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Sepa cuándo y cómo se aplica la prisión preventiva: Entrevista a Vanesa Cuentas del IDL

En esta parte del programa, Vanesa Cuentas, abogada del Instituto de Defensa Legal, comenta sobre la Prisión Preventiva (PP), medida que durante los últimos meses se ha venido otorgando en nuestro país.
La especialista señala que el fiscal responsable de la investigación es quién debe solicitar y justificar el pedido de prisión preventiva, además deben cumplirse tres requisitos.
Primero: que hayan fuertes indicios que señalen al acusado como responsable del delito. Segundo: que la posible pena que tenga que afrontar sea mayor a cuatro años. Tercero: el peligro de que el acusado pueda fugar o que obstaculice la investigación.
Cuentas asegura que si el juez considera que el acusado no cumple los requisitos para la prisión preventiva, puede acceder a opciones como la Comparecencia restrictiva que consiste en desarrollar el proceso en libertad, pero acatando reglas de conducta impuestas por el juez.
«El acusado debe pagar una suma de dinero, no debe salir del país sin previa autorización del juez, no puede acercarse a la víctima o a personas que el juez disponga. Si el acusado no cumple estas reglas y cumple los requisitos, se acoge a la prisión preventiva», señala la especialista del IDL.

Entrevista a César Bazán del IDL: Balance de los tres años de gobierno de Humala en Seguridad Ciudadana

César Bazán, coordinador del Área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL) realiza un balance de la seguridad ciudadana en estos tres años de gobierno del Presidente de la República, Ollanta Humala.
La inestabilidad han caracterizado estos tres años de gobierno, sobre todo en el caso del Ministerio del Interior que a la fecha ya ha contado con seis ministros de perfiles diferentes; de ellos, tres han sido militares indica Bazán.
«No hay una hoja de ruta para trabajar en el tema y se está buscando perfiles diferentes para ver cuál lo puede salvar de la caída en las encuestas. La gente siente que no se está trabajando en el tema», afirma el coordinador de IDL.

Bazán considera que el actual ministro del Interior, Daniel Urresti, es proactivo pero el hecho de estar presuntamente involucrado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, lo inhabilita para estar en el cargo.
«Para tener un país más seguro se necesita trabajar en prevención, con los ilícitos menores, faltas, tener una policía mucho mejor equipada, preparada y mucho mejor pagada. Algo positivo es que se han destinado fondos para la construcción de comisarías y su equipamiento. Esto es insuficiente, pero se está haciendo», enfatiza el representante del IDL.
En esta segunda parte de la entrevista, César Bazán del IDL, comenta sobre las perspectivas ante el próximo mensaje a la Nación del presidente Ollanta Humala. Considera que el mandatario debe reconsiderar que lo que ha realizado en el tema de seguridad ciudadana no es suficiente puesto que la hoja de ruta anunciada en el mensaje de fiestas patrias del año 2013 no ha sido cumplida.
«Lo primero que debe hacer el presidente Humala, debe reconocer que han sido tres años perdidos en materia de seguridad ciudadana y a partir de eso generar un consenso nacional para decidir qué hacer al respecto. Eso significa trabajar con planes para que estos dos años que quedan, no se caigan al agua», expresa.
Además el especialista considera que un próximo ministro del Interior debe ser proactivo y saber cómo atacar los problemas de la corrupción policial, cómo trabajar la reforma policial planteada en el 2012 por el presidente Humala y que hasta la fecha no se ejecuta.
«Si se logra avanzar en la reforma policial, sería un gran mérito del gobierno de Humala», puntualiza Bazán.

Entrevista: Juicios por Bagua afectan principalmente a nativos

Entrevista a Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa y Libertad, quien hace referencia a los casos judiciales que se generaron luego de los lamentables sucesos ocurridos en Bagua. Indica que para algunos líderes indígenas se ha solicitado la cadena perpetua, lo cual no es proporcional. Precisa que los procesos se encuentran estancados debido a que no se quiere que el caso se vea en Bagua. Pese a una decisión final, temen que este juicio –por sus complicaciones- se vea en la Corte Superior de Lima. Lamenta que ni la Fiscalía, ni la Policía ni el Poder Judicial hayan querido proseguir la ubicación del cuerpo del Mayor Bazán.

Entrevista: Colectivo Yo soy Bagua busca justicia con equidad, no impunidad

Al recordarse 4 años de la masacre ocurrida en Bagua que acabó con la vida de 33 personas nos sumamos a la iniciativa que lidera Maricamen Gómez Calleja, Misionera del Vicariato San Francisco Javier de Jaén, quien da cuenta del inicio de la campaña del colectivo “Yo soy Bagua” que no solo busca recordar lo ocurrido hace 4 años para que no se repita sino que busca justicia para los inocentes que se encuentran procesados. Pide que se aplique justicia con equidad sobre todo dado que ante el transcurrir del tiempo, los procesos se han estancado.

En Pucallpa, Gerald Veilleux cuestiona fallo contra asesinos de Indalecio Pomatanta

La Sala Penal Nacional condenó al ex comandante de la Marina de Guerra del Perú, Andrés Egocheaga Salazar, por el asesinato del adolescente Indalecio Pomatanta, en abril de 1995 en Ucayali.

Sin embargo, a pesar de comprobarse la extrema violencia del homicidio, pues a Indalecio Pomatanta le rociaron gasolina para luego prenderle fuego, la sentencia al asesino fue de apenas 14 años de privación de la libertad. El padre Gerald Veilloux, quien siguió el caso cuestionó el fallo judicial.

El tribunal absolvió a los otros integrantes de la patrulla: Jorge Rabanal Calderón, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez y reservó el juicio a Spencer Guido Dávalos.

El padre Veilleux, en su indignación, agregó que Dios juzgará a quienes quemaron vivo a Indalecio Pomatanta y a los jueces que impusieron una pena injusta a estos asesinos.

La muerte de Indalecio Pomatanta y la búsqueda de justicia

Tras esperar 16 años por justicia, familiares de Indalecio Pomatanta Albarrán, el joven de 17 años que fue quemado vivo por cuatro integrantes de la Marina en el año 1995, asistieron la madrugada del martes 11 de octubre del 2011 a la lectura de sentencia de la Sala Penal Nacional, que exoneró de responsabilidad a 3 de los marinos involucrados y que sentenció a sólo 14 años de prisión y el pago de 200 mil soles, al comandante de la Marina, Andrés Egoechaga Salazar.

Luego de seis horas de espera, la Sala conformada por Ricardo Broussett Salas, Clotilde Cavero Nalvarte y Teófilo Salvador Neyrar, determinó que Egoechaga dirigió la operación, que intervino a Pomatanta, lo roció con gasolina y luego lo quemó vivo, además de impedir que fuera auxiliado por otros integrantes del comando. A pesar de que la sentencia señala que este hecho constituye una violación a los derechos humanos la pena impuesta está por debajo del mínimo legal correspondiente al delito de homicidio calificado.

La Fiscalía Superior Penal considerando la gravedad del crimen había solicitado una pena de 25 años cárcel.

Así mismo, el tribunal alega no encontrar pruebas que responsabilicen a los otros marinos procesados, por lo que desestimó la responsabilidad de los integrantes del comando, procesados por este caso, el teniente Jorge Luís Rabanal Calderón, aún en actividad, así como a los miembros de la patrulla “Aries”, Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez, que tuvieron participación directa en la ejecución del menor.

El caso ya había logrado una sentencia pero fue reabierto en el 2010.

Cabe indicar, que durante el juicio oral que duró un año, la defensa de los familiares demostró que Egocheaga Salazar estuvo a cargo del operativo que acabó con la vida del menor, y que mientras que el oficial de Mar (OM) Guido Spencer Dávalos –quien tiene calidad de reo ausente– le roseó la gasolina, fue el mismo quien le prendió fuego. Acto, que le ocasionó al menor Pomatanta quemaduras en el 65% de su cuerpo, y que determinó en su muerte. Por esa razón, ambos eran considerados como coautores por el Ministerio Público.

Tal como advirtió, Silvia Romero, abogada de la familia Pomatanta, la sala no encontró culpabilidad en los marinos Pedro Rodríguez, Mario Peña y Jorge Rabanal, a pesar, de que se ha demostrado que no sólo estuvieron presentes en el lugar de los hechos a una muy corta distancia sino que brindaron seguridad y de esa manera garantizaron que el crimen se ejecute.

La Fiscalía Superior Penal y los abogados del agraviado han interpuesto recurso de nulidad contra la sentencia, razón por la que el caso será revisado por la Corte Suprema de Justicia.

El crimen

La madrugada del domingo 2 de abril de 1995, en la localidad de San Alejandro (Ucayali), integrantes de la patrulla “Aries” ingresaron al domicilio de la familia Pomatanta Albarrán para interrogar a Indalecio Pomatanta, de 17 años.

Luego de eso, los militares tomaron tres galones de gasolina y procedieron a rociarle todo el cuerpo con el combustible y, en seguida, prenderle fuego. El menor terminó en el hospital por las graves quemaduras, pero a los pocos días murió. Antes de fallecer, en una entrevista televisiva, Pomatanta reveló los nombres de quienes lo ultimaron.

Este caso fue seguido por el periodista Juan Ramírez, integrante de UTV de Pucallpa y de Enlace Nacional, en marzo pasado conversamos con él, sobre cómo siguió el caso, dado que él fue el único que entrevistó al joven Indalecio Pomatanta antes de su muerte. Precisamente este testimonio fue recogido por la Sala Penal Nacional y ha servido como prueba en el caso contra la denominada patrulla marina Aries. El trabajo de Juan Ramírez junto a la Vicaria de Derechos Humanos que labora en Pucallpa ayudó a dar cuenta de estos hechos que, durante el conflicto armado interno que vivió el Perú, pretendían quedar ocultos.

Reabren caso de Indalecio Pomatanta, quemado vivo por marinos en Pucallpa


La Sala Penal Nacional de Lima ha llegado a Pucallpa para interrogar a los testigos de la muerte de Indalecio Pomatanta, ocurrido hace 15 años, debido a que la Corte Suprema declaró nula la sentencia de 25 años contra los marinos implicados.

Como recordamos este caso se remonta al 2 de abril de 1995, cuando Indalecio Pomatanta fue intervenido en su vivienda por marinos en San Alejandro. Según dicen los testigos, los marinos buscaban armas que presumiblemente tenía Indalecio en su vivienda y para que hable lo amenazaron con incendiarlo arrojándole gasolina; y como nunca dijo dónde estaban las armas, le prendieron fuego.

El proceso judicial se llevó a cabo primero en el fuero militar y luego en el fuero civil en donde sentenciaron a 25 años de prisión a los marinos implicados pero la Corte Suprema anuló esta sentencia, volviéndola a fojas cero y dejando en libertad a los marinos.

El proceso judicial fue tomado por la Sala Penal Nacional de Lima presidida por los magistrados Ricardo Brousset, Jimena Cayo y Clotilde Cavero; quienes llegaron hasta Pucallpa para el interrogatorio a los testigos de este crimen tan aberrante. «Hay testigos que se han presentado miembros de la patrulla y de la base contra subversiva San Alejandro», dijo el magistrado Brousset.

La madre de Indalecio Pomatanta, Rosa Albarran, fue una de las principales testigos que fue interrogada conjuntamente con su esposo Juan Francisco Pomatanta, quienes se ratificaron en las acusaciones los marinos implicados: «¿Por qué ha regresado a cero este proceso? Por salir libre quiere ser muy inocente han sido culpables y como son de alto poder de alto nivel entonces al pobre nos quieren dejar como una basura», dijo Albarrán al reconocer a X Andrés Héctor Egochaga Salazar, uno d elos implicados.

Por su parte, la abogada Tania Valle, asesora del Instituto de Defensa Legal, manifestó que sospechosamente la Corte Suprema anuló este proceso de violación de derechos humanos dejando en libertad a los implicados: «Los cuatro procesados por este crimen se encuentran en libertad están concurriendo al juicio oral con comparecencia restringida que es libertad. Nosotros como institución patrocinamos a los familiares de la victima desde hace varios años y lo que esperamos con este caso que ya tiene 15 años de haber sucedido es justicia y verdad eso es lo que espera la familia».

De otro lado, la abogada Beatriz Mejía manifestó que ella defiende a uno de los marinos porque no se ha probado que Pomatanta haya muerto por causa de las quemaduras sufridas en el encuentro con los marinos.
«En el tipo penal no es homicidio calificado sino lesiones graves. Si ustedes recuerdan Indalecio Pomatanta no murió en el acto mismo de la agresión que sufrió sino 6 días después y no muere por quemaduras sino por shock séptico que quiere decir una infección generalizada. Lo que es lesiones graves y heridas de muerte no se puede convertir e homicidio calificado por presiones del IDL ni de ningún otro grupo social del país», dijo Mejía.

La audiencia demorará dos días en Pucallpa donde interrogarán a el médico legista Celada y al médico especialista en quemaduras Everhard Lucas; asimismo al ex alcalde de San Alejandro, Luis Concalvez. Asimismo, declararán el padre Gerald Villeux quien era en ese entonces el jefe de la oficina de derechos humanos de Pucallpa quien denunció este caso y logró entrevistar a Pomatanta cuando aún estaba con vida.

Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. «El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades», señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: «Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados». Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

Miembros del Grupo Colina solicitan acogerse a decreto del gobierno para obtener libertad


Los integrantes del comando de aniquilamiento Grupo Colina solicitaron acogerse al decreto legislativo 1097, que establece facilidades para aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Con esta norma el ex presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el mismo presidente Alan García se beneficiarían. «y se repite la historia como en el caso Fujimori, que el presidente termine emitiendo normas de autoprotección», apostilló Carlos Rivera, abogado de IDL.

La norma promulgada impone un plazo de prescripción a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno; asimismo, el decreto dispone archivar las investigaciones en dichos casos y los crímenes contra la humanidad solo son a partir del 2003. «Fue la persona que ordenó la matanza de El Frontón. Él es cierto no tiene la condición de investigado en el proceso penal que esta abierto el año pasado la fiscalía superior dijo que había advertido que entre los procesados solamente estaban los autores materiales y que era imprescindible para que el caso tenga relevancia que también sean comprendidos los autores intelectuales, se estaba refiriendo al presidente Alan García y al ex ministro del interior Agustín Mantilla», precisó Rivera.

En tanto, el fiscal supremo Pablo Sánchez señaló que la norma 1097 no puede aplicarse a los integrantes del Grupo Colina debido a que quiebran el principio de igualdad al favorecer a los militares. La solicitud de los procesados en delitos humanos será resuelta por la Primera Sala Penal de Lima presidida por la jueza Inés Villa Bonilla.

Denuncian normas del gobierno que darían libertad a Alberto Fujimori

Procesados y sentenciados por el caso Barrios Altos, La Cantuta, Cayara, El Frontón, Castro Castro y otros delitos por violación de derechos humanos quedarían en libertad acogiéndose a la norma legislativa 1097 publicada por el presidente Alan García. Según Carlos Rivera, abogado de IDL, «lo que esta norma establece es que los crímenes contra la humanidad solamente son partir del año 2003 con lo cual Barrios Altos y la Cantuta ya no son crímenes contra la humanidad y la defensa de Fujimori tendría un terreno totalmente fértil para cuestionar la legalidad de la sentencia en el Tribunal Constitucional».

El abogado del IDL consideró que dicho decreto es parte de una alianza entre el fujimorismo, el Poder Ejecutivo y los sectores comprometidos en violaciones de derechos humanos durante la década de los noventa. «Vamos hacer acciones de incidencia, vamos a buscar, a la Fiscalía de la Nación o la Defensoría o el propio Congreso de la República interponga alguna acción de inconstitucionalidad; por que es evidente que los decretos son inconstitucionales. Vamos a recurrir al sistema interamericano que en más de una oportunidad se ha pronunciado sobre los casos peruanos».

Los representantes de organismos de derechos humanos denunciaron dicha norma y alertaron la posible libertad de Santiago Martín Rivas y del ex presidente Alberto Fujimori, ambos procesados por violación de derechos humanos.

IDL: Congresista Keiko Fujimori podría ser encausada penalmente


La congresista Keiko Fujimori podría ser encausada penalmente. Así lo señaló el doctor Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal. Como se recuerda, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, le ha abierto una investigación preliminar para averiguar de dónde salió el dinero para el financiamiento de los estudios universitarios de ella y sus hermanos en los Estados Unidos.

Keiko Fujimori no tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y menos a la impunidad, debido a que la complicidad de enriquecimiento ilícito es anterior a su condición de congresista, así lo señaló Salazar García: «Alberto Fujimori ganaba 2 mil soles mensuales, pero tenia estudiando a sus cuatro hijos en Estados Unidos con costos superiores a los 50 mil dólares mensuales, se ha podido establecer por contraloría que Alberto Fujimori gasto en los estudios de sus hijos e hijas un millón 250 mil dólares entre el 1993 y el año 2000».

Asimismo, Salazar García indicó que en esos años Keiko Fujimori tenía conocimiento del dinero que recibía, debido a que era servidora pública en el papel de primera Dama. «Por lo tanto, Keiko Fujimori si es investigada va ser sancionada penalmente, en su condición de cómplice, ella y sus hermanos, además la contraloría luego ha averiguado que ha aperturado cuentas personales también producto de ese dinero, lo que se pueden apropiado es mucho mayor».

Finalmente Antonio Salazar señaló que Alberto Fujimori no puede ser procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no fue extraditado de Chile por tal delito.

General Salazar Monroe viene retrasando su juicio para intentar salir libre gracias por exceso de carcelería


El General (R) Julio Salazar Monroe, procesado por delitos de derechos humanos en el caso de Barrios Altos, estaría retrasando el proceso judicial en su contra con el objetivo de ser excluido del juicio, amparándose en un habeas corpus declarado fundado por Tribunal Constitucional. Con el fin de ser excluido del proceso judicial, el general en retiro Julio Salazar Monroe viene recurriendo a diversas argucias legales para dilatar el proceso judicial que se le sigue por el caso Barrios Altos, presentando certificados de salud falsos; así lo indicó Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal. «Porque el tribunal constitucional le ha dado 60 días a la sala para que lo sentencien, sino lo sentencian ellos lo excluyen del proceso, ese es el objetivo central de Julio Salazar Monroe y su defensa».

Salazar García, índico que el Ministro de Defensa, Rafael Rey, no está colaborando con el sistema de justicia y estaría favoreciendo a Salazar Monroe, un procesado por graves delitos de derechos humanos. «Desde que el señor Rafael Rey asumido el ministerio de defensa permanentemente se ha venido pronunciando a favor de elementos militares y uno de los que se ha pronunciado en discursos oficiales, en el día de la marina, en el aniversario del ejército, ha sido Julio Salazar Monroe». Asimismo, Salazar García señaló que el Ministerio de Defensa no informa quiénes fueron los militares que estuvieron las bases donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, información que los jueces y fiscales no cuentan, lo cual llevaría a cerrar las investigaciones fiscales por falta de información.