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Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. «El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades», señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: «Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados». Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

Ordenarían en Trujillo cierre definitivo de empresa Kurrunga tras accidente con 23 muertos


En siete días se sabrá el destino de la empresa Kurrungo, en cuyo último accidente ocurrido en la sierra liberteña fallecieron 26 personas. Debido a las graves infracciones en las que incurrieron lo más probable será la inhabilitación definitiva de su ruta. El Gerente Regional de Transportes, Enrique Recal, se pronunció respecto a la investigación que se sigue en contra esta empresa. Dijo que los delitos en los que ha incurrido dicha empresa -como llevar pasajeros en los techos y dejar a cargo la conducción del vehículo a un chofer inhabilitado para esa labor- son graves; es por ello que, luego de la investigación, se proceda a la suspensión definitiva de su funcionamiento. Recal enfatizó que la investigacion ya está en proceso y que luego de siete dias se sabrá el resultado de la misma.