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Familiares de víctimas del Grupo Colina piden derogatoria de norma que favorece a violadores de DDHH


Familiares de víctimas de los casos la Cantuta, barrios Altos y otros solicitaron derogar el Decreto Legislativo 1097 al considerar que busca dejar impune a los militares responsables de violaciones de derechos humanos así mismo consideraron esta norma como una agresión del Estado a los familiares de las victimas, así lo consideró Gisela Ortiz familiar de victima de la Cantuta.

«Los familiares como ha sido desde siempre, nos negamos a olvidar y nos negamos a perdonar y no porque haya odio en nuestras palabras o en nuestras acciones, sino porque esas acciones son acciones de cariño por la memoria de nuestros familiares, pero también por el derecho a vivir con tranquilidad en un país donde los asesinos no estén libres en las calles cometiendo nuevamente crímenes».

En tanto, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, sostuvo que la demora de los juicios en estos casos de violación de derechos humanos es un problema del Estado debido a que al Ministerio Público no se le han asignado los recursos necesarios para culminar las investigaciones. «Son decenas, cientos de familiares miles de familiares que tienen derecho a verdad y justicia y este decreto legislativo se los niega, por eso es grave lo que esta ocurriendo». Según APRODEH, el Presidente Alan García y el Ministro de Justicia Víctor García Toma deben dar una explicación al país sobre dicho decreto. Gloria Cano, en tal sentido, solicitó la renuncia del ministro García Toma.

Grupo de mujeres teje gigantesca chalina para recordar a víctimas de violencia política


Mujeres y hombres de Ayacucho desaparecieron durante el conflicto armado interno que vivió el país a raíz del accionar del grupo terrorista Sendero Luminoso. Sus familiares – pese al tiempo transcurrido – no los olvidan y, por ello, la iniciativa denominada la Chalina de la Solidaridad busca revalorar la memoria de lo ocurrido de una forma simbólica. Su promotora, Marina García Burgos, dijo que «la idea es que nos tejan un pedazo de lana en el cual nos puedan expresar lo que sienten, que se acuerden de su familia… Pero la idea es de acompañarlas y de que ellas estén acompañadas entre ellas, no sentirse solas, se pregunten qué les ocurrió… o sea crear un espacio en el que tiempo de espera sea menos doloroso».

Es precisamente ese dolor el que, contradictoriamente a lo que se pueda pensar, hace vivir a Julia Maldonado, a fin de exigir justicia y encontrar quizás respuestas a lo sucedido con su esposo y padre en Ayacucho, ambos detenidos por una patrulla del Ejército Peruano. Nunca los volvió a ver. «Mi caso es lo que ha desaparecido mi esposo. En mi pueblo había una fiesta, en 1983 desapareció él. Ahícito no más como trampa les han agarrado a todos y los trajeron a la plaza principal de Hualla. Los militares se lo llevaron… Yo quiero justicia que haya reparaciones simbólicas para nosotros. He sufrido mucho, mis hijos a consecuencia de eso dos hijos no tienen estudio».

La Chalina de la Solidaridad, es tejida en paralelo a la Chalina de la Esperanza, que finalmente unida en una sola será expuesta en la Municipalidad de San Isidro, en Lima. Esta iniciativa aunque simbólica es parte de un proceso histórico que aún no ha culminado. Así lo señaló Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de la masacre de La Cantuta: «Hay una obligación de todos de ir investigando más estos casos, de ir preservando la memoria, de ir descubriendo qué cosas más hay. Ha sido un largo proceso para los propios familiares que tienen temor y que viven en sus comunidades con sus propios agresores. Entonces, hay como todo un proceso que se debe seguir implementando para realmente conocer qué fue lo que pasó en nuestro país».

Si quieren sumarse al reto de la Chalina Solidaria pueden donar lana y otros implementos de tejido escribiendo al correo electrónico: chalinadelaesperanza@gmail.com. El plazo para culminar con un kilómetro de esta prenda de abrigo vence en noviembre próximo.

Piden sentencia justa para Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos

Ad portas de la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori, familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos y organizaciones de Derechos Humanos aprovecharon el pasacalle por el Día Internacional de la Mujer para pedir que la Corte Suprema dicte una sentencia justa por la matanza de Barrios Altos y la Cantuta. Ronald Gamarra, presidente de la CNDDHH, dijo que sí se debe condenar al ex gobernante, recordando que «también hay en curso en el Ministerio Público una investigación contra Fujimori Fujimori por esterilizaciones forzadas».

Gisela Ortiz Perea, representante de los familiares, dijo que «ojalá este proceso contra Fujimori, por ser un juicio histórico, sea un proceso de aprendizaje también sobre nuestras responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos y que ojalá en algún momento realmente aprendamos asumir las responsabilidades». Ortiz Perea también expresó que el Estado tiene que tener un compromiso para garantizar los derechos de las víctimas y sobre todo que no se pierda la memoria de estos hechos de dolor que desangraron a las familias.