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Doe Run salvada y La Oroya sigue contaminada

La minera Doe Run está salvada. Sin embargo, La Oroya aún no. Un grupo de productores mineros decidió otorgar dos líneas de crédito por un total de 175 millones de dólares a Doe Run Perú, a fin de seguir operando un complejo metalúrgico en la región Junín. El Estado peruano no gastará dinero alguno en el plan de salvataje de la minera y, por tanto, los trabajadores de la empresa no perderán sus empleos. Como se recuerda, un grupo de bancos levantó un crédito revolvente de 75 millones de dólares que era usado por la empresa como capital de trabajo para comprar concentrados a las distintas mineras en el centro del país.

Pero más allá de un salvataje financiero que, oportunamente, no involucró dinero estatal, urge garantizar que Doe Run, que maneja el Complejo Metalúrgico de La Oroya, cumpla con la inversión de 73 millones de dólares para culminar con el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental, el cual se ha postergado hasta en tres oportunidades. De esta manera, la emanación de tóxicos que afectan a La Oroya se reduciría de forma considerable.

Una ciudad de plomo

Según la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en La Oroya, los problemas respiratorios y la intoxicación por plomo y otros contaminantes están particularmente extendidos, y diversos estudios muestran que casi todos los niños residentes están contaminados con niveles de plomo inaceptables. Dado que el plomo inhibe el desarrollo del cerebro, miles de niños dañados por la fundición de La Oroya quedarán afectados de por vida. Las operaciones de Doe Run Perú (DRP), fueron heredadas de la Cerro de Pasco Corporation y de la Empresa Minera del Centro (Centromín), empresa estatal. Los pasivos ambientales fueron adquiridos por Doe Run; sin embargo, pese a haber transcurrido doce años desde que la fundición de La Oroya pasara a manos privadas poco se ha hecho en remediar la contaminación que agobia a dicha ciudad.

Aun cuando es válido señalar que el Estado tampoco hizo nada para remediar los pasivos ambientales que le correspondían, la empresa Doe Run ha sabido ampararse en el retraso en recuperar su inversión para postergar sus inversiones a favor del medio ambiente en La Oroya. Algo que no juega en contra de los intereses empresariales sino de la población. Y más allá del sustento económico —que puede brindar Doe Run para La Oroya— debería de primar la salud de los niños y adultos que viven alrededor del yacimiento.

Una irresponsabilidad latente

Cabe enfatizar en que las inversiones que se han ejecutado en el marco del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) han formado parte de una investigación del organismo regulador (Osinergmin). El plazo de cumplimiento del PAMA vence en octubre y, sin embargo, el salvataje financiero del que se ha beneficiado Doe Run no puede asegurar que el PAMA sí se ejecutará en su totalidad. Al parecer, según una fuente de El Comercio, el plazo se ampliaría vía Decreto Supremo. La nueva fecha tentativa para cumplir con el PAMA sería el primer trimestre del 2010.

No obstante, para tratar de ser imparciales, es necesario referir que Doe Run hizo los esfuerzos necesarios para reducir la emisión del dióxido de azufre, que hace irrespirable el aire de La Oroya debido a la picazón y escozor que se produce en los ojos, nariz y faringe producto de los humos provenientes de los hornos de las fundiciones. Sin embargo, pese a ello, es extraña la casi nula transparencia en la información financiera de la empresa a pesar de la bonanza de precios de los productos mineros. Lo que, en buena parte, ha originado que sucumba ante la crisis financiera mundial y, razón por la cual, hubiese sido reprochable si el Estado facilitase dinero a Doe Run bajo el argumento de evitar un conflicto social (a raíz de la pérdida de puestos de trabajo).

Lamentablemente, con el salvataje de Doe Run, una vez más se demuestra que la persona humana está al servicio de la economía y no al revés. Y tal como señala Pedro Barreto, arzobispo de Junín, ahora la minera no sólo será rescatada económicamente, sino que una vez más se le ampliaría el plazo para cumplir con el PAMA y La Oroya seguirá siendo una de las ciudades más contaminadas del mundo.

Aun cuando el panorama se torne turbio para los pobladores de La Oroya en cuanto a la calidad de salud se refiere, es necesario que el Estado ahora sí asuma una labor fiscalizadora de mayor rigor a fin de que se ejecute una actividad minera limpia y con responsabilidad social no sólo en Junín, sino en el resto del país.

(Foto: Online Hyo)