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Indígenas inmovilizan 40 embarcaciones en ríos Ucayali y Tambo, cerca de Pucallpa

Indígenas asháninkas inmovilizaron en el distrito de Tahuania a un grupo de embarcaciones de transnacionales dedicadas a la explotación de hidrocarburos. Los nativos demandan la derogación de los decretos que atentan contra sus territorios. Luego de abandonar la toma del aeropuerto de atalaya, los nativos se trasladaron a los ríos Ucayali y Tambo para continuar con su medida de protesta. Ellos están pidiendo que el gobierno derogue los decretos legislativos 1090, 1020, 1064, 1080, 1081 y 1089. En el distrito de Tahuania, a la altura del caserío Santo Domingo, los asháninkas –armados de flechas y arcos– inmovilizaron a las embarcaciones aparcadas en la ribera del río. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía y de la Marina de Guerra, quienes comprobaron que no se habían realizado actos de violencia.

Asimismo, los nativos advirtieron con iniciar una huelga de hambre si el gobierno no atiende sus demandas. Indicaron que los decretos emitidos en el marco de la denominada Ley de la Selva perjudican los derechos de los pueblos indígenas y son contrarios al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Finalmente, denunciaron que acatan un paro por más de un mes sin recibir respuesta política alguna. Lamentaron que el Gobierno haya respondido con la declaratoria de emergencia de varios distritos involucrados en la protesta.

Estado debe realizar consulta previa a pueblos indígenas antes de emitir leyes que los afecten

Si bien el artículo sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas, cada vez que se formulen medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, en nuestro país no se aplica esta parte de la norma. Alicia Abanto Cabanillas, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, dijo que «esto se debe a que en el Perú todavía en los diversos niveles del Estado hay una débil comprensión de la diversidad cultural, lo cual es irónico porque la Constitución Política de 1993 establece que el Perú es un país pluricultural, pluriétnico, significando que el Estado desde hace mucho tiempo debió asumir políticas públicas con enfoque intercultural».

La experta recalcó que esto no se ha hecho y vemos en diversas entidades del Estado que hay una incomprensión y un desconocimiento de la diversidad cultural y de cómo el Estado debe hacer la gestión pública en estos casos; situación que deriva finalmente en la aparición de conflictos sociales. Esta fue la conclusión principal del Seminario Taller Consulta previa, Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento de Gestión Estatal para el fortalecimiento de la Democracia, realizado en el Congreso de la República.

Sanna Saarto, de la Oficina Subregional de la OIT para los Países Andinos, sostuvo que la Consulta Previa debe hacerse de buena fe y de manera apropiada a las circunstancias. «Los pueblos indígenas y tribales tienen el derecho a continuar existiendo sin pérdida de su propia identidad y con la facultad de determinar por sí mismos la forma y el ritmo de su desarrollo», dijo Saarto. En el marco del Convenio de la OIT, en el Perú se hace necesario un desarrollo legislativo de diferentes tipos de consulta: acceso a tierras, planes de desarrollo, proyectos de leyes y políticas públicas. La consulta previa debe darse desde el inicio de debate en comisiones hasta la aprobación del proyecto de Ley.