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Fiscal de la Nación sugiere reapertura del penal El Frontón

En Tacna, el fiscal de la Nación, José Peláez, entregó un laboratorio de criminalística. Durante su visita, sugirió, además, la reapertura del penal El Frontón. Ello debido al hacinamiento de los centros carcelarios.

Demoras en procesos de DDHH se deben a falta de apoyo del Estado para investigaciones


Frente a la derogatoria del decreto legislativo 1097, que permitía la impunidad de aquellos procesados por violación a los derechos humanos, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que el Ejecutivo retrasa los procesos y no otorga los recursos necesarios para la investigación los delitos por violación de derechos humanos: «El Estado al Ministerio Público no le ha dado recursos necesarios para poder hacer las pruebas de ADN. Ellos recién, creo que hace menos de un mes o dos meses han podido obtener para hacer las pruebas de ADN de los cuerpos que fueron recuperados de estas fosas comunes que se hicieron para sepultar anónimamente del caso El Frontón».

Asimismo, Cano señaló que la Sala Penal Nacional está trabajando otros casos cuando esta sala era exclusiva para los delitos de derechos humanos. Ello por la complejidad de los casos. «Lamentablemente el Estado ha confeccionado su poder judicial de tal manera que haya una carga procesal que no permita que los juicios no avancen con claridad», precisó. Finalmente, Cano señaló que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias para revertir dicha situación, «Y obtenga el objetivo que es la verdad y la sanción a los responsables de crímenes horrorosos como son los crímenes de lesa humanidad».

Miembros del Grupo Colina solicitan acogerse a decreto del gobierno para obtener libertad


Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Con esta norma el ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el mismo presidente Alan García se beneficiarían. «y se repite la historia como en el caso Fujimori, que el presidente termine emitiendo normas de autoprotección», apostilló Carlos Rivera, abogado de IDL.

La norma promulgada impone un plazo de prescripción a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno; asimismo, el decreto dispone archivar las investigaciones en dichos casos y los crímenes contra la humanidad solo son a partir del 2003. «Fue la persona que ordenó la matanza de El Frontón. Él es cierto no tiene la condición de investigado en el proceso penal que esta abierto el año pasado la fiscalía superior dijo que había advertido que entre los procesados solamente estaban los autores materiales y que era imprescindible para que el caso tenga relevancia que también sean comprendidos los autores intelectuales, se estaba refiriendo al presidente Alan García y al ex ministro del interior Agustín Mantilla», precisó Rivera.

En tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez señaló que la norma 1097 no puede aplicarse a los integrantes del Grupo Colina debido a que quiebran el principio de igualdad al favorecer a los militares. La solicitud de los procesados en delitos humanos será resuelta por la Primera Sala Penal de Lima presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.

Denuncian normas del gobierno que darían libertad a Alberto Fujimori

Procesados y sentenciados por el caso Barrios Altos, La Cantuta, Cayara, El Frontón, Castro Castro y otros delitos por violación de derechos humanos quedarían en libertad acogiéndose a la norma legislativa 1097 publicada por el presidente Alan García. Según Carlos Rivera, abogado de IDL, «lo que esta norma establece es que los crímenes contra la humanidad solamente son partir del año 2003 con lo cual Barrios Altos y la Cantuta ya no son crímenes contra la humanidad y la defensa de Fujimori tendría un terreno totalmente fértil para cuestionar la legalidad de la sentencia en el Tribunal Constitucional».

El abogado del IDL consideró que dicho decreto es parte de una alianza entre el fujimorismo, el Poder Ejecutivo y los sectores comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la década de los noventa. «Vamos hacer acciones de incidencia, vamos a buscar, a la Fiscalía de la Nación o la Defensoría o el propio Congreso de la República interponga alguna acción de inconstitucionalidad; por que es evidente que los decretos son inconstitucionales. Vamos a recurrir al sistema interamericano que en más de una oportunidad se ha pronunciado sobre los casos peruanos».

Los representantes de organismos de derechos humanos denunciaron dicha norma y alertaron la posible libertad de Santiago Martín Rivas y del ex presidente Alberto Fujimori, ambos procesados por violación de derechos humanos.