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Autoridades ayacuchanas se pronuncian sobre nueva condena a ex presidente Alberto Fujimori

La sentencia de seis años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por interceptación telefónica, soborno a trece parlamentarios de oposición y la compra en forma irregular de un canal de televisión, ha generado diversas opiniones.

Según el decano del Colegio de Abogados de Ayacucho, Gabriel Aramburú, la sentencia fue arreglada de acuerdo a ley. Pero para otros dirigentes políticos, al pedir la sentencia anticipada, Alberto Fujimori estaría protegiendo la campaña electoral de su hija Keiko Sofía, de cara a las elecciones del 2011.

En tanto, Socorro Arce, dirigente fujimorista, sostuvo que la mejor forma de revertir esta situación será en las próximas elecciones.

Ex presidente Fujimori afrontará nuevo juicio por tres casos de corrupción

Alberto Fujimori afrontará un nuevo juicio oral por delitos en calidad de autor en los casos de medios de comunicación, congresistas tránsfugas e interceptación telefónica. Carlos Rivera, abogado de la parte civil en este caso, señala la importancia de este nuevo proceso. «Lo que se muestra en este proceso judicial y me parece que es la principal relevancia del caso es la corrupción sistemática, la corrupción organizada desde las altas esferas de poder que se dio en los últimos 3 ó 4 años», señaló al respecto.

Para Rivera, el proceso judicial -que en ocasiones anteriores ha servido como estrategia para los fujimoristas y ganar así más adeptos- servirá para develar un nuevo panorama político de cara a las elecciones del 2011. «No les conviene un Fujimori que esté siendo vapuleado en un juicio que va a durar meses, yo creo que les conviene un asunto que va a tener un impacto durante unos días pero que sea un impacto en el tiempo corto, las elecciones se avecinan y creo que lo último que quieren es que los juicios de Fujimori le genere daño a Keiko Fujimori«, dijo Rivera.

En este nuevo proceso se podrán contrastar las declaraciones testimoniales de aquellas personas que participaron activamente en la comisión del hecho delictivo o fueron las víctimas de ese delito. Un juicio que nos hará recordar las grabaciones clandestinas y el alto nivel de corrupción que caracterizaron al gobierno fujimorista.

Nueva sentencia contra Fujimori sanciona por primera vez a un Presidente de la República por delito de corrupción

«La pena impuesta por la Sala Penal Especial a Alberto Fujimori de siete años y medio de cárcel por haber entregado dinero irregular a Vladimiro Montesinos, más una reparación civil es bien merecida». Así lo expresó el abogado Carlos Rivera, quien agregó: «Primero porque los hechos están absolutamente demostrados, segundo los delitos están demostrados, aquí hay peculado porque hubo una sustracción de dinero del estado del Estado y hay falsedad ideológica porque se emitió un decreto supremo con hechos falsos. Fujimori negoció con Montesinos, emitió el decreto, ordenó a los ministros e hizo llamadas para que toda la operación se haga en un solo día y en la noche Montesinos tenga sus 15 millones de dólares en efectivo».

En cuanto a la reparación civil, así como su inhabilitación por dos años y 10 meses para ocupar cualquier cargo público, el representante del IDL se mostró estar de acuerdo ya que hubo una evaluación respecto al daño cometido en contra del Estado. Y sobre la condena efectiva precisó que «en este caso, Fujimori tiene pena privativa de libertad hasta el 2014 dado que es una pena de siete años y medio y hay que contabilizar los años de carcelería que ya viene sufriendo, pero esos años obviamente hay que refundirlos en los 25 años que Fujimori ya tienen condena en el caso de violaciones a los derechos humanos».

Fujimori seguirá en el banquillo. En las próximas semanas le tocará afrontar los procesos por la compra del Cable Canal de Noticias y de congresistas tránsfugas, así como el chuponeo telefónico. En estos casos, es posible que el ex presidente presente nuevamente el recurso de conclusión anticipada.

Ángel Páez explica origen de los US$ 15 millones «devueltos» por Fujimori para cubrir pago a Montesinos

El jefe de la Unidad de Investigación del diario La República Ángel Páez nos revela de donde provinieron los 15 millones de dólares ilícitos que entregó Alberto Fujimori a su ex asesor Vladimiro Montesinos. «Hay dos hipótesis: Una es que Fujimori probablemente haya usado los fondos que el acopiaba en Palacio de Gobierno y que eran el dinero de los fondos secretos que manejaba Montesinos en el SIN. Lo otro es que, probablemente algun amigo banquero, se sospecha que fue el mismo que ayudó a Montesinos a fugar a Panamá», dijo Páez.

El próximo lunes, Fujimori Fujimori será sentenciado. En ese sentido Páez califica a este proceso como trascendental. «Primero, que no es verdad que Fujimori no tenía decisiones sobre el dinero público, en segundo lugar, queda acreditado que Fujimori personalmente ordenaba mentir y fraguar documentos a sus ministros, en tercer lugar queda absolutamente probado que Fujimori trajinaba dinero en efectivo como un delincuente cualquiera en Palacio de Gobierno», manifestó al respecto.

Si procede la condena en contra de Fujimori, sería el primer caso probado en la historia de que un presidente esté directamente involucrado en casos de corrupción y ello sin duda será un precedente para los gobiernos venideros. Cabe señalar que está probado que el dinero entregado por Fujimori a su ex asesor no son los mismos billetes que el ex presidente devolvió al erario nacional. Fujimori pagó con billetes de 20, 50 y 100 dólares, en tanto que retornó al fisco billetes de 100 dólares.

Fujimori sería condenado a 8 años, afirma abogado Carlos Rivera

La lectura de sentencia que se dictará el próximo lunes en contra del ex presidente Alberto Fujimori por el pago a Vladimiro Montesinos de 15 millones de dólares será condenatoria. Así lo aseguró el abogado Carlos Rivera, mencionando al respecto: «Porque aquí, una cosa es que se haya devuelto el dinero y otra cosa bastante diferente es que esté demostrado que es otro dinero, pero el delito de peculado, es decir de haber hecho uso ilegal o un pago ilegal a un funcionario público -Vladimiro Montesinos-, eso está totalmente demostrado».

Pero, además, el ex presidente tendría que pagar la reparación civil al Estado estimada entre dos millones de dólares y 92 millones de soles. Si bien la penas en el Perú no son sumatorias, cosa que beneficia a Fujimori, Carlos Rivera sostiene que era una obligación del Estado iniciar este proceso porque está de por medio el conocimiento de la verdad. En este caso, saber con exactitud de dónde provino el dinero que entregó Fujimori a su asesor Vladimiro Montesinos. «Esa es una evidencia no solamente de un manejo corrupto de los fondos públicos, sino que el presidente de la República estaba absolutamente comprometido con la corrupción y es la única forma de entender que tenía dinero en efectivo en Palacio de Gobierno», sentenció Rivera.

Ex presidente Fujimori reconoce pago a Montesinos pero rechaza responsabilidad penal

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, adelantó que este viernes 17 de julio emitirá su sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori por el pago de 15 millones de dólares a su ex asesor Vladimiro Montesinos por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La acusación fiscal estuvo a cargo del magistrado Avelino Guillén, quien solicitó ocho años de prisión contra el ex mandatario, así como una reparación civil de dos millones de soles, por los presuntos delitos de peculado y falsedad ideológica. El ex mandatario aceptó el pago de la CTS a su ex asesor, pero no su responsabilidad penal en los hechos. En tal sentido, se acogió a la figura de responsabilidad limitada respecto a las imputaciones de la Fiscalía.

Por tanto, rechazó la acusación y la reparación civil solicitada por el Ministerio Público. Luego, la defensa del ex mandatario y la Fiscalía iniciaron la presentación de los documentos que sustentan sus posturas. En plena exposición, Fujimori Fujimori solicitó una interrupción. Según el informe médico, el ex mandatario presentó un caso de hipertensión arterial.

Detienen en Aeropuerto Jorge Chávez a Carlos Rivera, abogado de la parte civil en juicio a Fujimori

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, que representa a la parte civil en el juicio por Derechos Humanos al ex dictador Alberto Fujimori, ha sido objeto hoy domingo 14, en la mañana, de una extraña detención en el aeropuerto Jorge Chávez, al regresar de un viaje a los Estados Unidos. Cuando hacía sus trámites migratorios, se le comunicó que existía una orden de arresto en su contra, dictada por el 40° Juzgado Penal de Lima, por el presunto delito contra la fe pública por una supuesta falsificación de documentos, cuyo proceso habría empezado en el 2008 y por el cual nunca fue notificado, afirmó el letrado.

«Me dijeron que era por un agravio contra la ONPE, pero no sé más», declaró Rivera, desde la División de Requisitorias, en el distrito de La Victoria. «Es un hecho a todas luces irregular porque no hay mandato de detención por falsificación y nunca fui notificado», agregó.

Además de una irregularidad, la detención es sospechosa de responder a una motivación política. Rivera, aparte de su efectiva participación en el juicio a Fujimori, sigue el caso de la matanza de El Frontón, que involucra al presidente y primer vicepresidente de la República, Alan García y Luis Giampietri, respectivamente. Por otro lado, la orden habría sido emitida por el juez Julio César Díaz Paz el pasado 20 de mayo, y sin embargo Rivera salió del país cuatro días después, el 24 de mayo, sin problema alguno.

El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, acudió al local de Requisitorias para manifestar su preocupación, así como el periodista Gustavo Gorriti. Simon consideró a Rivera como «una persona decente y honrada», y comentó que pudo conversar con él y que está muy tranquilo. El premier adelantó que, de acuerdo a los procedimientos policiales, recién mañana lunes el abogado podría recobrar su libertad.

A su vez, Gorriti tildó la medida de «una tinterillada que se utiliza para acosar a uno de los más calificados defensores de los DDHH en el Perú», y subrayó que Rivera «no tiene el más mínimo conocimiento de ese caso, no ha habido ninguna notificación de ninguna naturaleza». El periodista agregó que en el proceso no hay demandante conocido alguno.

Por su parte, la abogada Gloria Cano, que también es defensora de los familiares del caso «La Cantuta», indicó que es «bastante sospechoso» la orden de detención contra su colega, que justamente mañana lunes tenía que presentar su alegato en el caso «Barrios Altos» contra el grupo Colina. Cano exigió al Poder Judicial se investigue al juez suplente que ordenó la captura de Rivera, quien será llevado mañana lunes al 40° Juzgado para que brinde su declaración.

Respecto a los antecedentes del juez Julio César Díaz Paz, acaba de condenar a Manuel Dammert a un año de prisión suspendida por el delito de difamación contra el ex ministro del gobierno de Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. El caso empezó en 2005, luego de que Dammert reveló vínculos de PPK con los procesos privatizadores de puertos y la exportación del gas de Camisea. En mayo de 2007 Dammert fue absuelto por un juez de Primera Instancia, pero la Corte Superior anuló el fallo en setiembre del mismo año. Díaz Paz dispuso también el pago de 30 mil nuevos soles por concepto de reparación civil.

Avelino Guillén será fiscal en juicio a Alberto Fujimori por CTS de Montesinos

Ante el pronto inicio del juicio a Alberto Fujimori por el pago de las CTS a Vladimiro Montesinos, el Fiscal Supremo Avelino Guillén confirmó que él estará a cargo de este nuevo proceso. Posteriormente, al juicio por el pago de las CTS a Montesinos, el sentenciado Alberto Fujimori tendrá que enfrentar otros casos de corrupción, entre los cuales figuran la operación de reclutamiento de congresistas tránsfugas, el chuponeo telefónico y la compra del Cable Canal de Noticias.

«Nosotros esperamos obtener una sentencia condenatoria. En el caso de los hechos de corrupción sí existen pruebas directas que involucran de manera directa al Sr. Fujimori con la comisión de hechos delictivos como el delito de peculado y falsedad ideológica», explicó. Al respecto, el fiscal adjunto señaló que, de acuerdo a la norma penal y por estos hechos, a Fujimori le correspondería una sentencia de ocho años de pena privativa de la libertad, condena que en la práctica no se sumaría a la que ya posee por violación a los derechos humanos.

Derrotando al derrotismo

Debo confesar que cuando algunas personas me dicen que gracias a la sentencia de Fujimori ahora pueden creer en el Perú, me alegro, pero me sorprendo un poco, porque mis sentimientos normales hacia el Perú son de esperanza y optimismo. Como es tan frecuente escuchar a mis compatriotas hablar con pesimismo, quizás deba explicar mis razones. Creo que haber trabajado promoviendo los derechos humanos en pleno conflicto armado fue una experiencia que me dejó marcado, por haber conocido a tanta gente que, pese a la pobreza y al desprecio que sufrían, rechazaba las prédicas de los grupos subversivos. Durante ese tiempo, casi todos mis colegas y amigos eran personas que, en nombre de sus ideales religiosos, morales o políticos denunciaban los crímenes de los senderistas y los militares. Cuando, emocionado, supe que Abimael Guzmán había sido capturado, sentí que se confirmaba mi convicción de que el mal no podría prevalecer y, remontando la etapa de la violencia, lograríamos una sociedad más justa.

En 1997, después de cuatro años de estudiar y trabajar en el extranjero, decidí regresar y para mi sorpresa, encontré un país con una percepción lamentable de sí mismo: no sólo teníamos un gobierno sin escrúpulos, sino empeñado en institucionalizar la prepotencia, el abuso hacia el débil y el cinismo. Todo estaba permitido, desde las fábricas contaminantes hasta la explotación laboral, desde las combis asesinas hasta los establecimientos racistas. En una estrategia perversa, los diarios chicha, Laura Bozzo, Magaly Medina y los noticieros procuraban corromper a la sociedad… o convencerla que era totalmente corrupta. Era extraño: la mayoría de personas que conocía rechazaba el panorama social que describo, pero se sentían derrotados antes siquiera de pensar en cambiarlo. El fujimorismo había logrado convencer a los peruanos que éramos y por siempre seríamos una sociedad amoral.

Aún en los peores tiempos de la violencia y la hiperinflación, no había sentido tanto derrotismo. Cada vez que proponía algo para mejorar nuestra sociedad, encontraba escepticismo: los peruanos jamás usaríamos cinturones de seguridad, el canal 2 nunca sacaría del aire a La Paisana Jacinta y nadie sacaría a Lucchetti de los Pantanos de Villa. «Pensar en sacar a Fujimori es una utopía», me decía, en agosto del 2000, un egregio abogado. Bueno, Fujimori se fue (y el egregio abogado pretendió sucederlo sin éxito), Lucchetti y La Paisana Jacinta también, los cinturones de seguridad llegaron, los avances en la lucha contra el racismo han sido constantes, pero a pesar de ello, yo sigo pensando que el derrotismo, persiste con terribles efectos paralizantes. Aunque se manifiesta gran orgullo cuando en el extranjero se valora nuestra comida o triunfa algún deportista, con gran vehemencia se generalizan todo tipo de expresiones negativas sobre nuestra sociedad.

Mis amigos cercanos saben que estoy a salvo de dos de las principales fuentes de derrotismo: la televisión, que aún sin Laura Bozzo sigue empeñada en mostrarnos como una sociedad abyecta, y el fútbol. En este último caso, creo que los resultados no podrían ser mejores, tratándose del país sudamericano que menos invierte en salud y educación. De hecho, la mayoría de deportistas exitosos en el Perú (como en todo el mundo) pertenecen a aquellos sectores donde desde niños las principales necesidades humanas estuvieron aseguradas. Realmente me indigna que ante un mal resultado en el fútbol, haya quienes sueltan una frase tan derrotista como «los peruanos somos así». La grandeza de un país no está en las habilidades deportivas de algunos individuos. La grandeza de un país, creo yo, está en cuánto avanza para que exista justicia y dignidad para todos sus habitantes.

Por eso, el martes pasado, cuando se pronunció la sentencia que condenó a Fujimori por sus crímenes, sentí que caminábamos hacia ser un país grande. Sentí que se había dado un paso en el camino contra la discriminación que no tenía precedentes en nuestra historia: un grupo de personas obtenía justicia, pese a su pobreza, y un criminal era condenado, pese a todo su poder. Cuando sentenciaron a Fujimori, recordé a miles de otras víctimas suyas: los inocentes presos y las campesinas esterilizadas. Siempre personas pobres, siempre los más débiles, los vulnerables, cuya historia muy pocos querían escuchar en aquellos años de atontamiento colectivo…

Como sucedía en los dolorosos años ochenta, mi convicción que el Perú puede mejorar gracias a los peruanos se ve confirmada por el ejemplo de algunos compatriotas, como los familiares de las víctimas y sus 17 años de lucha y la tenacidad de abogados como Ronald Gamarra, Gloria Cano o Carlos Rivera. Sin la fe de todos ellos en la justicia y en sí mismos se habría impuesto la impunidad.

A quienes desean una sociedad más justa, más humana, les digo: superar el derrotismo, es superar uno de los peores legados de Fujimori.

Explican que sentencia contra Fujimori equiparó los delitos cometidos con crímenes de lesa humanidad

El representante del Centro Internacional para la Justicia Transicional, Michael Reed, señaló que la sentencia condenatoria de 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori es contundente. «El tribunal ha determinado que se trata de crímenes de Estado, perpetrados por distintos individuos, pero que tuvieron el concurso del ex presidente, tanto en la comisión de los hechos como en su posterior ocultamiento. El Tribunal reconoce los efectos gravísimos que generaron estas violaciones generalizadas y sistemáticas y que las violaciones fueron parte de un patrón, como lo había documentado la Comisión de la Verdad del Perú. Adicionalmente, hace énfasis en la gravedad del uso del poder público para la perpetración de estas atrocidades», expresó.

El jurista destacó también la importancia histórica de este fallo para el mundo, puesto que sienta un precedente legal y demuestra la autonomía e independencia del Poder Judicial, además de dejar en claro que cuando existe voluntad, cumpliendo el debido proceso se puede investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de este tipo de delitos. «Por lo general, los juicios se daban en períodos de transición, en contra de jefes de Estado que habían sido parte de dictaduras o regímenes autoritarios. Es inusual, en efecto, que quien haya sido juzgado haya sido elegido democráticamente y que esté sometido a las leyes y a la competencia de un tribunal previamente constituido, en este caso la Sala Penal Especial», dijo Reed.

Califican de ejemplar sentencia en el caso Fujimori

Ante la sentencia condenatoria a 25 años de prisión efectiva a Alberto Fujimori, organizaciones de Derechos Humanos señalaron que según el Derecho Internacional, la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena no son válidos. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra: «Este tribunal ha dicho que son delitos de Lesa humanidad. La Corte Interamericana también lo ha dicho. Nuestro Tribunal Constitucional lo ha ratificado de esa manera. En el Derecho Internacional los crímenes de Lesa Humanidad no son objetos de amnistía ni indultos».

Asimismo, el Rectorado de La Cantuta señaló que esta condena debe servir de escarmiento a los autores de tan abominables crímenes para que en el futuro no se repitan. En esa misma línea, los observadores internacionales que llegaron a nuestro país sostuvieron que esta sentencia es un aporte trascendental en lucha contra la impunidad.

Según Gamarra, a Fujimori le quedan aún dos juicios por afrontar. «Uno por el tema de los 15 millones que en realidad fueron 30, que es el pago a Montesinos por el pago de las CTS, y hay otro caso por corrupción que es el de los congresistas tránsfugas, interceptación telefónica», indicó. Agregó que el caso Fujimori no queda ahí, sino que los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos harán el seguimiento del proceso hasta que la pena de los 25 años sea ratificada.