte de su efectiva participación en el juicio a Fujimori, sigue el caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acudió al local de Requisitorias para manifestar su preocupación, así como el periodista Gustavo Gorriti. Simon consideró a Rivera como «una persona decente y honrada», y comentó que pudo conversar con él y que está muy tranquilo. El premier adelantó que, de acuerdo a los procedimientos policiales, recién mañana lunes el abogado podría recobrar su libertad.

A su vez, Gorriti tildó la medida de «una tinterillada que se utiliza para acosar a uno de los más calificados defensores de los DDHH en el Perú», y subrayó que Rivera «no tiene el más mínimo conocimiento de ese caso, no ha habido ninguna notificación de ninguna naturaleza». El periodista agregó que en el proceso no hay demandante conocido alguno.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso «La Cantuta», indicó que es «bastante sospechoso» la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso «Barrios Altos» contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40° Juzgado para que brinde su declaración.

Respecto a los antecedentes del juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.