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Sepa cuándo y cómo se aplica la prisión preventiva: Entrevista a Vanesa Cuentas del IDL

En esta parte del programa, Vanesa Cuentas, abogada del Instituto de Defensa Legal, comenta sobre la Prisión Preventiva (PP), medida que durante los últimos meses se ha venido otorgando en nuestro país.
La especialista señala que el fiscal responsable de la investigación es quién debe solicitar y justificar el pedido de prisión preventiva, además deben cumplirse tres requisitos.
Primero: que hayan fuertes indicios que señalen al acusado como responsable del delito. Segundo: que la posible pena que tenga que afrontar sea mayor a cuatro años. Tercero: el peligro de que el acusado pueda fugar o que obstaculice la investigación.
Cuentas asegura que si el juez considera que el acusado no cumple los requisitos para la prisión preventiva, puede acceder a opciones como la Comparecencia restrictiva que consiste en desarrollar el proceso en libertad, pero acatando reglas de conducta impuestas por el juez.
«El acusado debe pagar una suma de dinero, no debe salir del país sin previa autorización del juez, no puede acercarse a la víctima o a personas que el juez disponga. Si el acusado no cumple estas reglas y cumple los requisitos, se acoge a la prisión preventiva», señala la especialista del IDL.

José de Echave de CooperAcción y Javier La Rosa de IDL analizan Mensaje a la Nación de Ollanta Humala

Analizamos junto a José de Echave, investigador de Cooperacción y a Javier La Rosa, del Instituto de Defensa Legal, el Mensaje a la Nación del jefe de Estado, Ollanta Humala. En esta primera parte desarrollamos los temas de descentralización, consulta previa, y lo que no dijo el presidente en su discurso.

En la segunda parte de esta entrevista, José de Echave mencionó que la administración de Ollanta Humala “es un gobierno cansado y carece de norte” Además, sostuvo que “hay un perfil cada vez más conservador”.
En cuanto a la anunciada Muerte Civil para los corruptos, Javier La Rosa dijo que no basta la sanción, hay que desarrollar políticas preventivas. En ese sentido, informó que en el Congreso de la República existe, hace más de un año, un proyecto de Ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, sin embargo este no se ha aprobado porque no hay voluntad de la mayoría parlamentaria.

Reabren caso de Indalecio Pomatanta, quemado vivo por marinos en Pucallpa


La Sala Penal Nacional de Lima ha llegado a Pucallpa para interrogar a los testigos de la muerte de Indalecio Pomatanta, ocurrido hace 15 años, debido a que la Corte Suprema declaró nula la sentencia de 25 años contra los marinos implicados.

Como recordamos este caso se remonta al 2 de abril de 1995, cuando Indalecio Pomatanta fue intervenido en su vivienda por marinos en San Alejandro. Según dicen los testigos, los marinos buscaban armas que presumiblemente tenía Indalecio en su vivienda y para que hable lo amenazaron con incendiarlo arrojándole gasolina; y como nunca dijo dónde estaban las armas, le prendieron fuego.

El proceso judicial se llevó a cabo primero en el fuero militar y luego en el fuero civil en donde sentenciaron a 25 años de prisión a los marinos implicados pero la Corte Suprema anuló esta sentencia, volviéndola a fojas cero y dejando en libertad a los marinos.

El proceso judicial fue tomado por la Sala Penal Nacional de Lima presidida por los magistrados Ricardo Brousset, Jimena Cayo y Clotilde Cavero; quienes llegaron hasta Pucallpa para el interrogatorio a los testigos de este crimen tan aberrante. «Hay testigos que se han presentado miembros de la patrulla y de la base contra subversiva San Alejandro», dijo el magistrado Brousset.

La madre de Indalecio Pomatanta, Rosa Albarran, fue una de las principales testigos que fue interrogada conjuntamente con su esposo Juan Francisco Pomatanta, quienes se ratificaron en las acusaciones los marinos implicados: «¿Por qué ha regresado a cero este proceso? Por salir libre quiere ser muy inocente han sido culpables y como son de alto poder de alto nivel entonces al pobre nos quieren dejar como una basura», dijo Albarrán al reconocer a X Andrés Héctor Egochaga Salazar, uno d elos implicados.

Por su parte, la abogada Tania Valle, asesora del Instituto de Defensa Legal, manifestó que sospechosamente la Corte Suprema anuló este proceso de violación de derechos humanos dejando en libertad a los implicados: «Los cuatro procesados por este crimen se encuentran en libertad están concurriendo al juicio oral con comparecencia restringida que es libertad. Nosotros como institución patrocinamos a los familiares de la victima desde hace varios años y lo que esperamos con este caso que ya tiene 15 años de haber sucedido es justicia y verdad eso es lo que espera la familia».

De otro lado, la abogada Beatriz Mejía manifestó que ella defiende a uno de los marinos porque no se ha probado que Pomatanta haya muerto por causa de las quemaduras sufridas en el encuentro con los marinos.
«En el tipo penal no es homicidio calificado sino lesiones graves. Si ustedes recuerdan Indalecio Pomatanta no murió en el acto mismo de la agresión que sufrió sino 6 días después y no muere por quemaduras sino por shock séptico que quiere decir una infección generalizada. Lo que es lesiones graves y heridas de muerte no se puede convertir e homicidio calificado por presiones del IDL ni de ningún otro grupo social del país», dijo Mejía.

La audiencia demorará dos días en Pucallpa donde interrogarán a el médico legista Celada y al médico especialista en quemaduras Everhard Lucas; asimismo al ex alcalde de San Alejandro, Luis Concalvez. Asimismo, declararán el padre Gerald Villeux quien era en ese entonces el jefe de la oficina de derechos humanos de Pucallpa quien denunció este caso y logró entrevistar a Pomatanta cuando aún estaba con vida.

Denuncian que Estudio Nakasaki elabora normas que gobierno promulga en beneficio de procesados por DDHH


El controvertido decreto 1097 debe ser derogado. Así lo demandaron representantes del Instituto de Defensa Legal quienes, además, criticaron que el ministro de Defensa, Rafael Rey, aceptara que dicha norma fue consultada con los abogados César Nakasaki y Sergio Tapia, ambos defensores de procesados por violación de derechos humanos. «El Ministerio de Defensa contrata abogados con la plata de todos los peruanos para quien ha violado derechos humanos, pero además les piden que hagan proyectos de ley que son los que luego el Ministerio de Defensa impulsa vía la delegación de facultades», señaló Carlos Rivera, abogado de IDL.

En tanto, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dio cuenta que precisamente el estudio de abogados de César Nakasaki ganó la licitación para defender a militares por delitos de derechos humanos, un contrato que implicaba otras tareas: «Pero lo cierto es que el Ministerio de Defensa señala en las bases del contrato que el defensor de los militares tendría que también realizar proyectos de ley para favorecer a su propio patrocinados». Al respecto de dicha norma, el Ministro de Defensa, Rafael Rey, señaló que la acción de inconstitucionalidad presentada por congresistas de diferentes bancadas será desestimada por el Tribunal Constitucional debido a la falta de argumentos sólidos.

IDL: Congresista Keiko Fujimori podría ser encausada penalmente


La congresista Keiko Fujimori podría ser encausada penalmente. Así lo señaló el doctor Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal. Como se recuerda, la Fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, le ha abierto una investigación preliminar para averiguar de dónde salió el dinero para el financiamiento de los estudios universitarios de ella y sus hermanos en los Estados Unidos.

Keiko Fujimori no tiene derecho a la inmunidad parlamentaria y menos a la impunidad, debido a que la complicidad de enriquecimiento ilícito es anterior a su condición de congresista, así lo señaló Salazar García: «Alberto Fujimori ganaba 2 mil soles mensuales, pero tenia estudiando a sus cuatro hijos en Estados Unidos con costos superiores a los 50 mil dólares mensuales, se ha podido establecer por contraloría que Alberto Fujimori gasto en los estudios de sus hijos e hijas un millón 250 mil dólares entre el 1993 y el año 2000».

Asimismo, Salazar García indicó que en esos años Keiko Fujimori tenía conocimiento del dinero que recibía, debido a que era servidora pública en el papel de primera Dama. «Por lo tanto, Keiko Fujimori si es investigada va ser sancionada penalmente, en su condición de cómplice, ella y sus hermanos, además la contraloría luego ha averiguado que ha aperturado cuentas personales también producto de ese dinero, lo que se pueden apropiado es mucho mayor».

Finalmente Antonio Salazar señaló que Alberto Fujimori no puede ser procesado por el delito de enriquecimiento ilícito, debido a que no fue extraditado de Chile por tal delito.

General Salazar Monroe viene retrasando su juicio para intentar salir libre gracias por exceso de carcelería


El General (R) Julio Salazar Monroe, procesado por delitos de derechos humanos en el caso de Barrios Altos, estaría retrasando el proceso judicial en su contra con el objetivo de ser excluido del juicio, amparándose en un habeas corpus declarado fundado por Tribunal Constitucional. Con el fin de ser excluido del proceso judicial, el general en retiro Julio Salazar Monroe viene recurriendo a diversas argucias legales para dilatar el proceso judicial que se le sigue por el caso Barrios Altos, presentando certificados de salud falsos; así lo indicó Antonio Salazar García, abogado del Instituto de Defensa Legal. «Porque el tribunal constitucional le ha dado 60 días a la sala para que lo sentencien, sino lo sentencian ellos lo excluyen del proceso, ese es el objetivo central de Julio Salazar Monroe y su defensa».

Salazar García, índico que el Ministro de Defensa, Rafael Rey, no está colaborando con el sistema de justicia y estaría favoreciendo a Salazar Monroe, un procesado por graves delitos de derechos humanos. «Desde que el señor Rafael Rey asumido el ministerio de defensa permanentemente se ha venido pronunciando a favor de elementos militares y uno de los que se ha pronunciado en discursos oficiales, en el día de la marina, en el aniversario del ejército, ha sido Julio Salazar Monroe». Asimismo, Salazar García señaló que el Ministerio de Defensa no informa quiénes fueron los militares que estuvieron las bases donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos, información que los jueces y fiscales no cuentan, lo cual llevaría a cerrar las investigaciones fiscales por falta de información.

Defensoría pide a MTC que anule cancelación de licencia de radio La Voz de Bagua


Representantes del Instituto de Prensa y Sociedad, del Consejo de la Prensa Peruana, de la Asociación Nacional de Periodistas y del Instituto de Defensa Legal, solicitaron a la Defensoría del Pueblo intervenir en el caso de Radio la Voz de Bagua. «Es una situación de mantenimiento de la vulneración del derecho a la libertad a de expresión de radio La Voz por que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones mantienen su decisión de no revisar su decisión de cancelar la autorización a la radio, esa es la situación actual, y ahora lo que ha pasado ha rechazado una propuesta de arreglo de este tema planteada por la propia presidencia del consejo de ministros», sostuvo el abogado Roberto Pereyra.

En tanto, Carlos Flores, propietario de Radio La Voz, fue acusado por Apología de delitos e instigación a la comisión de ilícitos contra el orden publico, tras los sucesos de Bagua, denuncia que fue archivada por el Ministerio Público. Cabe indicar que la cancelación de Radio La Voz fue planteada por el Ministerio de Trasporte y Comunicaciones tuvo como sustento problemas técnicos y administrativos, pero ello no implicaba su salida del aire definitiva. «Cuando una radio esta todavía en problemas judiciales siempre permanece su frecuencia reservada hasta que termine el problema judicial, pero en el caso de la radio La Voz insólitamente ha sido borrado de la relación de la emisoras del ministerio de trasporte y su licencia esta siendo licitada», dijo Carlos Flores, propietario de Radio La Voz de Bagua.

Frente a este caso la defensora del Pueblo, Beatriz Merino señaló que intervendrá ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a fin de que se declare nula la cancelación de Radio La Voz. También la Defensoría intervendrá ante la séptima sala civil de Lima a través de un Amicus Curiae, a fin de apoyar la aceptación de la demanda de amparo presentada por Radio La Voz contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Perú se arriesga a una condena si no cumple con la consulta previa

El Perú se arriesga a una sentencia al no cumplir con el convenio 169 de la OIT, en el cual se establece el derecho a la consulta previa. Así lo sostuvo Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal. «No estamos ante un tema frente al cual el gobierno tiene la libertad de decidir o no los derechos se cumplen sí o sí, son limites al poder político; es decir, para que una decisión de Estado sea válida tiene que respetar los derechos fundamentales, si no los respetan es una decisión que tiene un vicio de nulidad. Primero, tenemos un silencio, una omisión legislativa; ya tenemos la observación del Estado, ya estamos en una situación que compromete la responsabilidad internacional del Estado peruano. Si este caso llega a la corte nos arriesgamos a una condena».

En ese sentido, Ruiz resaltó el cumplimiento de la consulta previa en Colombia pese a que no cuenta con una ley establecida. «Colombia no tiene la ley de la consulta, sin embargo el gobierno lo ha experimentado en parte, por que la Corte Constitucional -lo que equivale a nuestro Tribunal Constitucional-, a punta de sentencias le ha obligado a implementar. En consecuencia, el camino primero es que el gobierno mismo se ratifique, el Congreso insista y se apruebe». Cabe indicar que el Tribunal Constitucional emitió un fallo en el que establece que el derecho a consulta previa no otorga derecho a veto por parte de la población indígena sobre las decisiones del Estado.

Piden insistir en ley de consulta previa de pueblos indígenas


Tras la cuestionada observación de la Ley de Consulta Previa realizada por el Gobierno, Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal, (IDL) sostuvo que el principal motivo de dicha observación sería favorecer indebidamente a la inversión privada en el país. «La observación envía un mensaje pésimo porque al gobierno solamente le interesa cautelar los derechos de las empresas mineras, las cuales tienen derechos y constitucionales, pero no solo tienen que controlar esos derechos, también tienen que controlar los derechos de los pueblos indígenas».

En ese sentido, Ruiz indicó que la mitad del territorio de las comunidades indígenas ha sido concesionada sin derecho a consulta previa. «Casos como los de Bagua se van a volver a repetir si es que no creamos mecanismos para que estos hecho no vuelvan a ocurrir y uno de esos mecanismos es la derecho a la consulta, es la implementación de derecho a la consulta. Creo que el congreso debe de insistir y que, independientemente, hay que seguir exigiendo que se apruebe la ley de consulta», dijo Ruiz.

Cabe indicar que la consulta previa es un derecho fundamental de los pueblos indígenas contenido en el Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Estado peruano. Al cierre de esta nota, a Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso acordó insistir en la autógrafa de ley que regula dicho derecho.

No tiene base legal expulsión de McAuley afirma IDL

El Gobierno plantea políticas represivas a todos lo que se muestren en contra de su política. Así lo sostuvo Javier La Rosa, del Instituto de Defensa Legal, respecto a la situación del religioso Paul Mc Auley cuya residencia en el Perú fue cancelada. «En vez de desarrollar por parte del gobierno políticas represivas pensando que con eso se van a callar las protestas sociales mas bien empiecen una suerte de diálogo con la población en torno a lo que son las necesidades reales sobre estos temas, sobre defensa del medio ambiente; sobre cómo hacer una inversión en la amazonía en los andes cuidando el respeto a los pueblos que radican allí».

Asimismo, La Rosa precisó que la participación de Mc Auley en marchas de protesta social pacifica constituye el ejerció legitimo de los derechos fundamentales. «Lo que vemos es lo que no hay mayor especificación de cuál sería la infracción que ha cometido este religioso británico y, entonces, esto se presta ya a una absoluta discrecionalidad, a una suerte de abuso de poder que creemos que tiene que ser rechazado. Si esto está pasando hoy día con el religioso británico mañana más adelante puede pasar con otros ciudadanos extranjeros o con los propios peruanos y peruanos». Finalmente, La Rosa consideró que el Estado debería tomar otras medidas de sanción si se ha infringido alguna norma y no recurrir a la cancelación de residencia del mencionado religioso.