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Movimiento indígena exige titulación para 20 millones de hectáreas

En nuestra secuencia AGENDA AMBIENTAL, Pilar Camero de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entrevistó al flamante Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, quien hizo un balance en el tema de los pueblos indígenas y los retos para el año 2015.
Rengifo destacó que en la reciente COP20, realizada en Lima, las delegaciones indígenas pusieron en la agenda la defensa de los bosques. Sin embargo, lamentó que durante el 2014 varios hermanos indígenas afrontaran el tema de la criminalización de la protesta por parte de la justicia peruana. Según el presidente de Aidesep, la raíz de la protesta fue la defensa de los bosques, de los territorios y de la vida.

En esta segunda parte de AGENDA AMBIENTAL, el Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Henderson Rengifo, afirmó que la «agenda bandera del movimiento indígena comprende los 20 millones de hectáreas que aún faltan titular para los pueblos indígenas. Exigimos a este gobierno que se atienda esta demanda para solucionar grandes problemas».
Asimismo, señaló que están abiertos al diálogo y que las autoridades deben valorar los conocimientos de los pueblos indígenas. Observó también que en el gobierno central hay todavía demora en las investigaciones sobre los asesinatos de cuatro líderes ashánincas.
Finalmente, recordó la deuda del Estado hacia los pueblos indígenas y pidió que de los 300 millones de dólares para la Amazonía, que suscribieron los gobiernos de Perú y Noruega en la Cumbre del Clima, una parte sea destinada para titular 10 millones de hectáreas de la selva peruana.

Pucallpa: 9 meses de prisión preventiva para presunto asesino de indígenas de Saweto

En Pucallpa, ordenan 9 meses de prisión preventiva contra el presunto autor intelectual del asesinato de los cuatro indígenas asháninkas, entre ellos el líder de la comunidad de Saweto, Edwin Chota.

Derechos de las comunidades sobre la tierra estarían amenazados por paquetazo ambiental

En esta edición de LAS COSAS COMO SON, Javier Torres, director de Noticias SER conversó con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión «independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios» (Título III, artículo 37, inciso A).
Esto significaría que las tierras de comunidades campesinas y nativas se verían afectadas. Del Castillo indicó que «según el cálculo oficial, las comunidades cubren un 27% del total del territorio nacional» (sumando nativas y campesinas). Esto significaría que representan más de la cuarta parte del territorio nacional. Asimismo, el número de pobladores afectados es incierto, pero la medida llega a todas las regiones del Perú, excepto Tumbes, donde no hay registro de comunidades».
Esta alerta expuesta por Laureano Del Castillo, ha sido presentada en un pronunciamiento de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, de la que CEPES forma parte.

En esta segunda parte de la entrevista con Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), se explica la problemática de la falta de títulos de tierras. La posibilidad de regular las tierras agrícolas y rurales concluyó en el año 2013, nombrándose al Ministerio de Agricultura como el órgano rector en materia de titulación, mientras que los Gobiernos Regionales solo cumplen un rol ejecutor. Pero con la Ley 30230 se crearía una contienda de competencias.
“La norma puede afectar sobre todo a comunidades campesinas y nativas que carecen de título o lo tienen pero no están georeferenciados. También puede afectar a un universo muy grande de pequeños agricultores, propietarios que tampoco tienen título”, señaló Del Castillo.

Obispos piden a Ministro del Interior que siga debido proceso en caso McAuley


La Conferencia Episcopal Peruana salió al frente y respaldó la labor de los sacerdotes que en la Amazonía defienden la lucha de los indígenas y de pueblos afectados por las industrias extractivas. Al respecto, Monseñor Pedro Barreto, Obispo de Huancayo, indicó que «el Perú está explotando solamente el 5% de sus recursos naturales; es decir el Perú es un país minero. El problema de fondo es cómo la minería responsable se abre paso en una situación de corrupción generalizada que vivimos no solo en el Perú sino en el mundo. Por tanto, la iglesia tiene que estar alerta cuando se afecte la persona humana».

Sobre el caso del religioso Paul McAuley, Monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, exhortó al Ministerio del Interior a seguir un debido proceso y probar que las acciones de McAuley efectivamente afectan la seguridad del país.

En tanto, sobre la labor evangelizadora, el obispo de Yurimaguas, Monseñor José Luis Astigarraga, precisó que ésta no es ajena a la defensa de los derechos vinculados al medio ambiente. En ese sentido, advirtió que habrán conflictos si el Gobierno no demuestra voluntad de llegar a acuerdos sobre el tema de la consulta previa.
«Nosotros somos gente de paz, sin el diálogo no hay nada. Lo que me da pena es que a la mesa III de la consulta previa le ha puesto ocho observaciones. No se trata de eso. El país es muy diverso, pluricultural, pero en la diversidad está la unidad y la idea de desarrollo no solamente es la idea del costeño, la idea de desarrollo debe ser también amazónico».