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Analista Carlos Reyna señala que suspensión de decretos es derogatoria encubierta

El acuerdo del pleno es, en la práctica, una derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. La bancada aprista y la derecha del Congreso la ha presentado como «suspensión» solo para evitar la imagen de una victoria de la protesta indígena. Es en los hechos derogatoria porque la suspensión no tiene plazo de término. El gabinete de Simon, en particular la ministra Araoz pretendió que la suspensión sea sólo por 60 día.

La bancada aprista pretendió que sea sólo por 90 días. El fujimorismo y el PPC terminaron por imponer su criterio de que la suspensión sea por plazo indefinido, para salvar sus propias caras. Pero también es derogatoria en los hechos porque a la vez se ha restablecido la vigencia de las leyes 27308 forestal y de fauna y 26505 ley de inversión en las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Ambas leyes quedan restablecidas también por plazo indefinido.

Y también es derogatoria porque es obvio que en el plazo de suspensión habrá el debate que permitirá reemplazar estos decretos por otras normas. El 1064, en particular, ya tiene una acción de inconstitucionalidad ante el TC. Claro que hubiera sido más sensato llamar a esta «suspensión» como lo que realmente es: derogatoria. Al llamarla suspensión mantienen imprudentemente la tensión y se mantiene el riesgo de violencia.