Archivo de la etiqueta: Ronald Gamarra

Denuncian que gobierno autoriza uso de armas de fuego para reprimir protestas sociales


Frente a las protestas en la provincia de Espinar, en Cusco, en rechazo al proyecto de irrigación Majes Siguas II, el abogado Ronald Gamarra alertó que el nuevo decreto legislativo 1095 permite que la Policía Nacional reprima a los manifestantes con armas de fuego. Indicó que dicha norma representa en cierto modo la criminalización de la protesta social dado que «Faculta a las fuerzas armadas hacer el uso de las armas contra ellos, es un tema de absoluto peligro que esta vigente y puede ser aplicado en cualquier momento hoy día en espinar y la convención, por ejemplo mañana en otros temas similares como Bagua».

El también ex procurador cuestionó la norma por el excesivo poder que se le da a las Fuerzas Armadas. «Este decreto legislativo es peligro porque identifica etiqueta a los ciudadanos que hacen uso a su derechos de las protestas social como un grupo hostil como si se tratara de un enfrentamiento armado entre dos contendientes las fuerzas armadas y los manifestantes y por lo tanto autoriza a los miembros de las fuerzas armas, hacer uso legitimo de las armas de fuego. Lo que estamos viendo es que el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derechos a la manifestación y a la protesta pacifica vienen siendo negados por un gobierno que se dice ser democrático».

La población de Espinar acata un paro en rechazo a la entrega de la buena pro del proyecto de irrigación Majes Siguas II al considerar que no se se dio tomó en cuenta que el Primer Juzgado Mixto de Wanchaq, presidido por Carlos Bárcena, ordenó la suspensión del proceso de licitación.

Califican de ejemplar sentencia en el caso Fujimori

Ante la sentencia condenatoria a 25 años de prisión efectiva a Alberto Fujimori, organizaciones de Derechos Humanos señalaron que según el Derecho Internacional, la amnistía, el indulto o la prescripción de la pena no son válidos. Así lo afirmó el secretario ejecutivo de Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra: «Este tribunal ha dicho que son delitos de Lesa humanidad. La Corte Interamericana también lo ha dicho. Nuestro Tribunal Constitucional lo ha ratificado de esa manera. En el Derecho Internacional los crímenes de Lesa Humanidad no son objetos de amnistía ni indultos».

Asimismo, el Rectorado de La Cantuta señaló que esta condena debe servir de escarmiento a los autores de tan abominables crímenes para que en el futuro no se repitan. En esa misma línea, los observadores internacionales que llegaron a nuestro país sostuvieron que esta sentencia es un aporte trascendental en lucha contra la impunidad.

Según Gamarra, a Fujimori le quedan aún dos juicios por afrontar. «Uno por el tema de los 15 millones que en realidad fueron 30, que es el pago a Montesinos por el pago de las CTS, y hay otro caso por corrupción que es el de los congresistas tránsfugas, interceptación telefónica», indicó. Agregó que el caso Fujimori no queda ahí, sino que los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos harán el seguimiento del proceso hasta que la pena de los 25 años sea ratificada.

Organismos de Derechos Humanos se pronuncian sobre contradicciones en alegato de Alberto Fujimori

Gloria Cano, representante de las víctimas de La Cantuta se pronunció sobre los últimos alegatos contradictorios de Alberto Fujimori. «César Nakasaki se ha pasado semana tras semana señalando que era imposible normativamente y fácticamente que Alberto Fujimori dé las disposiciones con respecto a la estrategia antisubversiva. Sin embargo, el reo Alberto Fujimori lo que hizo fue desmentir a la defensa técnica y señalar que él personalmente decidió variar la estrategia antisubversiva y él personalmente evaluó, decidió y tomó disposiciones al respecto. Entonces, quiere decir que sí elaboró una estrategia surbversiva. Él incluso llegó a señalar que la estrategia anterior de Belaunde y García eran de tierra arrasada. En el gobierno de Fujimori lo que se hizo fue cambiar a una estrategia de eliminación selectiva y es lo que se hizo con el destacamento Colina», explicó.

Asimismo, Ronald Gamarra denunció la nueva mutilación que ha sufrido el monumento El Ojo que Llora, erigido en memoria de las víctimas de la violencia política. En tal sentido, Gamarra observó la responsabilidad del Municipio de Jesús María.

Piden sentencia justa para Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos

Ad portas de la sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori, familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos y organizaciones de Derechos Humanos aprovecharon el pasacalle por el Día Internacional de la Mujer para pedir que la Corte Suprema dicte una sentencia justa por la matanza de Barrios Altos y la Cantuta. Ronald Gamarra, presidente de la CNDDHH, dijo que sí se debe condenar al ex gobernante, recordando que «también hay en curso en el Ministerio Público una investigación contra Fujimori Fujimori por esterilizaciones forzadas».

Gisela Ortiz Perea, representante de los familiares, dijo que «ojalá este proceso contra Fujimori, por ser un juicio histórico, sea un proceso de aprendizaje también sobre nuestras responsabilidades que tenemos todos como ciudadanos y que ojalá en algún momento realmente aprendamos asumir las responsabilidades». Ortiz Perea también expresó que el Estado tiene que tener un compromiso para garantizar los derechos de las víctimas y sobre todo que no se pierda la memoria de estos hechos de dolor que desangraron a las familias.

Denuncian torturas a comuneros en 2005 por parte de minera Majaz, en Piura

En julio del 2005, veintiocho comuneros que realizaban una marcha pacífica hacia las instalaciones de la minera Majaz, en Piura, fueron secuestrados y torturados por personal policial que resguardaba las instalaciones de dicha empresa. Tres años después, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presenta una serie de fotografías que exponen por primera vez las torturas a las que estos comuneros fueron sometidos.

Mario Tabra, dirigente comunal, describió los maltratos y abusos cometidos en su contra. Junto con los comuneros, fueron secuestradas dos mujeres y un periodista de Radio Cutivalú, quienes han sido denunciados como terroristas por parte de la compañía minera. Elizabeth Cuya fue una de las dos mujeres secuestradas junto con los comuneros. Ella relata cómo el hecho ha provocado que sean tildados de terroristas, lo cual los ha afectado psicológicamente.

Estas medidas extremas representan la violación de derechos humanos, situación que pone en primera plana el conflicto existente entre las mineras y las comunidades. En ese sentido, Tabra explicó que la población en la zona no desea cambiar su modelo de desarrollo que está basado en la agricultura, mientras que el periodista Julio Vásquez precisó que la minería lo que pondría en riesgo no es solamente la calidad de agua sino también la cantidad. Por eso ven con peligro la instalación de una empresa minera.

Con las pruebas fotográficas presentadas en el Ministerio Público de Piura, se busca dar inicio a un proceso en contra de los responsables civiles y militares que permitieron la tortura de los comuneros, la desaparición de un menor de 16 años y la muerte del campesino Melanio García. Por su parte, Ronald Gamarra, presidente de la CNDDHH, sostuvo que «para nosotros está claro en las fotografías que él habría muerto según la pericia médica en la tarde o en todo caso en la noche del día 2. Las fotografías que se muestran acá corresponden a él el día uno, vivo y en las instalaciones de Majaz. Por lo tanto ahí hay un acto que debe ser seriamente esclarecido. Quiénes lo agredieron y en todo caso porque no se le dio la atención que requería una persona que se ve seriamente afectada y que en todo caso parece ser que agonizó y que finalmente murió sin que se le presten las atenciones que requiere cualquier persona en su estado».

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechaza proyecto de amnistía propuesto por congresista Núñez en Lima

El proyecto de ley para amnistiar a militares y policías que afrontan procesos judiciales por violaciones de derechos humanos que presentará, en los próximos días, la Comisión de Defensa del Congreso, no es viable porque consagra la impunidad y la tolerancia frente a abusos cometidos en la lucha contra el terrorismo. «Una propuesta de amnistía para violadores de derechos humanos es inviable, lo único que nos expone es a una nueva condena Internacional», expresó Ronald Gamarra, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Según el congresista Edgard Núñez, presidente de dicha comisión, la iniciativa podría beneficiar a más de 600 militares y policías de los más de 3 mil que actualmente se encuentran procesados. De este grupo, 140 pertenecientes al comando Chavín de Huántar. Al respecto, Gamarra, aclaró que «los comandos Chavín de Huántar fueron absueltos por la justicia militar en el 2003 por el Consejo de Guerra, y luego el consejo de revisión confirmó esa absolución, por lo tanto en estos momentos no hay investigación ni procesos contra el comando Chavín de Huántar, sobre ellos por lo menos no se puede aplicar la ley de amnistía».