Archivo de la etiqueta: Gloria Cano

Vladimiro Montesinos y Grupo Colina son sentenciados a 25 años de prisión en Lima


El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, Santiago Martín Rivas ex jefe del grupo Colina y Carlos Pichilingüe ex integrante del mismo destacamento de inteligencia fueron sentenciado a 25 años de prisión por casos de violación de los derechos humanos.

Los familiares de las victimas junto a la abogada Gloria Cano lamentaron la dilación de la sentencia.

La sentencia fue dictada en la Primera Sala Especial de Lima en la base Naval del Callao. Durante la audiencia Vladimiro Montesinos aprovechó para promocionar sus dos libros “Sin Sendero” y “Espionaje chileno».

Demoras en procesos de DDHH se deben a falta de apoyo del Estado para investigaciones


Frente a la derogatoria del decreto legislativo 1097, que permitía la impunidad de aquellos procesados por violación a los derechos humanos, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, señaló que el Ejecutivo retrasa los procesos y no otorga los recursos necesarios para la investigación los delitos por violación de derechos humanos: «El Estado al Ministerio Público no le ha dado recursos necesarios para poder hacer las pruebas de ADN. Ellos recién, creo que hace menos de un mes o dos meses han podido obtener para hacer las pruebas de ADN de los cuerpos que fueron recuperados de estas fosas comunes que se hicieron para sepultar anónimamente del caso El Frontón».

Asimismo, Cano señaló que la Sala Penal Nacional está trabajando otros casos cuando esta sala era exclusiva para los delitos de derechos humanos. Ello por la complejidad de los casos. «Lamentablemente el Estado ha confeccionado su poder judicial de tal manera que haya una carga procesal que no permita que los juicios no avancen con claridad», precisó. Finalmente, Cano señaló que el Ejecutivo debe tomar las medidas necesarias para revertir dicha situación, «Y obtenga el objetivo que es la verdad y la sanción a los responsables de crímenes horrorosos como son los crímenes de lesa humanidad».

Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. «El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades», señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: «Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados». Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

Familiares de víctimas del Grupo Colina piden derogatoria de norma que favorece a violadores de DDHH


Familiares de víctimas de los casos la Cantuta, barrios Altos y otros solicitaron derogar el Decreto Legislativo 1097 al considerar que busca dejar impune a los militares responsables de violaciones de derechos humanos así mismo consideraron esta norma como una agresión del Estado a los familiares de las victimas, así lo consideró Gisela Ortiz familiar de victima de la Cantuta.

«Los familiares como ha sido desde siempre, nos negamos a olvidar y nos negamos a perdonar y no porque haya odio en nuestras palabras o en nuestras acciones, sino porque esas acciones son acciones de cariño por la memoria de nuestros familiares, pero también por el derecho a vivir con tranquilidad en un país donde los asesinos no estén libres en las calles cometiendo nuevamente crímenes».

En tanto, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, sostuvo que la demora de los juicios en estos casos de violación de derechos humanos es un problema del Estado debido a que al Ministerio Público no se le han asignado los recursos necesarios para culminar las investigaciones. «Son decenas, cientos de familiares miles de familiares que tienen derecho a verdad y justicia y este decreto legislativo se los niega, por eso es grave lo que esta ocurriendo». Según APRODEH, el Presidente Alan García y el Ministro de Justicia Víctor García Toma deben dar una explicación al país sobre dicho decreto. Gloria Cano, en tal sentido, solicitó la renuncia del ministro García Toma.

Detienen en Aeropuerto Jorge Chávez a Carlos Rivera, abogado de la parte civil en juicio a Fujimori

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a la parte civil en el juicio por Derechos Humanos al ex dictador Alberto Fujimori, ha sido objeto hoy domingo 14, en la mañana, de una extraña detención en el aeropuerto Jorge Chávez, al regresar de un viaje a los Estados Unidos. Cuando hacía sus trámites migratorios, se le comunicó que existía una orden de arresto en su contra, dictada por el 40° Juzgado Penal de Lima, por el presunto delito contra la fe pública por una supuesta falsificación de documentos, cuyo proceso habría empezado en el 2008 y por el cual nunca fue notificado, afirmó el letrado.

«Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más», declaró Rivera, desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria. «Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado», agregó.

Además de una irregularidad, la detención es sospechosa de responder a una motivación política. Rivera, aparte de su efectiva participación en el juicio a Fujimori, sigue el caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acudió al local de Requisitorias para manifestar su preocupación, así como el periodista Gustavo Gorriti. Simon consideró a Rivera como «una persona decente y honrada», y comentó que pudo conversar con él y que está muy tranquilo. El premier adelantó que, de acuerdo a los procedimientos policiales, recién mañana lunes el abogado podría recobrar su libertad.

A su vez, Gorriti tildó la medida de «una tinterillada que se utiliza para acosar a uno de los más calificados defensores de los DDHH en el Perú», y subrayó que Rivera «no tiene el más mínimo conocimiento de ese caso, no ha habido ninguna notificación de ninguna naturaleza». El periodista agregó que en el proceso no hay demandante conocido alguno.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso «La Cantuta», indicó que es «bastante sospechoso» la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso «Barrios Altos» contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40° Juzgado para que brinde su declaración.

Respecto a los antecedentes del juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

Organismos de Derechos Humanos se pronuncian sobre contradicciones en alegato de Alberto Fujimori

Gloria Cano, representante de las víctimas de La Cantuta se pronunció sobre los últimos alegatos contradictorios de Alberto Fujimori. «César Nakasaki se ha pasado semana tras semana señalando que era imposible normativamente y fácticamente que Alberto Fujimori dé las disposiciones con respecto a la estrategia antisubversiva. Sin embargo, el reo Alberto Fujimori lo que hizo fue desmentir a la defensa técnica y señalar que él personalmente decidió variar la estrategia antisubversiva y él personalmente evaluó, decidió y tomó disposiciones al respecto. Entonces, quiere decir que sí elaboró una estrategia surbversiva. Él incluso llegó a señalar que la estrategia anterior de Belaunde y García eran de tierra arrasada. En el gobierno de Fujimori lo que se hizo fue cambiar a una estrategia de eliminación selectiva y es lo que se hizo con el destacamento Colina», explicó.

Asimismo, Ronald Gamarra denunció la nueva mutilación que ha sufrido el monumento El Ojo que Llora, erigido en memoria de las víctimas de la violencia política. En tal sentido, Gamarra observó la responsabilidad del Municipio de Jesús María.